La estructura de dirección del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha sido develada por los organismos de seguridad del gobierno federal. Participan en ella 30 dirigentes, de los cuales 13 están identificados públicamente. Además de ellos, hay 17 integrantes más del EPR plenamente identificados, y a quienes se investiga, pero su identidad no ha sido revelada.

La dirección recae en Tiburcio Cruz Sánchez. Entre sus apodos más conocidos están Chaparro y El Milton. Cruz participó en la detonación de artefactos explosivos el 7 de Octubre 1972 en la sucursal Buenavista de Aurrerá, Telas Junco y El Puerto de Liverpool, en el Distrito Federal.

En 1973 participó en las detonaciones de artefactos explosivos colocadas en el edifico del PRI, en las oficinas del Banco de Comercio y en las inmediaciones de la casa de gobierno de Oaxaca.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez, conocido como Antonio Montaño Torres y/o Raymundo Rivera Bravo.

Sus alias son Gutemberg y El Oso.

Es también miembro del EPR.

Gabriel y Tiburcio encabezaron la llamada Brigada de Ajusticiamiento del PROCUP, antecedente del EPR. Gabriel Cruz, hermano de Tiburcio, es uno de los dos dirigentes desaparecidos desde el 25 de mayo pasado.

Participó en la colocación de artefactos explosivos al Cuartel Número 18, Batallón 1 y en la Academia de Materiales de la Secretaría de la Defensa Nacional en Oaxaca; en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Confederación de Trabajadores de México y en la Confederación Nacional Campesina, en Guadalajara y Oaxaca, entre 1972 y 1976.

También se le adjudica el asesinato de Carlos Hernández Chavarría, quien formaba parte de la dirección nacional de la Unión del Pueblo, ocurrido el 22 de febrero de 1978.

Florencia Elodia Canseco Ruiz, dirigente histórica del EPR, casada con Tiburcio Cruz Sánchez, es madre de Alejandro Antonio, Héctor, Emiliana y Francisco Cruz Canseco o Cerezo Contreras, miembros también del EPR.

Los tres primeros fueron detenidos por su participación en tres detonaciones realizadas en sucursales de Banamex.

Jacobo Silva Nogales o Comandante Antonio, uno de los principales líderes del EPR, que en enero de 1998 encabezó la separación de los cuadros combatientes y bases de apoyo, para formar el ERPI.

Se le vincula con los secuestros de los empresarios Alfredo Harp Helú, Ángel Losada Moreno y Jorge Sekiguchi, así como de Arnoldo Martínez Verdugo y Félix Bautista Matías.

El 22 de octubre de 1999 fue detenido por miembros de la PFP en Chilpancingo, Guerrero, por acopio de armas, posesión de cartuchos y delincuencia organizada.

Actualmente cumple una condena de 14 años en el Cereso número 1 Altiplano, en el Estado de México.

De esta estructura también participa Óscar Nahum Círigo Vázquez, dirigente del EPR y del PROCUP. También se le conoce como El avión, El Levita y El Leni. Se le acusa del homicidio de Sirenio Antonio Enríquez, pero fue liberado por la Ley de Amnistia Federal promulgada por José López Portillo. En la ciudad de Oaxaca participó en varios asaltos.

Juan Sosa Maldonado, Comandante Fausto, tiene el mando del EPR en Oaxaca y se le atribuye el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Nahum Vázquez.

En agosto de 1996 se le relacionó con el ataque a la base aérea militar en el aeropuerto internacional de Oaxaca; en 1998 fue detenido por su presunta relación con este grupo armado, por los delitos de lesiones, homicidio calificado y daños en propiedad ajena. En febrero de 2000 fue trasladado a La Palma, en el Estado de México; en 2001 obtuvo su libertad.

Gloria Arena Agis, Coronela Aurora, es la pareja de Jacobo Silva y participó de la escisión del ERPI; es fundadora de la organización indígena la Unión de Todos los Pueblos Pobres e integrante de la Unión de Campesinos y Artesanos Náhuatl de la Sierra de Zongolica.

Fue detenida junto con su esposo el 22 de octubre de 1999.

Rafael Vicente Rodríguez es uno de los mandos del EPR en Oaxaca. Simpatiza con organizaciones sociales como el EZLN y participa como asesor de organismos vinculados al EPR.

En junio de 2002 fue acusado de secuestro, robo, tentativa de homicidio y asociación delictuosa; por presiones de maestros de la Sección 22 fue absuelto en la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Oaxaca.

Mario Cruz López tiene mando en el EPR de Oaxaca; se le señala como eje articulador de la estrategia del ala radical de la Sección 22.

En octubre de 1996 encabezó la columna armada que emboscó a un grupo de policías estatales en la comunidad Macuiltxóchitl, donde hubo seis policías muertos y uno herido.

Actualmente radica en Nejapa de Madero, donde es director de la escuela secundaria de la localidad.

Donaciano Valencia Juárez es líder del EPR en la región de los Loxicha en Oaxaca. De 1997 a 2000 estuvo preso por los delitos de incitación a la rebelión y conspiración, por el ataque del EPR a La Crucecita de Santa María Huatulco el 29 de agosto de 1996, pero fue liberado luego de que la Secretaría de Protección Ciudadana aplicara la remisión de pena.

Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, tiene el mando del ERPI, en la Tierra Caliente, Guerrero.

En agosto de 1996 atacó las instalaciones del 40 Batallón de Infantería de Santa Bárbara, municipio de Pungarabato.

El 9 de marzo de 2001 fue detenido, pero en noviembre de 2002 se fugó del penal de Acapulco, junto con otros 13 presos.

Jorge Marcial Tzompaxtle tiene el mando de la columna del ERPI en Guerrero. Sus principales funciones son el reclutamiento y la coordinación de secuestros.

José María Hernández Martínez, El Chema, es coordinador regional del EPR y dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata; fue activista del PROCUP en 1985. Desde 1989 cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, despojo y daños en propiedad ajena.

En enero de 2006 fue detenido en Veracruz y actualmente está recluido en el penal de Amatlán de los Reyes, en ese estado.

Este lunes se registró una incursión del Ejército federal y la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la comunidad San Jerónimo Tulijá (municipio oficial de Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón). El martes, los militares y policías volvieron a posicionarse en las afueras del poblado.

Según reporta el Centro de Drechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), la mañana del lunes los pobladores se percataron del sobrevuelo de un helicóptero militar. Por la tarde ingresó un convoy de 11 vehículos de distintas corporaciones. Sus integrantes descendieron de sus vehículos portando armas de grueso calibre, allanaron tres domicilios sin orden judicial, de los cuáles dos eran de bases de apoyo zapatistas y uno de priístas.

“El día 19, los efectivos militares iban acompañados de un vecino de la comunidad, Narciso Morales Gutiérrez, presuntamente miembro de un batallón de infantería destacamentado en Cancún, a quien vieron señalando a las autoridades del consejo autónomo y sus casas”, añade el CDHFBC.

Los militares y policías “amenazaron a las personas que se encontraban en las casas y las calles”. En una de las viviendas de zapatistas, un agente de la AFI “tomó por el cuello a una muchacha de 21 años (se omite su nombre a solicitud de los denunciantes), quien cargaba a su hijo de dos años, en tanto otros agentes gritaban ‘ya mátala’”. Tras la incursión y el allanamiento, los integrantes del convoy salieron de San Jerónimo Tulijá hacia las 18 horas, sin ningún detenido.

El CDHFBC documentó este martes la presencia de por lo menos 11 vehículos: tres tipo torton, una pickup, un Hummer y una camioneta Suburban, todos pertenecientes al Ejército. Además, tres pickup de la Policía Estatal Preventiva y dos camionetas, al parecer de la AFI. El Hummer bloqueaba el acceso a la población. Eran unos 300 elementos en total.

Los observadores fueron cuestionados por el capitán Loyola, a bordo del Hummer 0818141. El oficial dijo que la operación policial y militar se debía a “un reconocimiento de rutina”, sin agregar más. Los vehículos se alejaron un kilómetro en un lugar conocido como El Graval.

Pobladores de San Jerónimo Tulijá denunciaron la incursión, “ya que no hay motivo que justifique el allanamiento de las fuerzas armadas; sin embargo, no descartan que cualquier pretexto sirva para agredir a los pobladores del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, perteneciente al caracol de La Garrucha”.

El CDHFBC expresa preocupación, “dado el riesgo latente de nuevas agresiones a la comunidad”, y exige a las autoridades federales y estatales que se proteja la integridad de los pobladores, y el retiro inmediato del Ejército, tanto por la peligrosidad como por la ilegalidad de su participación en asuntos policiacos”.

La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) dijo estar dispuesta a iniciar un diálogo con el gobierno, pero exigió que el gobierno federal dé muestras fehacientes de distensión.

En un comunicado dirigido a los integrantes de la comisión de intermediación, el EPR exigió acciones inmediatas para castigar a los responsables de la desaparición de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La guerrilla, en su última comunicación responsabiliza directamente a los integrantes del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR, hoy desaprecido) de ser quienes levantaron a sus dos compañeros el 25 de mayo de 2007, en Oaxaca.

En la misiva enviada ayer, el grupo señala que la detención “extrajudicial” fue ordenada por la ex titular de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña.

Para respaldar este argumento, el EPR hace mención a una carta enviada, presuntamente, por elementos de la Policía Ministerial de esa entidad, en la que se asegura que integrantes de la FPAR también secuestraron a Jonás Gutiérrez Corro, comandante de esa corporación, por negarse a participar en el operativo para detener a los eperristas.

La denuncia por la desaparición del comandante, según el EPR, fue emitida el 7 de enero de 2008: “Somos policías ministeriales del estado de Oaxaca, pedimos al gobierno de Oaxaca que aparezca con vida el comandante Jonás Gutiérrez Corro, desaparecido al salir de su domicilio, en el fraccionamiento que se encuentra cerca de El Tule, por un grupo armado, mismo que desapareció a los miembros del EPR.

“El comandante no quiso participar en la desaparición, y lo secuestraron por no ser corrupto como los demás comandantes dirigidos por Manuel Moreno Rivas, el comandante Pedro Hernández y la ex procuradora Lizbeth Cadeza.

“Nosotros vimos a los miembros del EPR llegar a Los Pinos, comandancia del grupo FPAR, donde los interrogaron hasta el amanecer, y de ahí ya no se supo nada, y días después desaparecieron al comandante.”

Con el objetivo de llegar a acuerdos para contrarrestar el tráfico de armas en el sureste mexicano, se reunieron en Chetumal autoridades de los tres niveles de gobierno en México y Belice.

De la reunión, que fue a puerta cerrada, trascendió que contrabandistas utilizan la frontera entre México y Belice para introducir de manera ilegal cargamentos de armas provenientes de China para ser vendidos al grupo paramilitar Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El Casino Naval en Chetumal fue sede del encuentro y participaron los representantes de la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Secretaria de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Procuraduría General de la República y de Justicia del Estado, así como la Policía Fronteriza y Municipal, y del vecino país de Belice.

En la reunión se dio a conocer que se han detectado cien puntos ciegos por donde presuntamente se lleva al cabo el tráfico de armas, drogas e ilegales, por lo que buscan hacer un frente común involucrando a las autoridades beliceñas a través del acuerdo binacional entre ambos países para cerrar el paso a la delincuencia organizada y sellar la conocida “frontera líquida”.

Extraoficialmente se averiguó que en la reunión se analizó a fondo a los delincuentes que están sentando sus bases en Quintana Roo, lo que ha dejado una ola de ejecuciones en Cancún.

Se recordó que en el vecino país de Belice, semanas atrás tuvieron conocimiento del aterrizaje de una aeronave procedente de Venezuela sobre la carretera en las cercanías de Orange Walk, de la que presuntamente se descargó una gran cantidad de cocaína que no pudo ser decomisada, aunque lograron la detención de presuntos narcotraficantes beliceños.

Por otro lado, entre los altos mandos se dieron detalles de dos contenedores que desaparecieron en Belice, supuestamente cargados con armas, aunque se ha informado en medios de prensa beliceños que se trataba de alimentos y medicinas, pero ninguna versión se ha confirmado.

Se espera que en los próximos días se instalen retenes militares a lo largo de la ribera del río Hondo.

El gobierno mexicano evaluó que hubo avances durante una “productiva” reunión que sostuvo el martes con una comisión de intermediación propuesta por la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR, izquierda), que reclama por la desaparición de dos de sus compañeros.

Temas sustantivos

“En esta productiva reunión fue posible avanzar en temas sustantivos de interés del diálogo”, señaló la secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) en un escueto comunicado.

En el encuentro participaron el subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, y los integrantes de la comisión mediadora, entre ellos, el obispo Samuel Ruiz y la senadora izquierdista Rosario Ibarra.

En demanda de la aparición de los dos militantes, la organización guerrillera se atribuyó varios atentados perpetrados en 2007 contra ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, que causaron fuertes pérdidas económicas.

Un día antes del encuentro celebrado este martes, el EPR reiteró que mantendrá una “tregua militar” mientras se desarrolle el proceso de diálogo entre el gobierno y la comisión mediadora.

El EPR denunció la desaparición hace casi un año de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.