La Comisión de Intermedia-ción que propuso el EPR para facilitar las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón cometería un error grave si no establece su independencia y marca una distancia clara respecto de ambas partes del conflicto armado.

Más allá de su probidad, los miembros de esa comisión deben demostrar que tienen la capacidad para superar las limitaciones del contenido y objetivos del intento de negociación.

La presencia del obispo Samuel Ruiz asegura, con toda la experiencia de haber dirigido la Comisión Nacional de Intermediación en el conflicto armado con el EZLN, que esta negociación puede ampliarse hasta trazarse metas como el abandono de una solución de fuerza al conflicto, la pacificación y el desarrollo social con justicia de vastas zonas del país donde ha existido actividad de movimientos armados.

Sin embargo, la historia de este conflicto muestra la necesidad de que tanto el EPR como el gobierno federal sean sometidos a un proceso de rendición de cuentas por los crímenes y abusos cometidos por ambas partes en estos 12 años de hostilidades armadas.

Los intermediarios también deberán estar conscientes de la inclinación de ambas partes a pactar en secreto.

Según fuentes cercanas a la Consejería de Seguridad Nacional que existió en la primera etapa de la administración foxista, el EPR aceptó suspender sus operaciones armadas a cambio de que el gobierno federal no destruyera a su mando estratégico y no incluyera a ese grupo en la lista de organizaciones terroristas del país, lo que hubiera llamado poderosamente la atención del aparato antiterrorista que Estados Unidos erigió después del 11 de septiembre de 2001.

Esas negociaciones habrían ocurrido sin necesidad de una intermediación política externa y sin difusión de su resultado a la opinión pública.

Durante un periodo de casi seis años a partir de ese acuerdo, el mando estratégico del EPR respetó la tregua y aprovechó el respiro para recomponer parcialmente sus fuerzas y reconstruir sus redes de apoyo en zonas marginales de la ciudad de México, Oaxaca y otras zonas del país.

El grupo armado estaba reducido a un núcleo insurgente, quizá con dinero y bien pertrechado, pero aislado, sin bases, mermado por la baja de más de la mitad de sus militantes encarcelados, ejecutados o desaparecidos, y sin el respaldo expreso de ninguna organización social reconocida. Más de 135 militantes quedaron encarcelados en diferentes prisiones de Oaxaca y docenas de ellos fueron desaparecidos entre 1996 y 1997.

Desde que el gobierno logró penetrar las zonas de operación eperrista en Oaxaca con tropas, grupos de inteligencia y unidades combinadas de la policía y el Ejército, el mando estratégico del EPR se vio obligado a abandonar a sus bases y sumergirse en una clandestinidad casi absoluta.

Los cuerpos de inteligencia del gobierno federal desarrollaron entonces operación de estrangulamiento para acotar las actividades del EPR, penetrar sus estructuras, identificar su red de contactos, aislar a su dirección y crear un ambiente operacional inseguro que disuadiera a las células armadas que intentaran entrar en acción.

Durante el periodo que va de 1997 a 2000, una parte de las unidades del EPR se encargaron de suprimir con violencia el descontento entre sus propias bases en zonas golpeadas por el Ejército. Los habitantes de zonas de operación eperrista como Los Loxichas, Los Chimalapas o las zonas mixe y triqui quedaron atrapados entre el cobro de impuestos de guerra por parte del EPR, las ejecuciones, la venta de protección de la Policía Judicial y las incursiones constantes del Ejército.

En este estado de conflagración interna, las filas del EPR comenzaron a dividirse y empezaron a producirse desprendimientos del EPR con otros nombres, banderas, uniformes y estrategias.

El desprendimiento más notorio fue el del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que planteó una estrategia insurreccional e intentó un alzamiento en Guerrero, Morelos, el Distrito Federal, el estado de México, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

Aprovechando la tendencia divisionista, el gobierno promovió la creación de otros supuestos grupos armados que manifestaban el deseo de “unir fuerzas” con el ERPI. Uno de esos operativos condujo a la detención de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís, el comandante Antonio y la coronela Aurora, del ERPI, respectivamente, en octubre de 1999.

La llegada del PAN y de Vicente Fox al poder en diciembre de 2000 por medio del voto popular limitó las posibilidades de que las células dormidas y los grupos que aspiraban a la lucha armada desarrollaran sus propias capacidades de violencia.

La tregua se rompió cuando dos integrantes del mando estratégico del EPR fueron víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007. El EPR respondió meses después con dos series de atentados con explosivos contra gasoductos de Petróleos Méxicanos en varios estados de la República, que produjeron pérdidas estimadas en 2 mil 400 millones de pesos, según cálculos de Eurasia Group, un grupo consultor con sede en Washington DC.

El EPR intenta ahora recuperar a sus líderes desaparecidos y obligar al gobierno a sentarse en una mesa de negociaciones con la fuerza que le da la posibilidad de cometer más atentados, no con legitimidad política ni apoyo popular. Aparentemente, el gobierno acepta el reto de sentarse a negociar, pero no parece tener muy claro el objetivo de esa negociación ni saber con precisión lo que busca el EPR. Es posible que en el fondo ninguna de las partes esté dispuesta a lograr la paz.