La administración de Vicente Fox efectuó reasignaciones por un billón 605 mil 387.9 millones de pesos a los presupuestos originalmente aprobados por la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal entre 2001 a 2006, con lo cual se disminuyeron los recursos dirigidos a la salud y al desarrollo social de la población, revela en un estudio la asociación Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.

En el análisis se advierte que esas redistribuciones alcanzaron el punto más alto en las elecciones presidenciales del año pasado, en que se reorientó el gasto federal en 455 mil 812.5 millones de pesos. Dicho monto representó 19.6 por ciento del presupuesto originalmente aprobado por los legisladores.

En el análisis titulado Comparativo de los dos primeros presupuestos de Calderón con respecto de los aprobados en el sexenio de Vicente Fox, entregado a la Cámara de Diputados en el contexto del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 que el Ejecutivo presentó al Legislativo para su debate y aprobación –a más tardar este 15 de noviembre–, se subraya que más de uno de cada 10 pesos que aprobó el Poder Legislativo para determinado ramo, sector o programa fue modificado por el Ejecutivo federal.

Esto, indica la agrupación, pone en evidencia “el amplio margen de discrecionalidad” con que actúo el gobierno de Fox en materia presupuestaria.

Fundar sostiene que durante el gobierno foxista las reasignaciones crecieron anualmente, sin que esto obedeciera de manera directa a los incrementos en los ingresos petroleros. En cambio, las repercusiones fueron directas y negativas para los rubros sociales, en particular.

“En el ramo de salud, por ejemplo, en 2002 se registró el mayor subejercicio, por un monto que ascendió a 2 mil 548 millones de pesos. A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social dejó de ejercer recursos por 6 mil 81 millones entre 2001 y 2006”. En este caso, el mayor subejercicio se dio en 2005 y llegó a 2 mil 237 millones de pesos. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de 2006 en ese rubro hubo un sobrejercicio presupuestal que rebasó en 953 millones de pesos el monto originalmente aprobado por los diputados.

En el caso del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Fundar consigna que los subejercicios que se registraron en la gestión de Fox fueron de al menos 630.5 millones de pesos a lo originalmente presupuestado. Y “el saldo pudo haber sido mayor de no ser porque en 2004 el ramo tuvo un incremento de 6 mil 31 millones de pesos, derivado de los acuerdos para el campo suscritos en ese año”.

Otros ejemplos que cita Fundar de cómo se reasignó el presupuesto, pero esta vez en favor de otras dependencias, es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en la gestión de Fox “tuvo reasignaciones que incrementaron sus presupuestos en 111 mil 767 millones de pesos respecto de los originales”, los cuales registraron un incremento anual promedio de 18 mil 628 millones de pesos.

También la Secretaría de Energía ejerció cada año 27 mil 851 millones de pesos más que su presupuesto original entre 2001 y 2006, mientras que, en promedio, su presupuesto aprobado creció en mil 685 millones de pesos. Ese monto significó aumentos anuales por 16.5 veces más de lo que había autorizado de incremento el Poder Legislativo. También la Presidencia de la República tuvo subejercicios entre 2001 y 2004, pero en 2005 y en particular en 2006, ejerció más recursos que los aprobados por el Congreso, por 241.6 millones de pesos y 427.6 millones de pesos, respectivamente.

Otros ejemplos de reasignaciones superiores a sus recursos originalmente presupuestados son: Petróleos Mexicanos, con 28 mil 547 millones de pesos más; Comisión Federal de Electricidad, 25 mil 785 millones; Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 30 mil 282 millones de pesos; Ramo 33 (aportaciones federales para entidades federativas y municipios), 15 mil 507 millones; Instituto Mexicano del Seguro Social, 10 mil 708 millones, y la Secretaría de Educación Pública con 7 mil 120 millones de pesos anuales por encima de lo aprobado por legisladores.

En sus conclusiones, Fundar señala que la magnitud de las reasignaciones evidencia “la mala planeación” en materia de ingresos, situación por la cual los legisladores desconocen con exactitud la cantidad de recursos disponibles; incertidumbre en torno a si los fondos se asignaron conforme a las prioridades nacionales de superación de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y, más grave aún, amplios espacios de discrecionalidad que usa el Ejecutivo para reasignar el gasto sin el consentimiento del Congreso.

Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.

Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.

Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.

Alzamiento indígena

En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.

Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.

Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.

Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.

Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.

Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.

Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.

El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.

Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.

Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo.

Camino del abismo

¿Cuándo empieza el “camino” que desembocó en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis jóvenes de Chenalhó en las simas de Chixiltón, “hecho aislado” que la prensa local atribuyó a “brujería”, y que marcaría el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelhó, muy cerca de Chenalhó. Según informaba La Jornada (23 de mayo), “85 indígenas tuvieron que huir”. ¿O fijamos el principio al día siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Cristóbal Pérez Medio, representante del municipio autónomo, fue asesinado por priístas armados en Unión Yaxjemel mientras se dirigía a negociar con ellos la liberación de los primeros zapatistas rehenes? El clásico “maten al mensajero”. El gobierno nunca investigó. El cráneo y el cuerpo del maestro aparecerían por separado cuatro meses después, cuando la suerte de Chenalhó estaba echada.

pobreza, informó Beatriz Zavala Peniche, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), al hablar ante un foro de industriales de la transformación.Zavala agregó que en un país con tanta desigualdad es necesaria una política social, y planteó que las diferencias no sólo se dan en las oportunidades para el desarrollo de capacidades de los ciudadanos, sino que también sucede a nivel de regiones, comunidades, municipios y entidades federativas, las cuales llegan a estar 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional de crecimiento social y económico, añadió.

Por su parte, el industrial Miguel Marón advirtió que México mantiene un atraso considerable en un mundo donde la economía, la cultura y la vida social se desarrollan a partir del conocimiento científico y la aplicación de nuevas tecnologías.

La señora savala es llamada a escena, a crear un cortina de humo que desvirtue la realidad del pais, que en realidad es del 40% la magnitud de la población en pobreza extrama; el 14% es la que muere por una gripa o infecciónes, que no son mortales, pero que en el caso de esta población que no cuenta con el mínimo para enfrentarlas, sí lo son.
Con el salario mínimo de menos de 50 pesos diarios que el ejecutivo y los empresarios, “acuerdan” para la clase trabajadora, ¿SE ESPERARÍA SIQUIERA, QUE UNA FAMILIA DE CINCO MIEMBROS AMANECIERA VIVA AL DIA SIGUIENTE?, bueno es una pregunta para los que fijan la politica salarial, a la señora savala y por supuesto a los empresarios, que: ORIUNDAMENTE ELABORAN DISCURSOS TRIUNFALISTAS SOBRE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL PAIS.
No alivia en lo más mínimo la condicion de ese 14%, el que industriales como el señor marón reconocen que se debe al atrazo, porque en el mundo se aplica la tecnología, y en mexico no.
Los empresarios mexicanos dejan mucho que desear, al aliarse con los grupos de poder, exigen salud, fortaleza, conocimientos, buena presencia a los trabajadores que ellos mismos denostan con esos salarios que: “por ley estan solo obligados a pagar a un trabajador”.

En muchas colaboraciones pasadas hemos comentado con usted cómo la riqueza es producto de la combinación de tres factores: infraestructura, capital humano y reglas. No se genera riqueza teniendo mejores herramientas si no se saben usar

Es menos malo cuando faltan herramientas, pero hay más conocimiento. Estos dos factores deben ser evidentes para todos. Es menos claro el impacto de las reglas, pero posiblemente sea mayor. Cuando las reglas de la sociedad van en contra de la generación de riqueza, no importa cuánto conocimiento se acumule ni cuánta infraestructura se tenga, no habrá riqueza.

Hace 50 años se creía que el crecimiento de las economías dependía sobre todo de la infraestructura, y por ello se privilegió la inversión como el camino a la riqueza. No funcionó muy bien. Nosotros, por ejemplo, crecimos bastante desde mediados de los 30 y hasta mediados de los 60, pero no por la inversión, sino porque aún éramos pocos, y había para dónde crecer. Hacia 1965 nos acabamos el territorio nacional, al menos el productivo, y empezaron los problemas. Los siguientes 20 años ya no fueron de crecimiento natural, sino de endeudamiento, que habríamos de pagar desde los años 80.

La idea de que la educación, como medio para llegar al conocimiento, es un factor primordial del crecimiento es más reciente, digamos de los años 80. México, sin embargo, amplió significativamente su cobertura educativa desde la década previa, más como respuesta a la crisis de 1968 que por razones económicas. En cualquier caso, más años de educación no significan más conocimiento, a menos que la calidad se mantenga. Ya en alguna ocasión le mencioné el artículo de Hanushek y Woessman que muestra con claridad la importancia de la calidad educativa. En eso, somos un fracaso monumental.

El reconocimiento de que las reglas son fundamentales para el buen desempeño económico de un país es todavía más reciente. No que no se hubiese pensado antes, puesto que desde tiempos muy remotos es claro que sociedades bien gobernadas pueden ser ricas, y no al contrario, pero ha sido hasta hace muy poco que la idea se ha podido demostrar con todo detalle, e incluso se ha empezado a analizar qué reglas sirven para qué desempeño.

Pero esto resulta muy difícil de entender en México, porque implica reconocer que nos hemos equivocado flagrantemente en este renglón. Resulta que nuestras reglas sociales son totalmente opuestas al crecimiento económico, es decir, a la generación de riqueza. Construimos una sociedad que sólo puede producir pobreza, y ahora nos sorprendemos de que haya tantos pobres y seamos tan desiguales.

Las reglas de nuestra sociedad privilegian el comportamiento colectivo que busca redistribuir la riqueza, no el comportamiento individual que busca crearla. El régimen de la Revolución se construyó sobre grandes grupos organizados que recibían privilegios del gobierno. Pero todo privilegio es una redistribución de riqueza. Así, cuando un sindicato obtenía alguna prestación, lo que estaba ocurriendo era una transferencia de riqueza de los consumidores a los trabajadores. Cuando una organización de empresarios obtenía una prebenda, digamos un arancel especial, era nuevamente una transferencia de riqueza de los consumidores, ahora a los empresarios. Peor, el bajo pago de impuestos, tanto de trabajadores como de empresarios, implicaba también quitarle riqueza a los mexicanos, en la forma de bienes públicos más escasos o de menor calidad. Más recientemente, se ha dado privilegios a grupos organizados de informales, sean vendedores, taxistas o invasores de tierras. Siempre a costa del resto de la sociedad.

La pobreza y desigualdad en México son resultado de las reglas de nuestra sociedad. Toda sociedad premoderna es desigual y con gran pobreza. Pero mientras la mayor parte del mundo ha ingresado en la modernidad, y gracias a ello ha reducido su pobreza y moderado su desigualdad, nosotros nos negamos a ello. No sólo México, América Latina entera. Por eso este continente es el más desigual del mundo, junto con África, otro gran espacio de la premodernidad.

Y las reglas se reproducen solas. Se aprenden en la infancia, sólo viendo. Hay personalidades que no pueden acumular conocimiento, decíamos hace unos días. Las reglas de nuestra sociedad producen ese tipo de personalidades: creyentes, repetidores, “borregos” se les decía antes, siempre a la espera de privilegios. Nunca dispuestos a la generación de riqueza.

El terrorismo ya es un factor que afecta el costo de los negocios en México, que se ubicó en la posición 52 de 131 países en el índice de Costos en los Negocios por el Terrorismo que realizó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).El país obtuvo una calificación de 5.6 en una escala del 1 al 7, donde uno significa que el costo es mayor y 7 que no hay ningún impacto económico significativo.

México se ubicó por debajo de las principales economías de América Latina, ya que Brasil se colocó en la posición 10 con una calificación de 6.2; Argentina en la 12 con 6.2 y Chile en el lugar 28 con un 6, detalló el WEF, en el marco de su Índice de Competitividad Global 2007-2008.

Según el WEF, en materia de costos en los negocios por terrorismo, el país calificó también por debajo de las naciones bálticas como Croacia (19), Bosnia y Herzegovina (9), que se vieron envueltas en conflictos étnicos y bélicos a lo largo de la última década.

Incluso Indonesia, que ha sufrido ataques terroristas, en años recientes, calificó por arriba de México al ubicarse en la posición 30 con una nota de 5.9.

Sin embargo, México se colocó en mejor posición que sus principales socios comerciales, Estados Unidos se ubicó en el lugar 124 con 3.9 y Canadá en el 87 con 5.1, lo que implica que el impacto del terrorismo en estas dos naciones de Norteamérica ha sido mayor para los negocios.

Durante 2007, México ha sufrido también ataques del guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien hizo explotar ductos de gas natural de Petróleos Mexicanos y ocasionó desabasto en diversas regiones del país y el paro de varias industrias y empresas, como las automotrices y las acereras.

La guerrilla del EPR señaló hace un par de meses que los estallidos de gasoductos el 5 y 10 de julio en los estados centrales de Guanajuato y Querétaro fueron de su autoría, y anunció que había iniciado una campaña de ”hostigamiento” contra el Gobierno en demanda de la liberación de dos de sus militantes.

El EPR surgió el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos izquierdistas a manos de la policía en Aguas Blancas, en el estado de Guerrero.

Además de los daños a Pemex, el grupo guerrillero ha efectuado otros ataques esporádicos contra estaciones de policía en Guerrero y en Oaxaca.