La rigidez ideológica es una de las características principales que nutren a las organizaciones político-militares. Tras esa manera de entender el mundo, tanto la dinámica como los procesos sociales adquieren una única y excluyente percepción; momento en el cual las distintas formas de lucha (incluida la armada) encuentran lugar para desarrollarse. ¿El objetivo?: la transformación de la realidad, esto es, la revolución.
Continuando con la única entrevista que el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) aceptó durante 2007, antes de sus acciones contra los ductos de Pemex, se destaca que la vía armada no es un fin en sí mismo, sino parte de un proceso dialéctico proveniente del análisis de las condiciones objetivas y especificas.
En efecto, el grupo se niega a considerarla una definición exclusiva, aunque sí la más importante, pero integrada a un proceso conjunto en desarrollo: “Desde nuestro primer congreso —asegura el EPR— se definió como táctica para la presente etapa la combinación de todas las formas de lucha. Hay que señalar que en la definición clásica de la guerra popular, la guerra de todo el pueblo, se plantea que la lucha armada revolucionaria es la principal forma de lucha y en torno a ella todas las demás que surjan producto de la creatividad de nuestro pueblo.”
Para el eperrismo la lucha armada es reflejo de la conclusión de otros medios de acción institucional o, en sus palabras, “donde se van cerrando crecientemente los espacios legales, el cambio social por la vía pacífica va quedando anulado.” Empero, la opción armada dependerá de “observar la realidad objetiva que pretendemos transformar, porque de ese análisis dependerá el papel primario o secundario que jugará determinada forma de lucha; de ese análisis dependerá la estrategia, la táctica y la metodología.”
“Los revolucionarios no somos partidarios ciegos e irracionales de la guerra”, asegura el EPR. Y a renglón seguido expresa: “Partimos de la necesidad de la combinación de todas las formas de lucha, en cuyo planteamiento va el reconocimiento de todas ellas, surgidas al fragor de la lucha de nuestro pueblo, pero siempre habremos de decir que dadas las actuales condiciones de nuestro país estaremos pugnando para que la lucha armada revolucionaria llegue a ser la principal forma de lucha contra el régimen como producto del desarrollo y evolución de la lucha de clases que se desenvuelve a lo largo y ancho de esta nuestra patria”.
La lucha armada, envuelta en este proceso dinámico, cobra mayor importancia aunque no se desprende de las demás formas. Y subraya: “Así como es necesaria la lucha pacífica, la lucha por las demandas económicas, gremiales, sectoriales, la lucha electoral, la parlamentaria, también es más que necesaria la lucha armada revolucionaria, sobre todo en la modalidad de la autodefensa armada de las masas. Necesidad producto de las exigencias de la lucha en la presente etapa.”
Pero le resulta necesario “comprender las necesidades históricas a las que nos enfrentamos y si en verdad luchamos desde diferentes trincheras contra el régimen, en nombre y defensa de nuestro pueblo, no debe asustar a nadie la necesidad de la lucha armada revolucionaria, la cual es una expresión más de nuestro pueblo, significando que hombres y mujeres de diferentes sectores sociales y de diferentes generaciones hemos decidido conscientemente dejar nuestros instrumentos de trabajo para desarrollar esta forma de lucha, como una forma de darle continuidad al largo proceso de lucha que se gesta en México desde 1964, de ahí nuestro carácter político militar”.
Una interrogante, una clave, aún subyace: ¿Se han agotado las vías de acción pacífica o legal?: “Dadas las condiciones del país —responde el EPR a pregunta expresa— podemos decir categóricamente que la vía pacífica de transformación cada vez es más lejana, porque los espacios legales o pacíficos van siendo cerrados sistemáticamente por el régimen neoliberal y por la ultraderecha. Este proceso, el de negar toda posibilidad de cambio por la vía pacífica o legal, es lo que llamamos involución democrática.”
Proponen una enumeración que ejemplifique: “Los más de 500 presos políticos que existen en el país, las decenas de detenidos-desaparecidos, los frecuentes asesinatos políticos disfrazados de diferentes formas para ocultarlos, la represión como política de Estado, el fraude electoral y la imposición del gobierno de Calderón por encima de la voluntad popular, la criminalización de la lucha y protesta social, la permanente amenaza de ‘aplicar el imperio de la ley’, la creciente militarización del país bajo el argumento pueril de combatir la delincuencia organizada, el avasallamiento del legislativo por el PRI y el PAN, la subordinación del Ejecutivo a las fuerzas castrenses son los ejemplos contundentes de que los espacios de la lucha legal se van cerrando, van siendo anulados sistemáticamente”.
Debido al cierre de las vías legales, asegura el eperrismo, no se pueden desarrollar otras formas de lucha que no contenga a la armada como una parte del proceso de cambio. En efecto, señalan que “hablar de cambios sociales en el país no es el simple cambio de individuos en el gobierno, el simple cambio de un partido por otro, reducir la lucha del pueblo a ello es una vulgaridad, porque la lucha debe ser por profundos cambios en el país para que en verdad sea el pueblo el beneficiado con ellos, de otra manera sólo será benéfico para tal o cual grupo de poder que se disputan la hegemonía en el Estado para poder asegurar sus intereses.”
La represión, dentro de ese ideario, no es un hecho aislado sino que también se presenta como un proceso. Para el caso, destacan que: “Nunca se debe ver como un hecho aislado o una equivocación de los gobiernos en turno, obedece a una estrategia general de contrainsurgencia, un intento por contener el descontento social, un acto de barbarie que refleja el terror de las clases pudientes ante la posibilidad de un estallido social.”
Y abundan: “Tal política de contrainsurgencia no es nueva, ya desde los gobiernos priistas era aplicada sistemáticamente, pero en 1994 se profundiza su aplicación y a partir del 2000 se adopta como política de Estado y se generaliza en todo el país con el único propósito de difundir el terrorismo de Estado para desmovilizar al pueblo que exige solución a sus demandas.”
Y sobre el final, rematan: “Podemos decir que son cada vez menos los espacios legales y que en esta perspectiva la lucha debe continuar por el respeto de las libertades políticas, pero sin olvidar que en definitiva la lucha armada revolucionaria se vuelve una necesidad política imperiosa, sobre todo en la modalidad de la autodefensa armada de las masas ante la embestida represiva de la ultraderecha.”
La posibilidad de atacar cualquier objetivo considerado “militar” estaba contenida previamente en los postulados del EPR. La frontera entre la “amenaza” y el “riesgo” es el vértice donde el eperrismo desarrolla sus políticas luego de los ductos, es decir: el riesgo de nuevas explosiones es probable tanto como su retorno al silencio armado. Repetidamente la guerrilla se ha mostrado en un estado latente, pero esto es sólo su apariencia.
*Investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados
