Sus manos cambiaron el arado por una computadora, sus dedos que antes eran hábiles para desgranar los maíces de las mazorcas o para desbaratar una vaina de fríjol, ahora tienen que costurar balones, tejer bolsas de mandado o bolsas de mano y escribir en una teclado de computadora.

Lejos quedó aquel olor cotidiano del campo, el cantar de los gallos y el aroma de café, ahora despiertan con el aroma de la panadería y con el ruido de un silbato que indica que ya es el pase de lista de las seis de la mañana.

Esas extensiones de tierras que estaban acostumbrados a arar de sol a sol, ahora se reducen a unos cinco por uno y medio metros de tierra, donde intentan “sintetizar” aquello que tenían en su pueblo o en su rancho, hasta septiembre de 1996 cuando la policía y el ejército entró a sus casas allá en la región Loxicha, en la sierra sur y los detuvo como presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo que ahora purgan condenas de 13 y 32 años de prisión.

En esa pequeña parcela (2 x 2 metros de tierra en el patio del penal) que han improvisado, ahora tienen té de limón, albaca, hierba buena, dos árboles uno de naranja y otro más de limón, pitiona (arbusto que sus hojas sirven para sazonar ciertas comidas), con orgullo dicen que en meses atrás han cosechado calabaza y quizá hasta elotes o algún otro comestible que no requiere de más tierra y agua que con la que cuentan.

Uno de ellos observa como han crecido las hojas de los tres arbustos de té de limón, se le pregunta “¿Qué haces Estanislao?
Él, cruzado de manos y con la mirada fija hacia las plantas, contesta con una voz suave y nostálgica “aquí viendo como van las plantitas”.
Todo se ha reducido para ellos, hasta el cielo; ahora sólo ven un pedazo de cielo, ahora sólo tienen una récamara donde están hacinados. Incluso la felicidad de ver a sus hijos todos los días ha tenido que ir cambiando, ahora se tienen que conformar con ver a sus familias una vez a la semana, en ese pedazo de tierra, donde llevan 11 años, lo han convertido en el territorio Loxicha, porque finalmente ahí viven todos los que están acusados de ser guerrilleros.
Así han tenido que cambiar sus hábitos los 22 indígenas zapotecas de la región Loxicha, zona localizada en la sierra sur del estado de Oaxaca y que en el año de 1996 fue considerada por los gobiernos federal y estatal, foco de operaciones del EPR.
Este grupo armado hizo su primera aparición en Oaxaca los últimos minutos del 28 y primeros del 29 de agosto de 1996, atacando las bases policiales que se encontraban en Santa Cruz Huatulco, en la zona de la costa oaxaqueña.
“Esos delitos (por los que están en la cárcel) son inventados” ataja el profesor Agustín Luna Valencia, quien ya lleva 11 años en la cárcel de Santa María Ixcotel y que está sentenciado a 32 años de prisión.
“Aquí estoy sin deberla ni temerla” menciona, quien tiene formación de profesor de educación primaria, pero desde 1996 cuando lo detuvieron, a la fecha, también cambió el pizarrón y el gis, por un gancho para tejer bolsas de mano, para posteriormente venderlas y así ayudarse económicamente.
Luna Valencia era presidente municipal cuando lo detuvieron, fue uno de los indígenas, quien al lado otros de sus paisanos, años atrás habían combativo el cacicazgo político que se daba en el municipio de San Agustín Loxicha y en esa lucha logran ganar la presidencia municipal.
Una de las primeras acciones para hacer frente a esa situación, fue la conformación de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ).
Su detención y sentencia de este hombre, es por diversos delitos cometidos el 28 de agosto de 1996 en el centro turístico de la Crucecita Huatulco en las filas del EPR que atacó a marinos y policías aquella noche, aunque argumenta que eso “no puede ser”, porque esa noche estuvo en el Palacio Municipal, debido a que era la fiesta de la población de San Agustín Loxicha y de eso “hay testigos”.
Este hombre, los primeros meses en que fue su detención, aun podía cobrar su salario como profesor de educación primaria, pero conforme el tiempo pasó su plaza se perdió y ese dinero, simplemente ya no lo puede obtener, por eso se tiene que autoemplear, como el resto de los presos del penal.
El prefiere no hablar de su familia “ni de lo duro que es, porque no sólo estamos presos nosotros, también a nuestra familia la han encarcelado al no ser libres de ir de un lugar a otro, porque tienen que estar pendientes de nosotros. Por eso digo que somos rehenes del estado”.
A estos cambios se han tenido que ir adaptando las esposas, como Laura Hernández e Inés Antonio, la primera, esposa de Estanislao y la segunda de Cirilo Ambrosio ambos sentenciados a 13 años con tres meses de prisión. Ellas, aquí en la ciudad de Oaxaca hacen lo que sabían hacer en su pueblo: Tortillas.
Estas dos mujeres mantienen a sus hijos con la venta de tortilla, viven en un albergue que les ha prestado el gobierno del estado, desde el sexenio pasado, antes (de 1996 al 2002), ellas, al igual que una treintena más, vivieron en los corredores del Palacio de Gobierno en la plaza principal de la ciudad.
Durante esos cinco años los corredores del Palacio de Gobierno eran su casa, ahí cocinaban, lavaban, se bañaban y los niños ahí crecieron.
Pero en el sexenio del gobernador José Murat les dieron un albergue, donde ahora sólo viven dos familias, otros van y vienen del pueblo, pero el punto de llegada es ese lugar que se localiza al sur de la ciudad.

Los recuerdos se caen

Inés parece ya resignada a esta vida, tiene dos hijas que estudian el bachillerato, “yo ya no tengo a que volver al pueblo, cuando él salga (su esposo), pues no creo que regresemos, mis hijas dicen que mejor nos quedemos a vivir aquí, que rentemos una casa”.
No así Laura, ella es una mujer tímida, habla y sonrríe poco, la entrevista hace que regrese a sus recuerdos, ésos que en algunos momentos parece que se le caen, pero los levanta y dice “ya no tengo casa, mi casa se cayó, pero si quisiera volver al pueblo, aunque nomás está la casa de mis papás y de mis suegros”.
Las dos mujeres hablan en su lengua (zapoteco), mientras ven como el fuego cuece su nixtamal que al otro día se convertirá en tortillas, mismas que se venden en un fraccionamiento semirresidencial que se encuentra cerca del albergue.
Cuando se les pregunta ¿y cómo le hacen cuando van a las marchas (para exigir la libertad de sus esposos) para hacer y entregar las tortillas?.
Las dos se ríen e Inés es la que contesta: Nuestras clientas ya saben nuestra situación, y cuando tenemos que ir a las marchas, pues les decimos que no habrá tortillas, o van las niñas a venderlas.
Estas dos mujeres, al igual que el resto de las esposas de los presos, acusados de guerrilleros, nunca imaginaron siquiera salir de su pueblo, cambiar de lengua y menos vivir en la ciudad de Oaxaca o pasar desapercibidas en una ciudad, la considerada más grande del mundo: El Distrito Federal.
Ellas en muchas ocasiones tuvieron que recorrer las calles de la ciudad de México, tanto en marchas como solas, porque a reclusorios de allá se llevaron por un tiempo a sus esposos.

CNDH pide que los presos pasen a firmar al DF, el colmo

Por su parte, Juan Sosa Maldonado, ex preso, también acusado de pertenecer a las filas del EPR y que ahora se encarga de organizar marchas para exigir la salida de los indígenas Loxichas y de hacerles diversas gestiones, dice que lo sucedido con estas personas es indignante, pues hace un mes cuatro de los 12 presos solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que vea su situación jurídica, debido a que cuatro de ellos ya cumplieron las tres quintas partes de su condena y de acuerdo a Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Privativas de la Libertad, éstos ya pueden ser liberados.
Sin embargo, “por el burocratismo que caracteriza a las dependencias” señala el también estudiante de Derecho y Ciencias Sociales, “no se ha hecho nada” y ahora la CNDH “pareciera que en un afán de sarcasmo, les pide a los compañeros que pasen a firmar un documento en sus oficinas del Distrito Federal para que se le dé seguimiento a su caso de preliberación, no es posible que pidan eso, cómo van ellos a ir al DF estando encarcelados”.

Sosa Maldonado, menciona que esta respuesta de la CNDH hacia los presos indígenas “obedece a la manera mecánica y vía machote (formulario) que se responde a toda queja, ya que como es común, asignan visitadores y visitadoras que nunca visita a los quejosos”.

Este hombre se muestra molesto por la respuesta que da la Comisión de Derechos Humanos, pues él ya vivió en carne propia ese tipo de trámites burocráticos, como los califica.
En 1996 estuvo secuestrado por alguna corporación policíaca, de acuerdo a su testimonio, por tres meses y después apareció preso en un penal de Oaxaca –posteriormente estuvo en el de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México y después lo regresaron a otros reclusorios del estado donde permaneció por tres años–, acusado de ser un comandante del EPR y salió libre por falta de pruebas para procesarlo.

Sosa al igual que los indígenas presos y los que aun su proceso no terminan, porque se encuentran preliberados y cada ocho días tienen que firmar ante el juez, consideran que aun están “disfrutando” de la herencia del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano de 1996 de extracción priísta, actualmente diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados Federal.

Herencia, porque fue él quien finalmente confirmó que la región Loxicha era bastión del EPR, menciona Sosa Maldonado.

El también representante en Oaxaca del Frente Amplio de Lucha por el Socialismo, recuerda que Carrasco Altamirano “dejó caer toda la fuerza del estado contra la zona de Loxicha y después contra todo aquel que se pronunciara por un alto a la guerra contra los Loxichas”.

A parte de los presos, quien cada domingo recuerda las acciones del ex gobernador Diódoro Carrasco es Eleno Hernández Almaraz de unos 60 años de edad, quien cada ocho días tiene que trasladarse a pie, caminando al menos 15 kilómetros para poder llegar a la carretera donde pasa el autobús que lo conduce a la ciudad de Oaxaca, hasta donde tiene que venir a plasmar su firma y su regreso es igual.

Ricardo Martínez Enríquez, Cirilo Ambrosio Antonio, Urbano Ruiz Cruz y Estanislao Ramírez Santiago, tienen derecho a la libertad desde el año pasado, porque “ya cumplieron con las tres quintas partes de su condena” señala su abogado defensor, Israel Ochoa Lara, sin embargo, la Dirección de Prevención y Readaptación Social Federal, “no lo autoriza aun, sin que se nos dé una explicación al respecto”.

Estos indígenas están sentenciados a 13 años con tres meses de prisión, pero “al paso que vamos, cumpliremos esa condena, a pesar de que la ley señala que ya podemos salir preliberados”, dice Cirilo Ambrosio, quien durante estos años dentro de la cárcel aprendió computación, a manejar programas como Excel y Word, además de saber cocer balones y tejer bolsas de mano, síntoma de “que ya estamos readaptados, no hemos perdido el tiempo”.

Otros presos más han logrado concluir su educación primaria y secundaria con el programa del Instituto de Educación para Adultos, por lo que “consideramos que no hemos perdido el tiempo y sí estamos en readaptación, aunque no hemos cometido delitos como nos dicen”, menciona Estanislao.

Otro de los requisitos para la preliberación de estos indígenas, fue el pago de una fianza de 34 mil 500 pesos cada uno, dinero “que ya fue depositado y que tenemos los comprobantes” dice el abogado, quien desde las primeras detenciones tomó el caso de los indígenas y en estos 11 años ha logrado la libertad de más de cien personas acusadas de pertenecer a las filas de la guerrilla.

La liberación de los indígenas ha sido por diversos medios, tanto por amparos, cómo demostrar que no existen pruebas para procesarlos.
Los recursos para la fianza los gestionó el entonces senador federal del PRI, Jorge Franco Jiménez, quien fuera Procurador General de Justicia del en el sexenio de José Murat.

El abogado dijo que en términos jurídicos, estos cuatro indígenas tienen tiempo de más en prisión.

En este caso, como en muchos en México, pareciera que no se respetan las leyes, pues de acuerdo a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Privativas de la Libertad, en su apartado de remisión parcial de la pena, señala que “por cada dos días de trabajo, se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento revele por otros datos efectiva readaptçación social.
La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria”.

Para Agustín Luna Valencia esta “respuesta” de Prevención y Readaptación para con los que ya alcanzan la preliberación les da una pauta para decir que “hay menos esperanzas para nosotros (los que están sentenciados a 24 y 30 años de prisión) de salir de la cárcel, pues si los compañeros ya pueden salir, imagínese nosotros”.

Detalles como estos a veces les baja la moral, “pero aun así, seguimos con la frente en alto, hay que levantar la voz desde aquí, seguir denunciando hasta que nuestro problema se resuelva”.

Atrás quedaron aquellos días en que estos hombres hacían huelgas de hambre, de hasta un mes, para exigir su libertad, pero han reflexionado, dice Luna Valencia, “esas presiones, con el paso del tiempo, son acciones que dejan secuelas en lo físico de cada compañero”.
Fue en octubre del 2002 la última huelga de hambre que hicieron, misma que duró un mes, “pero desistimos, porque vimos que no había ninguna respuesta, después de eso; empezamos a tomar otra vez los alimentos, pero no sabíamos ni cómo y qué comer para no afectarnos, sin embargo, hicimos como siempre, pero fue cuando empezó a arreciar el dolor de cabeza, mareos y gastritis”.

De esas huelgas de hambre al interior del penal lo único que les queda claro, aparte de la gastritis aguda que tienen algunos, “es que al gobierno le hace falta voluntad para atender los casos”, por eso determinaron ya no hacer huelgas de hambre y sólo enviar cartas abiertas a los medios de comunicación y las instancias correspondientes, porque “a pesar de que estamos bien madreados, estamos desnutridos por la pobreza que hemos vivido todos los años de nuestra vida, ahora dejar de comer, es más difícil”.
Luna Valencia, es el que habla más, el resto sólo observan y opinan de vez en vez. Otros, mientras escuchan, cosen balones o tejen bolsas de mano, él dice que siempre habla con sus paisanos y ahora hermanos del mismo dolor, “les digo, una visita siempre hay que atenderla, porque somos como enfermos, sólo podemos recibirlas, nosotros no las podemos hacer (las visitas)”.

Sugerencia para un recuadro

YA CUMPLIERON LA TERCERA PARTE DE SU CONDENA
Estanislao Martínez Santiago
Urbano Ruiz Cruz
Cirilo Ambrosio Antonio
Ricardo Martínez Enrriquez

SENTENCIADOS A 24 Y 31 AÑOS DE PRISION

Agustín Luna Valencia 31 años
Fortino Enriquez Hernández 30 años
Abraham García Ramírez 30 años
Alvaro Sebatian Ramírez 29 años
Eleuterio Hernández García 31
Justino Hernández José 24 años
Mario Ambrosio Martínez 26 años
Zacarías Pascual García López 26 años

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) asegura que las más de 70 “medidas” anticrimen promovidas la semana pasada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública no son para combatir a la criminalidad, sino para mantener al Ejército en las calles apuntalando al gobierno y considera la convocatoria a la marcha ciudadana en contra de la inseguridad del próximo sábado como un llamado de la oligarquía para autoprotegerse.En un comunicado difundo esta tarde, el grupo armado asegura que tales medidas con en realidad operativos de contrainsurgencia, “que buscan identificarnos, descubrirnos, capturarnos para asesinarnos y desaparecernos”, dentro del contexto de la que llaman fase IV de un plan “anticrimen” que sería es extensivo para todo luchador social y opositor político al gobierno.

Sobre la marcha, el EPR señala que es un llamado de quienes no representan al pueblo “sino a lo más pudiente de la sociedad que trata de erigirse por encima de la misma, promoviendo una serie de medidas que sexenio tras sexenio han fracasado y son un sostén de la venganza social hacia la parte más indefensa de la sociedad”.

Menciona que a la criminalidad desbordada auspiciada desde el Estado y a la miseria que asola al país se le pretende combatir con medidas policíacas, atacando el efecto y no las causas que la generan porque la solución de la pobreza y la criminalidad es económica y no policíaca.

Asegura que a la marcha del sábado se han montado la ultraderecha y el yunquismo para imponer que se siga haciendo uso de las medidas pro fascistas y avalar el comportamiento de las fuerzas represivas.

Opone a este llamado, los que llama excesos cometidos por fuerzas militares, policiales y militares en todo el país, generando un clima de represión, criminalización de los movimientos sociales y hasta de persecución político, como sucedía en los años 60 y 70.

“Más peligroso resulta aún en estos tiempos panistas que vean en tu casa, periódicos como La Jornada, Milenio y hasta El Universal, las revistas Proceso, Contralínea, MX, etc., libros de filosofía como los de Adolfo Sánchez Vázquez, de historia como los de Juan Broom, libros de Noam Chomski y no se diga los clásicos de Carlos Marx y Lenin, porque inmediatamente eres amenazado de muerte y te interrogan inquisorialmente si tienes volantes que estén en contra del gobierno de Calderón, contra la privatización de PEMEX, si tienes propaganda ‘pejista’ poco les falta para hacer en la calle una pira donde quemen los libros de cultura y ciencia vanagloriándose de ello”.

Concluyen con un llamado a los marchantes del día 30 de agosto, día internacional del detenido-desaparecido, que también exijan la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos, porque “no hacerlo es contradecir su discurso contra la impunidad”.

Algunos reporteros que nos enteramos de lo que estaba pasando en Tlaxiaco, nos trasladamos de inmediato de Huajuapan a esta comunidad y alcanzamos a grabar el cuerpo inerme de un policía que se encontraba tirado en la entrada del palacio municipal, en las paredes se lograban visualizar las decenas de agujeros provocados por las balas de los guerrilleros que asaltaron el cuartel de la policía preventiva ubicado en el palacio.

Han pasado más 12 años de este hecho con el que el EPR hizo su aparición perpetrando un ataque en la Mixteca Oaxaqueña y hasta la fecha las autoridades de los diferentes niveles de gobierno se han negado a decir que este grupo guerrillero continúa en una fase de adiestramiento militar y de inteligencia.

Era veintiocho de agosto pero de1996 cuando un fuerte grupo armado con armas de grueso calibre irrumpieron el silencio de la ciudad de Tlaxiaco atacando a los policías preventivos, dejando muertos a dos, para posteriormente internarse en la sierra de la Mixteca para no ser descubiertos por grupos de militares y policías preventivos que fueron por ellos.

Un vendedor de revistas dio su testimonio porque en ese momento se encontraba cerrando su negocio ”eran decenas de personas con características de campesinos , con un paliacate en la cara, ellos llegaron al centro de la ciudad en camionetas de tres toneladas y en un volteo, de inmediato dispararon contra los policías que hacían guardia en la entrada de la presidencia, porque adentro se encontraba el cuartel de los preventivos quienes tardaron en repeler el ataque, el cual duro sólo unos minutos, no se cuantas pero cientos de balas se cruzaron de adentro y de afuera, parecía el infierno y la poca gente que se encontraba en el centro huyó despavorida, yo me escondí en mi caseta, luego huyeron muy rápidamente, ya no los vi, tenía mucho miedo, eso nunca había pasado aquí en Tlaxiaco”

Según versiones de inteligencia este grupo armado continua su adiestramiento militar y en cualquier momento podría atacar de nueva cuenta instalaciones militares a pesar que en su último comunicado del este pasado 25 de agosto textualmente manifestaron haber hecho una tregua entre el gobierno federal para iniciar una negociación para conocer el paradero de sus dos milicianos desaparecidos.

El PDPR-EPR ha exigido a los gobiernos federal y estatal de Oaxaca la presentación con vida y la libertad de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sumándose a esta demanda su familia y organismos internacionales, sin que hasta el momento se den resultados, sólo una cortina de humo basada en las acusaciones mutuas de los diferentes niveles de gobierno

Así el Ejercito Popular Revolucionario cumple este 28 de agosto, doce años pero las condiciones de la mixteca no han cambiado mucho, a pesar de que diversas organizaciones han realizado un sin fin de actividades tendientes a lograr el cambio en las condiciones materiales de sus pobladores, la migración sigue en aumento, la represión a luchadores sociales obliga incluso al autoexilio como el del luchador social “Gatica· y, a pesar de que esta zona de tlaxiaco se caracteriza por la combatividad de sus ciudadanos el Gobierno Municipal está nuevamente en manos del Revolucionario Institucional lo que debería preocupar al PRD quienes gobernaron por varios trienios este municipio.

Se cumplen doce años del EPR y parece que la irrupción armada de estos guerrilleros y, el derramamiento de sangre fue inútil porque si bien existen las condiciones objetivas para un cambio como la crisis económica, la miseria y la explotación, aun faltan crear las condiciones subjetivas y los niveles de conciencia en una población que vota nuevamente por sus opresores porque los llamados partidos de izquierda como el PRD “nos traicionan” y la vía de las armas no la consideran una alternativa viable, así quienes se atreven a protestar como en el reciente movimiento social son reprimidos, como los profesores del sector Tlaxiaco que en los momentos álgidos del moviendo de la APPO fueron bajados en la noche, obligados a hincarse y agachar la cabeza a punta de metralletas a la altura de la población de Sinaxtla, sólo por trasladarse a la ciudad de Oaxaca en apoyo de sus compañeros.

Pero parece que quienes participan a nivel del liderazgo de estos movimientos no tienen memoria, hoy nuevamente el sectarismo, clásico en los movimientos de izquierda, vuelve a dividir a la APPO y las acciones que realizaron los guerrilleros hace doce años sólo son motivo de una clase en las aulas, una efímera noticia en los medios de comunicación o las declaraciones huecas de los gobernantes sobre justicia e igualdad, pero la que no pasa desapercibida es la desigualdad social que lacera a los pueblos de la mixteca y expulsa a cientos de ellos a migrar para no morir de hambre mientras en algún lugar los guerrilleros del EPR diseñan estrategias para cambiar lo que aun no ha cambiado la desigualdad social de la gente.

En la entrega anterior expliqué la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación, debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Aquí sólo me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre el estado de los dos eperristas desaparecidos.

Ante la negativa de los representantes gubernamentales a considerar los documentos entregados el día 13 de junio como planteamientos que el gobierno federal debía contestar y aclarar, y ante la certidumbre de que el gobierno mexicano contaba con información que no ponía en conocimiento de la mesa, la Comisión de Mediación intensificó sus propias tareas de consulta con organizaciones, instituciones y familiares de los eperristas desaparecidos. El 7 de julio pasado se reunió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y recibió una información muy útil y amplia sobre las numerosas acciones que ésta ha emprendido en torno a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El 16 de julio un grupo de trabajo de la Comisión de Mediación viajó a Oaxaca para realizar diversas entrevistas con los familiares de los desaparecidos, organizaciones sociales y civiles, servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado y figuras individuales que años antes habían sido detenidas y desaparecidas, y por cuyo testimonio la Comisión de Mediación pudo entender una parte del modus operandi con que las autoridades policiales y militares se conducen durante los interrogatorios y torturas a las víctimas de desaparición forzada.

En este contexto adquirió sentido un peculiar operativo del Ejército Mexicano efectuado en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, la madrugada del 2 de agosto de 2007.

El periódico La Jornada informó el día 3 que “en busca de presuntos integrantes del EPR, más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de 10 departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después… Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de Edmundo Reyes Amaya, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas: elaboran una especie de “mapeo” de viviendas, lugares o personas vinculadas con los desaparecidos, que luego proceden a confirmar y recorrer.

Otra señal de vida ocurrió en agosto de 2007, cuando dos militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP) y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Militar número 1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1. Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal; todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del Ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal y en la sugerencia de que ambos eperristas se encuentran con vida.

Las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR constituye otro dato relevante como señal de vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El documento, abiertamente hostil a los hermanos Cerezo Contreras y a Tiburcio Cruz Sánchez, parte de dos supuestos básicos: primero, que lo tienen en su poder autoridades militares o agentes policiales federales; segundo, que está con vida.

Hay otra información quizás intencionalmente contradictoria. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio de este año, en la televisora del Canal 13 de Oaxaca la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la policía ministerial del estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, llamado usualmente comandante Corro, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como “los Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.

Por los comunicados del EPR se sabe que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca, no en la región Loxicha. Esa parte de la información es intencionalmente errónea. Pero lo relevante es que una semana después de esa emisión televisiva, el 11 de julio de 2008, según informó el corresponsal Octavio Vélez Ascencio en La Jornada, efectivos de la Unidad Especializada de Investigaciones de Terrorismo de la SIEDO, perteneciente a la PGR, registraron precisamente ese cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), denominado “los Pinos”, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, y las instalaciones del grupo Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, en la municipalidad de San Agustín de las Juntas, en busca de los dos eperristas, sin encontrar indicios de ellos. El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, confirmó las acciones y afirmó desconocer qué fin tuvo el cateo.

Como destacó la Comisión de Mediación en el punto 32 de las Acciones oficiales y evaluaciones diversas, del mencionado documento del 14 de agosto, sería útil saber si este operativo de la PGR se derivó de la grabación anónima presentada por la conductora de televisión Silvia Machuca en la ciudad de Oaxaca, o si la información llegó a la PGR por otra vía y después fue filtrada. En cualquiera de las dos posibilidades, conceder a esa información la credibilidad suficiente como para motivar tal operativo se convierte en una señal de vida que convendría explicar suficientemente.

Pues bien, hasta este momento, ha habido una apertura y colaboración franca de organizaciones civiles como la LIMEDDH, la organización social IDP, la CNDH, y a título personal, analistas políticos, familiares de los desaparecidos y elementos militares o policiales. De manera oficial, el gobierno federal no ha expresado ninguna voluntad política de aclarar los puntos concretos planteados en documentos anteriores. Ahora se espera respuesta al reciente documento que la Comisión de Mediación hizo público el 14 de agosto.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reiteró que mantiene la tregua que estableció desde el pasado 28 de abril, con la finalidad de que sean presentados con vida sus dos compañeros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.

Sin embargo, el EPR advirtió que dicha tregua sólo se romperá sin son agredidos en cualquier tipo de modalidad.

A una semana de que la Comisión de Mediación, integrada por un grupo de legisladores, escritores, clérigos y miembros de la sociedad civil, pidió que se reiterara su disposición de no agresión, el grupo armado informó, en un comunicado, que sus miembros se mantendrán inactivos militarmente, con el fin de que manera continúen las gestiones para conseguir la presentación con vida de sus dos compañeros.

El pasado 14 de agosto, la Comisión de Mediación, integrada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, Juan de Dios Hernández, Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas, demandó “señales” del EPR y del gobierno de Felipe Calderón para mantener los trabajos de mediación. Ese mismo día, por medio de un comunicado, esa comisión recibió la noticia de que, por primera vez, la Secretaría de Gobernación aceptaba que el caso de los dos integrantes del EPR es considerado como de “desaparición forzada”.

Desde que el pasado 9 de mayo se formó la Comisión de Mediación, el gobierno de Calderón se había negado a reconocer que los dos cuadros guerrilleros fueron objetos de desaparición forzada, delito que a nivel internacional está considerado como de “lesa humanidad”, por lo que no tiene prescripción.

Tuvieron que pasar tres meses hasta que la situación se puso tensa nuevamente, para que el gobierno calderonista aceptara que la Procuraduría General de la República (PGR) está investigando el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez bajo la figura de “desaparición forzada”.

Por su parte, el EPR, en decenas de comunicados, denunció que sus dos compañeros había sido objeto de una desaparición forzada por parte de policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y que fueron entregados al Ejército. Afirmó que se trata de un claro delito cometido por el Estado mexicano.

Ahora, ante éste reconocimiento de la secretaría de Gobernación y en respuesta a la Comisión de Mediación, el EPR confirma la tregua, al manifestar que lo hace “a pesar de la actitud de Felipe Calderón Hinojosa y su gobierno panista”.

Añadió que Calderón se ha negado en todo momento a presentar con vida a sus dos cuadros políticos.