Aclaró que el Comité de Familiares de los desaparecidos va a realizar actividades pacíficas para recordarle al gobierno que, a un año de su denuncia, no han hecho nada por encontrarlos.

Sin embargo, también externo su preocupación porque el grupos insurgente EPR ha anunciado en sus comunicados que va a seguir con sus acciones armadas para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz desde el 25 de mayo del 2007.

Hizo hincapié en que lo que llegue a realizar el grupo clandestino es su responsabilidad, sin embargo, su preocupación radica en que cada que hay acciones armadas del EPR, inmediatamente el Estado desata una campaña de hostigamiento en contra de los familiares de los desaparecidos.

Reyes Maldonado manifestó que el gobierno en lugar de investigar y dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, últimamente se han encargado de desprestigiarlos a través de una campaña mediática al calificarlos de terroristas o al pretender vincularlos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca o con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para justificar el por qué los desaparecieron.

Pero además, dijo con esta estrategia de Estado solo busca cambiar la imagen hacia la sociedad, infundiéndoles miedo y terror a la gente, principalmente a sus familiares.

Reiteró que el hecho de que sus familiares hayan decidido pertenecer o no a algún movimiento y decidir su forma de lucha, no es justificación para desaparecerlos, ya que “si ellos son culpables de algún delito deben ser juzgados frente a un juez y conforme a las leyes, no desaparecerlos de esta forma”.

Entonces, “independientemente de la forma que ellos hayan elegido pedimos que los presenten y que sean juzgados y el juez determine si son culpables o no, pero no se vale que los tengan desaparecidos y los inculpen de cosas de las que no se pueden defender”, reforzó.

A su vez, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel, reconoció que últimamente no han sido hostigados, sin embargo, les causa curiosidad de que a un año de su desaparición, el Estado empieza a difamarlos con difundir que tienen videos donde supuestamente se confirma que participaron en el movimiento del 2006.

Pese a esta estrategia de Estado, señaló que los familiares seguimos peleando para que los aparezcan y seguiremos luchando hasta encontrarlos, puntualizó.

Explicó que como parte de este momento de psicosis, de que les vayan hacer algo, decidieron conformar el Comité Nacional de Familiares por la Presentación Con vida de las y los desaparecidos con el objetivo de exigir la presentación con vida de sus seres queridos, alcanzar la verdad y la justicia, a fin de que estos casos no queden en la impunidad que hace posible la persistencia de esta aberrante práctica que afecta tanto alas víctimas como a la sociedad en su conjunto.

Recordaron que hace 40 años, la desaparición forzada de personas fue utilizado por el Estado Mexicano para enfrentar a movimientos sociales y opositores políticos.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante la “guerra sucia” en México hubo 532 desaparecidos, de los cuales 275 habrían sido ejecutados, aunque los familiares de las víctimas contabilizan más casos.

Mencionaron que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no ha desaparecido, al contrario, se ha constituido una práctica sumamente importante para el gobierno como una destreza sistemática de terrorismo de Estado.

Coincidieron que las desapariciones forzadas muestran signos de formas ya tradicionales de control político y social de gobiernos autoritarios e ilegítimos; la impunidad y la absoluta trasgresión de las leyes más elementales de convivencia humana, son producto de una política continental de dominación, no exclusivas de las dictaduras militares, sino también de supuestos gobiernos civiles electos como México.