Con frecuencia se afirma que el PDPR-EPR (Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario) ha reaparecido, tras cerca de diez años de inactividad, con las explosiones en PEMEX; sin embargo, y con la sola mirada al volumen de comunicados emitidos, esa organización ha mantenido una intensa actividad política en todo este tiempo y, además, existe la posibilidad que pudiese haber llevado a cabo otro tipo de acciones sin reivindicación. Lo político y lo militar, por tanto, no deben desprenderse: la combinación de todas las formas de lucha, etapa actual por la que transitan las organizaciones político-militares, así lo sugiere. Su actuación desde el 25 de mayo y particularmente desde el 10 de julio, con su ataque a los ductos, registra un incremento innegable de ambas cuestiones, la vía política y la militar, esta última como consecuencia de la anterior. Pero todo esto no ha iniciado ahora aunque sí ha variado radicalmente: el movimiento guerrillero –comprendido como una totalidad: desarrollo de un proceso contemporáneo, con misma procedencia, similares características generales y divisionismo coyuntural– ha producido un salto cualitativo desde una presencia de tipo virtual a otra real, concreta.
Desde fines de septiembre de 2006, mes del décimo aniversario de la primera campaña militar eperrista, la producción de hechos políticos y militares ha sido una constante. Conferencias de prensa desde la clandestinidad, actos de propaganda armada, estallidos de artefactos explosivos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de México, en noviembre de ese mismo año, y hasta la declaratoria por una posible aceptación de la vía electoral han ido marcando el tránsito de otro de los grupos clandestinos junto a organizaciones con las que actúa coordinadamente: Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), que hasta aquella fecha asumió la autoría de todas las acciones vinculadas con la guerrilla desde 2003 y se mostraba como la más activa. Mientras tanto, la emisión de escritos y comunicados por parte de otras organizaciones continuó produciéndose sin interrupciones. La conducción actual de TDR integraba la dirección del EPR que llevó a cabo la primera campaña militar en distintos puntos de la república mexicana hasta que un par de años después sobrevino su división. A partir de ese entonces, la actividad político-militar ha seguido en aumento. Pero es por el objetivo elegido y la espectacularidad de los atentados de julio y septiembre que ha cobrado una notable amplificación de sus actividades, conjuntamente a los otros ataques en Chiapas y Oaxaca, en los medios de comunicación. Es, en este sentido, otra batalla la que también se está librando a través de los medios, que desde el 2001 vienen reflejando aquellas situaciones que se puedan inscribir como una amenaza terrorista, y sus derivaciones, tanto verídicas como potenciales.
Para esta lógica, la problemática planteada por el EPR comienza generalmente el 10 de julio, o quizá desde el 25 de mayo, pero nunca antes. La reconstrucción de su historia, que arroje un poco de luz sobre lo que sucede en el presente, ha sido omitida hasta el momento. En este mismo sentido se da lugar a interpretaciones que definen a su cuerpo como un remiendo de omisiones, fundamentalismos y voluntarismos basados en “relatos marginales de acontecimientos igualmente marginales, cuya credibilidad depende no de los datos verificables que puedan aportar, sino de la confianza o la fe que se le otorgue al relator.” (Gustavo Hirales Morán, ‘Para leer al EPR’, Nexos, n. 360, diciembre, p. 41 y ss.) Como respuesta al texto citado, Alberto Híjar ha observado la inexistencia de cualquier referencia a los desparecidos y donde se “impone el sentido policíaco, inculpatorio y en estricto sentido ideológico con el correspondiente desprecio panfletario a toda la argumentación del EPR”. (‘Criticar al EPR’, Por Esto!, 22 de diciembre.) En otro lugar, Héctor Aguilar Camín subrayó, sobre el final de un artículo dividido en dos partes consecutivas (‘Terroristas’, Milenio, 24-25 de septiembre), lo siguiente: “El enemigo de la ley que pone bombas no es respetable. Puede ser impune, pero no es respetable. Defenderlo, ‘explicarlo’ y ‘entenderlo’ es una forma de justificarlo”. “Explicarlo” o “entenderlo”, por supuesto, no es sinónimo de “justificarlo”; tampoco se trata de ‘justificar’ o ‘creer’, pero si de entender sus razones y causas, comprender su real dimensión para encontrar salidas posibles y duraderas a la situación actual y conocer la verdadera configuración del EPR. Sino es así, todo acabará reduciéndose, como lo ha remarcado José Reveles en un texto sobre la actual actitud que lleva adelante la actual administración federal a “una guerra propagandística que no le hace mella al enemigo real; [y] encabeza y auspicia en los medios electrónicos y escritos un linchamiento verbal contra los eperristas.” (‘Guerra propagandística Gobierno-EPR’, Zócalo, n. 92, octubre, p. 31 y ss.)
Carl Schmitt (El concepto de lo político, 1932; pp. 93-94) y recientemente Eric J. Hobsbawm (Guerra y paz en el siglo XXI, 2006) recuperan idénticos términos hobbesianos para alcanzar una explicación a los factores que le dan sustento a una violencia creciente: existe un convencimiento absoluto y a la vez excluyente que la causa que encarna está constituida únicamente por elementos sublimes que sólo ella, y no otra, posee. En palabras de Hobsbawm: “existe una fuente de violencia ilimitada aún más peligrosa. Me refiero a la convicción ideológica imperante en los conflictos, tanto internacionales como internos, desde el año 1914: la de que la propia causa es tan justa y la del adversario tan odiosa que la utilización de todos los medios es no sólo legítima, sino necesaria, para alcanzar la victoria o evitar la derrota.” (p. 138.) El énfasis está puesto en la mutua exclusión, en la lógica de enemigos.
El 2007, en definitiva, comenzó tres meses antes y concluyó con la sumatoria a la declaración de guerra por parte de TDR y la amenaza por la continuidad de las hostilidades por el EPR.
