Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas a causa de la detonación de un artefacto explosivo que también destruyó dos automóviles a unos cien metros de la sede de la policía de la Ciudad de México, en un infrecuente atentado con víctimas fatales y aún no reivindicado.”Una persona de sexo masculino falleció y una mujer está herida en situación lamentable con quemaduras en su cuerpo”, dijo a la prensa Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública de la capital mexicana, en el lugar del estallido.

La explosión, ocurrida a las 14H30 locales (20H30 GMT), se produjo muy cerca de la sede de la policía capitalina, donde inicia la turística zona Rosa capitalina y a unas cuantas calles de donde se erige el Angel de la Independencia, monumento emblemático de la metrópoli.

El funcionario detalló que se trató de “un artefacto explosivo de fabricación casera y al parecer de pólvora por el olor” y que habría sido detonado vía celular con un mecanismo de doble tiempo.

Ortega dijo que se investiga si el fallecido, aún no identificado, fue quien colocó el artefacto explosivo o era un transeúnte ocasional que tomó una bolsa de color rojo en la que estaba depositado el explosivo.

“Observamos que el hombre (muerto) había perdido una mano y este incidente fue seguramente al momento de manipular el explosivo”, estimó el funcionario al detallar que también resultó gravemente herida una mujer que presentaba serias quemaduras en el cuerpo.

“Cuando subieron a este hombre a la ambulancia, ya no traía parte de un brazo y las piernas las tenía heridas, se le alcanzaban a ver los huesos de las rodillas hacia abajo”, dijo a la AFP Francisco García, un transeúnte que se encontraba en el lugar al momento de la explosión.

Un vocero de la Cruz Roja, que trasladó a la mujer herida, explicó a la AFP que la mujer, de 22 años, presenta quemaduras en 40% de su cuerpo, pero ha sido estabilizada y se encuentra consciente.

En el lugar del estallido, custodiado por cientos de policías y cuerpos anti-bombas, quedaron tres vehículos con los vidrios rotos, mientras que un edificio cercano mostraba algunas ventanas rotas hasta el tercer piso.

“Escuché la explosión y salí corriendo. Todo se estremeció, había mucho humo y vidrios por todos lados”, comentó Marta Arias, una mujer de 64 años que tiene un establecimiento comercial en las cercanías.

“No tuvimos llamada anterior de aviso” sobre la colocación del artefacto explosivo, dijo Ortega.

Si bien la ola de violencia, especialmente ligada al narcotráfico, se ha recrudecido en los últimos años, los atentados con artefactos explosivos son hechos inusuales en México.

En enero 1994, a pocos días de que se levantara en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (sureste), un artefacto explosivo estalló en el estacionamiento de una plaza comercial de la capital, causando daños materiales.

Desde entonces, se han producido acciones aisladas en distintos puntos de México, en particular estallidos de petardos y dirigidos principalmente a sucursales bancarias y que se ha atribuido el Ejército Popular Revolucionario (EPR, ultraizquierda).

Este grupo, herencia de la guerrilla izquierdista que en los 1970 actuó en México, se atribuyó la autoría de una serie de atentados en 2007 contra instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, que generaron un importante desabastecimiento de combustible.

También en el último año se ha intensificado la lucha contra el narcotráfico y en las últimas semanas las policías local y federal han asestado severos golpes a los carteles de la droga.

Al momento de su liberación, el viernes pasado, Eliseo Silvano Jiménez (padre) y Eliseo Silvano Espinosa, indígenas zapatistas que permanecieron una semana en el penal de Playas de Catazajá por acusaciones falsas, “aún presentaban huellas de la tortura que sufrieron de elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC)”, atestigua el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).Además de golpes, Eliseo padre tiene quemaduras en la espalda y un disparo en el pie. El CDHFBC reporta “delicado” su estado de salud: dificultad para respirar y digerir, tos frecuente, vómito, brazo derecho inmovilizado, estrés y diversas lesiones. Cuando estuvo en el hospital de Palenque no sólo fue desatendido; allí “continuaron las amenazas y tortura sicológica por parte de los agentes que lo custodiaban”.

El centro señala “múltiples irregularidades” en el proceso penal: se limitaron el acceso al expediente y la actuación para la defensa de derechos humanos durante careos e interrogatorios; se retrasaron y obstaculizaron los trámites. La tarde del viernes, ya libres, los afectados presentaron una denuncia por torturas ante el juez responsable, donde se nombran los policías responsables y se incluyen documentos médicos y una relación testimonial.

El centro de derechos humanos recuerda que “en distintos momentos y espacios se ha denunciado que Opddic, en esa zona, se caracteriza por amenazar, hostigar, fabricar delitos e impulsar agresiones. En lógica de control territorial, y particularmente por el botín ecoturístico, opera con impunidad y en complicidad con miembros de la PEC y la Policía Estatal Preventiva”.

Demandas

En su declaración preparatoria, los tzeltales zapatistas manifestaron que fueron torturados y obligados a firmar una declaración ministerial. Dos hombres más, detenidos en el lugar de los hechos horas antes (Sebastián Moreno Gómez y Emilio Aguilar Moreno), “también afirmaron haber sido torturados y forzados a firmar la declaración” donde inculpaban a Eliseo padre e hijo. El centro exige cese a la tortura y las garantías de un debido proceso para Moreno Gómez y Aguilar Moreno, quienes permanecen presos.

En especial, el documento del CDHFBC demanda “castigo a los miembros de la PEC y quienes resulten responsables de la fabricación de los delitos imputados a Silvano Jiménez y Silvano Espinosa; investigar la asociación y complicidad de la policía estatal con miembros de Opddic para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región”.

Además exige a las autoridades “informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulín Jiménez, fundador y líder de Opddic, quien permanecía recluido en el penal del Amate, y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades hacia comunidades autónomas”.

Por su parte, la Comisión Civil de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) consideró que “los testimonios y careos no sustentan la participación de los acusados en el intento de asalto, ni la posesión de armas”, y recomendó “atender la grave denuncia sobre tortura, así como la anulación del proceso federal abierto”.

Para la comisión, que hoy concluyó su recorrido por la entidad, “fueron muchas” las irregularidades. El caso “resume de forma paradigmática los conflictos actuales en Chiapas: el conflicto sobre la tierra, la connivencia entre funcionarios y organizaciones paramilitares y la impunidad consiguiente”. Ante ello, cuestiona “los proyectos turísticos sin acuerdo con las comunidades afectadas, y las agresiones, amenazas, tortura y fabricación de delitos para impedir los procesos de autonomía de las propias comunidades indígenas”.

En su informe inicial del día 6, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) era catagórico: “Betel Yochip’ (de donde son originarios los Eliseos) se encuentra entre Agua Azul y Misol-ha, una de las aréas turísticas más importantes y peligrosas. Grupos delincuenciales, paramilitares y elementos de la Policía Estatal de Caminos han convertido la región en un nido de ratas”. Y enlistaba asaltos, intimidaciones, tráfico de armas y estupefacientes, fabricación y encubrimiento de delitos, agresiones.

Eran las tres de la mañana del viernes cuando Eliseo Silvano padre salió del penal de Playas de Catazajá, aunque no por su propio pie. Los policías y custodios lo cargaron de su celda a la puerta del inmueble (vaya inmueble: una cárcel) a las alambradas del estacionamiento, donde lo recibieron su hijo Eliseo (liberado cuatro horas antes) y otro indígena. Sosteniéndolo por los hombros, lo condujeron al vehículo que lo habría de trasladar a su casa en Betel Yochip’, a unos 50 kilómetros de aquí.Está agotado, enfermo, casi aturdido de dolor. Quizá sedado, pero con un intenso dolor interno a flor de piel. El cabello revuelto, la camisa abierta, malcalza chanclas de hule como de mujer. En el dedo medio del pie derecho, la llaga de un balazo. El rostro hinchado. Una oreja lacerada y quemada. Sus acompañantes le alzan la camisa por detrás y le bajan ligeramente el pantalón para revisar la enorme quemadura en carne viva que le baja del coxis al surco de las nalgas. Aunque es de noche, casi madrugada, entre la oscura y espesa cabellera de Eliseo padre se distinguen las heridas que sus captores le causaron en la cabeza con cachas de pistola el pasado viernes.

Castigado, humillado, torturado, herido por dentro y por fuera, don Eliseo alcanza al fin el asiento delantero de la camioneta y no resulta fácil sentarlo por la quemadura, pero descansa al fin. Una pequeña comitiva está con él. Su mujer, una tzeltal hermosa y distinguida, falda con listones y huipil floreado abierto casi hasta los hombros, como es estilo en estos pueblos. Su jovencísima nuera y su nieta de dos años. Las tres han permanecido en las oficinas del penal desde la primera hora del jueves. Para su tierna edad, la vivaz niña se ha portado muy bien. Y eso que casi todo el tiempo ha estado con sus familiares literalmente en la banqueta, pues ni adentro ni afuera de la sala de audiencias hay dónde sentarse.

Eliseo lleva una semana así, sin atención médica. Por mero trámite pasó unas horas en un hospital del gobierno en Palenque (donde ningún médico lo atendió), luego de las sesiones de tortura a que lo sometieron al menos una decena de agentes de la Policía Estatal de Caminos, aunque sólo tres están identificados: han sido los únicos testigos de la parte acusadora, además de un fantasmal chofer de ADO que reconoció a los Eliseos como “sus asaltantes” el 31 de enero.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas apuntaba ayer en su informe al respecto: “No concuerda que el chofer tuvo que seguir su ruta el mismo 31 de enero y que la supuesta declaración se la tomaron el día primero”. Su firma en la confrontación difiere de la que aparece en la credencial de elector con que se identificó. “Por otra parte, los detenidos afirman que nunca fueron presentados para ser identificados”. Después de un largo día de diligencias, careos y testimonios, los familiares de los detenidos esperaron hasta las 23 horas de este jueves la sentencia del juez, que se había ido horas antes y no volvió; sólo mandaría con el actuario los documentos firmados. Y aunque dictaba auto de libertad, un abogado “social” que estuvo allí todo el día sin identificarse, como si no tuviera relación con el caso, notificó a la defensa de que, un detallito, Eliseo padre tenía también acusación federal y no podía salir: portación ilegal de arma. Eso, a pesar de que toda la historia es falsa, los delitos fabricados y los Eliseos fueron detenidos, torturados y encarcelados por ser zapatistas, nada más.

El personal del juzgado deliberadamente ocultó el “detalle” todo el día. ¿Por hábito burocrático o con la intención de retrasar la salida de Eliseo padre y prolongar su semana de tortura? La presión y las gestiones de la defensa y de organismos civiles –incluyendo una declaración pública horas antes de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera en San Cristóbal– permitieron que Eliseo Silvano padre dejara el penal a una hora tan inusual. Uno de sus acompañantes comenta que las autoridades “no lo querían soltar para que no pudiéramos ver cómo lo dejaron”.

Durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas, éste fue observado como un personaje genial incluso hasta para aparentar cercanías con los más necesitados y vestirse, de vez en cuando, con el traje del populismo para repartir prebendas. El inicio de su gestión, entre los duros señalamientos por la deseada elección que le ungió en contra de la manifiesta mayoría de los mexicanos, marcó el derrotero en sus primeros años hasta que, consolidado en el poder, logró poner su sello en la vida institucional del país.

A la distancia, además de las secuelas de los crímenes de Estado que no se han borrado a pesar de la calculada negligencia oficial, dos son las mayores herencias del salinato trágico: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el sostenimiento de la única guerrilla pacifista sobre la tierra, la del EZLN, ahora acompañada con más de cien bandas armadas distribuidas por diez entidades del país según el registro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo primero significa un detonante social que, catorce años después de la puesta en marcha, sigue siendo cuestionado por los afectados en el campo, por lo general quienes no han podido especular para modificar el sentido de sus empeños productivos; y lo segundo provee de escenarios violentos que, a su vez, sirven espléndidamente de camuflaje a las grandes mafias con territorialidad coincidente con la de los grupos sublevados.
El legado es, desde luego, corrosivo por donde se vea. Y a pesar de ello nadie, en los círculos del poder, se detiene a meditar sobre los antecedentes que proyectaron, haciéndolo ineludible, el escenario actual. Y por allí anda el ex presidente quien, además, considera superadas las “rencillas” políticas como si éstas prescribieran con el paso de otras administraciones. De cualquier manera se nos dirá que no se puede andar hacia el pasado al igual que se subraya la imposibilidad de que las víctimas mortales de la violencia vuelvan a los planos materiales para reclamar justicia. Siempre, las sentencias manidas destinadas a mantener los intereses soterrados.

El hecho es que, casi tres lustros después, el celebrado TLC, signado por George Bush padre también cuando intentaba reelegirse en la Casa Blanca –sería su vástago quien cumpliera el propósito exaltando los aires bélicos y la consiguiente globalización de la violencia-, tiene en jaque a los productores agrarios que, por supuesto, se sienten en una deplorable situación de desventaja frente a los exportadores del norte que pueden darse el lujo de mandarnos sus excedentes a precios abatidos para disminuir los márgenes negativos de la comercialización. Y ello, en buena medida, gracias al sustantivo ahorro que deviene de contratar la barata mano de obra de los “indocumentados” deslumbrados por los espejismos. Esto es: por falta de oportunidades en nuestro país, millones de mexicanos vuelcan sus esfuerzos en territorio estadounidense y acaban por subsidiar a los ricos.

Lo mismo sucede en cuanto a las ventas del crudo: quienes especulan, en el primer mundo, de benefician del subsidio que les facilitan los pobres países productores que venden barato, a requerimiento de los compradores fuertes, mientras éstos ofrecen muy caros los productos refinados. Los débiles pierden dos veces a la vista de la desatada ambición de los poderosos. Y no hay político ni partido capaz siquiera de proponer alternativas viables más allá de los paralizantes discursos incendiarios. La demagogia no sirve para modificar las rutas de la asfixia financiera.

El reclamo de millones de mujeres y hombres del campo, atenaceados por los bajos precios que les impone el mercado y la carestía de los insumos –una relación fatal para cualquier inversionista-, no extraña. Sorprende, eso sí, que ya transcurrieran catorce años sin que las fuentes de la oficialidad ofrezcan respuesta y salidas a una crisis que fue previsible desde el momento mismo de trazar las líneas generales del tratado gracias al cual el régimen de Salinas pudo planificar la reestructuración de la deuda externa mirando, claro, por los intereses de los acreedores.

Debate

Por cierto, debe hablarse igualmente del tercer legado salinista: la privatización de buena parte de las paraestatales, sobre todo las productivas, que le permitió presumir, al mandatario en funciones y a quien fungió como secretario de Hacienda en el periodo, Pedro Aspe Armella, por el superávit alcanzado en los años de consolidación política del régimen –del tercero al quinto del sexenio-, como efecto de los altos precios del crudo y las ventas, muchas de ellas a precios de verdadera oferta, de buena parte de la estructura gubernamental. Por supuesto, las bienaventuranzas fueron para los grandes socios del establishment.

Tratado, emboscadas y superávits, desde luego, generan dobles lecturas. Los beneficiarios de las derramas de aquella época, todos ellos con elevado estatus entre los grandes empresarios con fuentes multinacionales, dirán que tales elementos proveyeron de estabilidad y seguridad a un país endeudado.
Incluso no faltan quienes asumen que el verdadero papel estratégico del soliviantado EZLN fue el aseguramiento de la continuidad política en 1994, a favor de un candidato priísta sin carisma ni capacidad de liderazgo tras consumarse el sacrificio de otro que amenazó con desprenderse de la ubre salinista. El perfil histórico, eso sí, cambió de manera por demás dramática.

Esto es, los amagos de violencia, ahora convertido en ejecuciones sumarias y hasta rutinarias, han sido un excelente camuflaje para desviar la atención de cuanto sucede en los sótanos de la vida institucional. Por ejemplo, las grandes complicidades que se nutren, precisamente, de los escenarios violentos como parte del andamiaje operativo. ¿Quién mató a Colosio? Y como ésta pregunta otras se responden señalando hacia las mafias dominantes tan estrechamente vinculadas con la clase política sin distingo de partidos ni ideologías. No hay nadie que pueda arrojar la primera piedra creyéndose libre de culpa.

Tras una serie de atentados perpetrados el año pasado contra instalaciones de Pemex, el fantasma de la guerrilla reapareció en México.

Pero el EPR, autor de estos ataques, no es el único grupo subversivo. Una escisión eperrista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), también ha atentado contra objetivos públicos y privados y, a siete años de su creación, dice tener presencia en diversas ciudades y pueblos.

Las FARP dicen a MILENIO que si bien dudan de un gobierno como el de Felipe Calderón, que “criminaliza la lucha social”, aceptarían la posibilidad de entablar “un diálogo verdadero” para encontrar una salida negociada a sus demandas.

“Las FARP creemos en el diálogo”, afirma la organización armada. “Sin embargo, un gobierno que criminaliza la lucha social, la lucha por los derechos humanos, la lucha política, la lucha civil y pacífica, ¿será capaz de ofrecer un diálogo verdadero?”, pregunta el grupo que colocó bombas caseras en diversos bancos entre 2000 y 2001.

Sobre las acusaciones lanzadas desde el gobierno, en torno a vínculos entre la guerrilla y grupos del narcotráfico, las FARP responden: “Es ya de sobra conocido que donde verdaderamente está infiltrado el narcotráfico es en los tres niveles de gobierno, en sus cuerpos policiacos y militares”.

La organización rebelde —que se escindió del EPR a finales de los noventa— considera que una gran alianza de los grupos guerrilleros existentes “podría equilibrar y superar la inferioridad actual frente al Estado”. También critica que en Guerrero las estructuras conservadoras del PRD se hayan aliado con el sector caciquil de Rubén Figueroa y consideró probable un estallido social “a mediano plazo” en la entidad gobernada por Zeferino Torreblanca.

La entrevista se gestionó desde finales 2007 y apenas la semana pasada “una comisión de prensa” de las FARP entregó las respuestas al largo cuestionario elaborado por MILENIO, en el que se tocan diversos temas. Además, los guerrilleros enviaron fotografías donde aparecen integrantes disparando y preparándose militarmente.

¿En qué momento y bajo qué circunstancias aceptarían una oferta del gobierno federal?
Aunque la pregunta la consideramos imprecisa, suponemos que se trata de la probabilidad de entablar un diálogo que permita una salida negociada con el gobierno. Las FARP creemos en el diálogo. Más aún, siempre mantenemos abierto ese canal. Pero lo importante no es el diálogo en sí, sino la confianza en entablar uno verdadero y fructífero.

“Por ello, deben darse al menos dos condiciones para lograr un diálogo verdadero: de parte del gobierno debe haber una auténtica voluntad, no esa cosa que suele llamar ‘diálogo’ y que no es más que un burdo escenario de trampas y trapacerías para acuchillar al adversario por la espalda.

“El diálogo debe dar resultados verificables por parte nuestra. Uno que sólo deja papeles con firmas a las que luego no se les quiere dar ningún valor real, ningún compromiso serio, no sirve para nada, más que para desacreditar el diálogo mismo.

“Sin embargo, un gobierno que criminaliza la lucha social, la lucha por los derechos humanos, la política, civil y pacífica, ¿será capaz de ofrecer un diálogo verdadero?

“Un gobierno que desaparece a adversarios políticos, que asesina en anticonstitucionales retenes policiacos y militares a niños y mujeres; un gobierno ilegítimo incapaz de reconocer que está infiltrado por la corrupción y el narcotráfico y que lleva su guerra intestina de poder putrefacto a todo el país, a todas las calles, a todos los ciudadanos, ¿será capaz de ofrecer un diálogo verdadero? Un gobierno vendepatrias, ¿puede ser capaz de ofrecer un diálogo verdadero a un grupo de patriotas revolucionarios?

Ante los señalamientos de posibles vínculos entre el narco y la guerrilla, ¿qué responden?
Nosotros pensamos que es parte de la guerra de baja intensidad para desprestigiar a las organizaciones revolucionarias, para tratar de justificar la injustificable represión política, la militarización y el impulso de leyes que inhiban las libertades ciudadanas.

“Es ya de sobra conocido que donde verdaderamente está infiltrado el narco es en los tres niveles de gobierno, en sus cuerpos policiacos y militares”.

¿Qué valoración tienen sobre Guerrero, se habla de que hay un estallido social en ciernes?
Predecir tal acontecimiento es muy difícil, sobre todo por la mediatización que se está generando por parte de las estructuras conservadoras del PRD, en alianza con el grupo caciquil de Rubén Figueroa.

“Hemos denunciado que, dada la actual coyuntura electoral, se están invirtiendo enormes cantidades de dinero para comprar el voto, para corporativizar a diversos actores políticos y sectores sociales. Es de esperarse que se “resuelvan” ciertas demandas sociales en las que la atención mediática está asegurada, para de ese modo disminuir la presión de la lucha social y política.

“Prevemos tal escenario, a mediano, no a corto plazo, una vez que los cantos de las sirenas se alejen y el pueblo, más organizado y consciente, vea su realidad.

¿Qué tipo de defensa podrían hacer de los comuneros de La Parota, en caso de que la CFE decida construir la presa hidroeléctrica?
Los compañeros de La Parota o del CECOP no necesitan que los defiendan; han demostrado con creces tener la capacidad política y organizativa para defenderse. Un pueblo organizado y consciente no es fácil vencerlo ni desaparecerlo.

“Nuestra actitud hacia ellos será, por tanto, la misma que tuvimos hacia los compañeros de la APPO: de solidaridad y respeto, sin entorpecer o complicar su lucha.

“En todo caso, en el curso de los acontecimientos, haríamos las valoraciones o revaloraciones pertinentes”.