La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en Español), dio a conocer esta semana su informe sobre el Panorama Global de la Educación. En su nota para México, destaca una vez más lo que sabemos desde hace años: México es un país con enormes rezagos en materia educativa, y es un país que comparativamente invierte mucho menos en la educación, en números absolutos, que sus principales socios comerciales.
En su nota para México, la OCDE advierte que en promedio, el país invierte hasta casi tres veces menos en la educación de sus alumnos de primaria que los países más ricos del mundo, tema que no es menor, si se considera que nuestro México representa la 13ª economía a nivel planetario.
Si esta realidad es negativa para los niños de México, debe considerarse sobre todo la realidad de las niñas y los niños indígenas, pues en todas las evaluaciones que se han realizado recientemente sobre la calidad de la educación en México, las regiones indígenas son las que cuentan con menor infraestructura y con menores capacidades de aprendizaje y de rendimiento escolar.
El asunto no es menor. Se trata del incumplimiento de uno de los derechos fundamentales de las niñas y niños indígenas, más aún si se considera que al ser la educación un derecho habilitante, su incumplimiento reduce las capacidades de sobrevivir, de contar con una salud de calidad y de tener la oportunidad de desarrollar una vida digna.
Para los indígenas de nuestro país siempre ha habido regateos, excusas y negación en el cumplimiento de sus derechos. Hemos sido una nación poco generosa y solidaria con los pueblos y las culturas originarias (como les llama el maestro León Portilla), y hemos sido poco justos en la generación de un sistema social que los incluya en dignidad y en el reconocimiento de que somos una nación pluricultural y plurilingüe. Debe recordarse que fue sólo hasta la década de los 90, con la reforma al Artículo 4º Constitucional, cuando México reconoció tácitamente esta condición, lo cual es un indicador de la enorme deuda ancestral que tenemos con las comunidades y los pueblos originarios.
Los informes sobre la calidad de la educación básica en México así como las evaluaciones de aprendizaje que se han realizado en nuestro país recientemente, deben ser elementos clave no sólo para convocar a una reforma nacional de nuestro sistema educativo, sino a una profunda reforma en los modelos de enseñanza, que permitan que todas y todos podamos percibirnos como una comunidad nacional enlazada con aspiraciones comunes, pero también con base en distintas visiones del mundo, de la vida y de las personas.
Percibirnos en nuestras diferencias, aunque parezca paradójico, puede contribuir a fortalecer una identidad nacional cada vez más vaga y cada vez más frágil ante los embates de una cultura globalizante, que pretende homologar todo bajo la lógica de un discurso prácticamente único, y que privilegia al individualismo y a un mercado rapaz que todo lo avasalla aun a costa del sufrimiento y el malestar de miles de millones de personas a lo largo de todo el globo.
En efecto, lo que hoy sabemos a través de las aún incipientes evaluaciones sobre la educación en México, permite sostener que son las y los niños indígenas quienes menor calidad reciben en su educación. Desde un número menor de días de enseñanza por año: entre 160 y 180 días, frente a calendarios escolares que les ofrecen a los niños del Distrito Federal o Nuevo León 200 o inclusive 210 días efectivos de clases por año. En la curva del tiempo, esto implica que en promedio una niña o niño indígena puede recibir en total el equivalente a sólo 4 grados de educación primaria, mientras que en el mismo lapso, una niña o niño del Distrito Federal cumplirá efectivamente su educación primara con 6 grados normativos.
Aunado a lo anterior, debe señalarse el hecho de que mientras que el promedio educativo nacional rebasa ya los 8.5 grados, en algunas de las comunidades y regiones indígenas el promedio apenas alcanza los 3 años de enseñanza formal. Esto no puede seguir así y debe obligarnos a realizar un esfuerzo extraordinario de inversión y de mejoramiento de los servicios educativos para estas poblaciones.
Mejorar la educación indígena no será posible, sin embargo, sin una política nacional de inclusión de los pueblos originarios. La protección de sus culturas, tradiciones y principalmente de sus lenguas, resulta fundamental para reconstruir la unidad nacional con base en criterios y valores solidarios que nos den a todos razones suficientes para sentirnos parte de un país que aspira a la inclusión y la justicia social.
Proteger a las lenguas indígenas implica también proteger el patrimonio cultural de la humanidad. Implica proteger visiones de mundo, de lo social y de nuestras capacidades para buscar alternativas de desarrollo amigables con el medio ambiente promotoras de la cooperación y el desarrollo comunitario, e impulsoras de una nueva noción de un país verdaderamente pluricultural.
Para lograrlo, debemos reconocer que no es posible que poco más del 60% de las niñas y niños indígenas sigan siendo quienes presentan menores niveles de aprendizaje; que más del 60% de sus escuelas funcionen en la modalidad de “escuelas multigrado” y que presenten las mayores tasas de reprobación, repetición y deserción en el país.
No es tampoco aceptable que sean las escuelas de las regiones indígenas las que cuenten con menor infraestructura escolar, las que en mayor medida carecen de agua potable, servicios sanitarios, servicios complementarios de salud y, por si fuera poco, en las que el mayor grado de desnutrición y bajo peso y talla se registran.
Creerle al Presidente de la República cuando sostiene que su mayor prioridad es abatir la desigualdad en México, requiere que antes se presenten evidencias sobre la construcción de un conjunto de políticas que permitan revertir estas y otras condiciones que afectan el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Ello requiere, por supuesto, la decisión de reconstruir capacidades de institucionales y de intervención del Estado para redistribuir el ingreso y para garantizar seguridad social, educación y trabajo digno para todas y todos.
México es el país de América Latina con mayor número de personas hablantes de alguna lengua indígena y poseemos el mayor patrimonio prehispánico del continente. Nuestro pasado es milenario y se quiera o no, es en estas culturas en las que tenemos ancladas nuestras más profundas raíces como nación y como proyecto de país.
Construir un país justo no es posible sin la inclusión plena de las y los indígenas. Construir una cultura para la paz no es posible en medio de la cínica discriminación y racismo que ejercemos contra los indígenas; construir un país para la tolerancia y la equidad no es posible en medio de la descarnada pobreza y miseria en que viven los más de 9 millones de indígenas en nuestro país.
Hoy tenemos la oportunidad de saldar esta deuda histórica; hoy podemos reconstruir y fortalecer nuestros mejores valores y reconocernos en la diversidad y pluralidad de lo que somos. De no lograrlo, tendremos un saldo impagable con nuestra historia.

Fichero archivado: Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional

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