El Banco Mundial (BM) consideró que la polarización social en México es preocupante, porque frena el desarrollo económico y democrático. Hay más de dos “Mexicos”: el de los pobres y el de los ricos; el del norte y el del sur, y es necesario atender esta situación de manera urgente, afirmó Roby Senderowitsch.

El especialista en desarrollo institucional de la organización habló en conferencia de prensa, para anunciar la primera convocatoria de apoyo a proyectos de contraloría social en la que el BM se compromete a dar una ayuda al país de 210 mil dólares para impulsar proyectos de fiscalidad ciudadana que frenen los efectos de esta división.

Advirtió que sin equidad social se compromete la economía mexicana, porque no existen garantías de que todos los segmentos de la población avancen con equidad. Esto ocurre cuando no hay competencia en los mercados, cuando prevalecen monopolios públicos o privados que no permiten la mejora de los servicios, especialmente en el caso de la educación.

En México, precisó, se puede decir que los recursos públicos se utilizan “mal y se utilizan bien”, por ello el proyecto de auditoría o fiscalidad ciudadana apunta a reducir la corrupción. Se buscará detectar casos de falta de transparencia, allí fortalecer la fiscalización de la ciudadanía sobre las operaciones gubernamentales.

En el documento Creando las bases para el crecimiento equitativo, el BM destaca que a pesar de que México evidencia progreso económico, “queda por resolver un rompecabezas”. Se sabe que es el sexto productor de petróleo en el mundo, es miembro fundador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene una geografía privilegiada, pero nadie se explica por qué a pesar de lo anterior no ha logrado acercarse en materia económica a sus socios comerciales.

Señala el documento que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza podrían ser mucho mayores, pero las reformas de política económica y social que contribuirían a mejorar la situación del país son obstaculizadas por grupos de interés que prefieren mantener el status quo.

México, agrega, se encuentra entre dos mundos. Por un lado, el nivel de vida, el capital físico y humano, y las instituciones son mucho mejores que los de países de ingreso bajo o medio bajo de América Latina. Por el otro se encuentra muy rezagado con respecto a los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues se observa una dicotomía adicional debido al alto grado de desigualdad entre personas y regiones.

En el análisis se hace notar que, junto a los avances en materia de estabilidad económica y ambiental, persiste una agenda de reformas cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad.

En la rueda de prensa también participaron y coincidieron con Senderowitsch, María Bertely, directora académica del Centro de Investigaciones, y Almudena Ocejo, coordinadora del Centro de Contraloría Social, quienes destacaron que el crecimiento de la economía mexicana no ha sido suficientemente alto para que los niveles de ingreso per cápita sean similares con los de sus socios del TLCAN.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR), un presunto grupo guerrillero que se ha atribuido ataques a ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió de la posible reanudación de acciones de “autodefensa” y de “hostigamientos” armados.

‘Autodefensa popular’

En un comunicado divulgado en un sitio de internet que suele colocar textos de organizaciones rebeldes latinoamericanas, el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) señaló que debido a la desaparición de dos de sus miembros supuestamente detenidos por las autoridades, “tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia”.

El EPR, un grupo que apareció públicamente en 1996, se adjudicó ataques a ductos de Pemex en julio y septiembre, en acciones que ha calificado de “autodefensa” ante la desaparición en mayo de dos de sus compañeros, a quienes identifica como Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha negado que los haya detenido y desaparecido.

“¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo, el Estado, el régimen, Calderón, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros, porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable?”, señaló el grupo en el texto, cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

“Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige”, añadió.

El EPR concluyó que “ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular”.

El gobierno ha dicho que los ataques a las instalaciones de Pemex son actos de terrorismo y no de reivindicación social o política como los plantea el EPR, grupo al que consideran relativamente pequeño pero violento, cuyas acciones distraen los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, un problema que ha afectado en los últimos años al país.

El EPR advirtió al gobierno de que no se equivoque al pensar de que la organización no tiene capacidad para mantener sus acciones después de que no hubo el esperado “hostigamiento político militar” de su partido en octubre y noviembre pasado cuando se habló de la “necesidad de diálogo”.

En un trabajo de próxima publicación, el historiador del Colegio de México Juan Pedro Viqueira, en colaboración con José Eufemio Aguilar Hernández y Martín Díaz Teratol, documenta que hacia 1995, desde el gobierno estatal se fomentó la creación de grupos paramilitares en Los Altos de Chiapas. En referencia específica al municipio oficial San Andrés Larráinzar, pero irradiando sobre lo que sucedería en Chenalhó posteriormente, y que condujo a la masacre de Acteal, el trabajo confirma que existió una política contrainsurgente animada desde las instituciones priístas.“Hubo miembros del gobierno de Chiapas que buscaron y alentaban la confrontación entre los dos bandos (priístas y zapatistas). En una ocasión en que el presidente municipal de Larráinzar acudió a Tuxtla Gutiérrez para realizar diversas gestiones, un funcionario estatal lo hizo pasar a su oficina y a puertas cerradas le dijo que era necesario detener el crecimiento del EZLN en Larráinzar. Dado que los zapatistas estaban armados y entrenados, era necesario que los priístas procediesen de la misma manera para poder enfrentarlos con eficacia. Lo que proponía el funcionario era, pues, que el presidente municipal creara un grupo armado con los jóvenes más decididos que se oponían al EZLN, un grupo de ‘paramilitares’, según la terminología que utilizaban muchos medios de comunicación.

“Ciertamente el funcionario no podía ayudarle a conseguir las armas –aunque era bien sabido que se podían comprar sin mayores problemas en las colonias periféricas de San Cristóbal de Las Casas–, ni le podía proporcionar dinero; pero en cambio se comprometía a garantizarle una total impunidad y a promover su carrera política para que en un futuro no muy lejano lograra ser electo diputado estatal” (Los otros acuerdos de San Andrés. Microhistoria política de Larráinzar, Chiapas, 1985-2004, por José Eufemio Aguilar Hernández, Martín Díaz Teratol y at last but not least Juan Pedro Viqueira).

Aunque intenta cierta imparcialidad académica, el trabajo está hecho desde la perspectiva del grupo priísta, sin ocultar irritación y rechazo hacia los zapatistas. Como sea, la intención de esta “microhistoria” es resaltar la capacidad de conciliación comunitaria de los andreseros a pesar de las dicotomías priístas/zapatistas, electoralistas/autónomos y católicos “universalistas/liberacionistas”, plenamente asumidas por los investigadores.

El principal “héroe” (así lo llaman) de esta historia es el ex alcalde priísta Diego Pérez Hernández, quien así habría resuelto el dilema: “El presidente municipal, que no tenía la menor intención de poner en práctica tan peligrosos consejos –aunque había sido elegido bajo las siglas del PRI se le identificaba localmente más bien con los liberacionistas–, fue muy hábil y cauto. Prometió hacer todo cuanto estuviera en sus manos para formar ese grupo selecto de priístas y conseguirles las armas necesarias. Cada vez que regresaba a Tuxtla, el funcionario lo volvía a llamar para informarse de los avances en la constitución y consolidación del grupo ‘paramilitar’.

“El presidente municipal, que muy sensatamente no había llevado a cabo ninguna acción encaminada a alcanzar tal objetivo, le decía que ya había reclutado a varios jóvenes, que había conseguido armas y que habían iniciado los entrenamientos en los montes. Le precisaba también que todo esto lo estaba realizando con suma discreción para que no se supiese que él era el que estaba detrás del grupo de ‘paramilitares’. Gracias a esto, ni los periódicos ni los organismos de defensa de los derechos humanos se habían enterado de la existencia de este grupo armado opuesto al EZLN. Fue así como el presidente municipal logró evitar la presencia de ‘paramilitares’ en Larráinzar, por lo menos durante su administración”.

Más allá de lo benigna que pueda resultar esta pintoresca versión (y que en todo caso no aplica para lo que sí hicieron dos años después los alcaldes priístas en el propio San Andrés y sobre todo en el vecino municipio de Chenalhó), ofrece una inesperada confirmación de que la creación de “paramilitares” era inducida por el gobierno priísta. Ante el hecho de que aquel gobierno estatal (el de Julio César Ruiz Ferro, 1995-1998) estuvo supeditado como ninguno otro a las autoridades federales tanto civiles como militares, no se sostendría la hipótesis de que pudo tratarse de la iniciativa personal de un “funcionario” (a quien el trabajo no identifica).

Los autores mencionan “la criminal idea de algunos funcionarios de Tuxtla Gutiérrez de alentar a los priístas a armarse, que resultó catastrófica en varios municipios”. Al final de su extenso artículo apuntan tangencialmente algunas diferencias, según ellos, con lo ocurrido durante 1997 en Chenalhó.

“Entonces, meterse al pueblo, ser pueblo, es la primera tarea. Luego de allá sacar la enseñanza del pueblo, sacar la línea, sacar la orientación, ésa es la segunda tarea, pero, luego con eso, crear una organización es el tercer paso y es la tercera tarea (…) El cuarto paso es la teoría (…) Estudiar la teoría no para imponerla, sino para compararla con lo que uno va aprendiendo del pueblo (…) El quinto punto es la colaboración mutua entre todas las organizaciones, entre los grupos o sea ayuda de aquí para allá y ayuda de allá para acá.”

(Lucio Cabañas Barrientos)

A los pueblos de México.
A los pueblos del mundo.
A la Asamblea Popular de los Pueblos de México.
A las mujeres y hombres libres de la Convención Nacional Democrática.
Al EZLN y organizaciones adherentes de La Otra Campaña antineoliberal y anticapitalista.
A las organizaciones revolucionarias armadas del país.

Hace 33 años, perseguido y cercado por el ejército federal, cayó en combate Lucio Cabañas Barrientos, sencillo e inquebrantable dirigente y luchador social contra la injusticia en México.

Lucio Cabañas abrazó la causa de los pobres, desde su natal Guerrero, y luchó sin descanso por la transformación social profunda del país a lo largo de su trayectoria como líder estudiantil, maestro rural, militante comunista, fundador y dirigente del Partido de los Pobres (PDLP) y respetado jefe guerrillero de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA).

Tras enarbolar las armas de la Ley y la Justicia en defensa de los pobres, Lucio se vio obligado a empuñar la Ley y la Justicia de las Armas, luego de la masacre del 18 de mayo de 1967; al constatar en carne propia que en nuestro país la aplicación de la Ley nunca ha sido pareja para todos.

Lucio llegó a entender que ni la independencia, ni la reforma ni la revolución habían traído verdadera Justicia a todos los mexicanos. Y que la igualdad ante la Ley, plasmada en nuestra constitución, era mera apariencia porque, desde su origen, el mando de la República y el uso concentrado de su fuerza, permanecían bajo control de los poderosos; pero, sobre todo, porque las normas jurídicas establecidas –en medio del conflicto y del acuerdo- para mantener la unidad del país y garantizar la convivencia ciudadana, seguían teniendo como principal propósito la reproducción de las relaciones de dominación que los grandes millonarios y los gobernantes corruptos necesitan e imponen para acrecentar su poder y su riqueza.

Lucio entendió también que, bajo la supuesta igualdad de todos los ciudadanos, seguía existiendo la opresión y el desprecio de unos cuantos sobre la inmensa mayoría del pueblo pobre y explotado. Asimismo, entendió que los ricos, ávidos de poseer y acumular más dinero y poderío, eran invariablemente los primeros en quebrantar la Ley, y los primeros en recurrir a la violencia contra el pueblo, al ver o sentir amenazados sus intereses.

Por eso Lucio tomó las armas y, junto a un puñado de hombres y mujeres valientes, levantó en alto la bandera de los Pobres y se echó al hombro el problema de la Justicia. Luego llamó al pueblo, a todos los pueblos de la tierra, a combatir con las armas y en todas las formas posibles el autoritarismo, la injusticia y la discriminación, a fin de llevar a cabo la “Revolución pobrista”.

Reivindicando como prioritaria la organización política de todo el pueblo, Lucio se proponía formar pequeños grupos guerrilleros, fogueados en el combate, que permitieran ir dominando poco a poco territorios más amplios. También se proponía impulsar la formación de muchos frentes en el país que, en coordinación, pero con relativa independencia, fueran creando un ejército del pueblo capaz de enfrentarse con éxito en una lucha frontal con el enemigo.

“Miren -decía Lucio- no venimos a la guerra por tres meses, venimos a la guerra por diez años, por quince, por veinte, por treinta, por los que sean”…

Desde entonces han transcurrido treinta y tres años, en el transcurso de los cuales el pueblo y sus organizaciones han seguido combatiendo la injusticia, la pobreza, la explotación, el despojo, la discriminación, la represión, el fraude, la imposición, la corrupción política, la guerra sucia y la impunidad de los poderosos. En este tiempo muchas cosas han cambiado y se han reestructurado, lo cual ha hecho a la lucha social y política más compleja.

En efecto, la modernidad capitalista nos alcanzó, pero sólo para dejar tras de sí una mayor catástrofe. El neoliberalismo sustituyó al modelo desarrollista, desmanteló al Estado, saqueó a la Nación y terminó de liquidar nuestra soberanía. El régimen de partido-de-Estado se derrumbó y fue sustituido por un sistema de partidos. La alternancia en el poder cobró realidad, permitiendo a las grandes empresas gobernar y, al mismo tiempo, privatizar los derechos constitucionales. La libertad de expresión ganó terreno, la antigua izquierda socialista se incorporó al poder (aunque muchos dejaron atrás metas y principios), se produjo un mayor equilibrio de poderes, se abrieron nuevos espacios de participación política…, pero nunca pudimos arribar a la Justicia, ni caminar por sus rectas calles, ni pasear por sus anchas alamedas.

No logramos acceder a la Justicia, porque las vías legales y democráticas que podrían conducir a ella, han sido sistemáticamente obstruidas, desde el poder del Estado. Incluso, antes de que nuestras viejas heridas hayan podido restañarse, mediante el castigo a los responsables de la guerra sucia, de las masacres y de la desaparición forzada, los poderosos han seguido asestando nuevos golpes e infligiendo nuevas heridas, por medio del fraude y de la más violenta represión. Prueba de ello son las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque y, más recientemente, la brutal represión en Sicartsa, Atenco, Oaxaca, La Parota y actualmente en Ayotzinapa.

Prueba de ello es también la guerra sucia y la desaparición forzada de luchadores sociales como el ciudadano y luchador social Francisco Paredes Ruíz, ex militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el pasado 26 de septiembre, sin que a la fecha se tenga noticia de él. Este ominoso hecho devela los mecanismos y prácticas anticonstitucionales a los que sistemáticamente recurre el gran capital para reproducir y afianzar su dominación. Y es sin duda otro mensaje siniestro, transmitido en clave contrainsurgente, que la ultraderecha en el poder ha decidido enviar al pueblo en lucha y a sus organizaciones de izquierda.

Lamentablemente, la Legalidad y la Justicia en México son sólo máscaras que cubren el rostro de la descomposición, la violencia y la impunidad de los poderosos, como lo dejó ver el fraude electoral del 2006 y como lo ha dejado ver la sesgada y venal actuación de la Suprema Corte de justicia de la Nación (aunque no de todos sus ministros), en los casos en que ha tenido que emitir su fallo. Muestra de ello es la exoneración de Mario Marín de las graves violaciones de que fue objeto la periodista Lydia Cacho Riveiro, poniendo de manifiesto que, además de los intereses de clase, existe una red de complicidades vinculadas al narcotráfico, la prostitución y la pederastia que impide en nuestro país la efectividad de la Justicia.

Todo esto forma parte de la renovada ofensiva antipopular, y guerra sucia, lanzada por el gobierno federal espurio a instancias del imperialismo yanqui, y sus grandes corporaciones, llámese ‘Plan México’ o ‘Iniciativa Mérida’. Y forma parte también de la guerra mundial contra los pobres y contra los recursos vitales de la naturaleza, para imponer las reformas estructurales y terminar de privatizar nuestras fuentes energéticas. Dentro de esta ofensiva se inscribe un renovado esfuerzo de los aparatos de inteligencia en nuestro país y, en consecuencia, la activación de soplones, “entregadores” y organismos de fachada, a fin de golpear al movimiento revolucionario, social o armado.

Por todo lo anterior, las organizaciones que nos hemos identificado en torno al pensamiento y la acción del Profesor Lucio Cabañas Barrientos y, por tanto, de la acción revolucionaria armada del Partido de los Pobres y de su Brigada Campesina de Ajusticiamiento, consideramos necesario seguir impulsando la construcción de rutas de escape al cautiverio de la injusticia y la opresión mediante la construcción de una democracia incluyente, representativa y participativa, la construcción de relaciones solidarias y fraternas, y el ejercicio efectivo del poder obediencial; impulsando, al mismo tiempo, el desarrollo de la organización y la conciencia política de todo el pueblo, así como la combinación y generalización de todas las formas de lucha en todo el país.

Lucio emitió su último comunicado el 27 de noviembre 1974, en el que concluyó con una exhortación a los trabajadores; exhortación que hoy retomamos, en sencillo homenaje, a fin de “seguir luchando en todas las formas que sea posible” y “a seguir combatiendo con las armas, para que la lucha libertadora llegue a todo el País. ¡Están matando al pueblo! Contestemos con la guerra.”

¡POR LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA Y LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO!
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
MR-LCB
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TDR-EP
Organización Insurgente-1º de Mayo
OI-1º M
Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre
BA-2D

Siete años después de que la ultraderecha se instalara en el Gobierno mexicano, tenemos más de cien personas desaparecidas y entre 800 y 1.000 presos políticos. El Ejército y sus distintas corporaciones están criminalizando e intentado acallar toda protesta social», subraya Yolanda Castro, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en el que participan 45 organizaciones de diversos sectores. La apuesta represiva del Ejecutivo se evidencia, según destaca, en el aumento de las detenciones arbitrarias, en la militarización «exagerada» del país y en la firma, el 22 de octubre, del Plan México, «una copia del Plan Colombia», y del acuerdo ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad del Norte).

El primero, explica Cruz, «contempla el asesoramiento militar por parte de Estados Unidos, la construcción de nuevas bases en todo el territorio mexicano, la compra de artefactos más sofisticados».

«El pasillo de Estados Unidos»

«En este marco de impunidad total» se sitúan, por ejemplo, «los abusos sexuales a mujeres detenidas». El caso de Ernestina Asensio habla por sí solo. Esta mujer indígena de 73 años natural de Veracruz fue violada por miembros del Ejército en la sierra Songolica. «Dieron carpetazo a la investigación diciendo que había muerto de gastroentiritis cuando había pruebas contundentes del daño que le hicieron», denuncia.

En el municipio Coahuila de Castaños, prosigue, «más de 23 elementos del Ejército violaron y torturaron durante toda la noche a varias trabajadoras del sexo».

La preocupación por el aumento de las vulneraciones de derechos llevó a más de un centenar de organismos de izquierda a crear el pasado 2 de octubre el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), del cual es integrante el FNLS. La aparición con vida de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos son sus principales exigencias.

Yolanda Castro destaca también que, a raíz de los atentados del 11-S y bajo los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, «a toda costa están implementando esa `lucha antiterrorista’. Ahorita, en nuestro país se considera terrorista a una organización como el ELPR que lleva más de 43 años de existencia. Al tener una plataforma de lucha y tratar de cambiar las condiciones de pobreza se les criminaliza. Todo luchador social es sinónimo de `terrorista’».

No duda tampoco de que con la militarización quieren «dar seguridad» a los inversores extranjeros. «México es el pasillo trasero de EEUU, pero con el Plan México y el ASPAN ha quedado clara la subordinación total de este Gobierno a Washington».

«Sabemos que fueron torturados»

Nadín Reyes ha vivido en carne propia esta realidad. Ya se han cumplido seis meses de la desaparición en Oaxaca de su padre, Edmundo Reyes. Con él estaba Gabriel Cruz. Ambos militaban en el Partido Democrático Popular Revolucionario del Ejército Popular Revolucionario y fueron vistos por última vez el pasado 25 de mayo. A estas desapariciones se sumó, el 26 de setiembre, la de Francisco Paredes, ex preso político del Movimiento Armado Revolucionario (MAR).

«Sabemos que fueron desaparecidos por autoridades del Estado de Oaxaca y por miembros del Gobierno Federal. Sin embargo, ellos han tratado de todas las formas posibles deslindarse de este hecho diciendo que se trata de un ajuste de cuentas entre organizaciones. Dicen que están investigando pero no ha habido ninguna respuesta», subraya. Por contra, han sufrido un «hostigamiento permanente. Quieren intimidarnos para que el miedo nos paralice y no sigamos buscando. Lo único que pedimos es que los presenten con vida y, si han cometido algún delito, que los juzguen».

Un hostigamiento que se traduce en «constante vigilancia; presencia de policías de paisano tomando fotos. No ha habido acciones directas, pero están ahí, observando todos nuestros movimientos».

Gracias al testimonio de algunos testigos han podido reconstruir parte de lo ocurrido: «Tenemos constancia de que fueron torturados en el Estado de Oaxaca. Hubo gente que los vieron muy malheridos. De ahí, los trasladaron a Ciudad de México. Aunque hay testigos, no han querido prestar declaración por temor a sufrir algún tipo de represión».

Interponer la denuncia tampoco ha sido tarea fácil. «En un primer momento, se me negó bajo el argumento de que ellos no sabían nada de la desaparición y que no era competencia suya. Tuvimos que ir al Distrito Federal a ponerla», explica. Para hacer frente a este vacío institucional, apoyar a familias en situación similar y denunciar «este crimen de lesa humanidad», han creado el comité Hasta Encontrarlos.

Además de poner voz a las violaciones de derechos en México, con esta gira europea en la que visitarán ciudades como París, Amsterdam y Berlín, desean «tocar las conciencias de la población».

«No queremos quedarnos calladas. Venir aquí es romper ese muro de silencio y decir que en México se están dando desapariciones forzadas, las cárceles se están llenando y el Gobierno aún tiene la responsabilidad de decirnos dónde están las 800 personas desaparecidas en las décadas de los 70 y 80, y las más de cien de los últimos siete años. Es impresionante que en pleno silgo XXI, donde todos los gobiernos internacionales hablan de democracia y firman tratados, tengamos más presos y presas políticas que en décadas anteriores», concluyen.