Con el dinero obtenido por la comercialización del café, las comunidades indígenas se abastecen de armas compradas a traficantes provenientes de Guatemala y son utilizadas para rearticular a los grupos de autodefensa que operan desde hace más de 13 años en esta zona, denunciaron habitantes de este montañoso municipio toztzil perteneciente a San Andrés Larrainzar.En esta localidad de los altos de Chiapas, escenario el 22 de diciembre de 1997 de la matanza de 45 seguidores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reunidos en la ermita de Acteal, el miedo y el temor atenazan a sus habitantes, pero no alcanzan a esconder las denuncias sobre el resurgimiento y movilización de nuevos grupos, capaces de protagonizar nuevos ataques y enfrentamientos, advirtieron.

Esta situación quedó de manifiesto durante la reciente visita a Chiapas de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) que en un mensaje exhortó a la Federación y al mandatario Juan Sabines al desarme y la disolución de grupos paramilitares en los altos, norte y selva de la entidad.

En esta comunidad sede del Caracol II —Corazón Céntrico de los Zapatistas, delante del Mundo— y uno de los principales bastiones políticos y sociales del EZLN, la realidad parece contradecir el tema de los grupos armados y denuncias de rearticulación de las bandas paramilitares. La actividad cotidiana y productiva en este poblado tzotzil, localizado a 20 kilómetros de la cabecera municipal, transcurren en aparente normalidad.

Los hombres trabajan sus parcelas, las mujeres se dedican a sus quehaceres domésticos y trabajos artesanales y los niños reciben clases al aire libre en una de las canchas de las instalaciones escolares, lo que refleja que nada anormal podría estar ocurriendo en este lugar, símbolo de la insurgencia y la resistencia indígena.

Sin embargo, a finales de septiembre de 2007 surgió una denuncia contra la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y acusada de ser un grupo paramilitar.

La junta de buen gobierno del EZLN culpó a esa organización de amenazar de muerte a las autoridades insurgentes, en represalia por la construcción de obras públicas emprendidas por los mandos rebeldes.

“Ahora estos mismos paramilitares, conocidos como Máscara Roja, junto con Los Puñales y Los Machines, representados públicamente por la OPDIC y con presencia en diferentes municipios de la Selva, Norte y Altos, aumentaron sus amenazas, hostigamientos, desalojos violentos y persecución de nuestros pueblos”, indicaron los rebeldes.

El 10 de febrero pasado, Marco Aparicio, uno de los voceros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que durante una semana recorrió diferentes regiones de la entidad, denunció la reactivación de bandas paramilitares en los Altos, Norte y Selva de Chiapas. Indicó que en Ocosingo uno de los principales grupos paramilitares es afín al PRI.

Fichero archivado: Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional

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