Sus manos cambiaron el arado por una computadora, sus dedos que antes eran hábiles para desgranar los maíces de las mazorcas o para desbaratar una vaina de fríjol, ahora tienen que costurar balones, tejer bolsas de mandado o bolsas de mano y escribir en una teclado de computadora.

Lejos quedó aquel olor cotidiano del campo, el cantar de los gallos y el aroma de café, ahora despiertan con el aroma de la panadería y con el ruido de un silbato que indica que ya es el pase de lista de las seis de la mañana.

Esas extensiones de tierras que estaban acostumbrados a arar de sol a sol, ahora se reducen a unos cinco por uno y medio metros de tierra, donde intentan “sintetizar” aquello que tenían en su pueblo o en su rancho, hasta septiembre de 1996 cuando la policía y el ejército entró a sus casas allá en la región Loxicha, en la sierra sur y los detuvo como presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo que ahora purgan condenas de 13 y 32 años de prisión.

En esa pequeña parcela (2 x 2 metros de tierra en el patio del penal) que han improvisado, ahora tienen té de limón, albaca, hierba buena, dos árboles uno de naranja y otro más de limón, pitiona (arbusto que sus hojas sirven para sazonar ciertas comidas), con orgullo dicen que en meses atrás han cosechado calabaza y quizá hasta elotes o algún otro comestible que no requiere de más tierra y agua que con la que cuentan.

Uno de ellos observa como han crecido las hojas de los tres arbustos de té de limón, se le pregunta “¿Qué haces Estanislao?
Él, cruzado de manos y con la mirada fija hacia las plantas, contesta con una voz suave y nostálgica “aquí viendo como van las plantitas”.
Todo se ha reducido para ellos, hasta el cielo; ahora sólo ven un pedazo de cielo, ahora sólo tienen una récamara donde están hacinados. Incluso la felicidad de ver a sus hijos todos los días ha tenido que ir cambiando, ahora se tienen que conformar con ver a sus familias una vez a la semana, en ese pedazo de tierra, donde llevan 11 años, lo han convertido en el territorio Loxicha, porque finalmente ahí viven todos los que están acusados de ser guerrilleros.
Así han tenido que cambiar sus hábitos los 22 indígenas zapotecas de la región Loxicha, zona localizada en la sierra sur del estado de Oaxaca y que en el año de 1996 fue considerada por los gobiernos federal y estatal, foco de operaciones del EPR.
Este grupo armado hizo su primera aparición en Oaxaca los últimos minutos del 28 y primeros del 29 de agosto de 1996, atacando las bases policiales que se encontraban en Santa Cruz Huatulco, en la zona de la costa oaxaqueña.
“Esos delitos (por los que están en la cárcel) son inventados” ataja el profesor Agustín Luna Valencia, quien ya lleva 11 años en la cárcel de Santa María Ixcotel y que está sentenciado a 32 años de prisión.
“Aquí estoy sin deberla ni temerla” menciona, quien tiene formación de profesor de educación primaria, pero desde 1996 cuando lo detuvieron, a la fecha, también cambió el pizarrón y el gis, por un gancho para tejer bolsas de mano, para posteriormente venderlas y así ayudarse económicamente.
Luna Valencia era presidente municipal cuando lo detuvieron, fue uno de los indígenas, quien al lado otros de sus paisanos, años atrás habían combativo el cacicazgo político que se daba en el municipio de San Agustín Loxicha y en esa lucha logran ganar la presidencia municipal.
Una de las primeras acciones para hacer frente a esa situación, fue la conformación de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ).
Su detención y sentencia de este hombre, es por diversos delitos cometidos el 28 de agosto de 1996 en el centro turístico de la Crucecita Huatulco en las filas del EPR que atacó a marinos y policías aquella noche, aunque argumenta que eso “no puede ser”, porque esa noche estuvo en el Palacio Municipal, debido a que era la fiesta de la población de San Agustín Loxicha y de eso “hay testigos”.
Este hombre, los primeros meses en que fue su detención, aun podía cobrar su salario como profesor de educación primaria, pero conforme el tiempo pasó su plaza se perdió y ese dinero, simplemente ya no lo puede obtener, por eso se tiene que autoemplear, como el resto de los presos del penal.
El prefiere no hablar de su familia “ni de lo duro que es, porque no sólo estamos presos nosotros, también a nuestra familia la han encarcelado al no ser libres de ir de un lugar a otro, porque tienen que estar pendientes de nosotros. Por eso digo que somos rehenes del estado”.
A estos cambios se han tenido que ir adaptando las esposas, como Laura Hernández e Inés Antonio, la primera, esposa de Estanislao y la segunda de Cirilo Ambrosio ambos sentenciados a 13 años con tres meses de prisión. Ellas, aquí en la ciudad de Oaxaca hacen lo que sabían hacer en su pueblo: Tortillas.
Estas dos mujeres mantienen a sus hijos con la venta de tortilla, viven en un albergue que les ha prestado el gobierno del estado, desde el sexenio pasado, antes (de 1996 al 2002), ellas, al igual que una treintena más, vivieron en los corredores del Palacio de Gobierno en la plaza principal de la ciudad.
Durante esos cinco años los corredores del Palacio de Gobierno eran su casa, ahí cocinaban, lavaban, se bañaban y los niños ahí crecieron.
Pero en el sexenio del gobernador José Murat les dieron un albergue, donde ahora sólo viven dos familias, otros van y vienen del pueblo, pero el punto de llegada es ese lugar que se localiza al sur de la ciudad.

Los recuerdos se caen

Inés parece ya resignada a esta vida, tiene dos hijas que estudian el bachillerato, “yo ya no tengo a que volver al pueblo, cuando él salga (su esposo), pues no creo que regresemos, mis hijas dicen que mejor nos quedemos a vivir aquí, que rentemos una casa”.
No así Laura, ella es una mujer tímida, habla y sonrríe poco, la entrevista hace que regrese a sus recuerdos, ésos que en algunos momentos parece que se le caen, pero los levanta y dice “ya no tengo casa, mi casa se cayó, pero si quisiera volver al pueblo, aunque nomás está la casa de mis papás y de mis suegros”.
Las dos mujeres hablan en su lengua (zapoteco), mientras ven como el fuego cuece su nixtamal que al otro día se convertirá en tortillas, mismas que se venden en un fraccionamiento semirresidencial que se encuentra cerca del albergue.
Cuando se les pregunta ¿y cómo le hacen cuando van a las marchas (para exigir la libertad de sus esposos) para hacer y entregar las tortillas?.
Las dos se ríen e Inés es la que contesta: Nuestras clientas ya saben nuestra situación, y cuando tenemos que ir a las marchas, pues les decimos que no habrá tortillas, o van las niñas a venderlas.
Estas dos mujeres, al igual que el resto de las esposas de los presos, acusados de guerrilleros, nunca imaginaron siquiera salir de su pueblo, cambiar de lengua y menos vivir en la ciudad de Oaxaca o pasar desapercibidas en una ciudad, la considerada más grande del mundo: El Distrito Federal.
Ellas en muchas ocasiones tuvieron que recorrer las calles de la ciudad de México, tanto en marchas como solas, porque a reclusorios de allá se llevaron por un tiempo a sus esposos.

CNDH pide que los presos pasen a firmar al DF, el colmo

Por su parte, Juan Sosa Maldonado, ex preso, también acusado de pertenecer a las filas del EPR y que ahora se encarga de organizar marchas para exigir la salida de los indígenas Loxichas y de hacerles diversas gestiones, dice que lo sucedido con estas personas es indignante, pues hace un mes cuatro de los 12 presos solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que vea su situación jurídica, debido a que cuatro de ellos ya cumplieron las tres quintas partes de su condena y de acuerdo a Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Privativas de la Libertad, éstos ya pueden ser liberados.
Sin embargo, “por el burocratismo que caracteriza a las dependencias” señala el también estudiante de Derecho y Ciencias Sociales, “no se ha hecho nada” y ahora la CNDH “pareciera que en un afán de sarcasmo, les pide a los compañeros que pasen a firmar un documento en sus oficinas del Distrito Federal para que se le dé seguimiento a su caso de preliberación, no es posible que pidan eso, cómo van ellos a ir al DF estando encarcelados”.

Sosa Maldonado, menciona que esta respuesta de la CNDH hacia los presos indígenas “obedece a la manera mecánica y vía machote (formulario) que se responde a toda queja, ya que como es común, asignan visitadores y visitadoras que nunca visita a los quejosos”.

Este hombre se muestra molesto por la respuesta que da la Comisión de Derechos Humanos, pues él ya vivió en carne propia ese tipo de trámites burocráticos, como los califica.
En 1996 estuvo secuestrado por alguna corporación policíaca, de acuerdo a su testimonio, por tres meses y después apareció preso en un penal de Oaxaca –posteriormente estuvo en el de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México y después lo regresaron a otros reclusorios del estado donde permaneció por tres años–, acusado de ser un comandante del EPR y salió libre por falta de pruebas para procesarlo.

Sosa al igual que los indígenas presos y los que aun su proceso no terminan, porque se encuentran preliberados y cada ocho días tienen que firmar ante el juez, consideran que aun están “disfrutando” de la herencia del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano de 1996 de extracción priísta, actualmente diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados Federal.

Herencia, porque fue él quien finalmente confirmó que la región Loxicha era bastión del EPR, menciona Sosa Maldonado.

El también representante en Oaxaca del Frente Amplio de Lucha por el Socialismo, recuerda que Carrasco Altamirano “dejó caer toda la fuerza del estado contra la zona de Loxicha y después contra todo aquel que se pronunciara por un alto a la guerra contra los Loxichas”.

A parte de los presos, quien cada domingo recuerda las acciones del ex gobernador Diódoro Carrasco es Eleno Hernández Almaraz de unos 60 años de edad, quien cada ocho días tiene que trasladarse a pie, caminando al menos 15 kilómetros para poder llegar a la carretera donde pasa el autobús que lo conduce a la ciudad de Oaxaca, hasta donde tiene que venir a plasmar su firma y su regreso es igual.

Ricardo Martínez Enríquez, Cirilo Ambrosio Antonio, Urbano Ruiz Cruz y Estanislao Ramírez Santiago, tienen derecho a la libertad desde el año pasado, porque “ya cumplieron con las tres quintas partes de su condena” señala su abogado defensor, Israel Ochoa Lara, sin embargo, la Dirección de Prevención y Readaptación Social Federal, “no lo autoriza aun, sin que se nos dé una explicación al respecto”.

Estos indígenas están sentenciados a 13 años con tres meses de prisión, pero “al paso que vamos, cumpliremos esa condena, a pesar de que la ley señala que ya podemos salir preliberados”, dice Cirilo Ambrosio, quien durante estos años dentro de la cárcel aprendió computación, a manejar programas como Excel y Word, además de saber cocer balones y tejer bolsas de mano, síntoma de “que ya estamos readaptados, no hemos perdido el tiempo”.

Otros presos más han logrado concluir su educación primaria y secundaria con el programa del Instituto de Educación para Adultos, por lo que “consideramos que no hemos perdido el tiempo y sí estamos en readaptación, aunque no hemos cometido delitos como nos dicen”, menciona Estanislao.

Otro de los requisitos para la preliberación de estos indígenas, fue el pago de una fianza de 34 mil 500 pesos cada uno, dinero “que ya fue depositado y que tenemos los comprobantes” dice el abogado, quien desde las primeras detenciones tomó el caso de los indígenas y en estos 11 años ha logrado la libertad de más de cien personas acusadas de pertenecer a las filas de la guerrilla.

La liberación de los indígenas ha sido por diversos medios, tanto por amparos, cómo demostrar que no existen pruebas para procesarlos.
Los recursos para la fianza los gestionó el entonces senador federal del PRI, Jorge Franco Jiménez, quien fuera Procurador General de Justicia del en el sexenio de José Murat.

El abogado dijo que en términos jurídicos, estos cuatro indígenas tienen tiempo de más en prisión.

En este caso, como en muchos en México, pareciera que no se respetan las leyes, pues de acuerdo a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Privativas de la Libertad, en su apartado de remisión parcial de la pena, señala que “por cada dos días de trabajo, se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento revele por otros datos efectiva readaptçación social.
La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria”.

Para Agustín Luna Valencia esta “respuesta” de Prevención y Readaptación para con los que ya alcanzan la preliberación les da una pauta para decir que “hay menos esperanzas para nosotros (los que están sentenciados a 24 y 30 años de prisión) de salir de la cárcel, pues si los compañeros ya pueden salir, imagínese nosotros”.

Detalles como estos a veces les baja la moral, “pero aun así, seguimos con la frente en alto, hay que levantar la voz desde aquí, seguir denunciando hasta que nuestro problema se resuelva”.

Atrás quedaron aquellos días en que estos hombres hacían huelgas de hambre, de hasta un mes, para exigir su libertad, pero han reflexionado, dice Luna Valencia, “esas presiones, con el paso del tiempo, son acciones que dejan secuelas en lo físico de cada compañero”.
Fue en octubre del 2002 la última huelga de hambre que hicieron, misma que duró un mes, “pero desistimos, porque vimos que no había ninguna respuesta, después de eso; empezamos a tomar otra vez los alimentos, pero no sabíamos ni cómo y qué comer para no afectarnos, sin embargo, hicimos como siempre, pero fue cuando empezó a arreciar el dolor de cabeza, mareos y gastritis”.

De esas huelgas de hambre al interior del penal lo único que les queda claro, aparte de la gastritis aguda que tienen algunos, “es que al gobierno le hace falta voluntad para atender los casos”, por eso determinaron ya no hacer huelgas de hambre y sólo enviar cartas abiertas a los medios de comunicación y las instancias correspondientes, porque “a pesar de que estamos bien madreados, estamos desnutridos por la pobreza que hemos vivido todos los años de nuestra vida, ahora dejar de comer, es más difícil”.
Luna Valencia, es el que habla más, el resto sólo observan y opinan de vez en vez. Otros, mientras escuchan, cosen balones o tejen bolsas de mano, él dice que siempre habla con sus paisanos y ahora hermanos del mismo dolor, “les digo, una visita siempre hay que atenderla, porque somos como enfermos, sólo podemos recibirlas, nosotros no las podemos hacer (las visitas)”.

Sugerencia para un recuadro

YA CUMPLIERON LA TERCERA PARTE DE SU CONDENA
Estanislao Martínez Santiago
Urbano Ruiz Cruz
Cirilo Ambrosio Antonio
Ricardo Martínez Enrriquez

SENTENCIADOS A 24 Y 31 AÑOS DE PRISION

Agustín Luna Valencia 31 años
Fortino Enriquez Hernández 30 años
Abraham García Ramírez 30 años
Alvaro Sebatian Ramírez 29 años
Eleuterio Hernández García 31
Justino Hernández José 24 años
Mario Ambrosio Martínez 26 años
Zacarías Pascual García López 26 años

Fichero archivado: Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional

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