El gobierno federal se comprometió a castigar cualquier delito que esté relacionado con la presunta desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario “sin prejuicios de nada”.Al término de la tercera reunión de la Comisión Intermediaria elegida por el EPR con las autoridades mexicanas, el subsecretario de Gobernación Abraham González señaló que “no hay elementos para romper el diálogo. El gobierno federal, reitero, estamos disponibles para continuar con él pero sobre todo no solamente platicando sino avanzando”.

Tras el encuentro, que duró más de cuatro horas, el funcionario federal señaló que cuando se concluyan las investigaciones, “lo que resulte sea sancionado y quien resulte sea sancionado sin ninguna excepción. No hay prejuicios de nada”.

Respecto a lo expresado esta semana por el grupo armado en cuanto a que “el tiempo se acorta” para que aparezcan sus compañeros vivos, González comentó que “no hay que fijar plazos” e insistió en que se castigará a quienes resulten responsables.

En tanto, los miembros de la Comisión Intermediaria propuesta por el EPR adelantaron que entregarán a la Secretearía de Gobernación, y de igual forma harán públicos, expedientes sobre las presuntas desapariciones de sus compañeros entre los que se encuentra una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ambas partes acordaron un próximo encuentro en las oficinas de la Segob, aunque no definieron una nueva fecha.

Indígenas mixtecos y tlapanecos demandaron la salida del Ejército Mexicano de sus comunidades y exigieron castigo para el ex presidente Ernesto Zedillo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero –hoy senador– y el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, a quienes responsabilizan de la matanza de El Charco, ocurrida hace 10 años con saldo de 11 muertos, siete indígenas y cuatro milicianos del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).Desde la noche del viernes, los mixtecos lloraron y rindieron tributo a sus muertos en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, donde colocaron una ofrenda floral y 11 velas, una por cada uno de los caídos en ese sitio la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero.

La mañana de hoy, un grupo de artistas, encabezados por el pintor nahua Nicolás de Jesús, elaboraron tres murales alusivos a la masacre en las paredes de las aulas.

Casi al mediodía iniciaron una marcha encabezada por mujeres indígenas, quienes llevaban una manta con la leyenda: “A 10 años de la masacre estamos construyendo el poder del pueblo, y rechazamos la militarización”. A la caminata se unieron contingentes de nahuas provenientes del municipio de Chilapa y de amuzgos de Xochistlahuaca, en la Costa Chica.

Que salga el Ejército

En el patio de la escuela se efectuó un mitin. Allí, Eustolia Castro Ramírez, en nombre de las viudas, demandó a los tres niveles de gobierno “castigo a los culpables de la muerte de nuestros esposos y una indemnización a los 42 huérfanos para darles educación, salud y recreación”.

Obtilia Eugenio, dirigente de la OPIM (Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá-tlapanecos), exigió la libertad de cinco de sus compañeros presos en la cárcel de Ayutla de los Libres: “queremos que salgan los militares y los de la AFI de nuestras comunidades”.

Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre, denunció que Guerrero “se ha convertido en un laboratorio para aplicar la guerra de baja intensidad contra pueblos indígenas que se resisten a vivir de rodillas, por eso la represión contra la OPIM, como en su momento fue para los mixtecos”.

Aseguró que “unos 15 mil soldados peinan las zonas de la Montaña y Costa Chica, prueba de ello es la instalación de un batallón móvil integrado por el Grupo de Fuerzas Especiales en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, así como los batallones de Cruz Grande y Tlapa, adonde ha llegado armamento pesado”.

Los gobiernos estatal y municipales perredistas “son los más feroces enemigos de la lucha de los indígenas de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, y todos los partidos y sus diputados avalan la política represiva del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo”, denunció hoy el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en su comunicado número 14, emitido a propósito del décimo aniversario de la matanza de El Charco.Agregó que “para la mal llamada clase política, la lucha de los pueblos originarios por mejorar sus condiciones de vida constituye un delito que se debe castigar con todo el peso de la ley, tal como está sucediendo con cinco indígenas de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phaá (tlapanecos) encarcelados en Ayutla por acusaciones fabricadas por el mal gobierno perredista”.

La dirigencia del ERPI recordó que este 7 de junio se cumplen 10 años de que “el Ejército federal masacró a 10 indígenas y a un estudiante (cuatro de ellos integrantes del ERPI)”, e intentó exterminar a una de sus columnas militares que operaba en esa región de la Costa Chica.

“A 10 años de distancia, los habitantes de la zona mixteca y tlapaneca de Ayutla siguen en la miseria y marginación, reprimidos y asesinados, excluidos del desarrollo, carentes de los servicios básicos.”

En cambio, agrega, los autores intelectuales y materiales de la masacre “siguen gozando de total impunidad y poder, aplicando la guerra de baja intensidad en las regiones donde brota el descontento y donde las víctimas siguen siendo los mexicanos más pobres.

“Nuestra tarea principal es la construcción del poder del pueblo; no debemos distraer nuestros esfuerzos en aventuras electorales, en apoyos a candidatos y partidos que son puntales del sistema político y económico que nos agobia, nos empobrece, nos reprime, se apropia de nuestras riquezas y traiciona la voluntad popular”, concluyó.

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, se han registrado 75 casos de desapariciones forzadas, denunció el Ejército Popular Revolucionario (EPR) luego de exigir amnistía para todos los “presos políticos y de conciencia” que hay en el país.

“Exigimos el respeto irrestricto a todos los luchadores sociales del sector social que sean, la reubicación de los presos políticos que están en La Palma a otros penales donde su integridad física y psicológica sea preservada, la promulgación de una amnistía federal para todos los presos políticos y de conciencia del país”, señaló el grupo insurgente a través de un comunicado.

Según el EPR, sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 23 de mayo del 2007, son dos de los 75 presos políticos que existen en México.

El grupo armado urgió a diputados y senadores a preparar y discutir una ley de amnistía, “para no ser cómplices de un gobierno represor y asesino”.

Sobre la desaparición de sus compañeros, el Ejército Popular Revolucionario aseguró que el presidente Felipe Calderón y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, tienen pleno conocimiento de los hechos.

“Ruiz Ortiz sabe perfectamente bien quién tiene a nuestros compañeros y quiénes los torturaron, por eso en nuestro comunicado anterior decíamos que quería presentarse en la Guelaguetza con Felipe Calderón para que el pueblo supiera del apoyo que goza”.

“En México ¡Sí hay desaparición forzada!”, aseguró el EPR.

Hace dos semanas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseguró que en la administración de Calderón no existían casos de desaparición forzada ni presos políticos.

“Es obvio que (Mouriño) no ve cualquier página de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos donde están las listas de los nombres, las sentencias y los supuestos delitos de todos los que son presos políticos y de conciencia encarcelados y sentenciados”, destacó el EPR.

En el comunicado, el grupo armado reprocho que a más de un año de la desaparición de sus compañeros militantes, aún no hayan sido entregados con vida; y culpó al gobierno federal de alargar ese proceso con la comisión de intermediación.

El Ejército Popular Revolucionario reiteró ayer su exigencia de que sean presentados vivos y en libertad sus compañeros desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez porque, dice, “no existe tiempo indefinido, el tiempo se acorta”.En un comunicado, el EPR calificó al Presidente como alguien “sin honor ni decoro”, y al secretario de Gobernación como “un cínico sinvergüenza, delincuente confeso de sus negocios en Pemex”, por negar que existan desaparecidos políticos en el país y por estar propiciando la venta del patrimonio nacional a extranjeros.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseguró: “Hay mecanismos en marcha en torno a las exigencias del EPR y está por concretarse una próxima reunión”.

El grupo armado asegura que los desaparecidos son torturados “por la DEA, por el FBI, por la inteligencia militar estadounidense e israelí, teniendo a éstos dentro del país sin consultar a nadie, violando nuestra soberanía”.

El EPR no menciona al grupo de mediadores de la sociedad civil cuya integración planteó hace más de un mes para interceder ante el gobierno en la búsqueda de sus desaparecidos, aunque al final de su texto señala que “el tiempo se acaba”, en clara alusión a la tregua que han decretado durante el lapso que duren estos trabajos.

Menciona que, “de ser ciertos los rumores” en el sentido de que el secretario de Gobernación estaría por dejar su puesto a Diódoro Carrasco, no sería garantía de nada, pues éste, como gobernador de Oaxaca, aseguran, fue promotor de grupos paramilitares.

“Él (Carrasco) fue el creador de bandas paramilitares encabezadas por el asesino Lucio Vázquez, que a trasmano influyó para que lo sacaran de la cárcel y no cumpliera su sentencia y que al salir fuera detenido en fragancia (sic) como un vil ratero de automóviles en el istmo”.

Acusó al Ejército de realizar operativos con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad, dice el EPR, quienes siembran la droga en las comunidades son los soldados y después regresan en época de lluvias y acusan a los pobladores.

Pide la reubicación de presos políticos y solicita la promulgación de una ley de amnistía, ya que si “los diputados y senadores están de acuerdo, como dijo la diputada Ruth Zavaleta, ya deberían estar presentando y discutiendo para no ser cómplices de un gobierno represor y asesino”.