El gobierno federal sucumbió de inmediato ante el canto de las sirenas emitido por la comandancia del EPR, grupo guerrillero que dijo estar dispuesto al diálogo bajo ciertas condiciones.
En la actual coyuntura política, quizá el gobierno necesite más que el EPR el diálogo porque implica su reconocimiento como tal por parte del grupo armado y la posibilidad de resurrección del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Pero el asunto no es tan sencillo y se le puede complicar al gobierno más que al EPR, el cual puede fácilmente salir ganando y quedar como el EZLN, en un cómodo limbo que le permite gozar de impunidad y gobernar de facto una amplia región del territorio nacional.
Y en la ansiedad por obtener el reconocimiento por parte de una organización radical, el gobierno del presidente Felipe Calderón terminará reconociendo como grupo beligerante a un grupo que hasta la fecha sólo ha recibido el calificativo de delincuente y que de hecho, ha reconocido la comisión de varios delitos contra la nación.
La primera condición que puso el EPR fue la integración de una comisión mediadora cuyos miembros son nombrados por el propio grupo armado. Es decir, en un diálogo entre dos partes, una de las partes nombra al mediador que se convierte ya con sólo este hecho, en juez y parte.
Los propuestos por el EPR como “mediadores” son Rosario Ybarra de Piedra, con una lucha muy respetable de más de 30 años por la presentación de su hijo, desaparecido durante la guerra sucia de los setentas, lucha que la liga inevitablemente a los grupos más radicales del país.
Rosario Ybarra actualmente es senadora del PT y fue una de las más entusiastas de los legisladores del Frente Amplio Progresista que tomaron la tribuna del Senado durante dos semanas y que interrumpieron con ello, el trabajo legislativo.
El obispo Samuel Ruiz fue presidente de la Conai (Comisión Nacional de Intermediación) que “facilitaba” el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, hasta que el propio gobierno, encabezado por Ernesto Zedillo, lo acusó de ser juez y parte y lo desconoció como mediador.
Miguel Ángel Granados Chapa es un periodista de una amplia trayectoria al que se le pueden atribuir muchas virtudes pero no la de la imparcialidad.
En 1998 fue candidato del PRD al gobierno de Hidalgo y en los últimos días ha tomado partido en su columna del diario Reforma hacia una facción de este instituto político, la que se identifica con Andrés Manuel López Obrador.
Gilberto López y Rivas ha sido diputado del PRD. Durante la guerra sucia de los setentas estuvo ligado a grupos armados y fue espía de la ahora desaparecida Unión Soviética.
Carlos Montemayor es un intelectual reconocido y autor de una de las novelas que retratan mejor una etapa importante de la guerra que el Estado sostenía contra la guerrilla de Lucio Cabañas: Guerra en el paraíso.
Montemayor es quizá el único de los nombrados por el EPR que no tiene nexos claros con grupos armados o radicales.
El espacio impide citar los antecedentes del resto de posibles mediadores propuestos por el EPR.
En principio, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, planteó que aceptaría a los integrantes de la comisión de mediación pero sólo como “testigos sociales”.
Pero ante la reacción airada del EPR, la Secretaría de Gobernación –ya no su titular sino a través de un comunicado– matizó su postura y dijo que veía como “algo válido” la interlocución de los connacionales “que gozan del reconocimiento de la sociedad”.
En ese apresuramiento porque no se caiga la expectativa de diálogo, Gobernación otorgó “reconocimiento de la sociedad” a Rosario Ybarra, a quien días antes el presidente Calderón acusó al igual que al resto de legisladores que tomaron las tribunas del Congreso, de “hacer el ridículo”.
En un apresuramiento similar, el gobierno de Ernesto Zedillo hizo aprobar la Ley para el Diálogo la Concordia y la Paz Digna en Chiapas, una ley de excepción, dedicada en concreto al EZLN, cuya ambigüedad permite hasta la fecha a los dirigentes de ese grupo circular con escolta por todo el país e imponer sus leyes en una región del territorio nacional.
En un ansia similar, Vicente Fox cumplió las tres señales pedidas por el EZLN, entre ellas el repliegue del Ejército de las posiciones que mantenía en la zona de conflicto, pero el grupo “armado” no regresó al diálogo.
No está mal que se busque la solución de los conflictos por la vía del diálogo, pero en las condiciones en que se perfila el correspondiente al EPR y a gobierno de Calderón, está más cerca de convertirse en una pantomima similar a la del EZLN que en algo serio.
OFF THE RECORD
El presidente Felipe Calderón pidió decir un “ya basta”, categórico y definitivo al crimen organizado. Pero nadie del gobierno federal ha explicado por qué ninguno de los tres altos mandos de la PFP ejecutados en menos de una semana en el DF contaba con suficiente protección.
El Gobierno del DF tampoco ha explicado por qué la capital de la República ofrece esas condiciones de facilidad para llevar a cabo dichos atentados. Sí, ya basta.