Por una extraña fascinación por demostrar al mundo que en el sistema político mexicano cabe de todo, hasta el diálogo con los delincuentes, los tres últimos gobiernos, un priista y dos panistas, no se han detenido en menospreciar y hasta insultar al Ejército mexicano al reconocer oficialmente y de facto a otros ejércitos.

Fue Ernesto Zedillo, actor principal de La década perdida, según Carlos Salinas, quien oficialmente y por decreto reconoció al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su bandera y su territorio propios.

Zedillo, quien a pesar de la recomendada que al principio le dio Salinas ante el alto mando militar, jamás tuvo buenas relaciones con el Ejército, escuchó impávido decir a su secretario de Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre: “Sólo existe un Ejército, el mexicano”.

Pero luego Vicente Fox empezaría a demostrar que no aprendería la lección, y en uno de sus dislates llamó a las fuerzas armadas “Ejército federal”, la forma despectiva con la que los encapuchados del EZLN se referían al Ejército mexicano. Nada raro, pues luego le diría al encapuchado: “A sus órdenes, señor Marcos”.

Otra vez el alto mando respondió indignado: “No hay más bandera que la tricolor; no hay más símbolo que el águila; no hay más canto de unión que el Himno Nacional”, palabras estas del secretario de la Defensa Nacional del primer gobierno panista, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García. Pero Marcos y sus encapuchados llegaron en caravana a la Ciudad de México, después de que Fox ordenara al Ejército mexicano retirarse de algunas bases en Chiapas.

Ya con el EZLN disminuido y sin fuerza mediática, la llegada del gobierno de Felipe Calderón prometía otro tipo de estrategia ante problemas más serios como la inseguridad pública, traducida en el dominio del narcotráfico.

Aparentemente la presencia de grupos guerrilleros no habría de quitarle el sueño al nuevo Presidente panista, pues bastante tenía con hacer frente a las grandes organizaciones de narcotraficantes.

Pero los transgresores de la ley, como llama el Ejército a los grupos subversivos, insurgentes o guerrilleros, reclamaron su pedacito de gloria y saltaron al escenario poniendo bombas en instalaciones petroleras y causando daños por miles de millones de pesos.

“¿Por qué?”, nos preguntamos todos. Pues porque a quienes se agrupan en el autodenominado “Ejército Popular Revolucionario” (EPR) se les metió en la cabeza reclamar la entrega de dos de sus compañeros que nadie conoce, ni nadie sabe dónde están, ni nadie sabe por qué desaparecieron.

Y ahí va de cabeza el gobierno de Calderón a caer en esta nueva trampa.

Fue el primer secretario de Gobernación de Calderón, Francisco Ramírez Acuña, quien tras despedazar semánticamente los últimos 40 comunicados que había emitido el EPR, dijo sin empacho que “los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quiénes fueron los autores materiales ni intelectuales de la presunta desaparición. Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias”.

Ramírez Acuña dejó el cargo sin haber resuelto el acertijo eperrista.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional también aportó su cuota en la trampa al señalar que el gobierno de Felipe Calderón había llegado al punto de enviarle mensajes al EPR, en los que le aseguraba que había la decisión de buscar a sus compañeros y castigar a quienes los pudieran haber desaparecido, a cambio de que cesaran sus ataques.

Tarde ya para cualquier ajuste, el director del Cisen diría en una reunión privada con periodistas que esta acción no era un intento de negociación, pues “no son guerrilleros ni luchadores sociales, sino delincuentes que se proveen de recursos para sus operativos, vía secuestros”.

¿Con qué autoridad moral, diría el director del Cisen, le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran?

“Si a pesar de estas tres razones deciden continuar con la violencia contra los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo”.

Mientan o no, el gobierno les cree, como les creen los integrantes de esa comisión negociadora, que también cayó en la trampa, y ahora todos están felices y dispuestos a emprender el diálogo con el EPR.

Realmente lo del diálogo es lo de menos. Se dé o no se dé, esos dos eperristas desaparecidos así seguirán, pues como alguna vez dijo Oscar Flores Sánchez, quien fuera procurador general de la República: “En México no hay desaparecidos políticos; los que no aparecen están muertos”.

Lo de más es que a Felipe Calderón se le olvide que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y que de ninguna manera puede reconocer, como lo hicieron sus dos antecesores, la existencia de otros ejércitos. Esto significaría una nueva burla y un nuevo insulto a los soldados mexicanos a los que tanto pondera en su lucha contra el narcotráfico, y una negación a su investidura de Comandante.

La mera aceptación tácita a dialogar con los delincuentes del EPR les da en automático estatura de ejército. La respuesta militar no se hará esperar.