Es curioso cómo la opinión pública se resiste a pensar mal de Vicente Fox y antes de aceptar que tras sus acciones hay algún tipo de ilegalidad o perversión, prefieren pensar que se trata de exceso de ingenuidad, torpeza o estupidez.La última muestra que comprueba lo anterior lo tenemos en las reacciones que ha suscitado el asunto del reportaje sobre la remodelación del rancho San Cristóbal. Para la mayoría es evidente que mostraron un lujo a todas vistas insultante, pero se niegan a aceptar que tras el derroche de recursos pudieran haber recursos mal habidos o que tras su exhibición existan intenciones perversas.

La opinión pública prefiere justificar el asunto, quizá por mera salud mental, como un acto más de imprudencia de los Fox. Se piensa que lo hicieron sin medir las consecuencias y porque les gusta llamar la atención, pero ni siquiera se acepta la idea de que lo hicieron por presumidos.

Eso sí, la mayoría espera que el actual gobierno haga una investigación exhaustiva sobre el origen de los recursos para la remodelación, esperando en el fondo que no se encuentre nada irregular y se pueda confirmar lo que quieren creer: que el único pecado del ex presidente es la estupidez, es más, todavía hay un 35% que recomienda dejar las cosas como están, que no se investigue, que simplemente se ignore el asunto para no darle más importancia de la que tiene.

Esperemos que las autoridades cumplan con su deber de investigar el asunto y no se dejen llevar por el temor a las reacciones de la opinión pública

Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche y Tamaulipas son las entidades más susceptibles a ataques de grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) porque concentran la mayoría de las instalaciones estratégicas del país, de acuerdo con datos del gobierno federal y analistas en materia de seguridad y diputados federales.

Sólo en la franja costera hay 55 instalaciones vitales, de las cuales 40 corresponden a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 15 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según las cifras del primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón.

Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, señaló que en la estrategia contra el Estado, el EPR busca objetivos que ocasionen mayores pérdidas económicas.

Refirió que sólo Veracruz, Campeche y Tabasco producen 30% de los energéticos que se consumen el país.

El catedrático de la Universidad Iberoamericana opinó que el Estado mexicano vive una crisis de seguridad, pues a los problemas de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se les ha sumado la acción de los grupos guerrilleros.

Piden no descuidar carreteras

Guillermo Garduño, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que además de las instalaciones petroleras, la Secretaría de Defensa debería reforzar la vigilancia en las carreteras y los puentes, en las instalaciones militares y en los estados con presencia de movimientos sociales de masas como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en Oaxaca.

“Las instalaciones petroleras son donde el Ejército Popular Revolucionario ha tenido un mayor impacto, pero no hay que descartar las carreteras donde ya han detenido automóviles; las instalaciones militares pequeñas para hacerse de armas, y los estados donde se concentran movimientos sociales de masas, como Oaxaca”, expuso Garduño.

Recomiendan fortalecer inteligencia civil y militar

Para contrarrestar a esos grupos, el diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia) afirmó que el gobierno federal debe proporcionar mayores recursos económicos a los cuadros de inteligencia civiles y militares, para adquirir la tecnología que se requiere contra a esos grupos.

El también presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados expresó que el gobierno calderonista ha demostrado que no tiene una visión de Estado para solucionar el problema.

Manuel Portilla Dieguez, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e integrante de la Comisión de Defensa en San Lázaro, indicó que Tamaulipas y Veracruz, donde la problemática de delincuencia organizada y narcotráfico es mayor, generan condiciones para que el EPR cree inestabilidad.

Además, afirmó que se deberían replantear las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues ésta se ha convertido en la policía de todo.

“Los militares salen a las calles a capturar a los narcotraficantes y a los secuestradores, cuando hay una Secretaría de Seguridad Pública que debería hacer su trabajo”, expuso.

Zonas vulnerables

En todo el territorio nacional existen 186 instalaciones estratégicas de entidades públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de acuerdo con datos oficiales.

Para la vigilancia de las instalaciones vitales, de diciembre de 2006 a junio de 2007 la Sedena realizó patrullajes terrestres y aéreos con 2 mil 347 elementos.

Mientras que la Secretaría de Marina implementó la operación Farallón, para el resguardo de instalaciones vitales ubicadas en la franja costera, con la participación de mil 138 elementos, según el primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Dios quiera” y en México no suceda lo que en Colombia, en donde el narcotráfico y la guerrilla se convirtieron en una misma cosa, asegura el embajador colombiano Luis Camilo Osorio.

Aunque no es un diplomático de carrera, sus misiones al frente de las embajadas de su país en Italia, Grecia, Malta, Chipre y San Marino, le han dejado en claro la “regla de oro”: no intervenir ni opinar de asuntos internos, por lo que es sumamente cuidadoso, y evita hacer alguna recomendación al gobierno mexicano para enfrentar el cáncer que mina la salud de ambos pueblos: el crimen organizado.

El embajador y ex fiscal de la nación (procurador general de la República), prefiere cambiar las recomendaciones por los buenos deseos, y señala que hay que “hacer votos” para que en México no se llegue a dar una simbiosis entre guerrilla y narcotráfico.

Esta semana México y Colombia refrendarán su alianza en la lucha contra el crimen organizado cuando media docena de altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente Francisco Santos, el fiscal general Mario Iguarán y el jefe de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, sostengan reuniones con sus homologos mexicanos para acordar acciones coordinadas en contra de las mafias.

Los funcionarios colombianos expondrán también en un foro denominado “Seguridad: base para el progreso”, las políticas públicas que su país ha adoptado en temas como la seguridad democrática, la protección a los derechos humanos, la cooperación internacional en la lucha contra los cárteles del narcotráfico y la criminalidad organizada, entre otros.

“La criminalidad organizada es internacional, por lo que de igual manera debemos tener una respuesta internacional a esa situación”, dice a EL UNIVERSAL el embajador Luis Camilo Osorio, un abogado y doctor en Economía Pública originario de Medellín.

“Vamos a hablar acerca del mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano, del crecimiento de la economía y de los instrumentos que logren el afianzamiento de la inversión internacional, todo en el contexto de los derechos humanos”, explica al referirse al foro que hoy se celebrará en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

“Hablaremos de lo que ha sido el proceso de lo que ha sido el Plan Colombia, como la presentación de una cooperación internacional en el problema de las drogas en el que somos una parte afectada pero también protagonista y entendemos que atenderlo es una responsabilidad de todos los países involucrados, así sean de producción de drogas o precursores químicos, de tránsito o de consumo”, agregó.

“Nosotros (Colombia y México) hemos podido tener experiencias trasladadas y creo que es una tarea que venimos cumpliendo, estar de la mano en el combate a la criminalidad organizada y es, precisamente eso, lo que vamos a tratar de renovar con las altas autoridades de justicia y seguridad”.

Durante la entrevista el embajador realiza una amplia explicación sobre el proceso de reformas en materia de seguridad y justicia que se dieron en su país, como la creación de un sistema judicial acusatorio —juicios orales— que ya se aplica en 85% de la demanda judicial de esa nación, y que dentro de dos meses alcanzará 100%, y también de la creación de una policía con mando unificado.

Finalmente, en su explicación el embajador, quien también fue magistrado, destaca las bondades que puede tener una reforma integral que complemente políticas de uso de la fuerza eficaces con la creación de un sistema judicial que expida condenas y que cuente con la confianza de la sociedad.

Autoridades municipales de Pescara (Italia) demandaron al gobierno de su país interpelar a su homólogo de México, responzabilizándolo por la integridad de los miembros del consejo municipal autónomo de San Andrés Sakamch’en de los Pobres (Chiapas), quienes fueron amenazados de muerte por presuntos paramilitares la semana pasada.

A través del legislador Maurizio Acerbo, el “concejo comunal” de Pescara, hermanado formalmente con el municipio zapastista, solicitó “todas las iniciativas posibles para presionar al gobierno mexicano” para que cese esta situación. Esto, a través de la viceministra del Exterior, Patrizia Sentinelli, y el subsecretario para América Latina, Donato di Santo.

Ante las informaciones de que existen amenazas de muerte contra el gobierno municipal tzotzil, alegando los presuntos paramilitares de Opdic roja su oposición al nuevo mercado autónomo, la comuna de Pescara recuerda que ha participado en el establecimiento de una red de agua potable en San Andrés, y se mantiene en contacto continuo con su municipio “gemelo”.

Una copia de este requierimiento fue entregada al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por medio de la embajada mexicana en Roma.

Información amenazadora y falsa en Las Margaritas

Por su parte, la junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, en el caracol de La Realidad, desmintió enérgicamente informaciones gubernamentales y militares sobre un presunto conato de desalojo contra la comunidad zapatista 24 de Diciembre por parte de pobladores de “Gracias a Dios”, aldea paramilitar (es decir, edificada a orillas de la base militar de Rancho El Momón) en la cañada de Las Margaritas.

La JBG acusó al diario Cuarto Poder de “difundir noticias falsas”, que acusan al EZLN de “detener” al funcionario Erlindo López Hernández. “No fuimos ninguna de las autoridades civiles autónomas”. Según la junta, la información periodística afirma que “30 zapatistas de rostro cubierto y armas de grueso calibre” realizaron dicha detención. “Los que lo detuvieron fueron personas inconformes de Bademia, San Antonio El Porvenir, Ojo de Agua y Rosario”, afectadas por un proyecto ecoturístico que López Hernández y otros intentan imponer a las comunidades mencionadas.

El problema ocurrió en otra parte, e involucró exclusivamente a miembros del PRI y el PRD. No obstante, se publicó una foto que “no corresponde al lugar ni a los hechos”. No es la primera vez en poco tiempo que informaciones de la Secretaría de Gobierno de Chiapas emplean imágenes “tomadas no se sabe cuándo ni dónde”, en las que aparecen zapatistas fuera de contexto. “De la detención del señor Erlindo son culpables los gobiernos municipal, estatal y federal, por estar facultando Juan Sabines y Felipe Calderón a las trasnacionales” para adquirir las riquezas naturales.

La información de marras, publicada el 24 de septiembre, contaba una historia muy distinta: “Regresa la tensión a Gracias a Dios. Ejidatarios pretendieron ingresar al poblado rebelde 24 de Diciembre para destruir chozas (sic) de los zapatistas. Un funcionario del estado fue liberado”. Se añade que agentes de la Policía Estatal Preventiva se apersonaron “para evitar un enfrentamiento”, así como “el operador político” Pascual Cruz Montesino, enviado por la Secretaría de Gobierno “para calmar los ánimos”.

Se asevera también que los reporteros presentes fueron amenazados con machetes. Si acaso esto ocurrió, no fueron bases zapatistas pues ni siquiera estaban presentes. Otras inexactitudes de la publicación son las comunidades involucradas (se refiere a Nuevo Momón, El Edén y Cruz del Rosario, cuando se trató de otras) y la ubicación de “Gracias a Dios” (a unos 50 kilómetros de Las Margaritas, y no 300 kilómetros como se lee ahí).

Lo que hace ominosa esa información es que 24 de Diciembre se encuentra amenazada en efecto por un grupo de pobladores de las tres últimas comunidades, quienes establecieron este año el caserío “Gracias a Dios”. “Un oficial” del cuartel de Rancho Momón habría dicho a los reporteros: “Debido a la terquedad de los ejidatarios por recuperar (sic) los terrenos, difícilmente podrá evitarse que tarde o temprano destruyan las chozas (sic) de los rebeldes y se suscite un enfrentamiento”. Esta declaración, atribuída a un oficial de Ejército federal, parece más bien una amenaza.

El intento de desalojo ya tiene fecha: el próximo 8 de octubre, 40 aniversario de la muerte del Che Guevara. En anteriores ataques a los zapatistas, el Ejército federal ha mostrado predilección por efemérides revolucionarias, un rasgo claramente contrainsurgente que difícilmente proviene de los campesinos que harían la “tarea”.