1. Las reformas propuestas por el presidente ilegítimo Felipe Calderón en materia de procuración de justicia y justicia penal, que se debatirán en el pleno de la Cámara de Diputados el día de hoy (mismas que plantean la posibilidad de que las corporaciones policíacas accedan a domicilios sin una orden judicial) fueron recibidas con “temor” por especialistas, porque “nos llevarían a vivir en un Estado policiaco e inquisitorial”. Los juristas exhortaron a los legisladores a “pensar dos veces” antes de aprobar la propuesta de reforma constitucional en los términos planteados por el presidente Felipe Calderón, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público (MP) y de nuestras policías, que no están a la altura de los cambios”. Aunque eliminen algunos párrafos muy evidentes, seguramente quedarán aquellos que permitan perseguir el “crecimiento de la delincuencia” que bien puede usarse contra la protesta social.
2. Hasta 1982 no hubo mucha preocupación del poder por aprobar leyes contra la “delincuencia organizada” o los movimientos sociales; sin embargo ya desde que aparecieron movimientos políticos y sindicales fuertes, como la gran huelga ferrocarrilera de 1958/59 (terriblemente reprimida por el ejército), las luchas de los médicos, los estudiantes de 1968, las guerrillas de Genaro y Lucio y la guerrilla urbana, el sistema de “seguridad” de la burguesía comenzó a renovarse. En 1994, con el levantamiento zapatista, el gobierno de Salinas, más adelante el de Zedillo, impulsaron un gran rearme del ejército y la intensificación de los cursos de preparación militar en los EEUU. El pretexto importante ha sido siempre “el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada”, pero fue el pretexto que se usó siempre en Colombia para tratar de destruir a los guerrilleros de las FARC, con la directa participación del ejército yanqui.
3. Al “ratito” comenzarán a acusar a la guerrilla mexicana, con todo el gran apoyo de los medios de información, de estar aliada con el narcotráfico y, más delante de ser los mismos, para lanzarle todo el poder del ejército. Las leyes en México y, estoy casi seguro que en todo el mundo, se aplican de acuerdo a la clase social o grupo político que está en el poder. Sirven las leyes para legitimar o legalizar la fuerza del poder. Sólo podría ser de otra manera cuando la gente en las calles, con su lucha clara, valiente y decidida, las haga a un lado con las grandes movilizaciones de masas. Sólo así debe aceptarse cambiar, reformar o renovar leyes: cuando el pueblo organizado está dispuesto a luchar por sus derechos. Cuando los legisladores del PRD lloran porque perdieron la votación o se ponen alegres porque lograron introducir algunos puntos, resulta un tanto vergonzoso. Legitiman los votos del PAN y del PRI aceitando la maquinaria de éstos.
4. Donde parece estar apuntando este tipo de reformas constitucionales es en limitar o prohibir las manifestaciones masivas, los bloqueos callejeros y los plantones que realizan los trabajadores cuando las autoridades no les han hecho caso, cuando están desesperados después hacer peticiones buscando diálogo. Con el banal argumento del respeto a la libertad de tránsito de automovilistas y transportistas, se busca acabar con las presiones masivas de los trabajadores y encerrarlas donde nadie los vea o a nadie perjudiquen. El ejemplo represivo lo puso en Guadalajara, en mayo de 2004, el actual secretario de Gobernación; hoy se repite en esa misma ciudad destruyendo un plantón que realizaban jóvenes del Frente Nacional contra la Represión. Sin embargo los compañeros se han mantenido plantados en lucha con el objetivo de recuperar espacios. ¿No es acaso ese tipo de “reglamentos de buen gobierno” los que tratan de imponer?
5. En una sociedad de profundas desigualdades como la mexicana si la llamada “justicia”, como se dice, “debe aplicarse igual para todos” (por ese hecho) beneficiará siempre a los más poderosos. Si se aumentara en un 10 por ciento el salario del presidente de la República y el mismo 10 por ciento a un obrero de salario mínimo, estaríamos siendo extremadamente injustos. ¿Qué sucede cuando se aplica un mismo examen de admisión a los bien alimentados “hijitos” de los ricos y a los niños miserables hijos de pobres? Además hay algo más injusto aún: sin olvidar que las leyes las hacen los dueños del poder para su propio beneficio, muchas veces ellos mismo violan esas leyes para lograr mayores privilegios. El problema de las leyes, además, es quién las interpreta y las aplica. ¿Puede confiarse en instituciones como la Suprema Corte de Justicia que de cada mil casos resuelve uno a favor de los oprimidos?
6. Las constituciones y las leyes reglamentarias no deben aplicarse por igual ni haciendo abstracción de la realidad. México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en desigualdad social porque las ganancias empresariales y los enormes salarios de los altos funcionarios son 500 veces superiores al salario promedio del trabajador. Mientras los ministros de la corte cobran mensualmente 500 mil pesos más prestaciones y servicios, más del 50 por ciento de la población tiene como promedio un salario mínimo de mil 500 pesos mensuales. En tanto más de la mitad de la población no recibe el llamado aguinaldo de fin de año por ser campesino, desempleado o por trabajar en pequeñas empresas, los altos funcionarios reciben enormes cantidades, en efectivo y regalos, los fines de año. ¿Cómo equiparar derechos y deberes entre esas clases sociales extremadamente diferentes en ingresos económicos y situación social y política?
7. El presidente de la República y los legisladores de todos los partidos serán los responsables de cualquier limitación de las libertades de manifestación o protesta pública. Pero también el pueblo que durante décadas, o siglos, se ha dejado manipular con la ideología de sus opresores. Al concluir este artículo me he enterado que a petición del coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Javier González Garza, se acordó diferir por unas horas la aprobación de dichos cambios constitucionales con el argumento de que existen “puntos insalvables” en materia de arraigos, allanamientos y derechos humanos. Al parecer la aprobación de esta funesta ley que también autoriza la intervención de los teléfonos, sólo se ha retrasado unas horas, el tiempo suficiente para que la aplanadora PRI/PAN caiga con todo su peso y para que el PRD vuelva a quejarse porque fue mayoriteado.
