Funcionarios de la Secretaría de Gobernación pretendieron –al inicio de este año– utilizar a integrantes de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para ubicar a los líderes de este movimiento.

“Se les ha pedido llevarnos con los comandantes del EZLN, pero (integrantes de las bases zapatistas) han manifestado que tienen tiempo que no saben del subcomandante Marcos ni de los comandantes zapatistas, que creen que están fuera del país”, señala un reporte oficial de Gobernación.

De enero a marzo, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas realizó 19 recorridos por la zona zapatista, especialmente donde se ubican los caracoles y juntas de buen gobierno. Sin embargo, esa instancia (incorporada a la estructura de Gobernación desde hace una década) no ha podido cumplir con los objetivos sustanciales que le dieron origen: “alcanzar un acuerdo de concordia y pacificación que logre la solución del conflicto armado”.

En cambio, con base en argumentos de tipo administrativo (ahorro de recursos, fundamentalmente) el gobierno calderonista pretende relegar el conflicto en Chiapas a un asunto de tipo social relacionado con la pobreza que padecen los indígenas de la región.

Lo anterior, con el posible traslado de las funciones de la coordinación a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, según información recabada en Gobernación y el contenido de un anteproyecto difundido al inicio de este mes en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Pese a la existencia del documento anterior, el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró a este diario que “hasta la fecha no hay un cambio administrativo” en las instancias gubernamentales que buscan –al menos formalmente– solucionar el conflicto en Chiapas.

Tras el levantamiento zapatista, hace 14 años, fue creada una comisión para el diálogo en Chiapas, cuyo objetivo es atender las causas que dieron origen al levantamiento y, en este sentido, dar solución al conflicto armado.

En 1998 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se integraba esa comisión a la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo es “propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar, mediante un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el primero de enero de 1994 en Chiapas”.

Además, “atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho, por medio de las vías institucionales, a fin de alcanzar una paz justa, digna y duradera a través del diálogo y la negociación”.

A su vez, el coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas debe hacer los esfuerzos necesarios “para atender las causas que dieron origen al conflicto y promover una solución pacífica”.

Es decir, sin haber cumplido con sus objetivos para los que fue creada, la coordinación en referencia sería absorbida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual no tiene en sus atribuciones solucionar, de manera específica, el conflicto armado.

Hugo García, director general adjunto de enlace político de la coordinación citada, precisó que esa instancia ha buscado alcanzar un acuerdo de concordia y pacificación y atender, a través de las vías institucionales, las causas que dieron origen al conflicto.

Para ello, precisó el funcionario, se realizan recorridos de trabajo por comunidades indígenas asentadas en la “zona de influencia zapatista”, principalmente en los municipios de Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque y San Andrés Larráinzar.

No obstante, de acuerdo con una respuesta oficial, solicitada a través de la Ley de Transparencia, en lo que va de la gestión de Juan Camilo Mouriño como titular de Gobernación, personal de la coordinación ha intentado en tres ocasiones hablar con las autoridades zapatistas de las juntas de buen gobierno de Oventic y La Realidad, “pero éstas han reiterado su rechazo al diálogo con las autoridades gubernamentales”.

Un grupo de intelectuales mexicanos aceptó hoy la solicitud del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) de México de mediar para tratar de ubicar el paradero de dos de sus integrantes que afirma están detenidos por el gobierno.De acuerdo con el diario La Jornada, el grupo lo componen el antropólogo Gilberto López y Rivas, el obispo de Chiapas Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados y el escritor Carlos Montemayor.

El EPR sostiene que quienes se encuentran presos en instituciones militares son Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes afirma desaparecieron en el estado de Oaxaca el 25 de mayo del 2007.

La propuesta del EPR contempla, afirma La Jornada, no realizar acciones armadas el tiempo que dure la intermediación, mientras que los cuatro intelectuales pidieron al gobierno mexicano fije su postura pública al respecto.

El EPR también solicitó, en un comunicado aparecido en Internet, la intervención del Frente Nacional Contra la Represión, que respondió estar a la espera de una próxima reunión de su directiva para tomar una decisión.

Ante la reciente amenaza del Ejército Popular Revolucionario, EPR, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, informó que se mantiene la vigilancia en los puntos críticos de seguridad nacional de Guanajuato, a través de de estrategias diseñadas por el gobierno federal.El mandatario afirmó que es permanente la coordinación entre el grupos interinstitucional de seguridad, que integran corporaciones de los tres órdenes de gobierno

El 5 de julio del año pasado se registraron explosiones —que luego se atribuyó el Ejército Popular Revolucionario— en gasoductos de Pemex en Salamanca, Celaya y Valle de Santiago.

A pregunta expresa sobre las acciones de seguridad a partir del comunicado que el 22 de abril difundió el EPR “Desde algún lugar de Guanajuato”, afirmó que se está trabajando en esa materia.

“Esperamos que este tema de asunto federal sea tratado y dado a conocer cuando tenga avances; nosotros seguimos colaborando con la federación, seguimos trabajando con el grupo interinstitucional. Nuestro objetivo es claro: seguridad para Guanajuato y sus familias”.

Hizo alusión a la supervisión aérea de la Procuraduría General de la República en los límites con Michoacán.

Buscan el gas tóxico en avión

Elementos de Protección Civil sobrevolaron el municipio de Salamanca y recorrieron caminos de terracería, en el quinto día de búsqueda del cilindro del gas cloro, que varios ladrones sustrajeron del Sistema Municipal del Agua de Salamanca.

“Fueron muchas horas de búsqueda y no encontramos nada”, señaló el coordinador municipal de Protección Civil, Luis Gutiérrez Ceja.

El gobernador, Juan Manuel Oliva, carecía de información sobre el tanque gas tóxico, que podría ocasionar la intoxicación y muerte a las personas que entren en contacto con el químico e incluso explotar combinado con otra sustancia o por el calor.

La madrugada del domingo, sujetos no identificados destruyeron la malla ciclónica que protege el pozo El Mezquital y robaron el tanque con 64 kilos de gas claro.

En el Congreso del Estado, los diputados del PAN y PRI, Antonio Vallejo y Bárbara Botello externaron que es delicado el robo del gas tóxico por el riesgo que representa para la población.

“Hay focos rojos por todos lados y no es un asunto menor el robo de este tanque, las investigaciones que han hecho los medios de comunicación nos ponen en alerta”, agregó la diputada.

Protección civil ha buscado el depósito por cielo, agua y tierra; sus elementos han recorrido a pie y en vehículos decenas de tiendas de compra- venta de fierro, basurero, casas abandonadas, terrenos baldíos, cauces y campos agrícolas.

Funcionarios y peritos de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, incluido Romeo Ruiz –primo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz–, y tres agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) fueron aprehendidos el mediodía de este sábado por soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Policía Federal Preventiva acantonados en esta ciudad.En total son siete detenidos y están presuntamente relacionados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quienes el Ejército Popular Revolucionario (EPR) reclama como militantes suyos desde su desaparición, el 25 de mayo de 2007.

Por esa misma acusación fueron implicados el subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández Hernández, y su ex chofer, el agente Ángel Reyes Cruz, aprehendidos la mañana del viernes por las mismas fuerzas federales, informó en entrevista telefónica Gerardo Francisco López Thomas, abogado defensor de Hernández, quien dijo que su cliente con su ex chofer fueron trasladados vía aérea a la ciudad de México.

Allí, agregó, rendirán su declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Ambos, subrayó, son señalados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 de tener alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas.

Destacó que los siete detenidos del sábado, entre ellos Romeo Ruiz, director de Servicios Periciales, y Ricardo Canseco, subdirector técnico administrativo de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como dos peritos y tres agentes de la PME, uno identificado como Édgar Toledo El Chiapas, fueron también trasladados al Distrito Federal para rendir igualmente su declaración.

“El agente del Ministerio Público me confirmó que ya habían llegado (al Distrito Federal)”, señaló López Thomas, y anunció que analizará la averiguación previa para conocer debidamente las acusaciones contra su defendido y presentar pruebas de descargo para lograr su libertad, aunque reconoció que el Ministerio Público Federal puede consignar o decretar el arraigo por determinado periodo a Hernández Hernández mientras continúa con las investigaciones.

Apenas el jueves, Ruiz Ortiz deslindó a su gobierno de la desaparición de los miembros del grupo armado, y se sumó a la demanda de familiares y de organismos civiles para que sean presentados con vida.

El EPR ha responsabilizado a los gobiernos federal y estatal de la desaparición de sus militantes y ha detonado explosivos en instalaciones de Petróleos Mexicanos en Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala, además del de un centro comercial de esta capital, para demandar su presentación con vida.

Horas antes, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca inició una queja por la detención del subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández, y solicitó medidas cautelares para que sea respetada su integridad física y sicológica.

Heriberto Antonio García, el ombudsman estatal, dijo que la queja fue presentada por la hermana del detenido, Guadalupe Hernández Hernández, y ante esto se abrió el expediente CDDH/445/(01)/OAX/2008.

Dijo que la queja fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por estar señalados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

A causa de esto, dijo, los visitadores adjuntos de la CNDH Rosa María Coraza, Ramón Vásquez Díaz y Pedro Rey Armendáriz se encuentran ya en Oaxaca para dar seguimiento al caso.

Casto Eugenio Cruz Sánchez compartió créditos con Guillermo Capetillo en la película La monja ensangrentada, realizada por Producciones Princess en los noventa. Repitió, por las mismas fechas, con Capetillo en otra llamada Los fugitivos. Las películas no tuvieron mucho éxito comercial, pero fueron reconocidas por algunos críticos de cine como “interesantes”.

Casto es actor, director y maestro de cine además de que sus obras de teatro para niños han sido premiadas por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En Durango es considerado uno de los principales artistas de la ciudad a pesar de que nació en la calle Santos Degollado, del centro histórico de Oaxaca. Aquella región norteña lo ha adoptado ya como uno más de los suyos. La criminalización oficial por ser hermano de dos guerrilleros lo llevó hasta allá.

Por la misma época en que Casto Eugenio actuaba en el cine y escribía obras de teatro, su hermano mayor, Tiburcio, vislumbraba la creación del Ejército Popular Revolucionario (EPR), junto con otros dirigentes guerrilleros. Otro hermano de Casto Eugenio, Gabriel Alberto, apoyaba a Tiburcio en el nuevo proyecto con el que dejarían atrás al Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo.

Por esos años, la creación del PRD, la caída del Muro de Berlín y la irrupción del EZLN en 1994, entre otros factores, habían “movido” al mundo de la izquierda subterránea en México al que pertenecían Tiburcio y Gabriel Alberto desde una tarde de 1971, cuando decidieron lanzarse a la clandestinidad para hacer la revolución contra el régimen del PRI, en una época en que la matanza de Tlatelolco y el Halconazo rondaban la realidad nacional.

En tanto, los cinco hermanos de Gabriel Alberto y Tiburcio, sobrellevaban desde entonces — y aún a la fecha— los repentinos acosos del Estado a causa de sus hermanos. “Cada vez que el PROCUP primero, y después el EPR, hacía algo, o sucedía algo, venían con nosotros. A veces nos interrogaban nada más, a veces nos detenían, o nos seguían según ellos disimuladamente. Siempre ha sido así”, cuenta uno de los familiares que prefiere no ser identificado para evitar más acoso oficial.

“Aunque de por sí es seguro que estén grabando esta llamada telefónica contigo”, dice.

Además de Casto Eugenio, el resto de la familia Cruz Sánchez la conforman Patricia y Digna, quienes son peluqueras; Margarita, una podóloga de profesión, y Francisco, gerente de un banco.

Todos ellos, sin excepción, han sido acosados por policías y soldados, debido a que son hermanos de Tiburcio, a quien la oficialidad considera el líder actual del EPR, y de Gabriel Alberto, militante de la organización desaparecido desde el 25 de mayo del año pasado.

En el caso de Casto Eugenio, a finales de los setenta, llegó a ser detenido y golpeado bajo la acusación de formar parte de la Unión del Pueblo, a la que en efecto, formaban sus dos hermanos.

“El Estado nos ha querido usar como rehenes para presionar a nuestros hermanos para que dejen sus ideas. Eso es una realidad”, cuestiona uno de los integrantes de la familia Cruz Sánchez, quien no tiene contacto con sus hermanos desde hace dos décadas.

“El destino nos llevó por caminos distintos”.