De los más de 30 millones de personas que conforman el medio rural en México, solamente 8.5 millones tienen trabajo en actividades agrícolas y ganaderas; en tanto que otros 10 millones 262 mil no tienen ingreso alguno y 8.8 millones perciben apenas un salario mínimo. Además, los que reciben remesas de sus familiares enfrentan tarifas depredatorias que les quitan parte importante de los envíos, como las que aplica la empresa Elektra.

El informe Situación del campo en México; pobreza, marginación, explotación y exclusión, elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala lo anterior y asienta que el medio rural del país ha sufrido un despojo económico y social, enfrenta una caída de sus ingresos y ha incrementado su migración en 40 por ciento en los seis años recientes.

El número de hogares que reciben remesas se incrementó de 600 mil a 4.1 millones en el periodo entre 1995 y 2005; de igual forma, se incrementó 500 por ciento el volumen de dólares por remesas, siendo las de mayor crecimiento las transferencias electrónicas y las money orders.

La información –elaborada por Luis Lozono Tovar, Miguel Ángel Xochiteotzin, Javier Lozano y Luis Lozano Arredondo, especialistas y catedráticos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM– indica que los campesinos, además de que han enfrentado un proceso de despojo de la tierra, en el que empresas privadas han avanzado contundentemente en la posesión de predios, han sufrido el descenso de sus ingresos, al grado de que 27.4 millones de mexicanos que viven en el sector rural no pueden comprar una canasta básica alimentaria.

Veintiocho por ciento de estos mexicanos sobrevive con un ingreso de uno a dos salarios mínimos, y “con el incremento de los productos de la canasta básica durante el primer año de Felipe Calderón, las familias que viven en el campo acumulan del 1º de diciembre de 2000 al mismo día de 2007, una pérdida de 44 por ciento en su ya deteriorado nivel de vida.

Alimentos, renta y salud

Uno de los principales apoyos que ayudan a sobrevivir económicamente a los campesinos son las remesas, las cuales han ido creciendo de manera exponencial, al grado de que para agosto de 2007, 10.8 millones de mexicanos que vivían en Estados Unidos enviaron más de 23 mil millones de dólares, “buscando compensar así el desempleo y el bajo ingreso de sus familias”, señala el análisis, y detalla que, 78 por ciento de estos recursos se utilizaron en el gasto en alimentos, renta y salud.

Sin embargo, parte importante de estas remesas quedan en empresas privadas como Elektra (propiedad de la familia Salinas Pliego), la cual incrementó “¡cómo de rayo!” sus ganancias, pues impone tarifas sumamente elevadas, ya que, por ejemplo, Western Unión cobra 5.76 por ciento de comisión, mientras Citibank cobra 1.04 por ciento sobre el monto original del envío.

“Esto significa un constante robo a las familias campesinas”, sobre todo porque por una operación de 300 dólares enviados a México, se quedan con 17.28 dólares, por el elevado porcentaje que aplican, pero además porque hacen un cálculo mañoso sobre el diferencial del tipo de cambio. Por ejemplo, cuando el tipo de cambio en México estaba en 10.72 pesos por dólar, en la modalidad de Western Union en minutos, aplicaba un tipo de 10.64 pesos a las transacciones, más la comisión, indica el informe número 75 del CAM.

Según un ejemplo del estudio, sobre un monto de envío de 300 dólares, Western Union en minutos de Elektra se queda con 17.28 y realmente entrega 282.72 dólares, pero al tipo de cambio que quiere; en la modalidad de día siguiente cobra 14.29 dólares de comisión por envío. Mientras que otras empresas, como Money Gram, cobran 10.60 dólares; Order Express, 9.45; Citibank Global Transfere (cuenta a cuenta), 3.13 dólares.

Así, los trabajadores agrícolas y de la construcción que laboran en el extranjero, al mismo tiempo que tienen bajos salarios, son presas “de la rapiña por parte de las firmas que se dedican a las remesas, las cuales lucran con el dinero enviado y tienen como verdadero interés no facilitar el envío de dinero y otorgar un servicio a la depauperizada clase trabajadora, sino lucrar con el esfuerzo ajeno”, apunta el análisis.

La comandante Rosalinda recuerda desde su infancia las luchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por patentizar el rol político de las mujeres mexicanas dentro del grupo insurgente y también en las funciones de gobierno.

Nacido a la luz pública en 1994 y gestado en las selvas de la Sierra Lacandona, en el sureste mexicano, el EZLN reconoce la participación femenina en los frentes revolucionarios del movimiento, cuya auténtica incorporación germina del pueblo indígena.

“Esa es una de las más importantes premisas revolucionarias”, afirmó la comandante Rosalinda en el último Encuentro Internacional de las Zapatistas, frente a más de dos mil participantes y delegadas de 30 países y del estado de Chiapas.

Como en la mayoría de los foros del grupo insurgente mexicano, esta vez las mujeres al mando de la Comandante denunciaron la negativa de la administración federal a establecer una mesa de diálogo para discutir los problemas de género.

“Exigimos se nos tenga en cuenta, tenemos el derecho a participar, a ser elegidas en las diputaciones y a defender las conquistas de la población zapatista discriminada por años”, destacó.

Parte indispensable

El EZLN está seguro de que ellas son parte indispensable en la dirección del país, con un lugar especial a la hora de encarar retos al más alto nivel y por ello, en los escenarios nacionales exigen ofrecer a las indígenas oportunidades para asumir cargos públicos.

Hace 14 años, en la selva tzeltal, se promulgó la Ley Revolucionaria de Mujeres y desde entonces hasta la actualidad existe todo un programa de lucha y respeto para las zapatistas.

La norma constituye el eje conductor no explícito de los debates con mujeres del mundo a fin de perfeccionar un modelo de vida mejor hacia el futuro.

Dalia, otra comandante zapatista, declaró a la prensa que las indígenas nunca perdonarán los daños ocasionados por el capitalismo.

Llenos los ojos de lágrimas, evocó a las caídas en la lucha por sus derechos y narró los cambios materializados en las comunidades indígenas, en donde se van borrando la discriminación y la violencia doméstica.

La oradora recordó pasajes del alzamiento hace 14 años, la experiencia de su batallar pacífico y en la resistencia, así como la evolución registrada a partir de entonces con la incorporación de las mujeres a la vida política y la participación comunitaria.

“Por esa razón invitamos a las mexicanas a organizarse y juntas acabar con el neoliberalismo y luchar por el respeto a la vida, sin dejar de trabajar para no morirnos de hambre”, indicó.

Una de las tareas que se han propuesto las mujeres zapatistas en sus comunidades es rescatar la medicina tradicional, con la capacitación en temas herbolarios y en laboratorios botánicos ya establecidos.

La dinámica que manejan es simple: las ancianas capacitan a las más jóvenes y establecen un ciclo, porque -como manifiestan las indias-para los integrantes del EZLN “la medicina no es un negocio”.

El sueño más recurrente de las zapatistas es constituir una universidad autónoma, reconocida a escala nacional, para formar a servidores del pueblo con una cultura histórica sólida.

Piensan en el desarrollo de la juventud mexicana, considerada por los zapatistas como el futuro.

Programas de estudio

Los núcleos femeninos han desplegado programas de estudio interno dentro de las localidades indígenas, sobre todo en las de Chiapas, en cuyos centros, llamados escuelas autónomas zapatistas, han atendido a más de dos mil alumnos.

El papel de la mujer es significativo en la promoción de planes de trabajo, el cuidado de recursos naturales, y las siembras de frutos y verduras en la selva.

Una mamá zapatista especificó que “a sus niños se les enseña a respetar a sus mayores e iguales, a asumir responsabilidades y hacer conciencia social”.

Como mujeres han demostrado tener el valor de empuñar las armas si así fuera necesario y exponer su preocupación ante la presencia excesiva de bases militares en los alrededores de sus comunidades chiapanecas.

Reportajes destacan la labor femenina de difusión en reclamo de la liberación de zapatistas presas por el sólo hecho de defender las conquistas revolucionarias.

Sin las mujeres no se puede hablar de un gobierno del pueblo, por eso ahora ellas son reconocidas dentro de las comunidades indígenas y tienen derecho a discutir sobre el proceso político en México.

Sus mensajes son reiterativos a la hora de animar al género en pos de la esperanza y el futuro triunfo de las mujeres mexicanas en ciudades o en el campo.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) es una organización terrorista que puede emprender un ataque armado contra el Congreso de la Unión; “hay que estar preparados ante estas acciones”, advirtió ayer el general en situación de retiro Justiniano González Betancourt, legislador panista y presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja.
En tanto la presidenta camaral, Ruth Zavaleta Salgado, confió en que el EPR no vaya a actuar como las FARC y empiece a secuestrar congresistas. Además, ante la advertencia eperrista al Congreso, de que deberá atenerse a las consecuencias si aprueba las reformas judiciales pendientes en el Senado, respondió:
“No es con amenazas ni con actitudes temerarias que nos vamos a entender en el país. Se ha invitado al EPR a sentarse en la mesa, a platicar sus diferencias, a poder decir cuáles son sus propuestas.
“Me parece que a diferencia de otros países, éste es un país de paz y que necesitamos que los actores que están influyendo o que están inconformes con alguna situación económica, política o social, tengan que dirimir sus asuntos por la vía legal”.
Y es que, aun cuando estimó que el EPR es un grupo que no aceptará dialogar en esos términos, Zavaleta sostuvo que el Congreso no puede actuar con base en amenazas. “Tiene que actuar de manera autónoma, como el fuero constitucional se lo impone y creo que en esos términos deben de contestar los diputados y senadores: votando los temas y discutiendo los que tengan que ver con mejorar la situación política, social o económica del país”.
Pero el legislador González Betancourt fue más práctico y acusó al EPR de ser una “organización clandestina, terrorista y que opera en la oscuridad y puede cometer esta clase de desmanes (atentados contra el Congreso). Hay que estar preparados”.
Sin embargo dijo que en el combate al crimen organizado las Fuerzas Armadas no están rebasadas. “El crimen organizado se había realmente apoderado de gran parte de nuestro país y le estamos restando fuerza y espacios y, claro, lo que están haciendo es dar patadas de ahogado”.
—Pero esas patadas han costado muchas vidas —se le planteó al general en situación de retiro.
—Tienen que costar atajó, porque el crimen organizado está fuertemente armado y las armas se combaten con las armas.

acciones militares y responsabilizó al gobierno de Felipe Calderón de la desaparición de una treintena de activistas.

En su primer comunicado del año, el grupo insurgente precisó que de ahora en adelante antes de emprender alguna acción armada alertará a la población civil para que no salga afectada y reclamó la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Y en respuesta a las críticas del gobierno federal, el EPR aclaró que no son delincuentes, sino un grupo de luchadores sociales que se ha visto obligado a la autodefensa.

Con base en ese argumento, demandó a las autoridades federales que se le reconozca como un “Ejército beligerante”, de acuerdo con las leyes de Ginebra, para que sus militantes capturados reciban el trato de “presos militares”.

En el comunicado, el EPR reiteró que mantendrá la campaña de hostigamiento que desató desde el pasado 5 de julio, en demanda de la aparición de sus dos compañeros Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Destacó que continuará actuando para que cese la impunidad con la que el gobierno viene actuando contra los derechos humanos de luchadores sociales. Volvió a demandar se decrete una ley de amnistía que excarcele a “todas y todos los presos políticos y de conciencia del país”.

El grupo guerrillero reveló que después del 25 de mayo pasado, cuando desaparecieron sus dos compañeros, también se produjeron otras capturas de luchadores sociales, entre ellos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista, en Guerrero, así como la detención de Roberto Paredes Nieto en el Estado de México.

Así mismo, el 26 de septiembre desaparecieron Francisco Paredes Ruiz y posteriormente David e Hilario Vega Zamarripa.

El EPR recordó que en Guerrero han desaparecido 28 luchadores sociales y sostuvo que ese hecho representa “una ofensiva” del gobierno federal.

De manera más amplia, el EPR señaló que Calderón Hinojosa prosigue con la “guerra sucia” en contra del pueblo desde el mismo momento en que cerró la posibilidad de que el expresidente Luis Echeverría Álvarez fuera juzgado por la matanza de Tlatelolco y el “Halconazo”.

“Desde el momento en que dio libertad a exgeneral Arturo Acosta Chaparro; desde que no se actuó con justicia en el caso de la periodista Lydia Cacho y se censuró a Carmen Aristegui”.

Consideró que la “guerra sucia no es un eufemismo”, sino que constituye “un componente activo de la guerra de baja intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del Estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Advirtió que Calderón y el Legislativo avalaron una ley que ubica a la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, y por ello “los luchadores sociales son tratados como delincuentes”.

Desmintió la promesa del michoacano en el sentido de que en su gobierno no habría “criminalización” de la protesta social.

“Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales”.

Insistió en que al criminalizarse “la protesta social, se anulan de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución, al intentar legitimarse acciones policiaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales”.

El EPR también anunció que se unirá al movimiento que rechaza la apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

Instruyó finalmente a sus combatientes “en las montañas o en las ciudades” a continuar su preparación político militar “para responder adecuadamente ante cualquier represión”.

Cuántos pecados se cometen con las mejores intenciones. Cuántas medidas que generan pobreza son impulsadas por aquellos que piensan estar combatiendo este mal. No dudo de la buena voluntad de los obispos mexicanos que, a través de un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, piden al Gobierno Federal renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El problema es que, si realmente el Gobierno les hiciera caso, lo único que se lograría sería acentuar la pobreza de los campesinos mexicanos. El TLCAN ha sido uno de los pocos instrumentos que han permitido mejorar la productividad del campo mexicano en los últimos años. La producción de los principales productos del campo ha aumentado desde el inicio del tratado. Lo ha hecho también la productividad por hectárea. La exportación de productos agropecuarios ha crecido en 233 por ciento. También ha aumentado la importación, pero principalmente de maíz amarillo y sorgo, productos que se utilizan como forraje. Una de las consecuencias de esta importación ha sido aumentar de manera significativa la producción nacional de carne, leche, pollo y huevo en el periodo del TLCAN. Estas cifras positivas no han logrado, por supuesto, rescatar al campo mexicano de su profunda pobreza. Pero ésta existía antes del TLCAN y no tiene nada qué ver con el libre comercio. De hecho, los políticos y los obispos que afirman que quieren combatir la pobreza en el campo cierran los ojos ante el hecho de que la razón por la cual el campo mexicano es tan pobre es la excesiva fragmentación de la tierra de nuestro país. La reforma agraria fue una de las peores políticas que pudieron haberse aplicado en cualquier país. Si bien es verdad que en tiempos del porfiriato había una excesiva concentración de la tierra, la fragmentación provocada por la reforma agraria condenó desde un principio a los campesinos mexicanos a vivir en la pobreza. El 59 por ciento de la tierra agrícola de nuestro país está en manos de ejidos o sociedades o comunidades indígenas. Cada ejidatario o comunero de nuestro país cuenta con 29 hectáreas. En el sur del país los predios se reducen a cinco hectáreas. Con el paso de los ejidos de generación en generación se va subdividiendo más aún la tierra para repartirla entre los hijos. En estas circunstancias, es imposible rescatar a nuestros campesinos de la pobreza. El problema de la pobreza del campo no se resolverá con mayores subsidios, como lo afirman los obispos. De hecho, ya los subsidios agrícolas que se otorgan en México son superiores, en comparación con el valor de la producción, a los que se entregan en Estados Unidos. Chiapas es un ejemplo muy claro de cómo el otorgamiento de subsidios multimillonarios no permite superar la pobreza. Ningún estado ha recibido tanto dinero de la Federación desde 1994, pero no ha mostrado grandes avances por ello. Mientras no se resuelva el problema de fondo, que es la fragmentación de la tierra, no habrá dinero que pueda cambiar la situación.

Es verdad que en 1992 se modificó el artículo 27 de la Constitución para permitir la venta de tierra ejidal, pero se le puso un candado enorme a esta posibilidad, al obligar a que todos los miembros de un ejido y el comisario ejidal accedieran a la venta de parcelas individuales. Si yo quiero vender mi parcela, tengo que pedirle permiso al vecino. Como consecuencia, sólo un 1 por ciento de los ejidos de nuestro país se han vendido, pero no para lograr una consolidación de tierras agrícolas sino para permitir desarrollos urbanos. No hemos tenido esa consolidación de la tierra que nos permitiría tener un campo más eficiente y más próspero. Es positivo que los obispos se preocupen por la situación de pobreza que agobia a los campesinos mexicanos. Pero si se están metiendo en el tema, deberían tener la responsabilidad de profundizar en él y de entender las razones reales de esta pobreza. Sus cuestionamientos al Tratado de Libre Comercio demuestran falta de conocimiento. Más inquietante aún es el hecho que no se dan cuenta de que la verdadera razón de la pobreza en el campo es el régimen de propiedad de la tierra.

Si los obispos realmente quisieran combatir la pobreza del campo, deberían exigir la eliminación de las restricciones a la venta de la tierra ejidal. También deberían pedir la derogación de los límites a la propiedad privada agrícola, que hoy sigue estando constitucionalmente limitada a 100 hectáreas en terrenos irrigados. Pretender que la pobreza del campo se resolverá con mayores subsidios o renegociando el capítulo agropecuario del TLCAN es no entender la naturaleza del problema.

LA GUERRA

Las ejecuciones continúan. En Tijuana, en Mérida, en Michoacán. En un solo día, el 14 de enero, fueron 17 los ejecutados en distintos lugares del país. En Tijuana no sólo fue acribillado un jefe policiaco, el tercero en la madrugada de ayer, sino también su hija de 12 años. Otros miembros de su familia están heridos de gravedad. Y otra familia fue baleada porque los sicarios al parecer se equivocaron de casa. Estamos en guerra. Pero a pesar de las afirmaciones de nuestros comandantes, que dicen que vamos ganando, yo no puedo evitar la sensación de que la estamos perdiendo de una manera dramática.