Cuarenta y cuatro años de clandestinidad, de aciertos y errores volvieron al Ejército Popular Revolucionario (EPR) un ente impenetrable, reconocen mandos militares expertos en lucha contra guerrillas.

Vigilarlos físicamente, seguirlos o marcar sus pasos se complicó al máximo y se volvió tarea extrema, costó vidas, aceptan.

“Ahí está lo de Tláhuac, un operativo de seguimiento a los eperristas que de todos modos iba a salir mal, porque esta gente ya tiene mucha experiencia, tiene años y está altamente especializada, es muy difícil de infiltrar y ya vimos cómo acabó todo, en un desastre con dos muertos y otro que casi”, recuerdan los militares que acceden a la entrevista.

Además, los agentes enviados cometieron un sin fin de errores; desde ponerse al descubierto, llevar ostensiblemente cámaras fotográficas y hacerse notar, hasta cargar con sus credenciales de la Policía Federal Preventiva e identificarse como elementos de inteligencia para evitar el linchamiento. Eso fue fatal, añaden.

No obstante el alto grado de adiestramiento y la constante capacitación que han documentado en las tropas eperristas, los expertos en lucha antisubversiva también apuntan que las fuerzas de choque de esta guerrilla “no son rival de ninguna manera para el Ejército o la Marina”.

No tienen ni el poder de fuego ni los elementos para combatir de manera abierta, aseguran.

Apoya EU a México— México ha recibido apoyo de Washington para disminuir “la amenaza terrorista” que implica el Ejército Popular Revolucionario, reveló ayer un informe del Departamento de Estado.

En su informe anual sobre terrorismo mundial 2007, el Departamento de Estado asegura que, a pesar de que los ataques del EPR contra instalaciones y ductos de Pemex en julio y septiembre del 2007 dispararon el espectro del terrorismo doméstico en México, el gobierno de Felipe Calderón dejó en claro que se trataba de una “amenaza terrorista pasajera” que -asegura el reporte- “ha concentrado nuestros esfuerzos bilaterales para disminuirla”.

El reporte resalta que el gobierno de México “ha trabajado decididamente con Estados Unidos para asegurar infraestructura crítica, combatir las redes de financiamiento al terrorismo y para fortalecer la seguridad aérea, marítima y fronteriza”.

-Pero ya causaron bastante daño a Pemex con los atentados de 2007. Más de mil 500 millones de pesos en pérdidas.

-Sí, es cierto, y en ese sentido sí representan un peligro para el Estado porque quedó en evidencia que escalaron sus niveles de agresividad y que son capaces de todo; no se tientan el corazón para matar a militares, marinos, policías y a los que los traicionan.

Pero ambos especialistas anticipan que esto tiene una explicación. Hubo fallas graves en la anterior administración y desde el punto de vista de la inteligencia operativa antisubversión, se atacaron blancos que debieron haberse dejado libres, actuando, porque eran la base para ir desenredando las redes de la guerrilla.

El ejemplo más claro, dicen, es el de los hermanos Cerezo Contreras, detenidos en el 2001 tras las explosiones de petardos en sucursales de Banamex en la ciudad de México. “Hubo precipitación, porque ellos eran uno de los principales enlaces con una parte del movimiento en torno al EPR. Estaban bajo mucha vigilancia, eran seguidos, escuchados, se sabía cómo iba operando la red de vínculos, pero su captura hizo que se rompiera uno de los hilos más fuertes que nos llevaban hacia la organización”.

Fallas como esa se repitieron varias veces y en todas el aparato de seguridad perdió terreno ante una guerrilla avezada, que se dio cuenta de los errores del enemigo y los aprovechó, indican los mandos.

“Por eso ocurrió lo de las explosiones en Pemex, porque perdimos fuentes de información que debieron haber sido intocadas en tanto no se tuviera todo el cuadro de operación de la guerrilla. Se abrieron huecos y se dieron las condiciones para los atentados a Pemex; mientras nosotros reconstruíamos lo que se había dejado de hacer, ellos aprovecharon para seguir adelante y operar y todos vimos lo que sucedió”, enfatizan los militares.

En la evaluación más reciente de los encargados de mantener el orden interno en el país, el EPR aparece como una organización integrada por no más de 200 efectivos armados y “trabajando de tiempo completo como guerrilleros”.
El EPR se nutre de una estructura que tiene como fachada al menos a 45 organizaciones civiles. Recluta gente violenta con ciertos niveles de politización pero con un alto grado de determinación para enfrentar al aparato de Estado tomando las armas.

Los años de seguimiento del Estado a la organización del EPR muestran que “su líder ha sabido moverse en la clandestinidad, con otra identidad. Es muy difícil vigilarlos de cerca, son verdaderos profesionales”.

Llevan cursos muy importantes de inteligencia y de contrainteligencia, explican los mandos. “Es gente profesional, que sabe lo que hace y a la que no hay que menospreciar. Saben moverse en la clandestinidad, al grado que llevan 44 años así”.

El gobierno tiene que tener paciencia, porque en diferentes etapas se ha perdido la continuidad y se pierde la información, y en otras ocasiones la información ha sido utilizada por los políticos para dar golpes que parezcan efectivos, advierten los militares consultados.

Estos tipos, añaden los expertos consultados, “son chingones en lo que hacen, pero también hay que tener cuidado porque esta gente mata y no lo piensa para hacerlo”.

Apoya EU a México- México ha recibido apoyo de Washington para disminuir “la amenaza terrorista” que implica el Ejército Popular Revolucionario, reveló ayer un informe del Departamento de Estado.

En su informe anual sobre terrorismo mundial 2007, el Departamento de Estado asegura que, a pesar de que los ataques del EPR contra instalaciones y ductos de Pemex en julio y septiembre del 2007 dispararon el espectro del terrorismo doméstico en México, el gobierno de Felipe Calderón dejó en claro que se trataba de una “amenaza terrorista pasajera” que -asegura el reporte- “ha concentrado nuestros esfuerzos bilaterales para disminuirla”.
El reporte resalta que el gobierno de México “ha trabajado decididamente con Estados Unidos para asegurar infraestructura crítica, combatir las redes de financiamiento al terrorismo y para fortalecer la seguridad aérea, marítima y fronteriza”.
En el informe, liberado ayer, el Departamento de Estado alabó el “liderazgo regional” de Felipe Calderón en su lucha contra el crimen organizado transnacional y destacó su “compromiso sin precedentes” por reforzar la seguridad y la estabilidad internas y garantizar la cooperación antiterrorista con Estados Unidos.

De igual forma, Washington exalta la firma de “directivas para el intercambio de información sobre actividades terroristas” y “la reestructuración y el reforzamiento de las instituciones” que luchan contra el crimen organizado y garantizan la estabilidad y la seguridad interna.
En este contexto, funcionarios del Departamento de Estado consideraron “positivo” el hecho de que el gobierno de México haya ofrecido al Ejército Popular Revolucionario (EPR) un “diálogo directo” con sus integrantes.

“Lo consideramos positivo porque siempre estaremos a favor de una solución política”, aseguró un funcionario del Departamento de Estado que pidió permanecer en el anonimato.

En su informe anual sobre terrorismo mundial 2007, el Departamento de Estado aseguró además que “el gobierno de México ha tenido progresos firmes en materia de seguridad nacional y lucha contraterrorista”. En este sentido, el informe considera de gran importancia el desarrollo de mecanismos en el marco de la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que han suscrito los tres países para acometer amenazas contra su seguridad nacional de manera más efectiva.

En el informe, se destaca que desde mediados del 2006, México y Estados Unidos iniciaron negociaciones para implementar programas que tienen como objetivo impedir que organizaciones terroristas a utilicen a México como trampolín de sus actividades. Para ello, según el reporte, se ha reforzado la vigilancia y cooperación en los puertos aéreos, marítimos y fronterizos para detectar material radiactivo o peligroso para la seguridad de los dos países.

El reporte hace especial mención al creciente intercambio de información y cooperación en la franja fronteriza. En particular el mecanismo contra el tráfico de drogas y personas que ha permitido que, agentes de México y Estados Unidos, intercambien información en tiempo real para garantizar la seguridad fronteriza.

El sistema, conocido como OASISS, opera actualmente en cuatro estados fronterizos de Estados Unidos y se espera que, en el mediano plazo, México pueda contar con una red similar en distintos puntos de su frontera.

Tiene sentido establecer un mecanismo de negociación con el EPR? ¿Qué, para qué y con quiénes se podrá negociar? Esas son las preguntas que, de inicio, debemos hacernos cuando hablamos de la respuesta que otorgó el martes el gobierno federal al comunicado del EPR sobre una posible negociación. En realidad, todo el proceso sorprende: a lo largo de su historia, el EPR como tal, aunque sí lo habían hecho algunos de sus epígonos y desprendimientos, se negó sistemáticamente a cualquier negociación con el gobierno. Incluso fue crítico del EZLN cuando éste entabló en los años 90 su proceso de negociación.¿Qué ha sucedido entonces que tanto el gobierno como el EPR parecen haber cambiado de opinión? En realidad, desde los bombazos contra ductos de Pemex, en septiembre pasado, en el gobierno federal se reactivaron muchas de las investigaciones que habían sido abandonadas durante la administración de Fox (incluso luego de la amnistía ordenada en Oaxaca por José Murat, que dejó en libertad a la mayor parte de la estructura del EPR entonces detenida). Hoy el gobierno federal parece tener un diseño bastante aproximado de qué es el EPR, cómo trabaja, quiénes son sus dirigentes y cómo está posicionado en el país. Y en ese escenario las pugnas y las diferencias internas en el grupo son clave.

Por una parte, su líder histórico, Tiburcio Cruz Sánchez, y la esposa, Elodia Canseco Ruiz, no sólo están enfermos y con dificultades originadas en una larga historia de clandestinidad, acrecentada por la detención de los hijos, los hermanos Cerezo Contreras (en la clandestinidad, el nombre de Tiburcio era Francisco Cerezo y, el de Elodia, Emilia Contreras), hace ya algunos años, sino también por la desaparición del hermano Gabriel Alberto Cruz Salinas, hace un año en Oaxaca. Para el grupo histórico del EPR que encabeza Tiburcio, la posibilidad entonces, de un diálogo, aunque sea acotado con el gobierno, puede ser de su interés. Un dato es importante: Tiburcio, siendo líder de la organización, participó personalmente en los atentados a los ductos de Pemex en Veracruz, lo que confirmaría que son pocos los cuadros capacitados del grupo para realizar una acción así.

Por otra parte, esa rama histórica mantiene diferencias con otros agrupaciones internas: en particular, las de Oaxaca, formadas por los amnistiados de años atrás pero, sobre todo, por grupos más jóvenes que surgieron de la movilización de la APPO y quieren mantener una línea más radical. Al mismo tiempo, en Oaxaca se conformó un ala disidente que puede haber tenido alguna relación con sectores o funcionarios de áreas de seguridad, que podría haber estado relacionada con o detrás de los secuestros de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez. Los comunicados del EPR se han ido modificando con el paso de los meses al abordar este tema y han pasado desde la acusación directa a mandos militares, al Estado Mayor Presidencial o al gobierno federal, a una exigencia de investigación de los hechos. En este sentido, vuelve a confirmarse que varios de los secuestros que se produjeron en Oaxaca en el pasado, incluido el de uno de los hermanos del narcotraficante Díaz Parada, podría tener relación con este mismo grupo y la desaparición de los dos integrantes de éste.

En ese contexto se dan la propuesta de negociación del EPR y la respuesta gubernamental. En principio, ambas parecen aventuradas: ¿realmente puede creer el EPR que el gobierno federal se sentará a negociar sólo el caso de los dos desaparecidos, sin agenda concreta y con un grupo de mediadores que, con algunos personajes muy respetables y otros casi impresentables, no cabe duda de que son de la confianza de esa organización? Ya con la respuesta gubernamental, ¿alguien puede creer que el EPR aceptará las cuatro condiciones impuestas, incluida la suspensión de las acciones armadas y la posibilidad, inminente, de que el gobierno federal pueda proseguir con las investigaciones sobre los dos desparecidos, pero también de los responsables de los atentados cometidos por esa organización? Ninguna de las dos posibilidades parece real. A ello se sumará que el EPR tendrá que unificar sus posiciones internas, hoy divididas sobre éste y otros temas, al mismo tiempo que el gobierno deberá tener alguna prueba de que sus interlocutores posean, por lo menos, representatividad suficiente dentro de su organización, como para serlo.

En realidad, el que tiene que dar una respuesta es el EPR y hacerlo en una situación compleja: si acepta las condiciones impuestas por el gobierno ello implicará, en los hechos y como ocurrió en su momento con el EZLN, una aceptación de que deberá abandonar los actos armados y también delincuenciales, como los secuestros. Además, establecer algún tipo de control interno sobre las distintas facciones que lo conforman. Y definir qué sucederá con los grupos que se desprendieron de él en el pasado y tienen profundas diferencias con el EPR, por ejemplo, el ERPI, que sí está realizando acciones delincuenciales, sobre todo robos y secuestros, en Guerrero, además de trabajo político en distintas comunidades. Por cierto, es el ERPI el que tendría mayor relación con la célula de las Milicias Flores Magón que están a su vez involucradas con las FARC y a la que pertenecían la mayoría de los jóvenes muertos en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Para el gobierno tampoco es sencillo: ¿qué sucedería si, por ejemplo, el EPR acepta las condiciones pero no las cumple? La respuesta podría estar en la capacidad del gobierno, ahora sí, de poder contemplar acciones firmes contra estos grupos, acciones que, paradójicamente, también tendría que cumplir el gobierno, con sus propias condiciones, incluida la detención de quienes realizaron los atentados en Pemex. ¿Vale la pena tanto esfuerzo, entonces? Si se garantizaría que estos grupos abandonaran la violencia, sin duda. ¿Es posible?

Los integrantes de la comisión propuesta por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para intermediar con el gobierno pidieron a las autoridades federales que precisen sus condiciones de diálogo.

En ese sentido, los mediadores solicitaron al gobierno que especifique “en qué medida los condicionamientos que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso del diálogo propuesto” y que lo relativo a “la figura de ‘testigo social’ resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.

Estas observaciones las hacen también del conocimiento del EPR, no sin antes confirmar que “entendemos nuestra encomienda como de carácter puntual: las gestiones necesarias para lograr la presentación de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez”.

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la senadora por el PRD, Rosario Ibarra de Piedra, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y obispo emérito Samuel Ruiz dieron a conocer esta postura luego de haberse reunido este jueves.