Digno de ser considerado en detalle y minuciosamente debido a su importancia, el más reciente comunicado del eperrismo ha cambiado su versión “oficial” en torno a la detención–desaparición de sus miembros y aporta nuevos elementos, como la posibilidad de una delación externa. Por desconcierto o razones internas, el grupo armado no ha logrado aún determinar fehacientemente lo sucedido un año atrás.

1.- El 2 y 5 de junio de 2007 el Partido Democrático Popular Revolucionario–Ejército Popular Revolucionario (PDPR–EPR), a través de sendos comunicados, denunció la detención– desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida “el 25 de mayo, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas”. A pesar que existieron otras versiones que señalaban distintas circunstancias en torno al mismo suceso (particularmente la que refiere al operativo en el Hotel del Árbol, del día anterior, que el EPR ha venido negando enfáticamente), la posición eperrista se mantuvo inalterable.

Pero en su más reciente texto ha variado sustantivamente.

Ahí se señala: “Nuestros compañeros se reportaban cada vez que terminaban una de sus tareas, el día 24 de mayo del año próximo pasado se reportaron antes de iniciar una reunión de trabajo y al terminar hicieron lo mismo, por la tarde, para iniciar otra actividad. Fueron dejados en un punto de la ciudad por la tarde cerca del Hotel del Árbol a eso de las 5 p.m. porque a las 7 p.m. tenían un compromiso por esos rumbos para trabajar por la noche. Para el 25, por la mañana que deberían de reportarse, ya no lo hicieron ni respondieron a los mecanismos de enlace y comunicación establecidos. Es más, las cosas personales que tenían que recoger en un buzón el día 25 ya no llegaron por ellas.” (PDPR–EPR, 13 de julio de 2008.)

2.- ¿Qué ocurrió para que el EPR haya variado la fecha de la detención–desaparición de sus miembros, que sostuvo desde hacía más de un año?; ¿acaso lograron obtener alguna nueva información y que aún no se conoce públicamente (la que se intuye debe ser de absoluta confianza, importancia y valor para que el grupo tomara una decisión tan trascendente)? Y más aún: ¿contará con ella la Comisión de Mediación, instancia abocada al esclarecimiento del suceso y propuesta por el propio eperrismo?

Cierto es que las respuestas a estas interrogantes no resuelven el tema de fondo —el paradero, su condición actual, los autores y las circunstancias que rodearon lo sucedido—, pero también debe ponerse en consideración cualquier nueva información que pueda servir para la reconstrucción y el esclarecimiento de los hechos. Y este escrito hubiese resultado el lugar y momento idóneos para darla a conocer públicamente y corregir la contradicción.

Además, existe otro hecho que no puede soslayarse: ¿cuáles fueron las razones para que el comunicado del día 25 de mayo de 2007 (suscrito por el Comité Estatal de Oaxaca) no haya sido la plataforma de denuncia inmediata de la detención– desaparición? Y más aún, debido a la gravedad del asunto, ¿por qué no se reconsideró su distribución, contenido y envío? En el momento de su remisión a los distintos medios de comunicación, tal como el grupo lo plantea, ya se había perdido contacto con ambos, por lo menos desde la mañana de ese mismo día o de la tarde anterior.

3.- Este cambio repentino también encuentra otra arista que puede servir como base para despejar dudas. Las pugnas internas conocidas a través de distintos comunicados emitidos por la organización acercan un dato relevante para entender la variante. El 19 de julio del año pasado, la Comandancia General del EPR emitió un escrito encabezado por una cita que habla del papel de los “hombres que tienen alma de traidores” y aclara puntualmente que tanto Cruz Sánchez como Reyes Amaya “se vieron forzados a asistir por una irresponsabilidad de quien era responsable del estado de Oaxaca y que desde un principio intentó sabotear la exigencia de libertad de estos compañeros”.

Un mes y medio después, la Comandancia General del grupo ratificó su posicionamiento luego de una entrevista concedida por la instancia estatal al periódico La Jornada: “Los únicos voceros de nuestro partido serán la Comisión Nacional de Prensa y Propaganda, el Comité Central y la Comandancia General, que dentro de esta temporalidad todo comunicado que no sea suscrito por estas instancias será apócrifo (PDPR– EPR, 30 de agosto)”, Otro dato más que cabe agregar es que el comunicado del 2 de junio (también fechado en la ciudad de Oaxaca y firmado por ese comité estatal) hace referencia a tres detenidos– desaparecidos; en cambio, el siguiente del día 5 (esta vez emitido por la Comandancia General) indica que fueron dos personas, cuya reivindicación continúa hasta la fecha.

Debido a la trascendencia de la coyuntura, esta rectificación muestra que no contó con información concluyente y adecuada sobre lo sucedido en aquel momento y tampoco hubo al interior de la organización una transmisión efectiva y veraz en cuanto a lo que estaba ocurriendo.

No obstante, el carácter intrínsecamente ilegal que connota una detención–desaparición y por las dificultades que se presentan para aseverar que efectivamente se trató de un hecho de esta naturaleza, es lógico suponer que en un primer momento el desconcierto y el tiempo se convierten en elementos de presión para asumir una posición y una decisión políticas adecuadas. Pero ha transcurrido más de un año desde aquel texto hasta el reciente. El EPR ha necesitado todo ese tiempo para confirmar que la desaparición ocurrió un día antes de lo sostenido desde entonces.

4.- La versión que hace referencia a la detención– desaparición de los eperristas el 24 de mayo de 2007 en el Hotel del Árbol fue dada a conocer por el periodista Carlos Ramírez (El Financiero, 11 de julio de 2007), quien recoge información del periodista oaxaqueño Pedro Ansótegui, y que tres días después es retomada por Carlos Montemayor (La Jornada, 14 y 15 julio de 2007). Pero ésta ha sido desmentida en reiteradas oportunidades por el EPR. Sólo como ejemplo, en otra parte del ya citado comunicado del 13 de julio de 2008 la organización subrayó: “Necesario es aclarar que nuestros compañeros NUNCA estuvieron hospedados en el Hotel del Árbol, esa es una versión policíaca, como tampoco su interior lo usaron como punto de reunión, lo mencionamos como un punto de referencia del lugar donde compañeros de nuestro partido los dejaron por última vez.”

En efecto, el operativo existió, como puede notarse en las noticias aparecidas en por lo menos dos periódicos de la capital oaxaqueña, Noticias y El Imparcial, con fotografías y también en uno chiapaneco, Cuarto Poder, que reproducen distintos testimonios. La Unidad Policial de Operaciones Especiales fue la encargada de esa acción que se inició la mañana del 24, a la que luego se le sumó la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (encabezados por Alejandro Barrita Ortiz) y apoyados, más tarde, por un contingente de 30 elementos del Ejército mexicano. Al mediodía de ese mismo día fueron encontrados los cuatro policías ministeriales del estado de Chiapas alojados en ese hotel (aunque en un principio eran cinco), quienes allí pernoctaron para retirarse el día siguiente. Esta línea de investigación también fue desechada por el procurador Eduardo Medina Mora.

En un intercambio epistolar sobre este punto con uno de los miembros de la Comisión de Mediación, Gilberto López y Rivas, comentó su punto de vista personal: “En nuestra reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el visitador y sus asistentes insistieron en el 24 de mayo y nunca mencionaron el 25; sin embargo, la CNDH insistió también en el operativo al Hotel del Árbol, lugar en que parece detuvieron a los ministeriales de Chiapas.

Ahora, en este comunicado el EPR opina que la detención pudo darse en los alrededores del hotel, pero nunca en su interior. Me parece que lo más verosímil es que la detención se llevó al cabo efectivamente en los alrededores del hotel, pero entonces ésta tuvo que hacerla el Ejército, ya que los soldados estaban haciendo un cerco al establecimiento. Lo del 25 surgió de la madre de uno de los detenidos que probablemente se confundió con la fecha”.

5.- Debido a las pugnas internas o porque obtuvo nueva información, la posición del EPR respecto a un año atrás es muy distinta. En aquel momento negaron que el hecho haya ocurrido el día 24 de mayo, pero admitieron que es por extensión de ese operativo que se produce la detención–desaparición de ambos al día siguiente.

Más aún, la hora del envío del comunicado del día 25, entre las 20 y 22 horas, fue uno de los primeros pasos para desentrañar la madeja que condujo al suceso de referencia, pues ambos o uno de ellos estuvieron involucrados en el envío y la elaboración de dicho escrito, aunque no de manera directa.

El destino de Cruz Sánchez y Reyes Amaya tampoco parece haberse decidido por una acción fortuita, como se aseguró en un primer momento, pero sí por una delación (aunque no necesariamente por parte de algún miembro del grupo armado, sino de fuera del mismo). Y aquí es donde puede descifrarse la variación entre tres y dos personas que se mencionaron en el primer y segundo comunicado de junio de 2007.

Otro dato más que aporta mayor confusión es que se había mencionado que sí hubo reportes de ambos en la mañana del 25, cuestión que ahora se desmiente.

En tanto, la visita de la Comisión de Mediación a Oaxaca para delimitar o contextualizar la detención–desaparición en el conflicto social oaxaqueño, y para recibir testimonios e información de algunos de los actores sociales que formaron parte de aquellos hechos, camina en el sentido de aportar en dirección a una respuesta sobre lo sucedido. Ante ello, queda una interrogante pendiente: ¿será ésta la versión definitiva que el PDPR–EPR tiene para ofrecer?

Unos 400 activistas nacionales y extranjeros iniciaron este martes un recorrido por comunidades zapatistas donde han ocurrido hechos de hostilidad presuntamente perpetrados por efectivos del Ejército Mexicano.

En el marco de la “Caravana nacional e internacional en solidaridad con las comunidades”, unos 400 activistas hicieron su arribo a la entidad para efectuar un recorrido de quince días, a partir de hoy y hasta el próximo martes 12 de agosto.

Procedentes de la Ciudad de México, los brigadistas sostuvieron en San Cristóbal varias reuniones para organizar su periplo por diversas comunidades zapatistas que resisten el acoso militar.

Los más de 400 activistas nacionales y extranjeros se organizarán en brigadas para asistir a los Caracoles ubicados en las comunidades de La Garrucha en el municipio de Ocosingo; Oventic en San Andrés Larráinzar; Morelia en Altamirano, y La Realidad en Las Margaritas.

Visitarán además dos comunidades que presuntamente viven bajo el hostigamiento de bases policiacas y militares: Hutiepec en San Cristóbal y Cruztón en Venustiano Carranza.

En un documento distribuido entre los brigadistas, se da cuenta de que “la ofensiva de los malos gobiernos federal, estatal y municipal en contra de las comunidades y pueblos zapatistas de Chiapas, ha dado la voz de alerta a la solidaridad nacional e internacional”.

En el texto se destaca la irrupción, en junio pasado, de 200 soldados y policías a comunidades del Caracol de La Garrucha, así como una serie de provocaciones en contra de bases de apoyo zapatistas.

Sin embargo, en el documento se subraya que los zapatistas “han cumplido a cabalidad su palabra depositada en 1994, de no ejercer acciones armadas, sino de construir un movimiento opositor civil y pacífico al régimen político mexicano y a sus instituciones”.

Se puntualiza que “el olor de la guerra –del que ya advertía el subcomandante Marcos en diciembre de 2007– es algo que se confirma ahora, se siente más cerca que en otros momentos”.

Y se citan las palabras del líder zapatista: “Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de la guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras”.

Ataviados con impermeables, a los activistas se les recomendó venir también equipados con botas por el lodazal que provocan las lluvias. “En los Caracoles existen lugares en donde dormir, sin embargo, es necesario que lleven casa de campaña, bolsas de dormir o cobijas”, se lee en una advertencia girada a los activistas prozapatistas

A 14 años del levantamiento armado, la política del gobierno mexicano para detener las transformaciones que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) impulsa se están haciendo más sutiles: se cambió la represión abierta por una “guerra económica”, coincidieron los indígenas de las comunidades afectadas y los activistas de diversas partes del mundo que se reunieron este día en los diferentes bastiones rebeldes.Durante la primer reunión que sostuvieron los representantes de la junta de buen gobierno de la zona Altos y la Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad y Observación con las comunidades zapatistas, los indígenas explicaron que ahora el gobierno los quiere “matar con su dinero”.

Encapuchados, los comandantes y comandantas del EZLN que se reunieron en Oventic fueron claros al señalar que “Juan Sabines (gobernador de Chiapas) y Felipe Calderón tienen en contra de nosotros una guerra económica y nos quieren matar con su dinero.

“Quieren aniquilar a los zapatistas con sus limosnas, con sus láminas, con sus pollos; quieren comprarnos con su Oportunidades (nombre que tuvo el programa de asistencia social del gobierno federal)”, añadieron.

Los líderes del EZLN detallaron las ocasiones en que los gobiernos federal y estatal han promocionado la presunta aceptación de indígenas de Acteal y otras comunidades emblemáticas a recibir a los programas sociales.

Por su parte, Vilma Mazza, de Italia, y Natividad Almarcegui, de España, explicaron que ahora el gobierno mexicano intenta acallar al movimiento zapatista “de una forma sutil, diferente al hostigamiento directo. Intenta poner problemas; cambió por una represión que no es abierta”.

Para hacer frente a estas acciones, señalaron las activistas, las organizaciones civiles de México y otras partes del mundo, que mantienen una lucha contra el actual sistema económico global, “estamos actuando con una solidaridad que no es paternalista o asistencialista, sino que es política, clara y de compromisos”.

Los participantes en la caravana no asisten en calidad de “personas individuales, sino que están integrados en movimientos y luchas en sus países”. Los activistas provienen de Italia, Francia, Grecia, España, Suiza, Alemania, Noruega, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile.

“Esta caravana es para ver lo que está pasando, para escuchar las denuncias de los distintos caracoles, de los municipios autónomos, de las comunidades, pero también para expresar a todos ellos que no están solos, porque en todo el mundo hay movimientos sociales, comunidades, redes, colectivos, organizaciones que están luchando abajo y a la izquierda, y que están construyendo, como aquí, la lucha para un mundo mejor”, expresaron.

Dijeron que en los pasados 14 años han trabajado en solidaridad con las comunidades zapatistas y ahora que sufren presiones de tipo económico, “con nuestra llegada estamos diciendo que hay una atención internacional muy grande a lo que está pasando aquí. Hay un ocultamiento de las cosas por los medios de comunicación oficiales y formales (de México) sobre el apoyo que está habiendo en Europa hacia los zapatistas. Lógicamente, hay que decirlo, el gobierno federal mexicano está actuando a la contraofensiva”, denunciaron.

Dos de los autobuses que transportan a integrantes de la caravana, que se dirigían al caracol de La Garrucha, tuvieron serias dificultades para abastecerse de combustible en San Cristóbal de las Casas, ya que las gasolineras se negaban a vender. Después de recorrer cuatro, una de ellas accedió a vender 124 de los 310 litros que necesitaban para el camión.

Los integrantes de la caravana están siendo fotografiados por personas que, por su aspecto, podrían pertenecer a las fuerzas militares o a grupos policiacos. La caravana finalizará el próximo 12 de agosto.

El subdirector operativo de la Policía Ministerial del estado, ahora Agencia Estatal de Investigación, Pedro Hernández Hernández, y su chofer Ángel Reyes Cruz, quienes se encontraban arraigados en la ciudad de México por su presunta responsabilidad en la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, quedaron libres esta madrugada.Al cumplirse el plazo de 90 días dispuesto por el juzgado sexto de procesos penales federales en el DF, los arraigados obtuvieron su libertad, informó su abogado, Francisco López Thomas, quien señaló que no se presentaron pruebas contra sus defendidos.

El jefe policiaco y su chofer fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Preventiva y soldados del Ejército Mexicano el 25 de abril pasado, por una orden del Ministerio Público Federal con motivo de la presunta desaparición de Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, integrantes del EPR.

Los detenidos estaban acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en la averiguación previa PGR/ SIEDO/UEITA/047-08.

Siete presos simpatizantes del EZLN que se encontraban recluidos en los penales de Cintalapa, San Cristóbal y Chiapa de Corzo, fueron liberados, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

En un comunicado, el organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, aseguró que este evento es “una muestra de la realidad” de que en Chiapas si hay “presos políticos”.

Miguel y Juan Díaz López y Antonio Díaz Pérez, son los presos que fueron liberados del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) de San Cristóbal de las Casas.

Jesús López López, Julio César Pérez Ruiz y María Delia Pérez Arizmendi, son integrantes de la organización “La voz de El Amate”, estaban prisioneros en el CERRS 14 de Cintalapa.

Víctor Manuel Escobar Pineda, adherente de La otra campaña, del EZLN, detenido apenas el pasado 22 de julio, en la comunidad Cruztón, en el municipio de Venustiano Carranza, dejó la prisión de Chiapa de Corzo.

Escobar Pineda es un activista que fue detenido en el predio Cruztón, acusado de haber golpeado a un fiscal, durante un enfrentamiento entre los campesinos y agentes policiacos.

El Frayba asegura que los proceso de revisión de los expedientes de los presos “han demostrado una serie de deficiencias en el sistema de justicia, que permite que inocentes sean recluidos sin las mínimas garantías judiciales”.

Eso, agrega el organismo defensor, “se presta a la persecución política de líderes sociales y a una política velada de criminalización de la protesta”.

Por lo mismo, “este Centro se pronuncia por aquellos casos en donde existen personas agraviadas, cuyas denuncias llevaron a la detención de personas inocentes. Solicitamos que el Ministerio de Justicia se aboque con seriedad y profesionalismo, a dar con los verdaderos responsables”, puntualiza.