La decisión es no darles chance, sacarlos, correrlos del poblado”, dice la junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, en relación con las fuerzas militares y policiacas que podrían regresar a esta región e intentar incursionar en ésta u otras comunidades de la cañada.Esto, a unas horas de que se cumpla el presunto plazo que dieran tropas federales y policías dos semanas atrás, durante una conato de incursión en La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, poblados del municipio autónomo Francisco Gómez, donde la población les impidió el paso y los mandos castrenses amenazaron con volver. El plazo, por cierto, coincide con el tercer aniversario de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
“Hemos decidido esperar. No podemos alarmar a todo el pueblo. Nada más estamos vigilantes y hay aquí observadores civiles nacionales e internacionales”, dice un portavoz, como de costumbre, rodeado por toda la JBG.
Aquí, la vida continúa a pesar de la alarma que provocaron tropas de Ejército federal el pasado 4 de junio, cuando pretextaron buscar sembradíos de droga para introducirse en las comunidades autónomas (precisamente el único territorio donde los pobladores y sus estructuras de gobierno prohíben la producción de drogas, así como su consumo y el de alcohol).
“Los promotores de educación siguieron sus tareas”, añade la JBG. En días anteriores, La Jornada pudo apreciar la actividad de decenas de jóvenes en un curso para los docentes zapatistas en este mismo caracol. “Todas las oficinas de la junta y las comisiones, igual que nuestros consejos autónomos, están en su labor”.
En cuanto a movimientos militares, la JBG confirma que siguen los patrullajes del Ejército federal todos los días en esta cañada, y ahora se han agregado inusuales recorridos de tropas, policías federales y estatales en el trayecto, transversal a las cañadas, entre San Miguel y Monte Líbano, con lo cual son patrullados los cuatro municipios autónomos de este caracol, especialmente San Manuel y Francisco Gómez, pero también Francisco Villa y Ricardo Flores Magón.
Acciones de solidaridad
En distintas latitudes del mundo se realizaron acciones de solidaridad con las comunidades zapatistas. En Wellington, Nueva Zelanda, un grupo de activistas se manifestó ante la embajada mexicana, demandando “justicia para los zapatistas y los pueblos indígenas”. La embajadora María Angélica Arce de Jannet recibió un documento y aseguró que lo turnaría al gobierno de México. Cuestionada por la represión, tortura, cárcel y agresiones contra los movimientos sociales en nuestro país, la diplomática se escabulló a sus oficinas, protegida por los encargados de seguridad.
En Australia, colectivos de Sidney, Melbourne y Brisbane exigieron “el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento que la policía del estado ha realizado en contra de las comunidades zapatistas”, y advirtieron que si el gobierno federal continúa atacando a estas comunidades “utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para generar movilizaciones en solidaridad con nuestros compañeros zapatistas y de repudio a la política militar y represiva del Estado mexicano”. Al llamado se sumaron colectivos del Estado español y Estados Unidos. Asimismo, en distintas naciones europeas de anunciaron protestas para este jueves.
En México, colectivos, organizaciones e individuos adherentes a la otra campaña respaldaron a las bases zapatistas, municipios autónomos y juntas de buen gobierno: “Es la hora de la movilización y la organización en defensa y apoyo del EZLN. Frente a los tambores de la guerra es necesario organizar ya la respuesta desde todos los rincones del país”. Además, una coalición de medios libres nacionales se encadenó en una “denuncia radial” para informar a la población.
