Todas las “publicidades” y acusaciones falsas contra los zapatistas que hacen los que están en el poder son “para engañar a la gente que se deja engañar”, manifestó el comandante Fernando en la conmemoración del quinto aniversario de las juntas de buen gobierno (JBG) zapatistas en el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, en La Garrucha.Allí, el teniente coronel Moisés expresó: “el que está gobernando debe obedecer y el pueblo tiene que mandar. El que está en el poder tiene que cumplir. Si el pueblo toma el poder, es el guardián de su país, de su pueblo. Pero junto con su gobierno, el que manda obedeciendo.

“Aquí estamos practicando, estamos mejorando. Podemos decir ésta es la universidad acá”. Hay otras universidades, admitió, pero son “transgénico”. En ellas “no nos enseñan, ni explican ni dan de entender. Esas universidades transgénicas son de los capitalistas neoliberales”.

Para los zapatistas “nuestros maestros y maestras son los pueblos. Ellos nos están demostrando, y ya lo demostraron, pero falta mucho más. El pueblo organizado sí puede gobernarse”.

Hablando por la Comandancia General del EZLN, y en presencia de las bases zapatistas de la selva tzeltal, Moisés se dirigió a la caravana nacional e internacional de solidaridad que visitó los territorios autónomos la primera semana de agosto: “ustedes la vieron, conocieron lo que es la vida real acá. Y tenemos la confianza de que regresan en sus países, pueblos, escuelas, barrios, a contar lo que vieron. Por eso sentimos que vamos con ustedes. Pero no, nos quedamos, porque mucho trabajo nos falta. Uno muy grande es la construcción del mandar obedeciendo. No es lo mismo a organizar una campaña electoral para tomar el poder. Queremos que el pueblo tome el poder. No unos cuantos.

“Sólo podrán destruirnos si nos matan a todos. Para eso tendrán que matar también a ustedes. Porque hemos escuchado, compañeros adherentes de la Zezta Internazional y de la Otra Campaña, que nos dicen: ‘no están solos’”.

Recordó Moisés que en los primeros días de 1994 se acusó al EZLN de “transgresor” de la ley. “Claro que vamos a seguir transgrediendo su ley, porque no sirve. No está consultada del pueblo trabajador del campo y la ciudad. Es una ley protectora de las agresiones y violaciones que hace el mal gobierno”.

Queremos, dijo, “una ley del pueblo y para el pueblo. Esas leyes injustas que transgreden al pueblo un día va a tener que acabar. Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Ellos decidirán cómo es. Para eso tenemos que luchar y organizarnos. Es lo que están haciendo nuestros pueblos del EZLN”.

Y confió: “aquí vamos a estar. No nos vamos a vender. No nos vamos a rendir. Y no vamos a aceptar nada del mal gobierno. Aquí el mal gobierno ya no manda. El pueblo es la que manda”. Asimismo, confió en ver otra vez a los visitantes, “si no es que el ‘olvidón’ de Calderón no vaya a hacer algo por ser loco”.

El comandante Fernando, a nombre del CCRI, expuso: “éstos son los pasos que estamos logrando. Sin pedir permiso para gobernar nuestro territorio. Las JBG trabajan para construir la autonomía, la justicia y la verdadera democracia junto con el pueblo, sin distinción de las organizaciones”. Advirtió: “ya no es tiempo que nos humillen. La lucha del pueblo organizado hay que saberla, cuidarla y abonarla bien”.

Según la JBG El camino del futuro, los zapatistas no hacen campañas “para pelear nuestro poder; no somos como los malos gobiernos: se eligen entre ellos y hacen lo que les pegue la gana. Nunca hemos visto un diputado o senador del Congreso de la Unión consultándole al pueblo qué ley necesitan los trabajadores. Por eso estamos construyendo la autonomía”.

Explicó que la “instancia de autoridad máxima” es la asamblea de zona, para problemas “muy complicados”. Allí, “la JBG propone y la asamblea dispone”. Las autoridades tienen que bajarse para convencer al pueblo y no para que lo vence. En este camino ocurren muchas fallas, errores de todo tipo. Lo importante es corregirlos y llevar por delante el compañerismo para construir un mundo lleno de igualdad, paz con justicia, libertad y democracia”.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) criticó la manipulación que el gobierno de Felipe Calderón ha hecho del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí.

En un comunicado, el grupo insurgente señaló que mientras la clase política se escandaliza por este “aberrante” hecho, el gobierno y los legisladores callan ante los familiares de todas aquellas víctimas de plagio o que incluso han sido asesinados en el país.

Con base en tal argumento, insistió en su demanda de que sean presentados con vida sus dos compañeros desaparecidos desde mayo del 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El EPR exigió además al gobierno calderonista ofrecer respuestas a la Comisión de Mediación, instancia civil encargada del diálogo encaminado a la aparición de sus dos cuadros políticos.

“En nuestro país existe una gran parte de la sociedad que exige justicia por el gran cúmulo de delitos que comete el gobierno federal y sus representantes por medio de sus operativos policiaco-militares, y a esta parte de la sociedad ni la ven ni la oyen, como hace el señor Calderón y su gobierno con la Comisión de Mediación que propusimos y que con gran valor aceptaron los ciudadanos que la forman”, señaló el EPR.

El grupo rebelde coincidió en condenar el secuestro del hijo del empresario deportivo, Alejandro Martí, pero señaló que el asunto de la seguridad y la aplicación de la justicia no son demandas exclusivas de un sector.

Además, el EPR indicó que una parte de la sociedad también está conmovida por los aberrantes hechos de aprehensión, desaparición y asesinatos de luchadores sociales en el país.

Los eperristas advirtieron que si el gobierno de Calderón realmente quiere aplicar la pena de cadena perpetua en contra de secuestradores, también debería hacerlo con otros personajes que han actuado en contra de luchadores sociales o quienes se han hecho millonarios con fraudes, tráfico de influencias y “enriquecimiento inexplicable”, como los hijos de Marta Sahagún de Fox, el dirigente petrolero y priista Carlos Romero Deschamps y el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, entre otros.

El EPR reiteró que quiere la paz y por ello insistió en su demanda de que Calderón tome en serio a la Comisión de Mediación y presente con vida a sus dos compañeros desaparecidos hace más de un año en Oaxaca.

Señaló que no se debe tomar como muestra de debilidad o de desorganización el que su organización no haya actuado nuevamente, y advirtió que el gobierno no debe sorprenderse si se presentan nuevos combates.

El comunicado del EPR se difundió dos días después que en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, se diera un enfrentamiento entre militares y supuestos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un grupo derivado del eperrismo.

Según la prensa, el enfrentamiento se dio el sábado pasado cuando policías y militares quisieron detener a Pascual Monje Solís, de 60 años, a quien acusan de encabezar al ERPI bajo el seudónimo de “Omar Guerrero Solís”.

El supuesto guerrillero logró escapar pese a que su domicilio –ubicado en la comunidad de La Mesa, municipio de Zirándaro–, se encontraba cercado por soldados y policías. A Pascual Monje también se le adjudica haberse desempeñado en el Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

Producto de la prolongada refriega del sábado, perdió la vida el agente ministerial Antonio Avilés Mendoza y resultaron heridos los policías Wilfredo Puras y Roberto Martínez.

A Monje Solís se le acusa de formar parte de la guerrilla guerrerense, así como de supuesto delitos como secuestro y homicidio.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) exigió ayer en un comunicado que el gobierno federal tome en cuenta muy seriamente y reconozca de manera oficial a la Comisión de Mediación que está en la búsqueda de sus militantes desaparecidos el año pasado, y pide que se les dé ya respuesta oficial y por escrito a los cuestionamientos de la misma. Asimismo, pide que su prudencia al no reanudar sus ataques armados no sea confundida con debilidad.

El EPR considera justo que la sociedad se haya conmovido ante el “lamentable y reprobable” secuestro y asesinato del niño Fernando Martí, pero asegura que otra parte de la sociedad sigue conmovida también por los aberrantes hechos de aprehensión, desaparición y asesinatos de luchadores sociales en el país, por lo que pide que así como el presidente Calderón envió su iniciativa de ley de pena perpetua para secuestradores, la haga extensiva a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Lamentaron que se haya puesto en libertad al subdirector operativo de la Policía Ministerial de Oaxaca, Pedro Hernández, y al agente Ángel Reyes, que estaban arraigados por el caso de sus compañeros desaparecidos Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz.

El grupo armado aprovechó para rechazar las versiones de que estaría siendo entrenado por las FARC: “Es el gobierno del señor Calderón el que se asesora con supuestas ‘eminencias’ norteamericanas, israelíes, francesas, colombianas, etc., preparadas para confundir a los pueblos”, dice.

El EPR asegura que quiere la paz, la cual depende, señala, “de los burócratas de Calderón”. Y remata: “El horno no está para bollos”.