La liberación de los dos policías de Oaxaca —detenidos en abril pasado—, que eran los únicos sospechosos por la desaparición de dos eperristas, generó la salida de Noé Ramírez Mandujano de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Tras esta falla, que se acumuló a algunas otras deficiencias, por instrucciones presidenciales se le solicitó a Ramírez Mandujano la renuncia al cargo.

Fuentes del gobierno federal explicaron que la falla del equipo de Mandujano en este caso tuvo un alto costo político que debilitó la postura del gobierno federal frente al Ejército Popular Revolucionario.

Sólo cuatro días después de que un juez federal ordenó —el 26 de julio pasado— que se levantara el arraigo a Pedro Hernández Hernández, comandante de la Policía Ministerial del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca y del agente de la misma corporación Ángel Reyes Cruz, alias El Chicharrón, el subprocurador a cargo del caso presentó su dimisión al cargo.

Las autoridades consultadas indicaron que el resultado de esta investigación provocó el malestar del Ejecutivo, pues abre la posibilidad de que el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR), ponga en duda el compromiso del gobierno federal en esclarecer la desaparición de dos de sus integrantes, y continúe con su política de atentados contra las instalaciones estratégicas del país.

Los policías oaxaqueños fueron detenidos el 25 de abril pasado, como presuntos responsables de la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en mayo de 2007 en esa entidad.

El gobierno federal ha rechazado que alguna autoridad civil o militar haya detenido a los activistas, cuya desaparición llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar el expediente PGR/SIEDO/UEITA/047-08, que derivó en la detención y arraigo del comandante Hernández y del agente Reyes Cruz.

La SIEDO no logró acreditar su responsabilidad en la desaparición de los eperristas, y el Ministerio Público de la Federación no encontró pruebas que confirmaran las declaraciones de un ex funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, que se convirtió en testigo protegido —con clave Luna— y de un policía que trabajaba con los sospechosos, y que eran sus “cartas fuertes” contra los servidores públicos arraigados.

La falta de sustento de los testigos y la carencia de evidencias, llevaron a la Procuraduría General de la República a no solicitar la orden de aprehensión contra Hernández Hernández y Reyes Cruz, quienes simplemente quedaron libres al concluir el arraigo de 90 días decretado en su contra por el Juzgado Sexto de Distrito.

Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han establecido vínculos con el grupo rebelde mexicano Ejército Popular Revolucionario (EPR), indicaron fuentes de la inteligencia militar colombiana.

De acuerdo con las fuentes, el EPR ha recibido entrenamiento por parte de las FARC pues la técnica utilizada por las dos guerrillas para cometer atentados a la infraestructura petrolera en sus respectivos países es similar.

“Estamos seguros de que hubo entrenamiento por parte de las FARC, no nos queda ninguna duda”, dijo a un grupo de periodistas una alta fuente castrense colombiana durante una visita a esta base militar localizada en el suroriente del país.

Según los organismos de seguridad de Colombia, la forma y la técnica que el EPR aplicó en sus atentados contra la infraestructura petrolera mexicana el año pasado fueron las mismas que han utilizado las FARC en este país sudamericano.

Expertos colombianos en atentados explosivos visitaron México para conocer detalles de los atentados del EPR contra oleoductos y gasoductos de la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y llegaron a la conclusión de que es la misma técnica de las FARC.

“No olvide que estos terroristas de las FARC han acumulado mucha experiencia en este tipo de atentados”, dijo una de las fuentes.

Las autoridades colombianas y mexicanas investigan si el entrenamiento por parte de las FARC al ERP se produjo en territorio colombiano o mexicano.

Las FARC son el grupo rebelde más activo que opera en este país sudamericano, con unos ocho mil hombres armados, de acuerdo con estimaciones de las autoridades locales, y uno de sus objetivos militares es la infraestructura energética de Colombia.

Tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, han cometido desde los años 80 cientos de atentados a oleoductos, gasoductos y torres de energía eléctrica en varios puntos del territorio nacional.

El año pasado, la guerrilla colombiana atacó en 56 ocasiones tramos de los oleoductos de la estatal Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol), mientras que en el transcurso de este año se han registrado en el país 30 atentados de ese tipo.