Archivo para Enero, 2008

Ante las recientes agresiones y amenazas contra las comunidades zapatistas, el consejo autónomo regional de la costa de Chiapas responsabilizó “a los tres niveles de gobierno” de la violencia en las zonas indígenas de la entidad. Condenando “tajantemente” todo lo que ocasionen “con sus acciones y con sus grupos paramilitares”, el consejo costeño, compuesto por organizaciones y autoridades comunitarias del litoral pacífico, advirtió a los gobiernos federal, estatal y municipales “que deben saber que los compañeros zapatistas no están solos, que nosotros los apoyamos y estamos con ellos, y que piensen dos veces las cosas que hagan en territorio zapatista, que no se metan con ellos y que los dejen en paz”.

El movimiento de resistencia civil señala que, “a dos años de que la otra campaña se hizo pública por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han pasado cosas que han obstaculizado el proceso de la misma e inclusive la cancelación de la gira por la Comisión Sexta” en 2007. En un comunicado, la resistencia organizada de El Fortín, Joaquín Amaro, San Isidro, Tonalá y El Carmen manifiesta que la otra campaña, “de una u otra forma” ha padecido “represiones, hostigamiento, persecuciones, encarcelamiento y hasta muerte por parte de los gobiernos federal, locales y municipales, como pasó en Atenco y Oaxaca, y ahora pasa en las comunidades zapatistas y en contra de los adherentes a la otra campaña”.

El consejo autónomo costeño, en el que participan organizaciones urbanas, colectivos de campesinos y pescadores (los cuales recibieron en sus localidades a la Comisión Sexta del EZLN en enero de 2006) denuncia que “el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa (del Partido Acción Nacional), el estatal de Juan Sabines Guerrero (del Partido de la Revolución Democrática) y los gobiernos municipales de Chiapas se han dedicado a coordinar constantes enfrentamientos y despojos en zonas de influencia zapatista, que sólo dan señales de guerra y no de paz, y quieren que la otra campaña no siga su camino y su rumbo como lo había hecho desde hace ya dos años”.

Ante ello, añade la declaración, “claro les decimos a los gobiernos que no vamos a permitir que eso siga pasando, porque hemos refrendado nuestro compromiso político con la otra campaña, de que si tocan a uno tocan a todos”.

El consejo de la costa exige la liberación de su compañero Jesús López López, recluido en el penal de El Amate por más de un año, acusado de “delincuencia organizada”. Asimismo, la liberación de Rigoberto Méndez, preso desde hace dos años en una cárcel de la ciudad de Huixtla, acusado de “violación”, y la de Horacio Enrique, quien lleva ocho años en el Cereso de Tonalá, “acusado de despojo, delincuencia organizada y ataques a las vías de comunicación”.

La resistencia civil de la costa del océano Pacífico añade a estas demandas la liberación de los presos políticos y de conciencia en las diferentes cárceles del país, y exige “justicia para los actores intelectuales y materiales de la masacre de Acteal y la represión en Atenco y Oaxaca”.

Un grupo armado mantuvo cautivo por unas horas al primo del presidente mexicano, Felipe Calderón, pero el pariente del mandatario fue liberado sano y salvo, dijeron el jueves medios locales.Los diarios Reforma y Milenio dijeron que Alfonso Reyes Hinojosa, propietario de una casa de cambio en la colonial Morelia, capital del estado de Michoacán, fue apresado en la tarde del miércoles en esa ciudad por un grupo armado.

Sin embargo, cuatro horas después Reyes Hinojosa apareció ileso en su casa, de acuerdo con los periódicos y autoridades.

No quedaba claro si el primo del presidente fue liberado por sus mismos captores o por un operativo policial y tampoco estaban claros los motivos de su breve cautiverio, aunque en México son comunes los “secuestros express” para obtener dinero o para amedrentar.

Una portavoz de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, Magdalena Guzmán, dijo que la dependencia se enteró del secuestro por una agencia de noticias local.

“Una vez que se hizo público este acontecimiento, la procuraduría buscó contacto con la familia. Se habló a su casa y contestó la persona, Alfonso,” dijo Guzmán a Reuters y aclaró que Reyes no presentó ninguna denuncia ante las autoridades.

Fuentes de la Presidencia mexicana dijeron que no estaban al tanto del caso.

La madre, dos hermanos y una hermana de Calderón viven en Michoacán, el estado natal del presidente y un foco candente en el 2007 de la violencia del narcotráfico, que con ejecuciones, batallas entre cárteles y contra el Ejército luchan por las rutas de transporte de narcóticos hacia Estados Unidos.

Calderón lanzó una cruzada contra el narcotráfico el año pasado enviando decenas de miles de soldados y policías a distintos estados para realizar operativos. Alrededor de 2,500 personas murieron en el 2007 por la violencia de la droga.

Un comando integrado por unas 15 personas encapuchadas y armadas con rifles AK-47 (cuerno de chivo) incendió tres máquinas retroexcavadoras propiedad de la empresa Constructora Torreblanca, que edifica la carretera que unirá la zona centro con la región de la Montaña de Guerrero. La acción ocurrió la madrugada del jueves 3 de enero, pero hoy fue dada a conocer.Hasta el lugar de los hechos, el punto conocido como Tezahuapa, ubicado en la carretera que comunica el municipio de Tixtla con Mártir de Cuilapan (Apango), a 15 kilómetros de Chilpancingo, llegó un centenar de policías estatales y municipales que instaló un cerco de seguridad hasta pasadas las seis de la madrugada.

“¡No al aumento a la gasolina!” y “Únete a la lucha armada”, son algunas de las pin- tas que realizó el grupo armado aún no identificado, mismas que fueron borradas por órdenes de los responsables de la empresa.

Entrevistado este día, el velador de la compañía, que solicitó el anonimato, señaló: “Junto con otros seis compañeros estábamos durmiendo cuando escuchamos una fuerte explosión, parecía como si fuera dinamita o como una bomba molotov”, dijo.

Añadió: “vimos cómo tres máquinas, dos retroexcavadoras y una llamada vibro eran incendiadas, pero no quisimos salir por temor a que nos hicieran algo; al cabo de media hora, y cuando ya no escuchamos los gritos de las personas que quemaron la maquinaria, intentamos apagarlas con agua, pero ya era demasiado tarde: quedaron inservibles”. aseguró, tras confirmar que las llamas alcanzaron seis metros de altura.

Mencionó que ese día por la tarde el ingeniero responsable de la obra preguntó a los trabajadores si alguno tenía problemas personales con alguna gente; “le dijimos que no porque la mayoría de los que trabajamos en la obra no somos de esta zona”.

Señaló que ayer viernes “llegó gente, creo que los mandó el gobierno desde Chilpancingo, vinieron a investigar y nos preguntaron lo que habíamos visto, pero les dijimos que nada porque no quisimos salir por temor a que algo nos pasara”.

Erit Montúfar Mendoza, director de la policía investigadora ministerial, negó que elementos de ésta o cualquier corporación policiaca del estado hayan participado en algún operativo el 3 de enero; “al menos yo no tengo conocimiento del hecho”, dijo entrevistado vía telefónica.

No obstante, trascendió que media hora después de que se escucharon las explosiones y se observaron las llamas y el humo desde las partes aledañas a la ciudad de Tixtla, arribaron una docena de integrantes de la comandancia de la policía preventiva municipal, ubicada a kilómetro y medio.

Después se sumaron decenas de efectivos de la policía estatal y de la preventiva municipal de Mártir de Cuilapan, quienes recorrieron montes y praderas con lámparas y perros amaestrados, pero no localizaron a nadie.

El tramo carretero que se construye es de alrededor de 10 kilómetros, viene desde el municipio de Eduardo Neri, pasa por Chilpancingo y llega hasta Tixtla. Servirá para comunicar la zona centro con la región de La Montaña.

Cabe señalar que en comunicados, tanto el Ejército Popular Revolucionario (EPR) el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente como las cinco organizaciones aglutinadas en torno a la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo han advertido que realizarán acciones armadas en la entidad. El EPR hizo su aparición en Tixtla el 28 de agosto de 1996.

El zapatismo llega a sus 14 años de vida con una visión del país y del mundo que le ha permitido tejer alianzas continentales y contar con una base social que se ha expandido a regiones más allá de los límites de los municipios autónomos. “Y con una conclusión: somos más fuertes, porque estamos vinculados. Nuestra palabra tiene que ver con la palabra del otro, de la otra. En la práctica, la gente empieza a confiar en sí como constructora de relaciones, con base local. Y con algo que no se trasluce en la información pero es muy fuerte: la decisión de no confrontarse con los enemigos locales, a pesar del hostigamiento y el embate que marcan su entorno.”Quien hace este balance es Jorge Santiago, teólogo, sociólogo y antropólogo, quien lleva 35 años al frente de Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), proyecto que llegó a Chiapas a finales de los años 60, ligado con la diócesis de San Cristóbal. Impulsor de proyectos de lo que se denomina “economía solidaria”, conoce el proceso, del que habla desde su génesis. El levantamiento histórico de 1994 ocurrió en las zonas Altos, Sur y Norte de Chiapas, donde trabaja intensamente su institución. Sufrió, inclusive en carne propia, la represión antizapatista, ya que en 1995 fue apresado, durante la ofensiva zedillista contra los rebeldes.

No concuerda con el diagnóstico del “desgaste del Ejército Zapatista” que con frecuencia se hace desde afuera, lo que no le impide reconocer, “porque sería intentar tapar el sol con un dedo”, que hay división en zonas que antes estuvieron cohesionadas en torno del EZLN y que “personas con historia de pertenencia y capacidad operativa se han alejado” de la organización.

Así, aunque muchos se fueron, otros se incorporaron, “sobre todo mucha juventud, jóvenes que eran niños o no estaban en el levantamiento de 1994 y que hoy están activos, incluso son mandos. Hay muchos espacios que se han abierto, muchas mujeres, sobre todo en las tareas de comunicación. Y zonas no indígenas, difíciles de imaginar hace algún tiempo, que son zapatistas. No todo lo nuevo que hay es visible”.

–¿Cómo ha afectado la contradicción entre quienes asumen los proyectos del gobierno como un derecho y quienes lo rechazan de tajo?

–La famosa idea de Vicente Fox de que los 40 millones de pobres se iban a salvar con programas, no con trabajo ni con productividad, se convirtió en las comunidades zapatistas en práctica contrainsurgente, que minó la conciencia y la voluntad de algunos. En 2003 se hizo un censo: siguen o no en resistencia, bajo el criterio de que los que recibían ayuda del gobierno en los hechos renunciaban a su pertenencia. La opción para mucha gente fue seguir recibiendo recursos del Estado.

“Eso fue muy fuerte, pero entre quienes optaron por resistir se fortaleció la alternativa de la autogestión: proyectos agrícolas y agroecológicos, promoción de la salud, un sistema de educación rebelde y una política de distribución de recursos con una claridad muy grande de lo que es lo autogestivo.

“A cinco años de distancia, ya hay signos de cuál modelo ha prevalecido. ¿Quién tiene salud, educación y alimentación? ¿Los que confiaron en el gobierno o los que construyeron educación propia, que hicieron la búsqueda de sus promotores de salud? Ya hay evidencias de que Fox y Pablo Salazar no cumplieron sus promesas. Un ejemplo es la posición de Las Abejas, que denunciaron que Salazar no estableció la justicia en Acteal.

–¿Cómo mediría el desgaste del zapatismo?

–En términos de número, no en el proyecto político. Más bien al revés. Se fortaleció con el sentido del qué hacer. No se trata sólo de pertenecer al EZLN para ser una fuerza política, sino para construir organizativamente, gobernarse para resolver problemas concretos. La tarea de los gobiernos autónomos es analizar los problemas y encontrar caminos que no sean de confrontación, sino de diálogo. Y que la gente se involucre en soluciones pacíficas.

“Algo que no se trasluce en la información, pero es muy fuerte en este proceso, es la decisión de no confrontase con los enemigos locales, a pesar del hostigamiento y el embate. Por eso las comunidades zapatistas no están entre la espada y la pared. Ante la agresión, incluso, tiene muchas salidas. El EZLN tiene un margen de acción muy amplio, porque ha sabido establecer un espacio político. Incluso puede resistir que le quiten tierras que había recuperado, porque el proyecto es más amplio, la visión es más allá y el programa es mucho más profundo.”

Para ilustrar el papel que juegan hoy día las comunidades y los valores del zapatismo en Chiapas, Jorge Santiago recurre al paisaje que ve todos los días en su recorrido desde Teopisca, su pueblo de origen, donde vive, hacia San Cristóbal. En la carretera hay anuncios sobre la venta de todo: carbón, piedras, arena, fruta, coches (de segunda mano), terrenos. “Es un clásico: en el capitalismo todo es mercancía. Y estos pueblos, a pesar de su rezago, no son la excepción. Ha permeado la mentalidad de que hay que tener dinero. Tener un pedazo de selva, un pedazo de lago para vender. Todo se vende y todo se puede comprar, aunque sea pirata.

“Ahí está la novedad. Los zapatistas no se enfrentan a esto como confrontación, sino como construcción de la alternativa: la propiedad colectiva, la acción común, la horizontalidad, la distribución y la solidaridad. Este fenómeno es transformador, muy profundo. Da capacidad para actuar sin tener que esperar a que caiga el sistema.

–¿El zapatismo sería como el muro de contención de esa mentalidad de que todo se compra y todo se vende?

–El zapatismo genera una idea diferente, y la gente se da cuenta. El que dice voy a sembrar árboles, cuidar mi salud y la educación de mis hijos, voy a ir a la asamblea y vamos a tomar acuerdos, vive diferente. Se convierte en ser político, participativo, y las mujeres van diciendo sí, tenemos sabiduría y nuestra palabra tiene valor. Todo esto es parte de una experiencia que se confronta diariamente con otra realidad. Al lado están los que toman, los que se divierten de otra manera, los que rezan como enajenados, los que sólo esperan la ayuda del gobierno.

“En los desalojos, que es el embate del calderonismo, unos participan en las negociaciones con el gobierno. Al final, las promesas no se cumplen, porque detrás está la presión de los proyectos de las presas, el petróleo, los negocios. Los zapatistas no negocian. Al último, quienes se quedan sin nada son los que negociaron. A la postre, llegan a la conclusión: qué bueno que están los hermanos zapatistas, que tienen otra alternativa. Así, el futuro de esa lucha tiene mucha perspectiva.

“Creo que el Estado no entiende a quienes se están enfrentando. No son sólo guerrilleros, invasores de tierras, gente que no acepta el orden del Estado. En lo único que piensa es en cercarlos, hostigarlos y descalificarlos, y ellos han crecido en su conciencia de su capacidad, de sus relaciones, sus valores. Uso una forma como ellos lo expresan: saben que no van a morir sin causa, que no se trata de sacrificios, que no se trata de tener héroes que se mueren, sino de personas que viven en esta dimensión, en la cual tienen la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás.

–¿Por cuánto tiempo pueden eludir la confrontación?

–El espacio que ellos han creado les permite tener esa alternativa. Tienen como estrategia actuar con el menor costo para avanzar, no para retroceder. Confrontarse con los paramilitares y los soldados representa un retroceso de 10 o 15 años. Le daría a Calderón el pretexto para militarizar la selva y la frontera, pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos y traer tanques y aviones. Estratégicamente, lo que hacen son cosas que les permiten avanzar. En esos términos bien sencillos es como están demostrando lo que significa resistir.

El primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a la insurrección mediante una declaración de guerra al Ejército Mexicano y la ocupación militar de varios municipios, levantando las banderas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la construcción de un nuevo modelo de nación.

La amenaza de una desestabilización generalizada movilizó a amplios sectores sociales, lo que obligó a los contendientes a suspender los enfrentamientos militares y reunirse a dialogar, por primera ocasión en la catedral de San Cristóbal de las Casas, en un proceso que ha resultado difícil y hasta contradictorio.

Siendo presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, se produjeron acercamientos iniciales entre funcionarios del Poder Ejecutivo federal y la dirigencia del EZLN, mismos que fueron cancelados abruptamente el 9 de febrero de 1995, cuando se expidieron órdenes de aprehensión contra la dirigencia de los insurgentes.

Esta decisión del Poder Ejecutivo desató una grave crisis que sólo pudo superarse mediante la intervención del Poder Legislativo federal, que el 10 de abril de 1995 aprobó unánimemente la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, que contiene una estrategia propiciatoria del entendimiento entre las partes, reafirma la soberanía entre poderes y resuelve jurídicamente el tema de las órdenes de aprehensión.

De hecho, y con el respaldo de todas las instituciones y partidos políticos, esta ley resultó la plataforma para estructurar el proceso de diálogo y pacificación entre el gobierno federal y el EZLN, de abril de 1995 a septiembre de 1996.

La agenda de ese proceso, aprobada conjuntamente, incluía los siguientes temas: derechos y cultura indígenas, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, reconciliación en Chiapas y derechos de la mujer, dejando al final la cancelación de la declaratoria de guerra y el acuerdo de paz definitivo. Para el desahogo de cada tema, se acordó un método de trabajo que permitía la celebración de acercamientos y consultas entre las delegaciones de cada una de las partes y sus respectivas instancias de dirección.

El 16 de febrero de 1996, en San Andrés Larráinzar se firmó el primer acuerdo parcial, en el tema de Derechos y Cultura Indígenas, después de un intenso y promisorio proceso de diálogo y negociación.

En esta etapa, la relación entre el EZLN y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fue de cercanía, cordialidad y confianza, lo que propició la creación de una estrategia denominada Vía paralela, la cual consistió en aparejar al proceso de diálogo, un mecanismo de interlocución entre el EZLN y el gobierno federal, donde mediante documentos ciegos, es decir, textos de compromiso político entre las partes, el presidente de la República y el subcomandante Marcos, mandatado por la comandancia zapatista, buscaban por la vía de la Cocopa acelerar el proceso de paz.

El segundo tema agendado fue Democracia y justicia, cuyo desarrollo contrastó con el anterior; la parte gubernamental mantuvo una negativa permanente a manifestar su postura en las mesas instaladas, actitud que difería totalmente de las intenciones declaradas por el presidente de la República a la Cocopa.

Ante el fracaso de esta mesa y la dilación para concretar los primeros acuerdos, en agosto de 1996 el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto no se cumpliera lo pactado en materia de Derechos y Cultura Indígenas.

Para superar esa crisis y contando con el apoyo de las respectivas direcciones partidarias y con el acuerdo de las partes, los integrantes de la Cocopa elaboraron la Iniciativa de modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígena en noviembre de 1996.

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