México paga un alto costo social y no sólo económico anual en materia de corrupción porque cada vez que se soborna se debilita a las instituciones, afirmó el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.Con estimaciones del organismo entre 2004 y 2005, recordó que el costo de la corrupción es de 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras el monto de las “mordidas” en los hogares mexicanos es en promedio de 177.40 pesos anuales.

En entrevista con Notimex, Bohórquez resaltó que el combate contra la corrupción no es solamente un asunto de conciencia sino de pérdida de calidad de vida, porque “los servicios públicos se deterioran cada vez que pagamos a alguien para que se lleve la basura o nos cuide el auto frente a una institución bancaria”.

Además, agregó, está comprobado que cada vez que se incurre en soborno se debilita a las instituciones que nos proveen de servicios como seguridad, salud y educación.

Explicó que la gran diferencia con naciones como Finlandia y países nórdicos que ocupan los primeros lugares en cuanto al Indice de Percepción de la Corrupción, es que ellos aprecian por sobre todas las cosas vivir bien y “nosotros no hemos aprendido a vivir sin corrupción”.

Sobre el reciente informe del IPC elaborado por Transparencia Internacional, que ubica a México en el lugar 72 de los 179 países estudiados con una calificación de 3.5 de un máximo de 10, dijo que este fenómeno se tiene que combatir con educación, así como con una cultura de la legalidad.

El directivo de Transparencia Mexicana expresó que “el reto es simplificar y trasparentar las relaciones entre los ciudadanos y los gobiernos”, ya que la corrupción profundiza la desigualdad debido a que no se puede realizar una actividad económica o acceder a bienes y servicios públicos sin pagar un soborno.

Según el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005, México paga poco más de 19 mil millones de pesos anuales en sobornos por el uso de 35 servicios públicos.

Entre ellos mencionó el aprobar la verificación vehicular, trabajar o vender en vía pública, visitar a un paciente dentro o fuera de horarios permitidos y obtener o canjear un pasaporte.

Un juez mexicano declaró ayer culpables a tres soldados por haber violado y torturado a catorce mujeres en el norte de México en un inusual proceso civil contra militares.

Los tres formaban parte de un grupo de ocho soldados relacionados con la violación y tortura de catorce mujeres en el estado norteño de Coahuila y fueron sentenciados a entre 21 y 41 años de prisión. Un cuarto soldado fue encontrado culpable por daños permanecerá en prisión durante menos de cuatro años por su participación en la tortura de las mujeres, según el juez de distrito Hiradier Huerta Rodríguez, mientras que los otros cuatro fueron exculpados.

Los crímenes ocurrieron en julio del 2006, cuando los soldados abandonaron su puesto y se trasladaron al poblado de Castaños, en donde ocurrieron las violaciones. Los soldados volvieron a la vida civil cuando salieron de Monclova y ‘en base de ello ya no era competencia de la justicia castrense instruir estos procedimientos’, añadió Huerta Rodríguez en una conferencia de prensa.

Las condenas fueron dictadas después de que una comisión de Derechos Humanos recomendase que el Ejército fuera retirado de la lucha contra el narcotráfico, debido a las acusaciones de violación y tortura que están pendientes de resolución, imputadas a varios militares. El Ejército es responsable desde hace años de la lucha antidrogas, al considerarse a sus miembros como los menos corruptos que las fuerzas de seguridad del país.

Diputados de oposición consideraron que el Jeep regalado al ex presidente Vicente Fox es sólo la “punta del iceberg” en el caso del guanajuatense.

Demandaron la integración cuanto antes de la comisión especial para investigar al ex presidente Vicente Fox Quesada, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer la petición que hizo Marta Sahagún a un empresario mexiquense para comprar un Jeep, que posteriormente fue regalado al ex mandatario.

Javier González Garza, coordinador del PRD, consideró que el Jeep es la punta del iceberg, del enriquecimiento de la familia Fox y un elemento más para conformar la comisión especial contra Fox e investigarlo a fondo.

En entrevista, dijo que el costo del Jeep no rebasó los 300 mil pesos, pero en el fondo hay irregularidades que van más allá.

“Es un jeep, quiero decir, la verdad es que son 290 mil pesos y aquí estamos hablando de muchos millones de pesos. Aguas no nos vayamos con el Jeep es un puntito de la “i”, dijo.

Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, se dijo de acuerdo en acelerar la integración de la comisión especial contra Fox.

José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia, adelantó que sin duda será una prueba más que tendrá que analizar a fondo la comisión especial.

Criticó que Marta Sahagún haya usado sus influencias para favorecerse.

Consideró sin embargo, que también tendría que investigarse a los ex presidentes emanados del PRI, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid.

Héctor Larios, coordinador del PAN, dijo sobre el tema que hay que preguntarle al ex mandatario. “Yo no sé nada”, dijo.

Ante la insistencia de los reporteros, indicó que hay que insistir en “la objetividad de las cosas” y no en las interpretaciones.

“Lo que hay que preguntarle a la señora Marta es si ciertamente hizo esa petición, no daría por hecho ninguna de las afirmaciones que se dan porque entonces viviríamos en un país de locos”.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) respaldó hoy a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionaria (EPR), que recientemente detonó artefactos explosivos en ductos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El EZLN, liderado por el subcomandante Marcos, afirmó en un comunicado que la demanda del EPR “no sólo es legítima, es también una denuncia actual de la guerra sucia que el amoroso amante del uniforme militar, el presidente Felipe Calderón, está reeditando”.

El EPR ha reivindicado los ataques contra gasoductos de la estatal Pemex que han afectado a grandes y numerosas empresas y sostiene que su principal demanda es la presentación con vida de dos de sus militantes que asegura “fueron desaparecidos” desde hace un año en el marco de un conflicto político en el estado sureño de Oaxaca.

Marcos anunció en su comunicado que decidió suspender una gira que tenía planeada por el territorio mexicano en el marco de una especie de amnistía decretada desde 1996, fecha en que se rompió el diálogo con el gobierno, “para evitar que el gobierno federal perpetre algún ataque contra la caravana” insurgente.

“El gobierno castrense de Felipe Calderón podría montar un atentado y después pretender adjudicarle la autoría al EPR argumentando disputas inexistentes”, indicó Marcos.

“Hace poco un funcionario gubernamental dijo que las desapariciones denunciadas por el EPR no fueron realizadas por el gobierno, sino por otra organización revolucionaria, pero es sabido que el gobierno los detuvo y los tiene”, concluyó.

El EPR comenzó a operar en 1996, dos años después que el EZLN, y recientemente reivindicó los atentados explosivos en gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en los estados de Veracruz y Tlaxcala.

La primera aparición pública del EPR fue en 1996, durante el primer aniversario de lo que fue llamado “la matanza de Aguas Blancas”, donde murieron decenas de campesinos opositores al gobierno local a manos de paramilitares.

Junto con el EZLN, el EPR se ha convertido en el grupo guerrillero más conocido en el país y actúa principalmente en la sierra de Guerrero y Oaxaca.

El dirigente de la guerrilla zapatista conocido como el Subcomandante Marcos volvió hoy a lanzar duras criticas contra el ex candidato presidencial de izquierda Andrés López Obrador y contra el primer mandatario Felipe Calderón.
A López Obrador lo acusó de “mantener a su lado” personas que “han humillado a los indios”, como el diplomático Gustavo Iruegas, ex vicecanciller, y Arturo Núñez, ex presidente del Instituto Federal Electoral, la máxima autoridad en la materia.
Durante un encuentro denominado Pueblos Indios de América, en la capital mexicana, Marcos calificó a su vez a Calderón como uno de los “capitalistas que han llevado su lógica mercantil a los rincones más apartados del país para apoderarse del agua, de los bosques y hasta del aire de las comunidades indígenas”.
Las críticas de Marcos generaron malestar en seguidores de López Obrador, que al finalizar el acto intercambiaron gritos y consignas con partidarios de la guerrilla zapatista levantada en armas el 1 de enero de 1994.
Marcos, vocero y jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), recordó que Gustavo Iruegas, tuvo una “lamentable participación” en la delegación gubernamental en las fallidas negociaciones de paz en Chiapas entre 1994 y 1996.
“Ahora nos dicen que le hacemos el juego a la derecha, pero quienes seguimos poniendo los asesinados, los encarcelados y los amenazados somos nosotros”, afirmó.
La semana pasada, Marcos acusó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el principal referente de la izquierda mexicana, de no ser “más que una derecha vergonzante”.
El líder del PRD le preguntó a quiénes sirven sus declaraciones y lo acusó de ser “uno de los detractores” del movimiento de protesta contra el supuesto “fraude” en las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006. ACZ