El próximo sábado 27 se celebrará, en Jojutla, Morelos, el segundo Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas, convocado por la otra campaña. Se espera la asistencia del subcomandante Marcos, delegado de la Comisión Sexta del EZLN.

Allí se discutirán tareas y acuerdos para futuras acciones “en solidaridad con los pueblos y comunidades zapatistas que resisten dignamente la agresión militar y paramilitar promovida por el gobierno federal y el conjunto de la clase política”.

En tanto, colectivos, organizaciones y adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona en distintas entidades realizan reuniones y pronunciamientos “contra la intensificación de la represión con la que los malos gobiernos federal (del PAN) y de Chiapas (del PRD y del PRI) han continuado su guerra sucia contra los municipios autónomos rebeldes zapatistas”. Por ese medio “el mal gobierno busca despojar a las comunidades de sus tierras”, expresan colectivos e individuos de Ensenada, Baja California.

En un pronunciamiento, se refieren al “violento desalojo, secuestro y encarcelamiento que, bajo el pretexto de ‘cuidar el medio ambiente’, sufrieron comunidades de Montes Azules”.

Señalan a “los malos gobiernos” como “principales responsables de la destrucción de la naturaleza” y mencionan la ofensiva del gobierno municipal perredista de Zinacantán, “donde las agresiones, robos y violaciones de los derechos de las comunidades continúan impunes”.

De igual manera, repudian las acciones “de la organización paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesino (Opddic), que junto con el gobierno pretende robar las tierras que fueron recuperadas de los finqueros gracias al alzamiento del EZLN en 1994”.

Los colectivos Resistencia y Radio Digna, entre otros, resaltan “la decisión del PRD de sumarse a la guerra contrainsurgente y paramilitar en Chiapas, lo cual quedó demostrado con los candidatos que ese partido postuló en las pasadas elecciones estatales”.

Además, declaran su “intención de responder a las acciones (pasadas, presentes y futuras)” que tome el gobierno, “avalado por la Procuraduría Agraria y la Secretaria de la Reforma Agraria”, contra comunidades como Mukulum Bachajón, Crucero Agua Azul, San Miguel Agua Azul, Ignacio Allende, Primer Progreso, Segundo Progreso, Embarcadero, Parte Majas, Salto del Tigre y Bolon Ajaw (municipio autónomo Olga Isabel); ranchería El Nance (municipio autónomo Vicente Guerrero); 24 de Diciembre (municipio autónomo San Pedro de Michoacán); San Juan del Río, San Alfredo, Casa Blanca, Miguel Hidalgo y 20 de Febrero (municipio autónomo San Manuel); Nuevo Rosario y San Patricio (municipio autónomo Francisco Gómez), y Nueva Revolución (municipio autónomo Akabalná).

Manifestan su repudio “a las acciones criminales del gobierno y los grupos paramilitares”, y exigen “el cese de agresiones contra las comunidades zapatistas, la liberación incondicional de todos presos, la reparación de los daños causados a las comunidades, y las garantías para que las comunidades desalojadas de Montes Azules puedan retornar a sus hogares, ademas del cese inmediato de las agresiones en Zinacantán”. Demandan castigo para los miembros de PRD, PRI y PAN “que promueven grupos paramilitares como parte de la estrategia de guerra contra las comunidades zapatistas”.

Asimismo, condenan “el hostigamiento del que fue objeto, por parte del Ejército federal, la caravana de la Comisión Sexta que se trasladaba al Encuentro de Pueblos Indígenas de América en Vícam, Sonora”, y exigen garantías “para que la Comisión Sexta se pueda desplazar libremente por el territorio nacional”.

El ex presidente de México, Vicente Fox, cometió actos de corrupción vinculados con la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos durante su mandato iniciado en 2000, según una auditoria especial conocida hoy. Los trabajos de remodelación para que el mandatario y su esposa, Marta Sahagún, habitaran el lugar tuvieron “visos fraudulentos” y ocasionaron “daño patrimonial al erario”, dijo el reporte final de la auditoría ordenada por la ahora desaparecida Secretaría de la Contraloría.
La documentación fue divulgada por el diario El Universal, luego de que hace dos meses el ex presidente fue declarado sospechoso de actos de corrupción y acusado penalmente del delito de “enriquecimiento ilícito”.
De acuerdo con el reporte, existen evidencias de que los funcionarios que ordenaron los trabajos no estaban legalmente facultados para hacerlo y que el proveedor seleccionado tampoco podía técnica ni financieramente afrontar el compromiso.
El despacho de Humberto Artigas y Asociados fue escogido por el entonces presidente Fox por recomendación de su hermano, José Fox Quesada, para realizar esta tarea.
La empresa firmó cuatro contratos por lo que facturó 6,1 millones de dólares según la documentación contenida en la auditoría.
Los contratos “se adjudicaron directamente sin la debida justificación y fundamentación, de acuerdo a la Ley, ya que el argumento esgrimido, de confidencialidad y seguridad nacional, se desvirtuó”, señala la cédula de observaciones.
Desde entonces “los errores y omisiones se acumularon”, como el hecho de que los funcionarios administrativos de la presidencia pagaron a Artigas del Olmo, dueño de la firma, un millón de dólares antes de que los contratos estuvieran firmados y las obras concluidas.
Además, la documentación indica que al daño patrimonial Artigas del Olmo sumó un fraude genérico, pues de los 475 enseres que debía haber adquirido para la residencia oficial de Los Pinos, sólo entregó 204 de los originalmente proyectados y 955 que no habían sido requeridos en el contrato.
La auditoría comprobó que el entonces jefe administrativo de Los Pinos, Carlos Rojas, firmó con una empresa a través de la intermediación de otra de su propiedad, Myo SA, que provocó que se duplicara el costo de las mercancías. Hubo “un sobreprecio de 636%, lo que se considera un daño patrimonial”, resaltó la auditoría.
En 2005 se conoció que al inicio del gobierno del presidente Fox la presidencia de México había adquirido 475 artículos por un importe de 446.000 dólares, entre ellos, un par de toallas por un valor de 400 dólares.
El informe provocó que el entonces ministro de la Contraloría, Francisco Barrio, ordenara la auditoría especial, cuyo reporte final estaba inédito. ACZ

Con escepticismo recibieron investigadores, abogados y políticos de izquierda el anuncio sobre la llamada Iniciativa Mérida, por la que el gobierno de Estados Unidos aportaría mil 400 millones de dólares a una estrategia conjunta con México para el combate al narcotráfico.

Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que los recursos propuestos por el presidente George W. Bush sólo son una “limosna” y de nada servirán para frenar las actividades de los cárteles de las drogas, porque el crimen organizado “tiene capacidad muy superior para comprar aviones más rápidos, lanchas, barcos y hasta submarinos, así como equipos, y todavía se queda con un fondo para corromper a las estructuras policiaco-militares que buscan combatirlo”.

Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, señaló que con esa iniciativa se viola el principio constitucional de la no intervención en asuntos nacionales. La Carta Magna no incluye la aceptación de donativos y “muchos menos la posibilidad de abrir las puertas de par en par a la injerencia extranjera”.

Santiago Corcuera, abogado internacionalista y relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que lo preocupante de la llamada Iniciativa Mérida es que con su aplicación termine repitiéndose en México el caso de Colombia, donde han ocurrido intervenciones encubiertas en su vida política, espionaje y violación de los derechos humanos de sus habitantes.

Para el especialista “el trasfondo del convenio que nos preocupa es que el gobierno mexicano debe entender que las fuerzas armadas no están hechas para combatir al narcotráfico; su misión es distinta, es el combate a un ejército enemigo”.

En tanto, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, afirmó que México “no debe estar supeditado” a los intereses de Estados Unidos. Indicó que las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión exigirán una explicación puntual del acuerdo, porque les preocupa que sea aquel país el que determine las medidas de seguridad mexicanas.

Refirió que el acuerdo revela “actitudes de sometimiento” del gobierno calderonista y de “incapacidad” para juzgar en territorio nacional a responsables del narcotráfico. Pero sobre todo es claro que “limita la soberanía del país en esta materia”.

Convergencia advirtió que el Congreso de la Unión decidirá el monto que se destinará para combatir al crimen organizado, mientras el dirigente del PT, Ricardo Cantú, aseguró que la Cámara de Diputados demandará al Ejecutivo federal una explicación detallada sobre los compromisos que adquiere el gobierno mexicano con el proyecto.

La Conferencia del Episcopado Mexicano saludó el anunció del gobierno estadunidense de solicitar a su Congreso 500 millones de dólares para asistencia antidrogas a México. Consideró que se trata de la aceptación de una responsabilidad compartida en el combate al flagelo del narcotráfico por parte de gobiernos, instituciones y sociedad civil de ambas naciones.

Por otra parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que tiene “mucha confianza en la canciller Patricia Espinosa; ella fue mi alumna”, sé que es una buena diplomática y estoy segura de que en el convenio con Estados Unidos no se permitirá intromisión alguna en la soberanía nacional. Agregó que toda la cooperación entre los estados es positiva, sobre todo cuando ambos países tienen enfrente un problema como el de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En tanto, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que independientemente de los acuerdos que suscriba México en el extranjero, es obligación del Estado proteger y promover el respeto de las garantías individuales.

Entrevistado acerca del anuncio de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, el funcionario evadió entrar en detalles e insistió en que el Estado tiene claro que la defensa de los derechos humanos es parte de una responsabilidad ineludible.

México tiene mejoras sustantivas en la apertura democrática, en el ámbito político y en el manejo macroeconómico, pero enfrenta desafíos como la desigualdad y la pobreza, y un crecimiento incluyente y capaz de generar empleos de buena calidad, sostuvo el Banco Mundial (BM).

El economista en jefe para América Latina y el Caribe del BM, Augusto de la Torre, dijo que la reforma fiscal aprobada en México es un paso hacia adelante, aunque la mayor recaudación debe servir para que el Estado tenga la capacidad de generar bienes y servicios públicos para los segmentos más necesitados, empleos y complementar la inversión privada.

En teleconferencia desde Washington, advirtió que si la economía de Estados Unidos se desacelera más de lo previsto tendrá repercusiones particularmente fuertes sobre Latinoamérica, sobre todo en los países más integrados a este mercado, como México y los de Centroamérica. (Con información de Notimex/MCH)

El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, promovido por la FAO, y cuya finalidad es, desde 1979, concienciar a las naciones sobre el problema alimentario mundial y establecer políticas tendientes a fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
En este contexto surge una constatación dramática para el caso de México: cada año mueren ocho mil niños por causa de desnutrición aguda. Este escenario es similar a lo que sucede en países de África como Sudán, Etiopía o Angola.
La muerte infantil por falta de una adecuada nutrición resulta increíble y una vergüenza para todos los mexicanos. Hasta Benedicto XVI señala que el incumplimiento al derecho a la alimentación se debe no sólo a causas de tipo natural, sino, sobre todo, a situaciones provocadas por el comportamiento de las personas, tanto en el consumo que muchas veces es irrespon-
sable, como en los métodos y acciones para la explotación de los recursos naturales. En suma, que se trata de un asunto de educación y de cultura, a veces influido por la política.
En este momento, alrededor de 150 mil niños padecen emaciación o desnutrición crónica, 5% del total de los menores de cinco años tiene bajo peso y talla —lo que equivale a más de 470 mil niños— y un millón 645 mil padecen algún tipo de desnutrición. A los niños desnutridos no se les desarrolla de manera normal el cerebro, de modo que no podrán realizar ciertas actividades de precisión, de manera que su futuro está desde ahora condicionado: nunca serán grandes académicos ni especialistas en ámbitos intelectuales, serán jornaleros, obreros, trabajadoras domésticas, albañiles…
Como suele ocurrir en México, casi todos los problemas relacionados con la marginación y la pobreza en nuestro país se concentran en los estados del sureste: Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Algunos otros indicadores hablan de que la desnutrición afecta a la quinta parte de la población del medio rural, lo que representa alrededor de cinco millones de personas y, contra lo que se podría suponer, en los sectores urbanos este porcentaje aumenta al 7%. Además, los embarazos de mujeres desnutridas impiden que la madre pueda trasmitir las sustancias nutritivas al feto y da lugar a la desnutrición in útero.
Alrededor de un 9% de los recién nacidos en el medio rural y un 8% en el medio urbano padecen desnutrición. Es en este periodo de la vida del niño cuando se deben tener los mayores cuidados respecto de su adecuada alimentación hasta los 18 ó 24 meses o después, se vuelve más difícil revertir los efectos.
Por todo esto, es necesaria una mayor coordinación entre las diversas secretarías y entidades gubernamentales que tienen que ver con este problema
—Secretaría de Salud, Sedesol, SEP, DIF, IMSS, etc.—, para que se establezcan metas factibles con base en programas de salud y nutrición materno-infantil.
Se necesita diseñar una política integral de apoyo a zonas marginadas y con altos niveles de desnutrición, que cambie la visión de corto plazo y asistencialista por una visión subsidiaria y de acciones diversificadas que genere procesos educativos y propicie las condiciones para que las propias familias de los niños tomen consciencia del cuidado de la salud de sus pequeños, que conozcan y utilicen de la mejor manera los servicios que el Estado brinda, sea para mejorar la alimentación, sea para salir de la marginación que es la principal causa de este problema.
Se calcula que se requieren, anualmente, alrededor de 38 mil millones de pesos para eliminar la desnutrición infantil, pero mientras existen comunidades que son atendidas por más de una institución, otras no cuentan con ayuda de ninguna instancia.
Se requiere voluntad política, programas eficientes, coordinación entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias que atienden a estas comunidades para establecer procesos de evaluación y seguimiento, sistemas de información y análisis, uniformidad de criterios generales para combatir las causas del problema: la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad en las oportunidades y en una palabra la injusticia social que todavía subsiste en nuestro país.
Existen los recursos, existe la voluntad política del
gobierno de Felipe Calderón para trabajar por los que menos tienen, existe un sector de la sociedad civil
preocupado y ocupado en ayudar, sabemos dónde están y quiénes son los que nos necesitan ¿qué más hace falta?