La Comisión de Intermedia-ción que propuso el EPR para facilitar las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón cometería un error grave si no establece su independencia y marca una distancia clara respecto de ambas partes del conflicto armado.

Más allá de su probidad, los miembros de esa comisión deben demostrar que tienen la capacidad para superar las limitaciones del contenido y objetivos del intento de negociación.

La presencia del obispo Samuel Ruiz asegura, con toda la experiencia de haber dirigido la Comisión Nacional de Intermediación en el conflicto armado con el EZLN, que esta negociación puede ampliarse hasta trazarse metas como el abandono de una solución de fuerza al conflicto, la pacificación y el desarrollo social con justicia de vastas zonas del país donde ha existido actividad de movimientos armados.

Sin embargo, la historia de este conflicto muestra la necesidad de que tanto el EPR como el gobierno federal sean sometidos a un proceso de rendición de cuentas por los crímenes y abusos cometidos por ambas partes en estos 12 años de hostilidades armadas.

Los intermediarios también deberán estar conscientes de la inclinación de ambas partes a pactar en secreto.

Según fuentes cercanas a la Consejería de Seguridad Nacional que existió en la primera etapa de la administración foxista, el EPR aceptó suspender sus operaciones armadas a cambio de que el gobierno federal no destruyera a su mando estratégico y no incluyera a ese grupo en la lista de organizaciones terroristas del país, lo que hubiera llamado poderosamente la atención del aparato antiterrorista que Estados Unidos erigió después del 11 de septiembre de 2001.

Esas negociaciones habrían ocurrido sin necesidad de una intermediación política externa y sin difusión de su resultado a la opinión pública.

Durante un periodo de casi seis años a partir de ese acuerdo, el mando estratégico del EPR respetó la tregua y aprovechó el respiro para recomponer parcialmente sus fuerzas y reconstruir sus redes de apoyo en zonas marginales de la ciudad de México, Oaxaca y otras zonas del país.

El grupo armado estaba reducido a un núcleo insurgente, quizá con dinero y bien pertrechado, pero aislado, sin bases, mermado por la baja de más de la mitad de sus militantes encarcelados, ejecutados o desaparecidos, y sin el respaldo expreso de ninguna organización social reconocida. Más de 135 militantes quedaron encarcelados en diferentes prisiones de Oaxaca y docenas de ellos fueron desaparecidos entre 1996 y 1997.

Desde que el gobierno logró penetrar las zonas de operación eperrista en Oaxaca con tropas, grupos de inteligencia y unidades combinadas de la policía y el Ejército, el mando estratégico del EPR se vio obligado a abandonar a sus bases y sumergirse en una clandestinidad casi absoluta.

Los cuerpos de inteligencia del gobierno federal desarrollaron entonces operación de estrangulamiento para acotar las actividades del EPR, penetrar sus estructuras, identificar su red de contactos, aislar a su dirección y crear un ambiente operacional inseguro que disuadiera a las células armadas que intentaran entrar en acción.

Durante el periodo que va de 1997 a 2000, una parte de las unidades del EPR se encargaron de suprimir con violencia el descontento entre sus propias bases en zonas golpeadas por el Ejército. Los habitantes de zonas de operación eperrista como Los Loxichas, Los Chimalapas o las zonas mixe y triqui quedaron atrapados entre el cobro de impuestos de guerra por parte del EPR, las ejecuciones, la venta de protección de la Policía Judicial y las incursiones constantes del Ejército.

En este estado de conflagración interna, las filas del EPR comenzaron a dividirse y empezaron a producirse desprendimientos del EPR con otros nombres, banderas, uniformes y estrategias.

El desprendimiento más notorio fue el del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que planteó una estrategia insurreccional e intentó un alzamiento en Guerrero, Morelos, el Distrito Federal, el estado de México, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

Aprovechando la tendencia divisionista, el gobierno promovió la creación de otros supuestos grupos armados que manifestaban el deseo de “unir fuerzas” con el ERPI. Uno de esos operativos condujo a la detención de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís, el comandante Antonio y la coronela Aurora, del ERPI, respectivamente, en octubre de 1999.

La llegada del PAN y de Vicente Fox al poder en diciembre de 2000 por medio del voto popular limitó las posibilidades de que las células dormidas y los grupos que aspiraban a la lucha armada desarrollaran sus propias capacidades de violencia.

La tregua se rompió cuando dos integrantes del mando estratégico del EPR fueron víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007. El EPR respondió meses después con dos series de atentados con explosivos contra gasoductos de Petróleos Méxicanos en varios estados de la República, que produjeron pérdidas estimadas en 2 mil 400 millones de pesos, según cálculos de Eurasia Group, un grupo consultor con sede en Washington DC.

El EPR intenta ahora recuperar a sus líderes desaparecidos y obligar al gobierno a sentarse en una mesa de negociaciones con la fuerza que le da la posibilidad de cometer más atentados, no con legitimidad política ni apoyo popular. Aparentemente, el gobierno acepta el reto de sentarse a negociar, pero no parece tener muy claro el objetivo de esa negociación ni saber con precisión lo que busca el EPR. Es posible que en el fondo ninguna de las partes esté dispuesta a lograr la paz.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) condenó la postura gubernamental de imponer condiciones para un acercamiento y advirtió que no habrá “diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional”.

En un comunicado censuró que se pretenda convertir a quienes convocó como mediadores entre las partes en “mudos testigos presenciales”.

El EPR reivindica su papel de grupo guerrillero, pues “las armas y las acciones de autodefensa son y siguen siendo una medida política legítima ante el derroche de la violencia que viene del Estado contra el pueblo y sus organizaciones”.

En este contexto, llamó a organizar e impulsar “la lucha por todos los medios y formas contra la privatización de Pemex”.

En un extenso documento dirigido a defensores inependientes de los derechos humanos y a organizaciones sociales, políticas y revolucionarias, se descalifica el papel del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al cual se identifica como alguien que se “quiere presentar con ínfulas de político y estadista, investidura que no alcanza a cubrir por ser un empresario arribista que ha acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias”.

Negación de la realidad

El EPR afirma que “sólo un esquizofrénico –mal recurrente de los panistas– puede negar la realidad que vive el país, donde prevalece la pobreza; hay un marco jurídico oligárquico; hay presos políticos y desapariciones forzadas, al mismo tiempo que prevalece una la represión selectiva y masiva”.

El EPR señala que las amenazas y chantajes para “arrodillarnos o que capitulemos por las ‘buenas’ no detendrán la voluntad de combatir del pueblo”. Subraya que hasta ahora el gobierno sólo ha ofrecido una tentativa de diálogo que va condicionado “con prepotencia y formateado con alevosía y ventaja, que enjuicia a priori”.

Más adelante advierte que la pretensiones de esas amenazas –sustentadas en la “superioridad del Estado”– están condenadas al fracaso, porque sólo buscan la “paz de los sepulcros y las mazmorras de sus cárceles de exterminio”.

En una parte medular de su comunicado el EPR destaca la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez a manos de los gobiernos federal y de Oaxaca.

Para los eperristas, la responsabilidad del Ejecutivo federal en estas desapariciones se da “por omisión o comisión”, razón por la cual insisten en su denuncia de la redición de la guerra sucia por los gobiernos de “Ulises (Ruiz) y (Felipe) Calderón”.

El EPR critica las descalificaciones que ha sufrido a manos del gobierno y sus “voncingleros” por los reclamos de presentar con vida de las desaparecidos, por lo que concluye que en realidad la violencia proviene del Estado.

Asimismo, cuestiona la “negación de facto” de la existencia de desaparecidos, porque en los hechos esto presupone la cancelación de una salida política al problema de las desapariciones forzadas.

Más adelante insiste en su demanda de liberación de los dos desaparecidos en una lógica de defensa de los derechos humanos, pero sostiene que “se equivocan, señores del gobierno y vocingleros del sistema, en sus juicios y sesudos análisis: no estamos pidiendo negociación alguna producto de debilidad o acorralamiento político, o porque sentimos pasos en la azotea ante el gran despliegue policiaco-militar”.

Rechazo a amenazas

La petición de crear una comisión intermediadora, explica, obedecía a crear mínimos espacios legales “acotados por un Estado que todo criminaliza”. Se trataba de buscar con la participación de esas personalidades la presentación con vida de los desaparecidos.

Sin embargo, añade, a esta iniciativa el gobierno respondió con amenazas, descalificaciones y estigmas, “por lo que en los hechos a la violencia institucionalizada contra los luchadores sociales se anexa más violencia estatal para tratar de imponer una salida policiaco-militar”.

Posteriormente pone en duda la democracia que reivindica el gobierno federal, al señalar que no es concebible si se refiere “¿al asesinato de más de 600 perredistas en Guerrero? ¿A las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco y Agua Fría? ¿A las brutales represiones en Sicartsa o San Salvador Atenco? ¿Al estado de sitio en Oaxaca, que cobijó crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz? ¿A la militarización del país que anula de facto garantías individuales?”

El diálogo entre la Comisión de Mediación propuesta por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal comenzó ayer formalmente.

En principio, dialogaron en torno a la logística y cuestiones de procedimiento.

Gobernación, representada por el subsecretario Abraham González Uyeda, planteó que los encuentros se celebraran en su sede de la calle de Bucareli, pero convinieron en intercalarlos también en las oficinas de Servicios de Asesoría para La Paz (SERAPAZ), que encabeza el arzobispo Samuel Ruiz.

El subsecretario Abraham González indicó, al término de la reunión, que los acuerdos logrados fueron “totalmente positivos y constructivos”.

La principal demanda del EPR es la presentación con vida de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, además de que rechazó tajante el diálogo cara a cara con el gobierno.

La comisión está integrada por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el académico Enrique González Ruiz, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, la senadora Rosario Ibarra, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y el arzobispo Ruiz.

Los comisionados precisaron que el propósito de la reunión con Abraham González fue el de establecer los primeros contactos en relación con el tema de consensuar procedimientos y mecanismos para el logro de los propósitos de la mediación.

“Acordamos continuar el esfuerzo de búsqueda de caminos para obtener resultados positivos (…) se reiteró la voluntad de persistir y avanzar en el empeño de conseguir acuerdos”, dijeron los comisionados.

Montemayor reiteró que el único contacto que ellos tendrán con el EPR será a través de los medios de comunicación.

El lunes pasado, el presidente Felipe Calderón lamentó la negativa del EPR al diálogo directo y ratificó la disposición de su gobierno al debate y a canalizarlo por la vía de las instituciones.

El EZLN ha dado muestras desde el inicio de su levantamiento, de su interés y apuesta por el arte y la cultura como una forma de transformación de la sociedad. En las
múltiples iniciativas organizativas que los zapatistas han implementado, le han otorgado un lugar preponderante a las manifestaciones artísticas, no solamente como complemento a la actividad política o como acto propagandístico, sino como una actividad que por sí misma es expresión de libertad.
La creatividad del zapatismo quedó demostrada desde el mismo agosto de 1994, durante la realización de la Convención Nacional Democrática (CND), convocada por el EZLN, que tuvo su sede en Aguascalientes, Chiapas. El escenario no podía ser más estético y significativo. Una enorme instalación en forma de navío con grandes banderas como velamen, donde se ubicaron los convencionistas, enclavada en plena selva. El propio subcomandante la llamó «…El arca de Noé, la torre de Babel, el barco selvático de Fitzcarraldo, el delirio del neozapatismo, el navío pirata»1. No deja de llamar la atención que un movimiento «armado» dedique su tiempo y esfuerzo en la realización de tan originales instalaciones para recibir a sus invitados.
En 1996 hicieron el llamado a participar en el concurso para la realización del cartel promocional del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo, que se realizó en los cinco Aguascalientes zapatistas del 27 de julio al 3 de agosto de ese año. La triunfadora del concurso fue la pintora Beatriz Aurora, quien ha acompañado al zapatismo desde entonces. En la mesa 3 del Encuentro «Todas las culturas para todos ¿Y los medios? De las pintas al ciberespacio»,2 se discutió cómo realizar un arte, una cultura y una comunicación «que lleguen a todos».
En esta misma tónica, en febrero de 2006, el EZLN llamó a la realización del Encuentro Nacional por Otra Comunicación, Otra Información, Otro Arte, Otra Cultura, como parte de las actividades programadas durante la gira para la conformación de La otra campaña. El hecho de anteponer la palabra otro, otra, hace hincapié en la propuesta zapatista no de cambiar al mundo, sino de construirnos uno nuevo. Es decir subvertir todo lo hecho hasta hoy. La resignificación de la palabra que propone el zapatismo, exige poner en juego toda la imaginación y la capacidad creadora no solamente para encontrar «otra forma de hacer política» sino para desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, poniendo la ética de antemano. El arte es un factor primordial en la consecución de esta utopía.
Las expresiones artísticas inspiradas por el zapatismo son muy variadas y abarcan todos los terrenos de las artes: el teatro, la literatura, el cine, la música y las artes visuales. Artistas e intelectuales de todo el mundo se han acercado al zapatismo del cual han obtenido inspiración y no pocos se han sumado a su causa. Muchos creadores visuales se han acercado al zapatismo en donde han encontrado inspiración no sólo para la realización de su obra sino para la participación política. Los más constantes, como Antonio Ramírez, Beatriz Aurora y Domi, han realizado una vasta producción que ha traspasado las fronteras de México para llegar a otros continentes. En junio de 2007 y con la finalidad de recabar fondos para las comunidades zapatistas que enfrentan la constante agresión gubernamental, se hizo la presentación del libro Noches de fuego y desvelo, con textos eróticos del subcomandante Marcos -quien desde hace años se ha rebelado como un excelente escritor- e ilustrado por la magnífica pintura de Antonio Ramírez.
Las niñas y los niños zapatistas han realizado una gran cantidad de obra plástica, orientados por integrantes de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales, como el Laboratorio de Integración Plástica La Gárgola, que realiza talleres con la finalidad de ayudar a los niños a superar el trauma de su experiencia de la guerra. En uno de los talleres organizados por este colectivo, el coordinador del grupo, Gustavo Chávez Pavón, comenta:
«En los talleres que imparte La Gárgola se invita a los niños a pintar distintos tipos de flores […] les decimos que las flores son como las ideas y que a través de éstas podemos contar muchas historias. Lo dramático es que a veces los pequeños plasman muertos y soldados. Esa es su realidad».
El domingo pasado (4 de mayo) se cumplieron dos años de la barbarie cometida por las policías federal Preventiva, del Estado de México y municipal de Texcoco en contra de un grupo de floristas del Mercado de Texcoco, de miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de la sociedad civil que los apoyaba. Los dos asesinatos cometidos, las más de 200 detenciones ilegales, las más de 40 violaciones y ultrajes contra las detenidas y todos los actos criminales cometidos continúan en la impunidad. Aún quedan varios luchadores sociales injustamente prisioneros.
Para informes o comentarios, los invitamos a que nos visiten en nuestra página electrónica: http://www.colectivo-utopia.org/. Les recordamos que estén pendientes de las actividades de nuestros martes culturales que se realizan el segundo y cuarto martes de cada mes en el Café El Refugio del Juglar, ubicado en Bartolomé de las Casas número 564, colonia Centro.

1.- Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN Documentos y comunicados, tomo 1, p. 305.
2.- Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Crónicas intergalácticas EZLN. Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, pp. 107-145.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR), el grupo guerrillero más antiguo de México, rechazó hoy el “diálogo directo” con el gobierno para encontrar a dos de sus militantes desaparecidos, porque no hay condiciones “de ningún tipo para sentarnos de frente”.
El EPR, que surgió en los 60 y se reagrupó en junio de 1996, argumentó que “atrás” del gobierno “se encuentra” la organización clandestina conservadora el Yunque, los presidentes de Colombia Alvaro Uribe y de Estados Unidos George W. Bush y “toda la maquinaria represiva”.
Asimismo, la organización, que el año pasado realizó dos atentados contra oleoductos en cuatro estados del país, negó que busque reencauzar su movimiento por la “vía institucional”, al negar que su llamado a dialogar sea signo de “debilidad”.
El EPR expuso que no dejará las armas porque “la autodefensa es la única forma de defensa que le queda al pueblo”.
El grupo había llamado a dialogar sobre dos de sus activistas desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en el estado sureño de Oaxaca, supuestamente detenidos por fuerzas de seguridad.
El gobierno en principio rechazó la propuesta y la condicionó a que el EPR abandone las armas, pero después expresó su disposición a dialogar. ACZ