El gobierno federal aceptó la mediación del grupo propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), con el objetivo de “establecer principios de entendimiento y un proceso de diálogo” que lleve a la “solución de las diferencias (con el grupo armado) por la vía de las instituciones”.

Aunque el 29 de abril el gobierno condicionó el diálogo con los eperristas a un encuentro directo, en el que los personajes propuestos fungieran como “testigos sociales”, esta vez la Secretaría de Gobernación (SG) se refirió a ellos como “personalidades, mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos que gozan de reconocimiento en distintos sectores de la sociedad”.

De inmediato las “personalidades” mencionadas hicieron un pronunciamiento público para constituirse, en principio, en “comisión de mediación”, bajo el entendido de que “ambas partes” ya manifestaron su disposición al diálogo.

Los siete integrantes de la comisión destacaron la necesidad de privilegiar la intermediación, con el fin de dar cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y combatir las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad.

Anunciaron que buscarán de inmediato una reunión con funcionarios de Gobernación para escuchar y presentar planteamientos que sirvan para solucionar “los graves problemas que originan la necesidad del diálogo”, especialmente para contribuir a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, cuya desaparición –el año pasado– representa una de las banderas de lucha del grupo guerrillero.

Fuentes de la SG señalaron que el subsecretario de Gobierno, Abraham González, será el encargado de establecer contacto directo con los integrantes de la comisión, con la perspectiva de reunirse en breve. Por su parte, ésta establecerá comunicación con el EPR a través de los medios de información, vía que calificaron de “transparente y eficaz. Ustedes son el teléfono rojo con todas las partes involucradas”, agregó.

“Las cosas empiezan por un punto y van, como en la geometría clásica, en un plano lineal, en el que punto por punto se va construyendo una línea, y línea por línea se construye una superficie y una figura geométrica”, expresó el escritor Carlos Montemayor, vocero de la comisión, integrada además por Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas; Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, los tres últimos integrantes del Frente Nacional Contra la Represión.

Respecto de la participación de la legisladora, también presidenta del Comité Eureka, Montemayor dijo que no ha tenido conocimiento de que alguna comunicación oficial haya cuestionado la participación de los mediadores, incluida la senadora Rosario Ibarra.

Como se ha informado, el gobierno condicionó el diálogo a que el grupo guerrillero suspendiera definitivamente sus acciones “radicales de sabotaje y de violencia”, y advirtió que continuarán las investigaciones contra los responsables de los atentados contra instalaciones de Petróleos Mexicanos ocurridas el año pasado.

En ese contexto, los mediadores analizaron los comunicados del EPR (emitido el 28 de abril) y del gobierno federal (dado a conocer ayer), y concluyeron que es positiva la disposición al diálogo. Destacaron también “el valor del compromiso” de los eperristas, de no ejecutar acciones armadas mientras dure la labor de la comisión de intermediación.

Tras la lectura de su pronunciamiento, Montemayor dijo que hay optimismo y que a partir de ahora ya pueden actuar de manera ordenada como comisión, no a título individual, para lograr, paso a paso, progresos y resultados positivos.

El escritor insistió en que sería prematuro hablar acerca de eventuales planteamientos o acuerdos posteriores, e insistió en la valía de la tregua prometida por el EPR, porque es muestra concreta para entender el valor de la negociación política.

“Estamos en los primeros momentos formales de una comisión que empezará a trabajar a partir de hoy. Parte de ese acercamiento (con Gobernación) será el contenido de los comunicados, cuyos puntos serán motivo de negociación y análisis.”

La SG tenía lista su respuesta desde el jueves, pero decidió hacerla pública la mañana de ayer. En ésta refrendó su disposición al diálogo y “a la vía de las instituciones” para resolver las diferencias, y condenó “toda forma de violencia”.

De igual forma, lamentó la negativa “del llamado PDPR-EPR a entablar una negociación en los términos planteados”.

En tanto, el obispo Samuel Ruiz –quien se retiró pronto de la sesión de la comisión, realizada nuevamente en las oficinas de la organización civil Servicios y Asesorías para la Paz– manifestó que el diálogo es la única salida política a los conflictos que existen entre el gobierno federal y los movimientos sociales, de ahí que los encuentros entre ambos representan una “oportunidad histórica”

Durante un foro convocado por la Universidad Autónoma de Querétaro, el obispo dijo que el actual sistema de gobierno “es represivo con los diversos grupos que presentan demandan justas, si no no existirían movimientos como el EPR”.

Comentó que se pretende justificar la represión con “palabras engañosas”, al decir que se ejerce el estado de derecho.

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Por una extraña fascinación por demostrar al mundo que en el sistema político mexicano cabe de todo, hasta el diálogo con los delincuentes, los tres últimos gobiernos, un priista y dos panistas, no se han detenido en menospreciar y hasta insultar al Ejército mexicano al reconocer oficialmente y de facto a otros ejércitos.

Fue Ernesto Zedillo, actor principal de La década perdida, según Carlos Salinas, quien oficialmente y por decreto reconoció al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su bandera y su territorio propios.

Zedillo, quien a pesar de la recomendada que al principio le dio Salinas ante el alto mando militar, jamás tuvo buenas relaciones con el Ejército, escuchó impávido decir a su secretario de Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre: “Sólo existe un Ejército, el mexicano”.

Pero luego Vicente Fox empezaría a demostrar que no aprendería la lección, y en uno de sus dislates llamó a las fuerzas armadas “Ejército federal”, la forma despectiva con la que los encapuchados del EZLN se referían al Ejército mexicano. Nada raro, pues luego le diría al encapuchado: “A sus órdenes, señor Marcos”.

Otra vez el alto mando respondió indignado: “No hay más bandera que la tricolor; no hay más símbolo que el águila; no hay más canto de unión que el Himno Nacional”, palabras estas del secretario de la Defensa Nacional del primer gobierno panista, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García. Pero Marcos y sus encapuchados llegaron en caravana a la Ciudad de México, después de que Fox ordenara al Ejército mexicano retirarse de algunas bases en Chiapas.

Ya con el EZLN disminuido y sin fuerza mediática, la llegada del gobierno de Felipe Calderón prometía otro tipo de estrategia ante problemas más serios como la inseguridad pública, traducida en el dominio del narcotráfico.

Aparentemente la presencia de grupos guerrilleros no habría de quitarle el sueño al nuevo Presidente panista, pues bastante tenía con hacer frente a las grandes organizaciones de narcotraficantes.

Pero los transgresores de la ley, como llama el Ejército a los grupos subversivos, insurgentes o guerrilleros, reclamaron su pedacito de gloria y saltaron al escenario poniendo bombas en instalaciones petroleras y causando daños por miles de millones de pesos.

“¿Por qué?”, nos preguntamos todos. Pues porque a quienes se agrupan en el autodenominado “Ejército Popular Revolucionario” (EPR) se les metió en la cabeza reclamar la entrega de dos de sus compañeros que nadie conoce, ni nadie sabe dónde están, ni nadie sabe por qué desaparecieron.

Y ahí va de cabeza el gobierno de Calderón a caer en esta nueva trampa.

Fue el primer secretario de Gobernación de Calderón, Francisco Ramírez Acuña, quien tras despedazar semánticamente los últimos 40 comunicados que había emitido el EPR, dijo sin empacho que “los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quiénes fueron los autores materiales ni intelectuales de la presunta desaparición. Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias”.

Ramírez Acuña dejó el cargo sin haber resuelto el acertijo eperrista.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional también aportó su cuota en la trampa al señalar que el gobierno de Felipe Calderón había llegado al punto de enviarle mensajes al EPR, en los que le aseguraba que había la decisión de buscar a sus compañeros y castigar a quienes los pudieran haber desaparecido, a cambio de que cesaran sus ataques.

Tarde ya para cualquier ajuste, el director del Cisen diría en una reunión privada con periodistas que esta acción no era un intento de negociación, pues “no son guerrilleros ni luchadores sociales, sino delincuentes que se proveen de recursos para sus operativos, vía secuestros”.

¿Con qué autoridad moral, diría el director del Cisen, le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran?

“Si a pesar de estas tres razones deciden continuar con la violencia contra los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo”.

Mientan o no, el gobierno les cree, como les creen los integrantes de esa comisión negociadora, que también cayó en la trampa, y ahora todos están felices y dispuestos a emprender el diálogo con el EPR.

Realmente lo del diálogo es lo de menos. Se dé o no se dé, esos dos eperristas desaparecidos así seguirán, pues como alguna vez dijo Oscar Flores Sánchez, quien fuera procurador general de la República: “En México no hay desaparecidos políticos; los que no aparecen están muertos”.

Lo de más es que a Felipe Calderón se le olvide que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y que de ninguna manera puede reconocer, como lo hicieron sus dos antecesores, la existencia de otros ejércitos. Esto significaría una nueva burla y un nuevo insulto a los soldados mexicanos a los que tanto pondera en su lucha contra el narcotráfico, y una negación a su investidura de Comandante.

La mera aceptación tácita a dialogar con los delincuentes del EPR les da en automático estatura de ejército. La respuesta militar no se hará esperar.

1. Entre la izquierda no electoral el levantamiento zapatista (del Ejército Zapatista de Liberación Nacional) del 1 de enero de 1994 en Chiapas, nos causó un enorme entusiasmo y mucha alegría. Escribía entonces para un periódico diario y una revista semanal y a los dos días (por propia iniciativa) estaba ya en la ciudad de San Cristóbal observando y persiguiendo las noticias que llegaban de la selva de Guadalupe/Tepeyac, Ocosingo u Oventic. La realidad es que el presidente Carlos Salinas, que a finales de 1993 había firmado el TLC e impuesto al candidato priísta (Colosio), aparecía antes del levantamiento como el presidente más grande que haya dado el país; a tal grado que anunciaba que México (país con un 60 por ciento de pobres y miserables) había pasado del tercer al primer mundo. Se le veía cantando el himno nacional por todos los canales de televisión y con una cínica sonrisa se burlaba de toda la oposición a su política.

2. Presionamos los periodistas para que nos habilitaran una sala de prensa, misma que a los cuatro días abrieron en el hotel Mazariegos con algunas computadoras y servicio telefónico. Entrevistamos a varias personas que habían estado cerca de aquellos lugares y viajamos a algunas poblaciones donde se hacían actos políticos, pero los periodistas que no pertenecían a Televisa o a un medio extranjero poderoso, no pudimos brincar el cerco del ejército “por falta de autorización”. La mayoría de los que buscábamos noticias esos días, incluso los de otros países que eran los más, tuvimos simpatía por el levantamiento. En todo el país se desataron apoyos al EZLN mediante mítines, mantas, pintas y pegas de volantes; mientras tanto la policía recibía órdenes de reprimir y encarcelar. En sólo 12 días, por la gran movilización nacional e internacional, el gobierno de Salinas tuvo que bajarle a la represión y abrir una mesa de diálogo.

3. Comenzó entonces el EZLN a transformarse en un gran movimiento nacional zapatista. A causa del coraje por el levantamiento y por lo difícil de los problemas que tuvo en su último año de gobierno, Salinas incrementó la tropa militar en Chiapas e hizo crecer los cuerpos policíacos en los estados de la República. Aunque se iniciaron las conversaciones formales en San Cristóbal, la represión no bajó. Sin embargo, a raíz de que Ernesto Zedillo asumió la Presidencia, hizo hasta lo imposible para destruir al EZLN, a pesar de que éste había declarado que no era un ejército para la guerra sino para la paz. Le preparó Zedillo una trampa a la dirigencia del EZLN, encabezada por Marcos, muy parecida a la trampa que le pusieron a Zapata en 1919 que concluyó con su asesinato en Chinameca, Morelos. Zedillo incluso se vio obligado a abrir una mesa de diálogo que luego desconoció al no reconocer los acuerdos de San Andrés.

4. El gobierno que el charlatán panista Vicente Fox encabezó, prometió en su campaña que resolvería los problemas con el EZLN “a los 15 minutos” de tomar posesión. Pasaron dos meses de espera y el EZLN resolvió realizar una gran caravana de San Cristóbal a la Ciudad de México en la que participamos en más de 40 autobuses y decenas de camionetas y automóviles casi 1,500 personas y fuimos recibidos con aplausos, entusiasmo y comida en más de 50 pueblos de unos ocho estados de la República. Al entrar al Zócalo de la Ciudad de México nos recibieron (a EZLN, a sus líderes y a los caravaneros) alrededor de 400 mil personas. Fox buscaba salir en la Tele con Marcos y hasta la misma Televisa y TV Azteca abrieron sus puertas al líder zapatista. En los días siguientes los panistas y priístas fueron cerrando la “apertura” de Fox hasta tratar de evitar que el EZLN hable en el Congreso e impedir que se aprueben los Acuerdos de San Andrés,

5. Fox ordenó movimientos de tropa militar y cambios de retenes en la zona zapatista de Chiapas. Al parecer no reprimió con brutalidad como Salinas y Zedillo, pero bloqueó la aprobación de los Acuerdos indígenas de San Andrés que se discutieron durante varios meses en Laráizar con la participación de más de 15 comisionados por bando y con la asistencia de cientos de personas que acordonamos como protección la zona de pláticas. Fox pudo gobernar en paz su sexenio y decir cínicamente que el problema de Chiapas con el EZLN “estaba resuelto”. Entre tanto, el EZLN aprovechó la coyuntura para organizar sus Caracoles, es decir, gobiernos legítimos en la zona zapatista, que son sin duda, experiencias importantes de autogobierno. Sin embargo, a pesar de la enseñanza que pueden mostrar, durante el gobierno ultraderechista de Fox, pareciera que el EZLN se hizo más local perdiendo su carácter y presencia nacional.

6. La Otra Campaña fue, al parecer, una interesante experiencia para conocer de manera directa lo que en el país se desarrollaba; además permitiría hacer contactos, agrandar el movimiento y consolidar una fuerza importante en el país. La Otra parece haber servido poco porque no se instrumentó adecuadamente una política de alianzas, de contacto con otras fuerzas e incluso se polarizó con el lópezobradorismo que en ese momento, incluso hasta hoy, (aún con sus limitaciones) sigue en la izquierda electoral con un programa nacional. Sin embargo, a pesar de mucho sectarismo (en un país donde la burguesía con sus medios de información, la escuela y la iglesia sigue ejerciendo un gran control sobre el pensamiento de las masas) todavía hay sectores de izquierda que buscan fortalecer la lucha de masas en las calles como forma importante de presión para generar cambios y frenar la represión burguesa. Ni modo, hay que caminar con lo que hay.

7. Tengo la convicción de que al mismo ritmo en que un partido o una organización se hace más grande y poderosa en ese mismo ritmo se hace más corrupta y entreguista. Los partidos socialistas y comunistas de Europa fueron un ejemplo claro al ponerse al servicio de los empresarios y el capitalismo. Por el contrario, mientras más pequeña es una organización menos riesgo de contaminación de programas y objetivos tiene. Pero por otro lado una pequeña organización sólo puede dejar recuerdos o testimonios. No podrá ser nunca una fuerza importante que pudiera hacerle daño alguno a la explotación capitalista si no sabe coordinarse con otras y siempre asume una conducta sectaria. Aunque duela, tenemos que aprender a hacer causa común para batallar en un punto concreto aunque después haya que buscar otros aliados. Quizá en este contexto puedan analizarse los problemas que sufre el PRD grandote que goza de los privilegios del poder.

8. En varios momentos, desde hace dos años, “soñé despierto” en el posible y enorme papel que podría jugar doña Rosario Ibarra (muy aceptada por todos) para ser la convocante de una gran reunión de representantes de organismos de izquierda en los que no podrían faltar representantes comisionados de: lópezobradoristas, zapatistas, la APPO, el Diálogo Nacional, la CNTE, los pascuales y representantes de decenas de organizaciones como el los sindicatos del IMSS, de los mineros, telefonistas, universitarios, estudiantes y grupos de izquierda. El objetivo sería analizar diferentes propuestas y estrategias de unidad y lucha para conformar frentes por demandas concretas, tales como la lucha contra la privatización del petróleo, libertad a los presos políticos, contra la reforma a la ley del trabajo, etcétera. y hacer avanzar la batalla contra la burguesía dominante. Un movimiento de masas alejaría los pleitos internos en las organizaciones.

En un comunicado, el EPR rechazó “categóricamente la respuesta del Gobierno” del presidente Felipe Calderón “en todos y en cada uno de sus puntos por alevosa, grosera y tramposa”.

Los insurgentes plantearon el pasado 24 de abril la creación de una comisión integrada por cinco personalidades para que actuaran como mediadores en un diálogo con el Gobierno para lograr la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

El Gobierno respondió la semana pasada que aceptaba el diálogo, pero puso como condiciones que este fuera directo y que las personalidades -que habían aceptado la propuesta guerrillera de actuar como mediadores- fueran sólo “testigos sociales”.

Además, condicionó las conversaciones a que el EPR no realizara acciones armadas, y que el tema no se centrara sólo en los dos militantes desaparecidos, sino en otros aspectos de interés para el Estado, como la pacificación de conflictos.

Esta respuesta, dijo el EPR en su comunicado, refleja una “nula voluntad política para resolver los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país por su Gobierno y Gobiernos pasados. Simplemente es una propuesta inaceptable”.

El escritor Carlos Montemayor consideró que el rechazo del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a dialogar condicionadamente con el gobierno deja entrever que la autoridad federal partía de una idea errónea sobre una eventual rendición por parte del grupo rebelde.Ante ello, el integrante de la comisión intermediadora propuesta por el EPR estimó que la invitación de acercamiento de los eperristas no tiene nada que ver con el debilitamiento de la organización, sino con una posibilidad “por vez primera en los 40 años de historia de esta agrupación” de acercamiento con el gobierno.

Esta oportunidad, agregó, debería se aprovechada por el gobierno toda vez que el EPR se está comprometiendo a una tregua sin violencia. Sin embargo, recordó el también colaborador de La Jornada, lo sucedido cuando Rubén Jaramillo depuso las armas y luego de acercarse con la autoridad federal, el Ejército lo secuestró y asesinó junto con su familia. “Ello no es ninguna muestra ejemplar de acercamiento entre el gobierno y un grupo rebelde”.

En el transcurso de esta tarde, todos los integrantes de esta comisión se reunirán en espera de alguna respuesta por parte de la SG. Si la dependencia no acepta los señalamientos del EPR y decide no iniciar diálogo algo, “entonces nuestra comisión resultará inoperante y permanecerá vivo el riesgo de nuevos hechos de violencia que ni el gobierno federal ni la sociedad mexicana quisiera experimentar de nuevo”, declaró el investigador.