La guerrilla mexicana del Ejército Popular Revolucionario (EPR) tildó hoy a la franco-colombiana Ingrid Betancourt de “heroína de la ultraderecha” y criticó su petición de que México medie en la liberación de los rehenes de las FARC.

La guerrilla afirmó también entonces que las FARC no son narcoterroristas, sino revolucionarios expuestos a una campaña “imperialista de desprestigio para justificar crímenes de lesa humanidad, como el alevoso asesinato del comandante revolucionario ‘Raúl Reyes’”.

La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) reclamó “la falta de compromiso e intervención” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El grupo armado consideró, en un comunicado emitido este fin de semana, que desde el 25 de mayo de 2007 la CNDH se ha distanciado de esta organización y omitido cumplir su compromiso en la defensa de las garantías individuales de sus compañeros desaparecidos en la ciudad de Oaxaca.

“El gobierno, a través de la CNDH, se lava las manos de manera sutil con el envío de tibias recomendaciones a ‘quien corresponda’, simulando que van a acatarlas, esto lo hace como si fuera un juego para mediatizar al pueblo y darle credibilidad a su existencia, quedando claro que un organismo de ese tipo no sirve para nada.

“La mayoría de comisiones de derechos humanos estatales están supeditadas, por temor o por dinero, al ejecutivo y a los deseos de los empresarios y también actúan como la CNDH”, acusan.

El EPR insiste en que éste cumple con los lineamientos de organizaciones internacionales para considerarlo como desaparición forzada; pero, señala el texto, el gobierno federal sólo intenta calificar el hecho como un asunto aislado y de delincuencia común.

“Si el plan del gobierno federal es mediatizar nuestra exigencia de presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros mediante argucias legaloides y falsas promesas, así como neutralizar las acciones de autodefensa con la supuesta atención a nuestra demanda está equivocado.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió al gobierno federal que no “alargue la desaparición” de sus compañeros Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez con “argucias legaloides y falsas promesas. Si le han apostado al olvido y a la impunidad es un grave error y esperamos que verdaderamente asuman los costos que se deriven de sus actos”.

En un comunicado el EPR sostiene que espera “una respuesta oficial clara y concreta sobre la desaparición de sus compañeros, a pesar de la actitud irresponsable y cínica del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien quiere eximirse de responsabilidad al decir que ‘quien los tenga que los presente vivos’; ¡cuánto cinismo!”

El EPR advirtió además al gobierno federal que “si insiste en amenazar y torturar a los luchadores sociales que suponen pertenecen al EPR; si dan continuidad a estos hechos nos veremos en la necesidad de revaluar nuestra prácticas, lo que no deseamos, pero nuestro pueblo exige dar una respuesta contundente ante la continuidad de estos agravios”.

El grupo armado sostiene además que los gobiernos federal y estatal insisten en negar la existencia del crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada, al pretender “diluir su responsabilidad en estos delitos imprescriptibles que quieren presentar como simples casos del fuero común, al tipificarlos como secuestro y a lo sumo castigar a sus peones, que aunque son piezas desechables cuentan con el manto protector del Estado que los mantiene en impunidad”.

Asimismo se resalta que el gobierno de Ulises Ruiz “no deja de ser represivo, sanguinario y corrupto. Durante su régimen se han cometido cinco desapariciones forzadas documentadas, realizadas por lo cuerpos policiacos y paramilitares que cuentan con su aquiescencia. De acuerdo con el derecho internacional el responsable de estos crímenes es quien gobierna el territorio donde suceden, en este caso el Ejecutivo estatal”.

El EPR cuestiona: “si verdaderamente tuviera la certeza –Ulises Ruiz– de que en el estado que gobierna sanguinariamente no aconteció tan aborrecible delito, por qué razón dice que no mete las manos al fuego por nadie, es decir, por ninguno de la caterva de sus funcionarios. ¿Hasta dónde llegan los compromisos con el gobierno de Felipe Calderón para mantenerse en el puesto?”

El EPR asevera que el gobernador miente. “Nuestros compañeros se reportaban cada vez que terminaban una de sus tareas, el día 24 de mayo del año próximo pasado se reportaron antes de iniciar una reunión de trabajo y al terminar hicieron lo mismo. Por la tarde fueron dejados en un punto de la ciudad cerca del hotel del Árbol, a eso de las cinco, porque a las siete tenían un compromiso por esos rumbos para trabajar en la noche.

“Para el 25 por la mañana que deberían reportarse no lo hicieron ni respondieron a los mecanismos de enlace y comunicación establecidos. Es más, las cosas personales que tenían que recoger en un buzón el día 25 ya no llegaron por ellas”, subraya el EPR.

En el comunicado del EPR, este grupo armado cuestiona: “qué se puede esperar de un gobierno en el que ‘aparecen’ cuerpos de ciudadanos con signos de tortura y tiro de gracia, y que son exhumados sin mayor trámite. ¿Qué se puede esperar de este gobierno que es amenazado por el crimen organizado por no cumplir con sus pactos? Todo puede suceder, menos el esclarecimiento de la verdad”.

Añade el EPR que si el plan del gobierno federal es mediatizar su exigencia de presentación con vida y en libertad de sus compañeros, “mediante argucias legaloides y falsas promesas, así como neutralizar las acciones de autodefensa con la supuesta atención a nuestra demanda, está equivocado. Nuestra palabra está empeñada con el pueblo y con quienes dignamente asumieron coadyuvar en la búsqueda de nuestros compañeros, pero toda la opinión pública también sabe que el gobierno federal no se ha comprometido oficialmente a nada”.

En Oaxaca no hay nada que ocultar, pero no meto las manos al fuego por nadie”, señaló el gobernador Ulises Ruiz, quien rechaza todas las acusaciones que se le hacen a su gobierno en relación a los dos militantes desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y a los acontecimientos de 2006 relacionados con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio.

Dijo que este año no es igual a 2006 en cuanto a movilización social, ya que ahora sí están amarrados los acuerdos anuales con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y expedida la convocatoria para la renovación de su dirigencia —como ha sucedido normalmente en los últimos 28 años—, por lo que no hay convulsión en el estado, fluyen las inversiones y se realizará en paz la tradicional festividad de la Guelaguetza los lunes 21 y 28 de julio próximos.

En relación a la desaparición, en mayo de 2007, de los guerrilleros eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el funcionario afirmó que su gobierno no tiene nada qué ver. “No sólo nos hemos deslindado como gobierno y en lo personal, sino que nos sumamos a la exigencia de que quien los tenga los presente vivos”.

Señaló que no tiene ningún indicio de que estas personas hayan estado en Oaxaca. “Hay toda una serie de especulaciones, hay quienes dicen que hay un video que lo probaría, pero nunca lo han presentado”.

Sobre la investigación federal que apunta hacia mandos policiales oaxaqueños, como el comandante Pedro Hernández, el gobernador dijo que todavía no están sentenciados, pero que si se les comprueba alguna responsabilidad, él será el primero en pedir que se aplique la ley con todo rigor.

Cuestionado sobre si su apoyo a los mandos policiales o a su entonces secretario general de Gobierno, Jorge Franco, es irrestricto, el mandatario señaló: “Yo no meto las manos al fuego por nadie. Creo en el estado de derecho. He pedido que se hagan todas las investigaciones, tanto en este caso como en el de los acontecimientos de 2006, y que si hay servidores públicos que tengan responsabilidad, que se les aplique la ley”.

Pero aclaró que si se concluye que estas personas no tienen culpa se debe dejar de presionar con señalamientos tan serios y delicados. Dijo no haber tenido hasta ahora contacto con la comisión mediadora de intelectuales que está en la búsqueda de estas personas y cree que seguramente todo enlace será vía la Procuraduría General de la República (PGR), donde hay una denuncia que presentaron los familiares.

De la reciente exhumación de cinco cuerpos en una fosa del panteón Jardín, aclaró que no era una fosa clandestina, sino común, que incluso hay tres personas identificadas que ya fueron entregadas a las familias y los otros son, al parecer, dos jóvenes que están relacionados con la delincuencia organizada. Nada qué ver con los eperristas desaparecidos.

Y explicaron: “Se trata de un plan perverso, perfectamente planeado para instalar una base militar en Villa Alta, como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social”, reforzó el también presidente municipal de San Cristóbal Lachirioag.

Respetamos mucho la lucha del EPR, pero no la compartimos. “Nuestro movimiento es pacífico y se sustenta en los viejos reclamos de justicia de nuestros pueblos”.

Jamás justificaremos el uso de las armas o de la protesta violenta para encontrar el camino del progreso, aclaró el edil en entrevista con NOTICIAS.

Señaló que las pintas aparecieron después del pasado dos de junio de este año, cuando autoridades y habitantes del sector Cajones, retuvimos al diputado del PRI, Adrián Méndez y al subdirector de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Pedro Salinas.

Los pueblos del sector Cajones tomamos esa determinación porque el gobierno estatal incumplió su promesa de iniciar en esa fecha, las obras de repavimentación del tramo carretero Díaz Ordaz-Villa Alta, y para lo cual las autoridades estatales comprometieron una inversión de 35 millones de pesos.

Esto no le gustó a Edilberto Pacheco, Aldrín Mejía y Romero Orozco, delegados de gobierno de Villa Alta, Ixtlán y San Pablo Ayutla, a quienes responsabilizamos de la realización de esas pintas supuestamente atribuidas al EPR.

Ellos quieran ver a los pueblos del sector Cajones, sumisos, es decir de rodillas, quietos y callados, pero eso jamás lo van a lograr mientras nuestros pueblos tengan hambre de justicia, añadió.

Acompañado de Olegario Bautista Benitez, dirigente social del sector cajones, José González Domínguez, explicó que las pintas aparecieron de la noche a la mañana entre la comunidad de San Francisco Yatee, en línea recta hacia Villa Alta, sobre diez kilómetros, aproximadamente.

Los indígenas del sector Cajonos exigimos carreteras de calidad, no obras fraudulentas como la realizada por el detestable ex gobernador José Murat, quien solo pintó con chapopote el tramo de tres kilómetros que comprende de El Portillo de San Cristóbal Lachirioag al Hospital de Villa Alta, pero la incluyó en su informa final como una obra de calidad.

Los trabajos fueron borrados al poco tiempo, porque no correspondían a una carretera formal.

Explicó que la organización que preside fue integrada en enero pasado por importantes municipios, entre estos San Pedro Cajonos, Villa Hidalgo Yalalag, San Melchor Betaza, San Andrés Yaa, San Cristóbal Lachirioag, San Ildefonso Villa Alta, Santo Domingo Roayaga, Santa María Temaxcalapa, San Juan Yatzona y Santiago Camotlán.

En respuesta al trabajo en equipo de esos municipios, el gobierno ha tratado de coptar a algunas autoridades municipales, pero las comunidades lo han impedido.

El edil agregó que a esa organización le preocupa profundamente la realización de esas pintas, supuestamente realizadas por miembros del EPR. Con ello, el gobierno estatal busca la instalación de una base militar en Villa Alta.

Por ello, no nos extrañará que en cualquier momento aparezca en sector Cajonos, un grupo de supuestos guerrilleros con uniformes, botas y paliacates impecables, como el teatro montado en el sector de Ixtlán, al inicio de este sexenio. Afortunadamente, los oaxaqueños y los medios de comunicación que realizan un puntual seguimiento de la realidad de Oaxaca, “ya no nos chupamos el dedo”, apuntó.