Organo de difusión del PDPR-EPR. Entre otros temas se trata en este número de la muerte de Raul Reyes
PDPR-EPR

Debido a la falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su gobierno será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas, destaca Proceso en su publicación 1637.

Se trata del primer caso en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil.

La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte Interamericana, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12.511, después de casi tres años de haber sido admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del gobierno mexicano a sus recomendaciones.

El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares.

Luego de que tropas colombianas invadieran el norte de Ecuador para asesinar al número dos de las FARC, Raúl Reyes, la noticia sobre la presencia de mexicanos en el campamento guerrillero abrió un frente ideológico que ha golpeteado a la más importante universidad iberoamericana (la número 74 en el mundo). Así, Colombia no sólo bombardeó a Ecuador, sino que el vicepresidente, Francisco Santos, envió un misil a México: “Personalmente conozco cuatro oficinas” de las FARC en México, declaró el sábado pasado en Bogotá.

La presencia de un grupo de jóvenes mexicanos en el campamento de las FARC, asaltado por el ejército de Colombia en territorio de Ecuador, ha sido ocasión para ver a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denostada por los sectores más conservadores; para que nos enteremos de que el gobierno mexicano colabora desde hace varios años con el colombiano en labores de inteligencia, dando seguimiento a miembros de la guerrilla sudamericana que han estado en México y a quienes desde aquí les apoyan en diversas formas, y para constatar el bajo perfil internacional de la administración de Felipe Calderón.

¿Mexicanos en las FARC? Si fuera cierto, no sorprendería a muchos. El involucramiento de ciudadanos de este país en movimientos insurgentes latinoamericanos tiene larga data. Estuvieron con Sandino en Nicaragua, uno partió junto con Fidel y el Che en el Granma. A lo largo del siglo XX, varios mexicanos estuvieron en El Salvador, Guatemala, Chile, Bolivia y hasta en la guerra civil en España. Es larga la participación mexicana en el internacionalismo.

El embajador colombiano Luis Camilo Osorio –vinculado al paramilitarismo en su país– reiteradamente ha dicho que México debe investigar si los jóvenes mexicanos muertos durante el ataque al campamento de las FARC realizaban una investigación académica o hacían “otras actividades”. La embajada colombiana en México se ha convertido desde hace varios años en un centro de espionaje contra residentes colombianos y mexicanos solidarios con la guerilla sudamericana y se le atribuyen filtraciones periodísticas de los servicios de inteligencia colombianos sobre la presencia en México de células de las FARC y supuestos vínculos con narcotraficantes.

Entre la información que ha circulado está el seguimiento que le dieron a Olga Marín, hija del principal dirigente de las FARC, Manuel Marulanda, Tirofijo, y esposa de Raúl Reyes, quien también murió en el ataque. Reportes de inteligencia mexicanos vinculan a Olga Marín con Lucía Andrea Morett, la única sobreviviente mexicana de la masacre, a quien se identifica como cabeza de un grupo de 38 personas que operarían para las FARC en la UNAM, desde la cátedra Libertador Simón Bolívar y nexo principal entre esa guerrilla y grupos de apoyo mexicanos.

Las FARC sí tuvieron una oficina en México, la cual fue cerrada en 2002 por la administración de Vicente Fox, a petición del gobierno colombiano. Esa oficina era dirigida por Marco León Calarca y Olga Marín.

Lucía Andrea Morett habría heredado las funciones de Olga Marín y habría estado antes en Colombia para sostener encuentros con las FARC. Según reportes de inteligencia mexicanos y colombianos filtrados a alguna prensa, la estudiante de la UNAM habría integrado una red de simpatizantes y activistas en Monterrey, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Universidad Autónoma de Chapingo y el estado de México. La red habría tenido acercamientos con la guerrilla mexicana, particularmente el EPR, el ERPI y el EZLN.

Todo esto ha servido como pretexto para una campaña que pretende vincular a la UNAM con las FARC. La máxima casa de estudios mexicana ha reaccionado con dignidad a tales andanadas: recordó que su principal virtud histórica es dar cabida a todas las ideologías, en un ámbito de reflexión y estudio.

Y mientras todo esto ocurría, la administración de Felipe Calderón guardó un ominoso silencio. Incluso, fue la UNAM la que tuvo que exigir que se investigara la circunstancia en la que habrían muerto varios estudiantes de su Facultad de Filosofía y Letras durante la invasión del ejército colombiano a territorio ecuatoriano.

Calderón tardó una semana en referirse a la masacre de guerrilleros en Ecuador, y lo hizo en el extranjero, durante su participación en la Cumbre del Grupo Río. Ahí, lamentó la muerte de mexicanos y reveló que podrían ser 15 los ciudadanos de este país que se encontrarían en el campamento guerrillero. Ecuador sólo ha reportado hasta ahora a nueve mexicanos que ingresaron en su territorio. Ayer fue identificado el cadáver de Juan González, estudiante de la UNAM, donde suponen que hay otros siete o 10 alumnos que habrían viajado a Ecuador y que “no han aparecido”.

Al recibir la presidencia del Grupo de Río, Calderón tuvo la oportunidad de jugar un papel determinante para resolver el conflicto entre Colombia y Ecuador, que rápidamente se regionalizó con el rompimiento de relaciones diplomáticas de Venezuela y Nicaragua. En lugar de ello, pronunció un discurso cantinflanesco y dejó el protagonismo a otros países sudamericanos.

El bajo perfil del gobierno mexicano parece corresponder a la Iniciativa Mérida, una copia del Plan Colombia negociado por las administraciones de George Bush y Felipe Calderón ampliamente criticada en México. El embajador colombiano Luis Camilo Osorio ha dicho que las experiencias del Plan Colombia podrían ser muy útiles para emplearse en México.

Células afines a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen presencia en al menos 20 estados del país.
Según un registro de enlaces del Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC-EP, obtenido por Crónica, los nexos se dan en mayor medida entre colectivos estudiantiles, organizaciones obreras y campesinas, redes bolivarianas y grupos cercanos a movimientos insurgentes.
De acuerdo al reporte del Núcleo, cuyo centro de operaciones es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Distrito Federal es la entidad más activa en tareas pro farquistas con círculos en Filosofía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Ciencias, en la ENEP Acatlán, Aragón y Cuautitlán, en la UAM Iztapalapa y en la Universidad de la Ciudad de México.
El proceso es similar con las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarios del Pueblo (FARP).
Sin embargo, también están registrados enlaces en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Puebla, Michoacán e Hidalgo.
Aunque menos activas, hay células en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Guanajuato y Tabasco.
En el listado aparecen universidades autónomas como la de Chapingo, Guadalajara, Chiapas, de los Altos, Benito Juárez de Oaxaca, UAEM, UAGRO y Veracruzana.
La mayoría de las conexiones se dan a través de clanes del Movimiento Bolivariano de los Pueblos, del Movimiento Mexicano Juarista Bolivariano -con juntas populares en 12 entidades del país- y de la Coordinadora Continental Bolivariana Capítulo México, esta última dirigida por Luz Mejía Leyva, una activista que según reportes migratorios, desde Ecuador viajó a aquel país durante el mes de febrero y a quien se señala como el contacto principal de Marco León Calarca, titular de la oficina de las FARC en México hasta el 2002.
En Michoacán, se mencionan como contactos a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en Tabasco, a personal de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera.
Otros engarces citados en el registro son cuadrillas vinculadas a grupos guerrilleros como Ejército Insurgente de Chilpancingo, Ejército Popular de Liberación José María Morelos y Pavón y Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez, en Guerrero; Ejército Indígena Revolucionario de Liberación Nacional (EIRLN) en Oaxaca y Ejército Revolucionario Insurgente Popular (ERIP) en Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Durango.
Y: Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional en Chihuahua; Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Morelos; Movimiento Veracruzano de Liberación, en Veracruz y Movimiento Insurgente del Sureste (MIS), en Campeche y Quintana Roo.
También están inscritas células del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el DF, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Reportaje de José Gil Olmos.
Publicado en Revista Proceso, 1632, 10/02/2008;

Entre los casos de tortura recibidos por la alta comisionada de las Naciones Unidas en su reciente visita, está el de Jacobo Silva, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Detenido en 1999 a raíz de una infiltración gubernamental, el llamado Comandante Antonio ofrece ahora, en exclusiva para Proceso, testimonios de cómo fue brutalmente torturado por policías federales y por militares al punto de que hoy, preso en condiciones inhumanas en el penal del Altiplano, padece intensos dolores y casi no puede caminar.
Después de ocho años en el penal de máxima seguridad de El Altiplano –antes “La Palma” y “Almoloya”–, el exguerrillero Jacobo Silva Nogales comienza a sufrir las más graves consecuencias de las torturas que le infligieron militares y policías tras ser detenido el 19 de octubre de 1999, en medio de una trampa que le armó una supuesta estudiante infiltrada por el gobierno en la guerrilla. En su celda del Módulo Número 1, el Comandante Antonio, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), tiene hoy serias dificultades para caminar y mover los brazos; a veces las rodillas no le responden, debido a los golpes y las descargas eléctricas que le aplicaron; el dolor en las coyunturas es insoportable porque durante sus tormentos lo esposaban con las manos a la espalda, lo alzaban en vilo de sus brazos y luego alguien se colgaba de su cintura para provocarle un efecto similar al causado por “el potro” que, siglos atrás, inventó la Inquisición.
El 7 de marzo de 2003, Jacobo Silva, quien actualmente tiene 51 años de edad, fue sentenciado a 46 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daños a propiedad, así como a otros cinco años por asociación delictuosa. Pero desde el 24 de octubre de 1999 se encuentra en las zonas más vigiladas del penal junto con jefes del narcotráfico y bandas de secuestradores. Primero estuvo en la zona de máxima seguridad y ahora se halla en el Módulo Número 1, en una celda de cuatro metros cuadrados, donde es vigilado día y noche por un custodio, con un foco encendido las 24 horas. Allí se le obliga a dormir boca arriba, bajo la amenaza de que será castigado si se voltea hacia la pared.
Esa “es otra forma de tortura”, dicen al respecto su hermana Elizabeth y su sobrino David Sánchez Silva, en entrevista con Proceso, y aseguran que, para obstaculizar la defensa legal de Jacobo, las autoridades del penal impidieron el ingreso de un ejemplar de la Constitución.
La trampa
El martes 5 de febrero, durante una reunión con organizaciones sociales, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, recibió un paquete que documenta 50 casos de tortura en México, uno de ellos el de Jacobo Silva Nogales, el Comandante Antonio, quien fue capturado en el café Pekín del barrio de San Cosme, cerca del centro del Distrito Federal.
El operativo lo realizó un grupo de agentes policiacos disfrazados de pordioseros y albañiles el 19 de octubre de 1999, después de que la joven que acompañaba aquella tarde a Jacobo había sido infiltrada en el grupo guerrillero haciéndose pasar como activista de uno de los movimientos estudiantiles de la UNAM. De acuerdo con información proporcionada entonces al reportero por los propios grupos guerrilleros, se trata de una joven de tez morena y pelo negro llamada Ruth Judith Ortega Orozco, la cual “entregó” al Comandante Antonio y, tras ser detenida junto con él, quedó libre de inmediato. Testigos de los hechos declararon que la habían visto en el lugar en varias ocasiones con Jacobo Silva. Según la información de los guerrilleros, Ruth había prometido al Comandante Antonio que lo pondría en contacto con otra agrupación armada para formar alianzas, ya que, después de su ruptura con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el ERPI necesitaba fortalecerse. Pero, afirman los familiares de Jacobo, todo era parte de una celada.
El hecho es que, al ser capturado el Comandante Antonio, también Ruth fue aprehendida y aparentemente golpeada… sólo que unas cuantas horas después la dejaron en libertad.
Esto llamó la atención del grupo armado, pues sus miembros no han sabido de ningún otro caso en que una persona detenida junto con algún guerrillero haya sido liberada de inmediato. La joven dijo a organizaciones de derechos humanos que había sido presionada por agentes del gobierno que la secuestraron y torturaron para que cooperara, además de que plagiaron a su hija y le advirtieron que la matarían. Por eso, aseveró, había entregado al Comandante Antonio. Con ese argumento logró que, el 18 de noviembre de 1996, Amnistía Internacional emitiera una recomendación dirigida al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, para brindar protección a Ruth. Posteriormente, ella viajó a Canadá, donde vivió un año en calidad de “exiliada política” luego de manifestar que recibió amenazas de muerte del ERPI porque su acción fue considerada como una traición.
“En su momento se aclarará esto”, ha dicho Jacobo Silva. Por lo pronto, se desconoce el paradero de esta joven que se hacía pasar como sobrina de un exsenador perredista.
Tormento
Desde que Jacobo fue detenido, las autoridades han caído en varias contradicciones. Una de ellas, que a él lo capturaron en Chilpancingo, Guerrero, junto con su esposa Gloria Arenas AGIP (Coronela Aurora) y otros dos presuntos guerrilleros, Fernando Gatica (alias Carlos) y Felícitas Padilla (alias Ofelia), también cónyuges. Sin embargo, no hay duda de que a Jacobo se le aprehendió en el Distrito Federal; a su pareja, en San Luis Potosí, mientras que Fernando y Felícitas, efectivamente, fueron capturados en la capital de Guerrero.Y mientras que las autoridades negaron que Jacobo haya sido torturado, en el testimonio que éste entregó a Proceso detalla los tormentos y vejaciones a que fue sometido a lo largo de cuatro días seguidos por agentes policiacos y militares.
En un documento manuscrito, Jacobo Silva manifiesta: “El 19 de octubre de 1999, en la Ciudad de México, DF, a las 4:30 o 4:35 pm, al acudir a una cita, a la entrada de un restaurante denominado Pekín, ubicado en la calzada México-Tacuba, me detuvieron agentes vestidos de civil. Algunos iban disfrazados de indigentes. Me inmovilizaron entre seis aparentando un asalto. Se hizo un alboroto y mucha gente se acercó a ver. El tráfico se detuvo. Algunos jalaban a mis agresores y gritaban: ‘¡Suéltenlo!’. Entonces uno de los agentes disfrazados sacó unas esposas, y mientras me las ponía gritó: ‘¡No se metan, somos federales!’.
“Me subieron a una Combi. Me tendieron boca abajo, me aplicaron una llave de lucha libre a las piernas y se sentaron sobre mí. La gente gritaba: ‘¡Se llevan al muchacho!’. Un grupo de Zorros (policías del DF) se acercó y uno de los agentes que me tenía dijo: ‘¡Dile que somos federales! ¡Dile que hable con su comandante!’. Los Zorros ya no intervinieron y la Combi finalmente arrancó y tomó la vía rápida. Me habían vendado los ojos y puesto unos tapones en mis oídos. Noté que llegamos al aeropuerto. Me llevaron por una de las pistas y me introdujeron a un lugar. Se trataba de un hangar.”
Allí empezó una parte de la tortura mientras lo interrogaban: “Me golpeaban la cabeza cada dos o tres segundos, contestara lo que contestara a sus preguntas. Me siguieron golpeando, alternando con golpes al estómago y en el pecho. Salieron unas horas y regresaron. Al día siguiente, además de los golpes, casi me asfixiaban. Además, empezó la tortura psicológica diciéndome que ya habían capturado a mi hermano mayor y a mi madre, que ella se había puesto mal del corazón, que me iban a matar despedazándome vivo y que me tirarían en algún lugar para que el ERPI culpara al EPR y se mataran entre ellos. “En la noche llegaron otros y durante unos minutos no me torturaron, pero de repente entraron… eran otras voces, y dijeron: ‘¡Ah, este es el guerrillero! ¡Ahora vas a saber lo que es bueno! Nos lo vamos a llevar nosotros. ¡Prepárenlo!’. Hicieron que me pusieran unos pantalones y una camisa y me sacaron, me subieron a una camioneta. Luego de un trayecto, se detuvieron ante un puesto de vigilancia. Se identificaron como Policía Militar, y entonces alguien dijo: ‘¡Tápenle los oídos!’. Y me los apretaron fuertemente.”
A partir de entonces, en el nuevo sitio, aparentemente una instalación castrense, la tortura fue mayor.“Me metieron a un lugar –al parecer una base militar–, me sentaron en una silla y comenzaron a golpear más fuerte que en el hangar. ‘¡Hijo de tu puta madre, así que no entiendes! ¡Prepárenlo! Hicieron que me desnudara y me echaron una cubetada de agua helada. Se burlaban. Me envolvieron en algo como una colcha de pies a cabeza, me amarraron todo alrededor, y más cubetadas de agua. Me obligaron a sentar en una cubeta metálica. Me pusieron la primera descarga eléctrica en las rodillas y entonces sentí lo que nunca había sentido, y no sé cómo describirlo. Otras preguntas y otras descargas. ¿Cuántas? No recuerdo, imposible llevar la cuenta. Lo peor era cuando ponían los alambres en la cabeza, uno en cada sien. Es uno de los dolores más intensos, que puede ser comparable al de (…) los testículos. “Les di el domicilio de una casa en Cuernavaca que yo sabía que se había desocupado unos meses atrás. Me dejaron descansar de los toques y, ya sin colcha, me condujeron para seguir solamente con golpes. Digo ‘solamente’ porque para mí era un descanso. Al rato, otra vez los baños, la colcha, los toques, dolor sobre dolor.”
Al día siguiente, añade Jacobo en su escrito, “tal vez en la madrugada del 21 de octubre, me regresaron al hangar. Hubiera querido tener varios cerebros: uno para aguantar (…) los golpes que ya me habían dado en la cabeza y los mil por hora que me seguían dando y que desde la noche del 19 de octubre habían hecho que la cabeza me doliera mucho y que a partir de ese momento todo me diera vueltas. Otro cerebro lo hubiera querido para coordinar mis pensamientos y evitar contradicciones. Pero sólo era uno, y los torturadores se turnaban para golpearme (…) A veces venía un alto jefe al que una vez le dijeron ‘coronel’, y que me dijo: ‘Me conoces, ¿verdad?’. Debía ser un personaje político muy conocido para que supusiera que lo conocía”.
Pero en seguida modificaron las formas de tortura: “Esposado con las manos en la espalda como estaba, me alzaban de los brazos en vilo. Tal vez estaban parados en un escalón o desnivel. Luego, alguien se colgaba de mi cintura en tanto que otro me asfixiaba con sus manos. Después introdujeron una variante peor, que ya fue la rutinaria: primero me daban tres o cuatro puñetazos en el estómago, inmediatamente tres o cuatro rodillazos en los testículos, y luego todo lo demás. No podría definir qué me dolía más, si los testículos, las articulaciones de los hombros o la sensación de asfixia. Lo hacían una y otra vez.”Jacobo no podía describir esta experiencia hasta que pintó un cuadro que titula Crucifixión tridimensional. Allí, dice, “me autorretrato en una cruz de la que salen como brazos que me agarran y alguien se cuelga de mi cintura. Ese cuadro me dolió mucho”.
Un nuevo tormento le fue infligido cuando sus captores descubrieron que había mentido sobre la casa de seguridad de Cuernavaca.“Por la tarde, luego de una sesión normal, es decir, sin levantones, trajeron un vaso con líquido. Como no quise tomar, me dijeron: ‘No te estamos preguntando si quieres. ¡Tómatela!’. Y me hicieron beber sosteniéndome la cabeza. Continuó el interrogatorio, pero ahora solamente a golpes en la cabeza. Iban de un tema a otro sin secuencia. Tocaban todos los temas, desde mis inicios como guerrillero en el Partido de los Pobres, luego en el EPR y en el ERPI. “La velocidad de las preguntas aumentó, y muchas veces no terminaba de contestar cuando ya tenía la otra (pregunta). Había trampas como decir que yo ya había dicho algo, y no era cierto. A veces me zarandeaban y me daban una cachetada diciéndome: ‘¡Despierta, cabrón, te estás durmiendo!’.
A ratos repetían los levantones y yo me esforzaba por coordinar bien todo, pero no recordaba bien lo que había contestado poco antes o la pregunta que me habían hecho. Días después llegué a la conclusión de que me habían dado alguna droga.”Cuenta Jacobo que el 22 de octubre por la madrugada lo trasladaron a San Luis Potosí en una avioneta, y gente de “Inteligencia Militar” –así se identificaron ellos mismos ante policías del estado en el trayecto– lo llevó a la casa de su esposa Gloria Arenas. De inmediato los transportaron a ambos en la misma avioneta a la base militar y los encerraron por separado. La tortura se prolongó un día más, y no fue sino hasta el 24 de octubre cuando los presentaron ante los medios de comunicación en el penal de alta seguridad que entonces era conocido como “La Palma”.
Los pusieron detrás de unos cristales gruesos para que no se escuchara nada. Jacobo aún mostraba huellas de tortura y se quedó petrificado ante las cámaras, con las manos detrás aunque para entonces ya le habían quitado las esposas. Pero Gloria levantó el puño izquierdo y lanzó un grito que del otro lado del cristal los reporteros no alcanzaron a escuchar: “¡No estamos vencidos!”.
El amparo
Jacobo Silva es un hombre culto. Sus referencias literarias son amplias, lo mismo que las políticas. Antes de enero de 2005 había realizado 300 cuadros al óleo y en 2002 ganó el segundo lugar en un concurso nacional convocado por el INBA. El cuadro fue expuesto en el Poliforum Cultural Siqueiros. Hoy se le prohíbe pintar, tiene vigilancia extrema día y noche, y le recogieron sus libros, al igual que las copias de su expediente. “Desde las acciones del EPR el año pasado aumentaron las medidas de seguridad”, refieren Elizabeth Silva y su hijo David Sánchez, quienes además denuncian que las amenazas telefónicas que han tenido desde 1999 están ahora subiendo de tono y de frecuencia.
En septiembre de 2007, el propio exguerrillero solicitó un amparo en un documento que él mismo preparó a lo largo de todo un año en la cárcel, exigiendo su libertad y la de Gloria Arenas, bajo los argumentos de que las pruebas son falsas y contradictorias, de que las acusaciones no se sostienen y de que sus declaraciones fueron arrancadas con tortura.
Por ejemplo, la acusación por homicidio calificado y tentativa de homicidio que se le hizo a Jacobo por la muerte de un soldado en un enfrentamiento entre el EPR y el Ejército en Guerrero, el 16 de julio de 1996, se sustentó en una “prueba” que consistió en un comunicado del EPR firmado por el Comandante Antonio.
El alegato de Jacobo puntualiza que la acción del EPR es considerada militarmente como “combate”, además de que los testimonios de dos soldados, Óscar Bautista y Fidel Cortés, tampoco tienen validez porque nunca aceptaron haber visto a quienes disparaban, pues en su declaración asentaron que “las personas que disparaban se hallaban escondidas en el monte”.
El exguerrillero explica que desde que fueron detenidos y luego sentenciados, el Ministerio Público y los jueces consideraron “rebeldes” tanto a Gloria como Jacobo –se les condenó por el delito de “rebelión”–, y el segundo párrafo del artículo 137 del Código Penal Federal señala: “…los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate”.
Una evidencia más de la falsificación de pruebas que presenta Jacobo se refiere a las circunstancias de la detención, ya que, de acuerdo con las autoridades, fue realizada en Chilpancingo, en tanto que una resolución publicada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2005 para el recurso de revisión 145/05, contra la Secretaría de Gobernación, revela la falsedad de esa versión. La Secretaría de Gobernación señala que, de acuerdo con el Cisen (documento 0410000018905, correspondiente a un expediente del ERPI), “en octubre de 1999 fueron detenidos el Comandante Antonio en el Distrito Federal, la Coronela Aurora en San Luis Potosí, así como dos personas con los alias ‘Carlos’ y ‘Ofelia’, estos dos últimos en un operativo realizado en una ‘casa de seguridad’ del ERPI en Chilpancingo, Gro.”.