En medio de una escalada de precios que amenaza con volverse una espiral inflacionaria luego de que el Congreso aprobara el incremento a la gasolina, la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Zavala, reconoció que en México existen 44.7 millones de mexicanos en situación de pobreza, casi la mitad del total de su población de poco más de cien millones.”De éstos, 14.4 millones de habitantes se enfrentan a la indigencia más lacerante, como lo es la pobreza alimentaria”, precisó la funcionaria, quien compareció ayer al ser requerida por diputados en el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón.

El pasado miércoles, el jefe del Ejecutivo tuvo que hacer un pronunciamiento público en el que aseguró que no habrá aumento del costo de la gasolina, gas licuado y electricidad hasta 2008 y pidió a los sectores sociales, económicos y políticos respaldar la medida para evitar afectar a los que menos tienen.

Ello, debido a que reporte que presentó Sedesol al legislativo es muy poco alentador: dos de cada tres personas en situación de pobreza alimentaria viven en zonas rurales.

“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI ), el 40% de la población elabora sus propias tortillas”, señaló Zavala.

Todas estas cifras provocaron una serie de críticas por parte de los congresistas.

En su oportunidad Sara Ruiz, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que la reducción de la pobreza no puede lograrse en una economía que se apega a un modelo “incapaz de generar empleo y redistribuir la riqueza, frente a uno que amplía la brecha entre los más pobres y los más ricos”.

Agregó que la política social está diseñada en una idea individualista y subsidiaria, lo que hace al Estado declararse incapaz, incompetente y ausente en el combate a la serie de desigualdades que existen.

La diputada Yurixi Leyva del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió al gobierno federal modificar la política social, limitada a administrar la pobreza y no terminar con ella, a través de una nueva dimensión a la dignidad humana que brinde seguridad económica, otorgue un ingreso suficiente mediante un empleo permanente.

A pesar de las críticas, en diferentes momentos, los programas como Oportunidades que subsidian el desarrollo social, educativo y de alimentación de gente en extrema pobreza, han sido de los más vilipendiados por las tres principales fuerzas políticas del país.

Esta vez tocó defenderlo a Zavala: invitó a los legisladores a trabajar a la par del Ejecutivo para garantizar que “la leche vitaminada” llegue a los niños de las poblaciones apartadas e incorporar a las mujeres a los beneficios sociales.

Dijo además, en respuesta a las legisladoras, que continuarán los subsidios incluso con los ancianos: la secretaría a su cargo ha registrado a 828,345 adultos mayores de 70 años a quienes se les han otorgado cien dólares bimestrales, retroactivos al mes de enero.

Posteriormente, en el pleno de San Lázaro —sede de la Cámara de Diputados— legisladores del PAN y PRI pidieron no especular con el alza de precios de productos básicos y afirmaron que un aumento salarial de emergencia sería inflacionario.

En tanto, el PRD consideró que la gente no aguantará el incremento por lo que se debe lograr un equilibrio

El coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, comentó que lo que el gobierno tiene que hacer es controlar a los comerciantes que se están “pasando de vivos” y afirmó que no hay justificación para que la inflación se vaya a disparar, ni para que los precios de la canasta básica se incrementen.

“El gobierno tiene que hacer su trabajo, y lo tiene que hacer bien”, recalcó.

El Banco Mundial (BM) advirtió sobre un “estancamiento” en el progreso de la reducción de la pobreza en México, y dio cuenta de un aumento en los niveles de marginación en las zonas rurales y entre las poblaciones indígenas. En un informe que sintetiza la serie de recomendaciones que sugiere a la administración federal que empezó gestión en diciembre pasado, el organismo llama la atención sobre la existencia de “grupos de interés que prefieren mantener el status quo” y obstaculizan las reformas de política económica y social, “que podrían contribuir a mejorar la situación del país”.

Insiste en mencionar que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe complementar su capacidad de trabajo con capital privado en las áreas de exploración y producción –que están reservadas por la constitución al Estado–. El potencial de crecimiento de México, asegura el Banco Mundial, se ve limitado por “el deficiente desempeño” de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la que critica sus “altas tarifas”.

El documento México 2006-2012: creando las bases para el crecimiento equitativo apunta, con respecto a la reducción de la pobreza, que el país logró finalmente revertir el severo impacto de la crisis económica de mediados de los años 90, aunque el progreso se ha detenido.

“Las tasas de pobreza ya se encuentran en niveles inferiores a los de los años previos a la crisis; sin embargo, las estimaciones preliminares para 2005 (las últimas disponibles) muestran que el avance se ha estancado. Entre 2004 y 2005 no se observaron cambios estadísticamente significativos en los niveles de pobreza”, según el estudio, fechado en junio de 2007.

Añade que en las zonas rurales se registró incluso un aumento en la pobreza. Por ende, un crecimiento económico más vigoroso, dice, es esencial para obtener mayores logros en la reducción de la pobreza. A mediano plazo, la concreción de varias reformas macroeconómicas y una mejoría en la entrega de servicios para los pobres podría incrementar también el impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza, agrega.

El informe, que fue preparado con base en la última información oficial disponible hasta octubre de 2006, menciona que si se usa como referencia una amplia variedad de mediciones del avance económico y social, México “se ubica entre dos mundos y dos mundos coexisten en su interior”. A partir de la medida más general, el producto interno bruto (PIB) per cápita, México se ubica por encima de la mayoría de países en desarrollo y del promedio de América Latina.

Agrega que la brecha en el PIB per cápita entre los estados más ricos y los más pobres del país es más acusada que en otras naciones.

Por ejemplo, la pobreza extrema en las zonas rurales es 2.5 veces mayor que en las zonas urbanas del país. “Otra clara división se observa entre los grupos indígenas y la población en general. Si se toman datos de encuestas de hogares, se puede establecer una fuerte relación entre los municipios más pobres y los que tienen mayor población indígena. El reto está en cerrar la brecha entre estos dos mundos. Las ganancias en productividad son esenciales para el crecimiento, pero también es necesario contar con políticas públicas que garanticen que toda la población mexicana participe de este proceso”.

Medido en dólares de paridad de poder de compra (PPC), el PIB per cápita de los habitantes de Oaxaca es de 4 mil 800 dólares anuales, frente a 16 mil dólares de los de Nuevo León, o los 21 mil dólares anuales de los habitantes del Distrito Federal.

Pero los 21 mil dólares de los habitantes de la entidad de mayor ingreso en México, el Distrito Federal, son menos que los 26 mil dólares anuales de PIB per cápita de los residentes de Mississippi, uno de los estados más pobres de Estados Unidos, país con el que México es socio, junto con Canadá, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En su informe, el Banco Mundial asevera que “un elemento que debe reconocerse desde un inicio es la presencia de intereses creados que luchan por impedir que los cambios se materialicen”. La existencia de un régimen de impuestos bajos y alta dependencia de ingresos petroleros, añade, funciona a favor de las personas más adineradas.

Uno de los capítulos del informe aborda el tema y se refiere a la existencia de monopolios que concentran la prestación de servicios al público, en general a precios más altos que en otras naciones. Menciona en particular las áreas de telecomunicaciones, agua, electricidad y en general los precios de la energía.

Una de las reformas “sugeridas” por el Banco Mundial es “llevar a los monopolios encargados de la prestación de servicios públicos, incluyendo los monopolios de facto a reducir sus costos y aumentar su eficiencia, mediante la implementación de modificaciones a la ley de competencia, el establecimiento de regulaciones más sólidas e independientes y la eliminación de lagunas como el uso excesivo de los amparos”.

Respecto de la sugerencia de que Pemex permita capital privado en sectores reservados por la Constitución al Estado, establece el informe del Banco Mundial:

“La condición de Petróleos Mexicanos como monopolio del Estado está consagrada en la Constitución. Sin embargo, sería necesario encontrar alguna forma de asociarse con otras compañías para realizar actividades de exploración, a fin de evitar problemas de seguridad energética en el futuro y generar incentivos al trabajo eficiente en el sector. Pemex carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades de exploración más intensas”.

Cuatro grupos guerrilleros menores del sureste de México acusaron hoy al presidente de México, Felipe Calderón, y al ex mandatario mexicano Vicente Fox (2000-2006) de “desaparecer” durante sus gestiones a más de cien presos políticos. En un comunicado, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente Primero de Mayo (OI-1ero M) y la denominada Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D), acusaron además a los dos gobernantes mexicanos de “aplastar” los principales movimientos populares.

Además, en la extensa comunicación, los grupos armados aseguran que Fox y Calderón “tienen en su haber” a más de 500 “presos de conciencia”.

Estos cuatro grupos, sumados a las Brigadas Populares de Liberación (BPL), se atribuyeron en noviembre del año pasado una serie de explosiones en la capital mexicana que afectaron la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Tribunal Federal Electoral y una sucursal bancaria, sin causar víctimas.

Las cuatro organizaciones criticaron hoy la globalización, el modelo económico del país, la clase política y las condiciones de desigualdad en México, entre otras cosas.

En este sentido, afirmaron que es necesario que las organizaciones del país y sus movimientos sociales y políticos “articulen” esfuerzos “con base en coincidencias fundamentales”, para hacerle “frente común a la ofensiva del gran capital y de la minoría usurpadora derechista”.

Por esta razón pidieron a todas las organizaciones de izquierda que se unan en un mismo proyecto político “combinando, desarrollando y generalizando todas las formas de lucha, incluido el derecho a la autodefensa y a la resistencia armada”.

De otra parte, se solidarizaron con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y exigieron “la presentación con vida” de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes de esa organización guerrillera que supuestamente fueron capturados y desaparecidos desde el pasado 25 de mayo por los órganos de seguridad del estado.

Este año el EPR ha realizado varios actos de sabotaje con explosivos en la red de tuberías de Petróleos Mexicanos (Pemex), que generaron fuertes crisis de suministro de gas natural en el país, para exigirle al gobierno la “liberación” de sus dos integrantes, si bien las autoridades niegan tener en su poder a los dos hombres.

Finalmente, las cuatro organizaciones rebeldes hicieron un llamado a los ciudadanos, sindicatos y partidos políticos de izquierda “a luchar contra la guerra sucia y el terrorismo de Estado, y a tomar en sus manos el problema de los presos, los perseguidos y los desaparecidos políticos”.

Cuatro grupos armados clandestinos “convocaron” a los movimientos sociales y guerrilleros de México a “articular esfuerzos”, con el propósito de crear un frente común que permita “recuperar la patria”, secuestrada –dijeron– por una “minoría usurpadora derechista”.

Además, demandaron la presentación con vida de los dos presuntos líderes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde mayo pasado, Edmundo (Andrés) Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La convocatoria fue lanzada a través de un comunicado difundido por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente-1º de Mayo (OI-1º M) y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D).

“Llamamos a todas las organizaciones políticas armadas a profundizar y extender el trabajo de organización, a fortalecer la autodefensa popular y a incrementar el número de sus efectivos militares, frente a la ofensiva de la ultraderecha y la escalada represiva gubernamental”, afirman en el comunicado.

Los grupos rebeldes uno de ellos encabezado por el comandante José Arturo, fundador del EPR, criticaron el sistema político mexicano y los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, al que llamaron “represor e ilegítimo”.

Señalaron que ante la “ofensiva del gran capital y de la minoría usurpadora derechista”, es necesario articular esfuerzos con base en coincidencias fundamentales, respecto a las metas y tareas políticas en el corto y mediano plazos.

Para esa articulación de esfuerzos en “este proceso liberador”, los cuatro grupos armados proponen:

–“Avanzar en la construcción y la articulación de un nuevo poder democrático y popular”.

–Combinar, desarrollar y generalizar “todas las formas de lucha, incluido el derecho a la autodefensa y a la resistencia armada, como un frente ante la obstrucción de las vías democráticas y la acción represiva que ha intensificado la minoría derechista, desde el gobierno federal”.

–Que “desde arriba y desde dentro de las instituciones republicanas, a fin de conquistar posiciones, dar lugar a un nuevo sistema de partidos verdaderamente democrático

–Reconstruir el mando político de abajo a arriba.

Los grupos clandestinos expusieron la necesidad de que surjan planes concretos de lucha en todo el país “que recojan y enarbolen el espíritu humanista, fraterno y libertario que animó a los independentistas, a los liberales antiimperialistas de la Reforma, y a los agraristas y sindicalistas de la Revolución. También que recuperen la raíz comunitaria y el ejemplo de dignidad de los pueblos indígenas, afromestizos y mestizos de nuestro país… que orienten el previsible desencadenamiento de la violencia revolucionaria de todo el pueblo, al ser nuevamente defraudada y reprimida la voluntad popular por el gobierno derechista usurpador”.

De igual forma, coincidieron con la propuesta del EZLN con “La Otra Campaña”, en la necesidad de constituir la plataforma que contribuya a superar la dispersión de las fuerzas de izquierda, “que posibilite la más amplia articulación de todos los movimientos sociales, antineoliberales y anticapitalistas, y que dé lugar a un nuevo pacto social entre todos los mexicanos, a fin de impulsar la realización de un nuevo proyecto de nación”.

Respaldo al EPR

En otra de parte de su comunicado, los grupos armados se solidarizaron con el Ejército Popular Revolucionario en su demanda de que sean presentados con vida los presuntos líderes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, capturados y desaparecidos, desde el 25 de mayo pasado.

Rechazaron “tajantemente la insidiosa versión” que ha deslizado el gobierno federal en los medios de comunicación, para hacer creer que la desaparición de los presuntos líderes del EPR fue producto de un “ajuste de cuentas” entre organizaciones revolucionarias armadas; y objetaron “las cínicas y cobardes declaraciones” del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, con las que pretende “reforzar” la versión del gobierno federal

Con estos cuatro grupos armados y el EZLN son ya cinco las organizaciones armadas que empiezan a confluir en un solo camino: la presentación con vida de los desaparecidos y la organización social y ciudadana.

Cuatro grupos guerrilleros se pronunciaron en contra de la imposición del candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, mediante el fraude electoral, y llamaron a la sociedad a luchar por que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva que habrá recuento de votos en la elección presidencial.En un documento conjunto firmado por el Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro (CRT-MB), el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M), el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP) y Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo (TDR-EP), alertan al pueblo de México para que evite la imposición en la Presidencia de la República de Felipe Calderón.

Hacen un llamado a evitar que “los señores del poder y del dinero usurpen la Presidencia de la República, a no permitir que la derecha conservadora y reaccionaria imponga un presidente espurio y a no aceptar, bajo ningún concepto, el escamoteo, la burla de que está siendo objeto la mayoritaria voluntad ciudadana depositada en las urnas”.

Agregan en su comunicado conjunto que de llegar a consumarse lo que denominaron “fraude de Estado”, quienes sean responsables “más temprano que tarde tendrán que pagar las consecuencias”.

Según los cuatro grupos subversivos, “el fraude de Estado ha puesto al descubierto el secuestro de las instituciones federales, el carácter faccioso de sus operadores neoliberales, las alianzas espurias de los poderes fácticos, la posición reaccionaria de los medios mercantiles y el carácter tramposo del sistema político mexicano”.

Recomiendan llevar hasta las últimas consecuencias jurídicas y políticas la impugnación de la elección, “la demanda de recuento voto por voto, y sobre todo, no aceptar negociaciones mediatizadoras ni dar por consumado el fraude de Estado”.