El insurgente Ejército Popular Revolucionario (EPR), de filiación marxista leninista, exige desde 2007 la presentación con vida de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz. Para denunciar el caso, atacó con explosivos instalaciones de la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en julio y septiembre y ahora amenaza con repetirlos en cualquier momento.

Las acciones guerrilleras del año pasado, que afectaron cañerías de Pemex en cuatro estados aunque no causaron víctimas, dejaron pérdidas por más de 2.500 millones de dólares, según cálculos oficiales. Esa cifra incluye el costo de las reparaciones y lo que perdieron las firmas privadas y estatales a causa de la interrupción del suministro de diversos combustibles.

Los familiares de los dos presuntos guerrilleros informaron el domingo que formaron un comité para reclamar la aparición de ambos.

Además, denunciaron que las autoridades podrían redoblar el hostigamiento del que dicen ser víctimas y relacionarlos con el EPR al cumplirse en mayo un año de que sus parientes desaparecieron.

“Nuestra demanda es legal y abierta: que aparezcan vivos los desaparecidos”, dijo a IPS la hija de Edmundo Reyes, Nadín, quien denunció que la policía presiona a su familia y que la sigue de forma secreta.

Edmundo Reyes, un hombre de 52 años y 1,52 metros de estatura, es reconocido por el EPR como uno de sus integrantes.

Su hija se declara desconcertada por esa afirmación y sostiene que era un hombre tranquilo, muy apegado a sus seres queridos, que administraba una tienda familiar de nombre “Lalito” y que pasaba con sus seres queridos todo el tiempo.

El 23 de mayo salió de su casa en la capital mexicana con el plan de visitar a su familia originaria de Oaxaca. Desde esa fecha no aparece.

Nadín relata que su papá, que apenas terminó el tercer año de primaria, nunca habló del EPR ni parecía interesarle demasiado la política. También indica que en su casa nunca vio libros de marxismo ni afines.

En los archivos de las oficinas de inteligencia del Estado no hay ninguna ficha sobre Reyes.

El otro desaparecido es Gabriel Cruz de 55 años. Esta persona, de la que no se sabía nada desde 1971 cuando al parecer decidió pasar a la clandestinidad, sí está fichado como presunto guerrillero en los archivos de seguridad del Estado.

Cruz, también originario del estado de Oaxaca, estuvo preso por secuestro antes de pasar a la clandestinidad y fue un activo dirigente estudiantil. Su hermano, Tiburcio, es considerado uno de los fundadores del EPR y permanece activo con el nombre de Francisco Cerezo.

Margarita, la hermana menor de Cruz, reconoció a su hermano por la foto que difundió el EPR, pero afirmó que no lo ve desde hace tres décadas.

El gobierno mexicano de Felipe Calderón y las autoridades del estado de Oaxaca, donde presuntamente fueron detenidos Reyes y Cruz, no reconocen haber capturado a los presuntos guerrilleros.

Sin embargo, el EPR insiste en que así sucedió el 25 de mayo de 2007 y que seguramente fueron torturados.

Las denuncias sobre la desaparición de Reyes y Cruz presentadas con anterioridad por organización defensoras de los derechos humanos, no habían tenido eco en las autoridades hasta que se produjeron los primeros atentados en julio.

Ahora el gobierno afirma que viene investigando qué sucedió con esas personas.

El EPR es un grupo que se autodefine marxista-leninista e hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda y enfrentamientos menores contra destacamentos policiales y militares. Desde entonces había tenido escasas incursiones, lo que cambió en los últimos meses.

Diversas investigaciones y análisis indican que el EPR está conformado por pocos miembros y que sus bases principales se encuentran en Guerrero y Oaxaca, los estados sureños con alta población indígena y elevados niveles de pobreza.

En enero, el EPR advirtió a través de un comunicado que volverá a atacar instalaciones del Estado hasta que sean mostrados vivos sus compañeros.

El 2 de este mes volvió a emitir un comunicado, que encabeza “Al pueblo de México”, en el cual acusa al gobierno de criminalizar la protesta social y lo demanda a que “presente vivos y en libertad a nuestros compañeros”.

“Que nadie se asuste cuando las masas tomen por asalto las calles exigiendo sus derechos conculcados por este régimen de ultraderecha”, advirtió.

El Centro de Documentación de los Movimientos Armados, un grupo privado que sigue la pista de los comunicados y acciones de las guerrillas en América Latina, tiene registrado en México 42 grupos armados de corte insurgente.

La gran mayoría de ellos se dieron a conocer por diferentes acciones, pero ninguna de gran envergadura. En gran parte de los casos, su presencia se remitió a la difusión de un comunicado o a una fugaz aparición pública. (FIN/2008)

Aclaró que el Comité de Familiares de los desaparecidos va a realizar actividades pacíficas para recordarle al gobierno que, a un año de su denuncia, no han hecho nada por encontrarlos.

Sin embargo, también externo su preocupación porque el grupos insurgente EPR ha anunciado en sus comunicados que va a seguir con sus acciones armadas para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz desde el 25 de mayo del 2007.

Hizo hincapié en que lo que llegue a realizar el grupo clandestino es su responsabilidad, sin embargo, su preocupación radica en que cada que hay acciones armadas del EPR, inmediatamente el Estado desata una campaña de hostigamiento en contra de los familiares de los desaparecidos.

Reyes Maldonado manifestó que el gobierno en lugar de investigar y dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, últimamente se han encargado de desprestigiarlos a través de una campaña mediática al calificarlos de terroristas o al pretender vincularlos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca o con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para justificar el por qué los desaparecieron.

Pero además, dijo con esta estrategia de Estado solo busca cambiar la imagen hacia la sociedad, infundiéndoles miedo y terror a la gente, principalmente a sus familiares.

Reiteró que el hecho de que sus familiares hayan decidido pertenecer o no a algún movimiento y decidir su forma de lucha, no es justificación para desaparecerlos, ya que “si ellos son culpables de algún delito deben ser juzgados frente a un juez y conforme a las leyes, no desaparecerlos de esta forma”.

Entonces, “independientemente de la forma que ellos hayan elegido pedimos que los presenten y que sean juzgados y el juez determine si son culpables o no, pero no se vale que los tengan desaparecidos y los inculpen de cosas de las que no se pueden defender”, reforzó.

A su vez, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel, reconoció que últimamente no han sido hostigados, sin embargo, les causa curiosidad de que a un año de su desaparición, el Estado empieza a difamarlos con difundir que tienen videos donde supuestamente se confirma que participaron en el movimiento del 2006.

Pese a esta estrategia de Estado, señaló que los familiares seguimos peleando para que los aparezcan y seguiremos luchando hasta encontrarlos, puntualizó.

Explicó que como parte de este momento de psicosis, de que les vayan hacer algo, decidieron conformar el Comité Nacional de Familiares por la Presentación Con vida de las y los desaparecidos con el objetivo de exigir la presentación con vida de sus seres queridos, alcanzar la verdad y la justicia, a fin de que estos casos no queden en la impunidad que hace posible la persistencia de esta aberrante práctica que afecta tanto alas víctimas como a la sociedad en su conjunto.

Recordaron que hace 40 años, la desaparición forzada de personas fue utilizado por el Estado Mexicano para enfrentar a movimientos sociales y opositores políticos.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante la “guerra sucia” en México hubo 532 desaparecidos, de los cuales 275 habrían sido ejecutados, aunque los familiares de las víctimas contabilizan más casos.

Mencionaron que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no ha desaparecido, al contrario, se ha constituido una práctica sumamente importante para el gobierno como una destreza sistemática de terrorismo de Estado.

Coincidieron que las desapariciones forzadas muestran signos de formas ya tradicionales de control político y social de gobiernos autoritarios e ilegítimos; la impunidad y la absoluta trasgresión de las leyes más elementales de convivencia humana, son producto de una política continental de dominación, no exclusivas de las dictaduras militares, sino también de supuestos gobiernos civiles electos como México.

En su Curso de inteligencia, elaborado a mediados de la década pasada, el Ejército Popular Revolucionario expone a sus militantes la forma en que deben actuar para contrarrestar las maniobras de infiltración de organismos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) e inteligencia militar, a los que denomina “cazadores de revolucionarios”. Así mismo, explica con detalle la manera en que funciona el servicio de información eperrista, conformado por unidades de oficiales y agentes especializados, así como por un sistema de contrainteligencia
mediante el cual el grupo logró infiltrar algunas dependencias oficiales.

Inteligencia militar, el enemigo

De acuerdo con el Curso de inteligencia PDPR-EPR, las unidades secretas eperristas ubicaron ya el trabajo de Gobernación mediante inspectores infiltrados “en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con clave 1132, que se localiza en la calle Álvaro Obregón, colonia Barranca Seca, en la Magdalena Contreras”.

Las claves

Otro de los puntos que incluye el Curso es el relativo a las “bases secretas” eperristas, las cuales están conformadas por “compañeros o núcleos de compañeros que, sin dedicarse de tiempo completo a la lucha revolucionaria, realizan labores de inteligencia y contrainteligencia bajo la orientación de nuestro servicio de información”.

El Ejército Popular Revolucionario lleva más de una década formando la estructura de inteligencia y las redes de información que le han permitido sobrevivir y burlar los programas secretos de infiltración del Cisen y de inteligencia militar, instituciones que, según el documento, son las principales cazadoras de revolucionarios.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) sí intervino en manifestaciones, tomas de estaciones de radio y el canal 9 de Oaxaca, afirma la revista oaxaqueña Punto y Aparte, en una nota publicada el 31 de marzo.El periodista Juan José Díaz Bermudez identifica a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presunto guerrillero del EPR (desaparecido el 24 de mayo de 2007 en Oaxaca) a través de una serie de videos publicados en You Tube titulados “Un Poquito de Tanta Verdad, documental sobre los acontecimientos de Oaxaca en 2006″.

El periodista señala que se ha verificado la participación de integrantes de grupos armados en las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a través de fotos, videos e incluso carteles de propaganda de la misma organización.

El gobierno de Oaxaca e integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron que la guerrilla se había infiltrado en el movimiento de maestros.

“Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrante de la guerrilla urbana del EPR, quien se encuentra desaparecido ¿fue un operador táctico al interior del magisterio-APPO? Su presencia se encuentra documentada luego de la toma del canal 9 de televisión, el primero de agosto de 2006, aparentemente hecha por mujeres con cacerolas, pertenecientes a la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas.

Una mentira que evidencia a los dirigentes de la APPO al disfrazar una marcha de amas de casa, cuando el interés era el de seguir al pie de la letra toda una serie de manuales de la guerrilla urbana, para derrocar un gobierno e instaurar un desorden social, con objetivos políticos-militares”.

A Cruz Sánchez se le ve por ejemplo en la parte 4 de la serie de 9 videos. Aparece del minuto 01:14 al minuto 01:25.

La vía armada no es la única posible para la transformación social; existe también la pacífica y sería erróneo descartar una u otra, considera Jacobo Silva Nogales, el comandante Arturo del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), quien desde el penal de máxima seguridad del Altiplano revela que quiso ser guerrillero desde que tenía 16 años de edad.

“La guerrilla no es fácil de hallar”, afirma este hombre nacido en en Miahuatlán, Oaxaca, en 1958, y lamenta no haber crecido donde hubiera posibilidades inmediatas de conocer a los combatientes. A falta de ellos, participó en la Juventud Popular Socialista del Partido Popular Socialista y en el Partido Comunista Mexicano.

“Asistía a manifestaciones de todo tipo contra la política gubernamental, a veces incorporándome a los contingentes de los CCH o de diversas escuelas superiores del Politécnico o de alguna facultad de la UNAM o de la Tendencia Democrática del SUTERM, con la esperanza siempre de ver aparecer por ahí a los guerrilleros repartiendo propaganda para decirles ‘¡quiero irme con ustedes!’. Lo más que llegué a encontrar fueron volantes de la Unión del Pueblo regados en el suelo porque ya habían pasado antes y nunca los pude ver.”

Finalmente, un amigo que conocía su pensamiento radical, lo llevó a conocer a integrantes del Partido de los Pobres, fundado por Lucio Cabañas, que se convertiría en el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP) y más tarde en el Ejército Popular Revolucionario (EPR), del que él habría de escindirse para formar el ERPI.

Preso desde 1999, cuando fue detenido y torturado junto con su esposa Gloria Arenas, la coronel Aurora, Silva Nogales responde por escrito a un cuestionario de EL UNIVERSAL. Lamenta la dispersión actual de los grupos guerrilleros, que hacen inviable, de momento, cualquier tipo de unidad.

“¿Cómo podrían, por ejemplo, unirse dos grupos si uno plantea y realiza actos de sabotaje y el otro no desea verse comprometido en actos de ese tipo porque utiliza más la vía política?

“¿Cómo podrían unirse ahora grupos que tienen y quieren mantener un bajo perfil con otros que desean estar presentes en cada coyuntura?”, afirma, al considerar que no podrían soslayarse las diferencias en cuanto a la toma de decisiones, que van desde los que realizan los mandatos de líderes hasta quienes no acostumbran hacerlo y son acérrimos enemigos de ello.

Considera que las acciones armadas de la guerrilla no son deseables, pero en cierto contexto son explicables, como los atentados contra instalaciones de Pemex del año pasado, con los que el EPR pedía la liberación de sus dos combatientes.

“¿Que se daña a la economía nacional? Es cierto, como lo es que la tortura y la desaparición de personas son crímenes de lesa humanidad y como tales dañan a la humanidad entera.”

Considera, en cambio, que quien afecta en realidad la economía nacional es el gobierno del presidente Calderón por su integración a Estados Unidos y Canadá y por el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

“México no es más que un botín para quienes ahora gobiernan, lo que se puede atestiguar con la codiciosa mirada con que ven a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, de los cuales quieren apoderarse directamente, aunque sea como socios menores de inversionistas extranjeros con quienes tienen el compromiso de entregarles la tajada principal.”

Percibe que el escenario de la lucha social en el país está polarizado entre los que han hecho de la lucha electoral su principal actividad, en la que se busca el poder por el poder mismo, y los que buscan solución a problemas específicos que enfrenta la población en su vida diaria, que son celosos de su autonomía y que no quieren ser manipulados por los partidos políticos.

En ese sentido, asegura que la vía electoral no es una opción en el país, por lo que EZLN, EPR, ERPI y otros grupos hacen bien en mantenerse al margen de ella.

Silva Nogales, condenado a 14 años de prisión, después de haber ganado un amparo directo por el que le fueron recortados 41 años de cárcel, no rechaza una ley de amnistía, si es completa y abarca también los delitos considerados graves, aunque no se atiene sólo a esta opción para ser liberado.