El alza en la gasolina de 2 centavos por mes que entró en vigor a partir del 5 de enero, impactará el precio del pan, según lo advirtió la delegada en Guanajuato de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), Claudia Cornejo Zavala.“En enero no hemos modificado precios en relación con el año pasado; pero no podemos asegurar que se va a mantener todo el año así, si en febrero llegan más incrementos no podremos mantener el precio.

“El gasolinazo, ese sí va a ser un factor muy importante porque el 80 por ciento de la industria sobrevivimos de los repartos y el aumento de gasolina nos impacta de manera directa, estamos por ver en enero el estabilizarnos y si nos vemos en la necesidad de un incremento se tendrá que realizar”.

De acuerdo a la Reforma Fiscal aprobada por el Congreso, los aumentos serán durante 18 meses de 2 centavos a la gasolina Magna, 2.44 centavos a la Premium y 1.66 centavos al diesel mensualmente.

Cornejo Zavala dijo que a finales de enero realizarán un resumen sobre el impacto al sector por el incremento de combustibles, y con base en ello tomarán una decisión.

La empresaria advirtió que la industria panificadora recibió en 2007 el más fuerte golpe económico en los últimos 30 años, por lo que dijo es imposible que los empresarios absorban los incrementos.

“Fue el peor año, en los últimos 30, por los alto costos en los insumos, subió la harina, la grasa, las levaduras, el huevo, la azúcar que son los principales insumos del pan, eso nos llevó a un aumento promedio de un 25 por ciento del pan dulce.

“De alguna manera los industriales estábamos preocupados y absorbiendo costos que nos iban incrementando a lo largo del año, a fin de año ya no pudimos y por eso tuvimos que subirlo.

“Eso perjudicó muchísimo a la venta del pan, y mucho ha venido disminuyendo la producción, a comparación de otros años el año pasado tuvimos, en algunos casos, que reducir nuestra producción de un 100 por ciento, había gente que estaba haciendo un 40 por ciento del producto, porque pegamos en un producto de la canasta básica, porque el bolillo para la escuela y para el trabajo, y sí le pegó muchísimo a la familia

Dijo que en el último año cerraron decenas de panaderías por todo el Estado, tan sólo en León y San Francisco del Rincón fueron alrededor de 30 establecimientos los que quebraron.

“Hubo algunos panaderos que trataron de mantener los precios; pero ya se están ajustando porque ya no pueden mantenerse, no sabemos en dónde vaya a parar esto”, advirtió”.

La representante de la industria panificadora en Guanajuato dijo que la estrategia que están siguiendo para subsistir ante la escalada de precios, es buscar apoyos con dependencias federales para integrarse a programas que les permitan eficientar el uso de sus recursos.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Economía, nos están echando mucho la mano a mejorar nuestros negocios, evitar las fugas, a identificar dónde puede fallar el negocio, estamos recibiendo mucho apoyo de ellos.

“Yo le digo al sector que hay que seguir trabajando, la mayoría somos micro; pero no hay que desanimarnos y hay que absorber un poco del incremento, que entren a los programas de la Secretaría y que no tengamos miedo, las autoridades están atrás de nosotros apoyándonos”.

El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco Pérez Arce Ibarra, sostiene que después del movimiento de 1968 se han presentado cambios importantes en el país, como el activismo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que con el tiempo mostrará su importancia; la cruzada encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que a veces se olvida, pero está latente.

En entrevista, el autor del libro El principio 1968-1988: años de rebeldía, señaló: “En este momento existen situaciones similares a lo acontecido en ese periodo de 20 años, como son los presos políticos y los desaparecidos, pero también hay que decir que la ciudad de México lleva 10 años gobernada por la izquierda, que de alguna manera está vinculada con la historia de 1968, el 10 de junio de 1971, la movilización civil tras el terremoto de 1985 y la historia que se escribe después de esa fecha”.

Pérez Arce destacó que las dos décadas de rebeldía constituyen el principio de una transformación profunda de la sociedad y el Estado mexicanos. “Fue un periodo de movilización intensa en el sector obrero, el campesino y el popular, y luego siguieron las guerrillas. En su conjunto representan la acumulación de tensiones, derrotas populares y algunos triunfos o sorpresas, como ocurrió con las elecciones de 1988, donde el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas, fue el ganador, aunque se manejó la versión de una supuesta caída del sistema de cómputo.

“En la actualidad, es difícil recordar lo que representó que un candidato del FDN ganara las elecciones, porque estábamos acostumbrados a que el Partido Revolucionario Institucional arrasara con todo.”

El autor explicó que México vive una situación muy compleja, porque existen movimientos que con el paso del tiempo mostrarán su importancia, como es el caso de la APPO, que sumó a muchos sectores frente a una demanda muy clara: la destitución del gobernador Ulises Ruiz.

Agregó que “existen otros movimientos, como el encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que tiene rasgos novedosos, porque el Partido de la Revolución Democrática había sido estrictamente electoral y este movimiento tiene además otros elementos.

“Después, está el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sigue vigente en Chiapas; esto se olvida porque se tiene la idea de que sólo es Marcos y sus giras, pero ahí hay un movimiento latente.”

Resurge el Estado represivo

Francisco Pérez Arce aseveró que “si bien existe de nuevo un Estado abiertamente represivo, como se vio en el caso de Atenco y con los presos políticos y los desaparecidos. Así, la fundación del Partido de la Revolución Democrática en 1989, no se podría entender sin estos 20 años, y sin la resistencia de ese instituto político, no se entendería lo que vivimos hoy”.

Insistió en que existen “logros indiscutibles, como los 10 años de gobierno de izquierda en el Distrito Federal. La población está muy consciente de lo que representa una opción distinta y eso es producto de la historia”.

El investigador precisó que las dos décadas (1968-1988) fueron el principio del final de un régimen, porque la sociedad salía de su letargo y evidenció a un Estado despótico y represivo que tenía a la prensa sometida.

“En el libro planteo que en 1968 hay un cambio cualitativo, porque el movimiento representa una gran influencia en la sociedad, como también lo fueron en la ciudad de México los sismos de 1985 y el movimiento urbano popular, que puso en evidencia la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades de emergencia.

“Pero también, por el contrario, se demostró la capacidad de la sociedad civil de organizarse y responder a esa situación, por eso es que en el Distrito Federal la izquierda tiene una presencia muy fuerte.”

Francisco Pérez Arce Ibarra aborda en su obra el movimiento estudiantil de 1968, el origen del sindicalismo democrático, las guerrillas urbanas y rurales, la insurgencia magisterial, movimientos que conducen a la antesala de la rebelión electoral de 1988, cuando la sociedad mexicana rechazó al partido del gobierno y votó masivamente por Cuauhtémoc Cárdenas.

El principio 1968-1998: años de rebeldía, editado por Itaca, se presenta hoy a las 18:30 horas en la sala de usos múltiples de la Dirección de Estudios Históricos del INAH (Allende 172, Tlalpan, Centro). Participarán Jesús Anaya, Carlos Monsiváis, Andrés Ruiz y el autor.

Sólo seis de cada 100 campesinos de México son considerados productores competitivos que podrán hacer frente a la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señala un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Indica que más de 12 millones de habitantes del medio rural son considerados “no activos”, porque no se dedican a la producción o han emigrado.

En tanto, líderes campesinos de Chiapas se quejaron de que el gobierno federal desaprovechó los pasados 14 años, al no invertir en el sector, por lo que nunca alcanzó la nivelación con Estados Unidos. El investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), Daniel Villafuerte, aseguró que ante la tendencia de pobreza generalizada, los campesinos no podrán competir en 2008.

El estudio de la Sagarpa detalla que en México, en el medio rural vive casi la cuarta parte de la población del país, es decir, 24.5 millones de personas. De ellas, 56.4 por ciento son consideradas “no activas”, toda vez que no se dedican a la producción, ya sea porque han emigrado o porque tienen otras actividades.

Mencionó que gran parte de la población rural –43.6 por ciento– se concentra en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz, donde entre 40 y 55 por ciento de la población se dedica al campo.

En un diagnóstico de mayo pasado detalló que el sector agropecuario aporta sólo 5.4 pesos de cada 100 pesos generados en la economía del país, porque sólo seis de cada 100 productores son considerados “competitivos”.

Señala que otro elemento que incrementó la crisis es la edad de la gente que se dedica al campo: más de la mitad es mayor de 50 años.

En el documento se concluye: “Esta realidad nos demanda verdaderas opciones productivas para las nuevas generaciones en el medio rural. Y en este contexto el programa Alianza para el Campo forma parte de la estrategia del gobierno federal para el fortalecimiento del sector ante el proceso de globalización”, y se menciona entre otros retos el desarrollo tecnológico y la innovación para mejorar la competitividad.

Chiapas enfrenta una crisis en la producción de maíz

Víctor Manuel Pérez López, uno de los líderes históricos de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) en el estado, afirmó que el gobierno federal desaprovechó los pasados 14 años y nunca se llegó a la nivelación que se pretendía con Estados Unidos.

José Manuel Hernández, líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata, señaló que en el agro del estado persiste la apatía e indolencia ante la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN.

“La mayor parte de los campesinos han emigrado, y entre los que quedamos no hay una conciencia de lo que va a venir, porque muchos sólo sacan su maíz para el autoconsumo, así que no tienen esa visión…”, detalló .

Daniel Villafuerte Solís, investigador del Cesmeca, opinó que los labriegos no podrán competir frente a Estados Unidos y Canadá en 2008, porque en las tres décadas recientes el campo ha presentado una tendencia a la pobreza generalizada, ante la baja en la producción y productividad de los cultivos, principalmente el maíz.

El experto en la materia señaló, en su investigación Economía campesina, etanol y crisis del maíz en Chiapas, que entre 1990 y 2000 el producto interno bruto per cápita del campo, en términos reales, no creció y tiene niveles extremadamente bajos.

Cada campesino chiapaneco recibió mil 333 pesos en 1990, y mil 407 pesos 10 años más tarde, “esto significa que en una década el ingreso por persona en el campo aumentó sólo 74 pesos” y desde 2003 se viene presentando un déficit de unos 7 millones de toneladas para satisfacer la demanda industrial y pecuaria.

Al reanudar sus giras por municipios del país, Andrés Manuel López Obrador aseveró que a Felipe Calderón no le importan la pobreza ni el sufrimiento del pueblo, y por eso en este año desatará más la carestía con el aumento de impuestos y por permitir la libre importación de productos agropecuarios.En medio de un clima gélido, con temperatura que osciló entre uno y seis grados a lo largo de sus recorridos por ayuntamientos de la sierra hidalguense, el ex candidato presidencial remarcó que el “dolor” que provocan las políticas económicas oficiales aplicadas no le importa a quienes “usurpan” el gobierno.

Y mucho menos, afirmó, se preocupan porque haya justicia, cuando hay funcionarios públicos que reciben salarios hasta de 500 mil pesos mensuales (como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), contra campesinos que “no ganan para lo más indispensable, y la mitad de los mexicanos obtiene dos salarios mínimos; es decir, 3 mil pesos al mes”.

López Obrador cuestionó que en lugar de apoyar al productor “se le perjudique aún más” con la aplicación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, que permite la introducción sin aranceles de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, a partir del primer día de este año.

También, por la entrada en vigor, en esa misma fecha, de la reforma fiscal que obliga a empresarios y pequeños comerciantes, entre otros, a pagar más impuestos; a todo eso se suma el aumento de la gasolina y el diesel, que desembocará en el alza de precios de más productos, dijo.

Al dar un discurso en Metztitlán, sostuvo que durante la reanudación de sus giras por este ayuntamiento, Tlahuiltepa, Juárez, Eloxochitlán, Xochicuatlán y Molango pudo constatar que en la sierra de este estado hay “mucha pobreza, mucho abandono, que los caminos están destrozados, no hay transporte y que las personas padecen las inclemencias del mal tiempo”.

La víspera de su llegada, la temperatura alcanzó dos grados bajo cero y todo el día estuvo nevando, algo que no ocurrió en los pasados ocho años, lo cual propició, entre cosas, la caída de árboles.

Tras describir la situación económica y social que se vive, pidió a la población no claudicar en la lucha por la transformación de México. “No podemos rendirnos. Tenemos que seguir adelante y para ello estoy recorriendo el país.”

La situación, advirtió, cada vez está más difícil para la mayoría de los mexicanos. “Si las cosas estaban mal, ahora todo está empeorando”. No hay trabajo y muchos están emigrando, “buscando algo que mitigue su hambre y su pobreza”, afirmó en Tlahuiltepa. No estamos de acuerdo con ello, indico.

“No es que seamos opositores por gusto, es que queremos una transformación en la vida pública”. En México, insistió, se debe gobernar con justicia y distribuir con equidad las riquezas para mejorar, y no permitir que éstas se queden en unas cuantas manos, igual que el presupuesto público.

“Vamos a continuar luchando hasta que se dé un cambio en el país. Queremos poner un hasta aquí, remedir esta situación; por eso esta lucha. Vamos a seguir organizándonos, y no vamos a llamar a tomar las armas porque este es un movimiento pacífico en el cual nos hemos propuesto ganar por la vía de las elecciones.”

López Obrador invitó a participar el 18 de marzo en la conmemoración en el Zócalo capitalino del 70 aniversario de la expropiación petrolera, a las 17 horas, donde “manifestaremos nuestra protesta ante la intención de privatizar el petróleo, de entregarlo a extranjeros, porque estamos luchando por defender al pueblo y el patrimonio de la nación”.

Con una diferencia de menos de un punto porcentual y el rechazo de un amplio sector que lo consideró “espurio”, Felipe Calderón Hinojosa asumió –bajo la sombra de los militares– la Presidencia de México el 1 de diciembre pasado. Cuatro días después, Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue aprehendido y encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

A esta detención, que marca el inicio de lo que defensores de derechos humanos califican como autoritarismo velado, le sigue la “Operación Conjunta”: primera acción oficial del gobierno llevada a los estados y, al tiempo, primer atentado contra las garantías individuales.

Y es que los operativos contra el narcotráfico han derivado en la militarización del país, además de tener por objetivo real la localización y erradicación de “grupos subversivos”, según reconoció en enero pasado Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, entidad donde aún se realizan acciones vinculadas a dicho programa.

Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dice que la presencia del Ejército en la vida civil del país responde a la necesidad de legitimación que tiene el presidente, pues no hay consenso social.

El activista señala que “la acción enfocada contra el narcotráfico está dedicada, por debajo, hacia organizaciones sociales. El panorama no es bueno: cada vez es más posible que se detengan personas, que haya mayor discrecionalidad para torturar y desaparecer ciudadanos, sin ningún control ni protección. Es previsible que en adelante esa tendencia se recrudezca”.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusa a la administración federal de desaparecer, el 25 de mayo pasado, a dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Como respuesta, el EPR ha emprendido una campaña de sabotaje a grandes empresarios, por medio de ataques a ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al respecto, el 15 de septiembre el presidente Calderón exigió “que se sepa quiénes apoyan o toleran, así sea veladamente, este tipo de actos y quiénes los rechazamos porque estamos convencidos de que la vía pacífica es la única”. Hasta ahora, la Secretaría de Gobernación ha negado haber secuestrado a los disidentes.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que, sin consultar a la población, el gobierno ha tomado decisiones sobre temas muy álgidos que tienen que ver con la seguridad pública y el narcotráfico y ha optado por una salida dura: la militarización de la sociedad, sobre todo en lugares estratégicos como la frontera norte y estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca.

“Ésta es una mala señal para los derechos humanos de la población más pobre y vulnerable. Además de generar mayor malestar porque no hay resultados tangibles que reviertan los procesos de polarización y de conflictividad social.”

Michael Chamberlin destaca que, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, han aumentado las ejecuciones sin esclarecer. Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia más de 2 mil 500 personas han perdido la vida, de las cuales cerca de 200 eran policías.

“Los asesinatos se toman como más normales, como si fuera una justificación y la lucha contra el narcotráfico permitiera la muerte de personas. Es una devaluación del respeto a la vida y de la obligación que tiene el Estado de respetar los derechos humanos. Eso tiene que ver con el asunto de la procuración de justicia y abre la puerta a la impunidad.”

En este mismo contexto, militares han perpetrado abusos en contra de la población civil, entre los que sobresalen los asesinatos ocurridos en contra de una familia en Sinaloa, el pasado 1 de junio; los cateos sin órdenes judiciales de Netzahualcóyotl, efectuados el 2 de agosto por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en la colonia El Sol, y violaciones sexuales como la de la mujer indígena de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en marzo pasado después de haber declarado a sus familiares que “los verdes se le echaron encima”.

Cuerpos policiacos

La política de seguridad también implica la militarización de las fuerzas policiacas, eso es lo preocupante, dice Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Detalla que “se han dado diversas transferencias de militares a los cuerpos policiacos. Pero para que se dé una política clara en materia de derechos humanos se debe de entrar en un proceso de desmilitarización de estas corporaciones, que sean preventivas y no violadoras de dichos derechos”.

De acuerdo con el diario La Jornada, el pasado 1 de abril, los secretarios Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional, firmaron un convenio de colaboración para transferir, en calidad de apoyo, 7 mil 588 militares a la Policía Federal Preventiva.

El contrato –cita el reportero Gustavo Castillo– establece que los elementos “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, por lo que no podrán ser juzgados por autoridades civiles aun cuando incurran en violaciones a derechos humanos o en otro tipo de delitos.

Aunado a esto, la administración calderonista creó, el pasado 9 de mayo, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército, para auxiliar acciones estatales y nacionales, entre las que destaca sofocar disturbios.

Para el antropólogo Abel Barrera, este gobierno criminaliza la protesta y pone fuera de la legalidad a los movimientos de resistencia, como ha sucedido con la APPO y con los habitantes de San Salvador Atenco, quienes han recibido penas excesivas como lección para la sociedad que se organiza.

El 11 de septiembre, apenas 10 días después de que el presidente se comprometiera –en su primer informe de gobierno– a respetar y promover los derechos humanos de los mexicanos, fue ratificada la condena de 67 años y seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, contra Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez Hernández.

Con esta sanción, la primera sala colegiada penal del estado de México determinó que los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de La Otra Campaña son más peligrosos que, por ejemplo, Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, identificado por la Procuraduría General de la República como el líder de una célula del cártel de Tijuana, sancionado con 18 años de prisión por delitos contra la salud.

Más indeseables que Mario Arturo Acosta Chaparro, señalado entre los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la década de 1970, durante la guerra sucia. El general fue excarcelado el pasado 28 de junio del Campo Militar número uno, donde permaneció seis años por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Contrainsurgencia

Las medidas contrainsurgentes, aplicadas incluso contra los movimientos civiles y pacíficos, no se limitan a la militarización y represión: incluyen desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, reactivación de guardias blancas, desalojos violentos.

A inicios de este año, en las zonas conflictivas de Chiapas se reactivaron dos grupos de corte paramilitar: la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y la Unión Regional Campesina Indígena.

En complicidad con funcionarios federales, estas organizaciones reclaman tierras en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un saldo cuando menos de cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres milicianos, amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos (Contralínea, 75).

Más reciente, el 18 de agosto pasado, seis helicópteros de las policías estatal y federal desalojaron en forma violenta los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde habitaban bases de apoyo del EZLN.

De estos hechos, el grupo guerrillero responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa, “gobernante de los ricos de México”, y a Juan Sabines Guerrero, “gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas”.

Michael Chamberlin dice que “no podemos desvincular estos nuevos desalojos de una serie de acciones que se han venido dando al menos desde 2001. Una presión constante a despejar esta zona por cualquier medio, desde las mesas de negociación hasta el desalojo forzado, como estos últimos casos, las amenazas y los ataques armados. Una vehemencia por ampliar su base territorial creando nuevas áreas naturales protegidas, para seguir despejando, más que por razones ecológicas, para proyectos marcados en el Plan Puebla Panamá”.

El defensor de derechos humanos advierte que la supuesta protección de la reserva busca la extracción de recursos naturales: petróleo, agua y biodiversidad, e indica que está relacionada con la presencia del EZLN y de las organizaciones que han estado luchando durante años por la tierra en esa zona, la ARIC, Unión de Uniones, y sus diferentes facciones, los intereses comunales de la Selva Lacandona.

Pobreza

Los conflictos sociales deben ser atendidos desde las causas estructurales que los originan, como la alta marginación y la pobreza, en vez de ser reprimidos, asegura Luis Arriaga Valenzuela.

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, 11 municipios del país se encuentran entre los más pobres del mundo, sólo comparados con los de África subsahariana.

Sobre este tema, Abel Barrera indica que no sólo se han hundido a los pueblos en la pobreza sino que se mantienen los programas asistenciales de viejo cuño, que buscan fortalecer clientelas y hacer más dependiente a la población pobre de beneficios inmediatos que no atacan las causas de la miseria.

Michael Chamberlin detalla que el aumento de la migración también es un indicador de pobreza. “Hay un deterioro fuerte a nivel social y a nivel institucional. No se dan garantías para este tipo de derechos a una vida digna”.

El crecimiento de la población indígena y campesina que emigra hacia el norte del país y Estados Unidos, coloca a estos mexicanos en una situación de mayor vulnerabilidad: los trabajadores eventuales están catalogados de segunda categoría, por no tener preparación y ser en gran parte analfabetas funcionales, reflexiona el antropólogo Abel Barrera.

Añade que el fenómeno migratorio trae consigo un desgarramiento del tejido social, que causa, a su vez, mayor confrontación, polarización y aislamiento, por el distanciamiento de las autoridades con la ciudadanía.

Sobre este tema, Arriaga Valenzuela, director del Pro Juárez, advierte éste es otro pendiente de la administración federal. “Es necesario establecer una clara política migratoria que no dependa exclusivamente de las decisiones tomadas en el Congreso de Estados Unidos. No basta con señalar las deficiencias existentes en el país del norte sino que es necesario crear condiciones para que la migración no sea una necesidad forzada por parte de los mexicanos que van a Estados Unidos.

“En relación con los emigrantes que transitan por nuestro país, es necesario que se les respeten en todo momento sus derechos, además de brindar garantías a quienes defienden estos derechos.”

Conflictos agrarios

Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este nuevo gobierno sobresale la regresión a las conquistas laborales de los trabajadores que están dentro el sistema del ISSSTE, indica Abel Barrera. “Con esta contrarreforma se conculcan derechos fundamentales de los trabajadores, en aras de privatizar los servicios de salud y demás servicios públicos”.

El director de Tlachinollan dice que “el Estado renuncia a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Eso es grave sobre todo para las regiones indígenas donde ni siquiera se ha garantizado el acceso a la salud, a la educación, a los caminos, al empleo, y eso ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres en el país. El gobierno se ha olvidado y ha sacado de la agenda política los derechos indígenas”.

Añade que otros capítulos pendientes de esta administración son los conflictos agrarios: el tema de la tierra no ha sido resuelto y agudiza la confrontación comunitaria. Para Abel Barrera lo más grave es que, lejos de resolver esta problemática, la administración federal impulsa megaproyectos, como el de la hidroeléctrica La Parota, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos.

Para Luis Arriaga Valenzuela, otro capítulo irresuelto es el referente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia. El activista dice que es necesario que el tema se mantenga vigente y que realmente se aborde. “El presidente Calderón no ha hecho mención explícita de este tema”.

El defensor de los derechos humanos señala que en el Primer Informe de Gobierno de Calderón el tema de derechos humanos ocupa un lugar poco relevante y esta situación confirma lo poco visible del tema en relación a determinados asuntos públicos.

“Si bien se señala que se han iniciado los trabajos para elaborar el programa nacional de derechos humanos cabe insistir que en su elaboración no se han involucrado diversas voces de la sociedad civil, con lo cual se corre el riesgo de repetir lo ocurrido en el sexenio anterior.”

Agrega que lo poco visible del tema no se reduce al lugar que ocupa en el Informe, también a la inexistencia de una política clara, contundente, en materia de derechos humanos y también necesaria especialmente cuando la estrategia de seguridad pública ha alcanzado un lugar relevante como parte de la política seguida por el actual régimen.