Al fin y al cabo así somos, y qué. ¿La mayoría o la minoría de los mexicanos? Bueno, la corrupción e impunidad continúan siendo el común denominador en nuestra vida cotidiana. Los pobres suman más de 60 millones en un territorio rico en materias primas. Impartir justicia pronta y expedita simplemente es una falacia. A pesar de las desigualdades sociales, ya logramos trascender nuestras fronteras. ¡Felicidades!.

En nuestra historia nacional, continuamos apuntando hechos muy lamentables que en ocasiones llegan a superar lo ridículo o inverosímil, sobre todo, en materia política. Roberto Madrazo Pintado, el mismo que perdió las elecciones presidenciales representando al PRI en 2006, volvió a ser protagonista de un escándalo porque “ganó”, con el sudor de su frente el Maratón de Berlín, categoría de 55 a 59 años de edad.

Millones de televidentes vimos cómo el político tabasqueño de 55 años entró a la meta jubiloso y con los brazos en alto, enfundando un pantalón y abrigo, sin muestras de agotamiento, después de recorrer supuestamente 42.195 kilómetros en dos horas, 41 minutos y 12 segundos, mientras que los demás competidores sudaban la gota gorda en pantaloncillos y camisetas sin mangas. ¡Qué bárbaro! A pesar de que el director del Maratón, Mark Milde, solicitó a Roberto Madrazo devolver la presea porque hizo trampa, la respuesta ha sido negativa. La actitud es lamentablemente, ya que el hecho de abandonar la competencia en el kilómetro 20 y después reaparecer en la meta como todo un triunfador es sinónimo de una estrategia normal de varios mexicanos, sobre todo, políticos: la transa.

En la actualidad hay otros ejemplos de nuestra vida nacional. Basta mencionar al autonombrado “Padre de la democracia”, Vicente Fox Quesada, y su presunto enriquecimiento ilícito, presumiendo su rancho en prestigiadas revistas y utilizando su Hummer, entre otros vehículos de lujo, para su uso personal. Sin olvidar la actuación de Marta Sahagún, durante el sexenio del septuagésimo segundo Presidente de México.

Madrazo Pintado, además de evidenciar en Europa la actitud normal de la mayor parte de los políticos mexicanos, representa al sistema corrupto e impune que gobernó bajo las siglas del PRI durante más de 70 años, hasta que precisamente Vicente Fox puso fin al periodo del autoritarismo y populismo. Desgraciadamente resultó ser un alto traidor a la fe de millones de ciudadanos que depositaron su confianza en él, mediante el voto libre y secreto.

Una más. En días pasados vimos otra transa, en materia deportiva, en el ascenso del Puebla a la Primera División del fútbol mexicano. Ante tales panoramas, no queda otra que gritar con orgullo y pasión: “México, México, ra, ra, ra”, porque somos campeones mundiales.— Cozumel, Quintana Roo.

Corrupción no es actitud, no es mentalidad, es un híbrido de ambos. No hay corrupción sin manos proclives a dar y recibir dádivas, de la misma forma que tampoco puede haber corrupción sin conciencias lo suficientemente morales para evitar tal proclividad. No hay un corrompido sin un corruptor, así como no hay un corruptor sin un corrompido; la corrupción somos todos o todos somos la corrupción. Aseveraciones tan cotidianas como populares, tan ciertas como lastimosas. El corromperse no implica el deterioro del bolsillo; entraña el desmoronamiento de las mentalidades, de los espíritus.

En el Informe sobre Corrupción de Transparencia Internacional, correspondiente al año 2007 y publicado en días anteriores, se da a conocer el escalafón mundial de los países y la calificación que la organización le otorga a su sistema para prevenir, sancionar y mermar la corrupción. En dicha escala, México aparece en el nada honroso lugar 72, con una deplorable calificación de 3.5 sobre 10 posibles. Al frente de la lista aparecen empatados dos países escandinavos, como lo son Finlandia y Dinamarca (a la vez de los países más desarrollados del mundo, cuyo modelo deberíamos estudiar en todos los aspectos), además de una nación de Oceanía (Nueva Zelanda), obteniendo los tres una calificación casi de excelencia, con 9.4 puntos de 10 posibles. Por otro lado, al final de la lista, aparecen Myanmar y Somalia, igualados como los dos países más corruptos del orbe.

En este ranking, Transparencia Internacional utiliza criterios objetivos, diversos y prácticos, tales como el desempeño de la maquinaria burocrática en términos de atención al ciudadano, el propio nivel de civismo adquirido por los ciudadanos, los diseños institucionales y el blindaje que sobre corrupción se tiene al respecto, además de algunos más como la tramitología.

Incluso, otros indicadores como los niveles de respeto a derechos humanos y medio ambiente son tomados en cuenta al elaborar los rangos. Como se sabe, México ha figurado constantemente entre los peor calificados en todo el orbe, lo cual permite ver a la corrupción como un fenómeno frío, tal y como son los números, cifras y estadísticas: frías pero certeras, heladas pero ilustrativas.

Hay muchas reflexiones, datos e inferencias que se pueden obtener del informe al que se hace alusión. Primeramente, decir que México ha dejado de ser de los países más corruptos es relativo, y más que relativo, es falaz. Myanmar (también conocido como Birmania, país que atraviesa una grave crisis desatada por la dictadura militar y las violaciones brutales a una gran cantidad de derechos humanos, siendo por ello una de las preocupaciones primordiales en la agenda actual de la comunidad internacional) y Somalia, los países más corruptos del mundo como ya se dijo, comparten el lugar 179. Pareciera que la distancia entre México y los últimos lugares en el ranking de Transparencia Internacional es bastante, por los casi 100 puestos que median al hacer la comparación. Sin embargo, tanto Myanmar como Somalia tienen una calificación de 1.4 puntos sobre 10.

Una calificación de 3.5 obtenida por México no supera en mucho al 1.4 de Myanmar y Somalia. Aún más, sólo 32 países en el mundo obtuvieron una calificación mínima aprobatoria de mínimo 6 puntos sobre 10. Sólo 22 recibieron notas superiores a 7 (incluyendo a Chile, que es el país latinoamericano mejor ubicado en términos de corrupción). Únicamente 15 acreditaron la materia de la corrupción con un rango de 8 puntos. 8 países del planeta se distinguieron al hacerse acreedores a un 9 de calificación, incluyendo a los tres ya mencionados que prácticamente tienen un nivel de excelencia. Si México está en un grupo de más de 100 países que fueron evaluados con ínfimos niveles, para nada cercanos al menos para aprobar el examen anual, ¿podremos echar campanas al vuelo pregonando que hemos dejado la lista inferior en materia de corrupción?

Ahora bien, no todo es negativo al momento de hacer equiparaciones con otras naciones. Si bien los niveles de México y Myanmar son similares, en nuestro país no existe una cuasi-guerra civil como se da en Birmania en estos momentos (hay violaciones graves de derechos humanos, claro, y quizá a niveles permanentes, pero no a una escala tan desproporcionada como en algunos países africanos y asiáticos). Asimismo, habrá que ver y asimilar el nivel de perfección al que se acercan las socialdemocracias escandinavas.

En el lugar 72 que ocupa México, lo acompañan, entre otros, tres países con quienes comparte algunas significativas características que les son afines: Brasil, China e India. Las cuatro naciones tenemos economías emergentes que de un momento a otro podrían ingresar a la élite de las superpotencias. Aún así, México necesita cambiar radicalmente su camino, o en otro caso, dar una mordida para seguir subiendo en el ranking sobre corrupción.

En el contexto de la reunión anual del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional, que se celebra en Washington, se ha confirmado que el lunes próximo el gobierno mexicano firmará un “acuerdo para la adhesión plena” al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), entidad del propio BM encargada de asegurar “contra riesgos políticos” a las corporaciones extranjeras que inviertan en el país, a las firmas mexicanas privadas que se desempeñan fuera del territorio nacional, y a las empresas paraestatales que “operen sobre una base comercial”. El convenio contempla la protección de la inversión privada en caso de que se frustren proyectos de privatización de empresas del Estado o que se sufran pérdidas por actos de sabotaje o terrorismo, y para que el gobierno mexicano lo suscriba, requiere de la aprobación del Congreso de la Unión.

No deja de llamar la atención que el anuncio sobre la firma de ese acuerdo se da luego de los actos de sabotaje contra instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), atribuidos al Ejército Popular Revolucionario. La urgencia de que México se integre al MIGA proyecta una alerta por parte del gobierno federal respecto a una eventual intensificación de estas u otras expresiones similares de descontento, en concordancia con lo dictado por los organismos internacionales en materia de terrorismo, pero sin atender las causas reales de los conflictos.

No puede dejar de señalarse que el gobierno ha sido incapaz de resolver problemas que representan lastres fundamentales para la paz social –sin que la conjunción de éstos justifique la destrucción violenta de bienes propiedad de la nación–, como la pobreza, la desigualdad, la marginación, la falta de empleo o la corrupción que recorre las instituciones públicas. Con todos esos saldos pendientes, resulta por lo menos preocupante que las decisiones gubernamentales estén orientadas a la protección de los grandes capitales, como ocurre con la firma del convenio que se comenta, en vez de dedicarse a dar solución a las condiciones que propician “el riesgo político”.

Por otra parte, la actual administración debiera atender a los señalamientos hechos por críticos del MIGA y del BM, en el sentido de que el mecanismo que está a punto de suscribir es utilizado para proteger proyectos que generan controversia y rechazo por parte de la sociedad civil, dado que su puesta en marcha afecta el entorno ambiental, propicia conflictos políticos y afecta la calidad de vida de los habitantes de las regiones. En tal clasificación bien podría encajar, por ejemplo, el megaproyecto hidroeléctrico de La Parota, en el estado de Guerrero. La construcción de esa presa suscitó una andanada de inconformidades por parte de organizaciones ambientalistas y de comuneros afectados, así como un clima de crispación y violencia en la zona. No obstante que un tribunal de la entidad ordenó la suspensión de la obra, fuentes de la Comisión Federal de Electricidad han asegurado en semanas recientes que la prohibición es sólo provisional y que el proyecto puede ser retomado, posibilidad que cobraría mayor fuerza con la incorporación de México al MIGA.

A la luz de estos elementos de juicio, cabe preguntarse cuál es el propósito detrás de la integración de nuestro país al organismo referido: si acaso el gobierno federal prevé un escenario en que las manifestaciones de inconformidad social se multipliquen y, en ese caso, por qué prefiere la citada afiliación en vez de solucionar los problemas de raíz.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) anunció que esperará “pacientemente y con prudencia señales claras y concretas” del gobierno federal respecto a su demanda de que sean presentados con vida y en libertad sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

“Les decimos que es el momento de tomar en serio nuestras exigencias para que no nos obliguen a escalar nuestra campaña nacional de hostigamiento”, advierte el EPR.

En un comunicado, el grupo denunció la “detención y desaparición” del luchador social y ex militante del grupo guerrillero Movimiento Acción Revolucionaria Francisco Paredes Ruiz, quien desarrolla su actividad política en la legalidad.

El EPR señaló que hasta el momento no ha visto señales claras del gobierno calderonista respecto a la presentación de sus compañeros, así como de un diálogo, el cual, aclaró, no ha demandado.

“A pesar de los desplantes, siempre tendremos la disposición para discutir políticamente los problemas del país, y reiteramos que ustedes son parte de la solución para que presenten vivos y en libertad a nuestros compañeros”, abundó.

Al igual que su comunicado del 2 de octubre pasado, los eperristas solicitan amnistía para “todos los presos políticos y de conciencia”.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 19 de octubre. Unas 64 familias de ejidatarios se disputan con bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el predio Emiliano Zapata, en el municipio de Ocosingo, lo que mantiene en tensión a esa comunidad, según se desprende de una denuncia penal interpuesta ante autoridades de justicia.

El 13 de octubre 64 familias que cuentan con documentos oficiales que acreditan la propiedad de 308 hectáreas ingresaron al predio y construyeron 64 chozas fijas. Sin embargo, el martes por la mañana decenas de indígenas bases de apoyo del EZLN presuntamente desalojaron a las familias y destruyeron las chozas.

Fuentes del gobierno estatal recordaron que en 1994 pobladores de Chavarico Las Palmas, municipio de Ocosingo, solicitaron a las autoridades agrarias la dotación de tierras. Poco después se integró el ejido Emiliano Zapata con 308 hectáreas.

Sin embargo, los beneficiarios no pudieron tomar posesión de las tierras porque las ocuparon antes las bases de apoyo zapatistas pertenecientes al municipio autónomo de San Manuel, con sede en el ayuntamiento oficial de Ocosingo.

Trece años después, los ejidatarios entraron y construyeron las 64 casas, que luego fueron destruidas por las bases zapatistas. Los desalojados regresaron por la tarde tres días después y se apoderaron del predio, pero un día después nuevamente fueron retirados. De nueva cuenta, el jueves, los tzeltales ingresaron al terreno, donde aún permanecían la tarde de este viernes. Los zapatistas se replegaron y sólo mantienen guardias.

Funcionarios de la delegación de gobierno con sede en Ocosingo buscaron dialogar con las bases de apoyo, pero éstas les pidieron retirarse pues no quieren nada con el gobierno sino solucionar el conflicto entre ellos mismos.