Para la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario ( CG-EPR). México se esta hundiendo en una gran descomposición social y política, como resultado según explican de la iniquidad de este régimen neoliberal mexicano. Se tardo demasiado el EPR para hacer un análisis de la política que el gobierno de la república había venido aplicando como un método fascista al lanzar a las calles
al ejército, satanizando y criminalizando cualquier protesta social , las condiciones de represión que se viven actualmente en México, Oaxaca, Veracruz , Puebla, es decir en toda la república, tiene por objetivo el intimidar a la clase proletaria para que no protesten, en el marco de la privatización de PEMEX, que es un hecho, el aumento a los precios de la canasta básica, el desempleo, en fin la incompetencia que ha demostrado desde hace casi dos años el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y su Partido Acción Nacional ( PAN). Sin embargo el tema central de la reflexión, es el dar a conocer su posición en caso de que sean capturados guerrilleros de esa organización, el considerar que en caso de ser detenidos por azar, “nos encontraran y nos aprehendieran la tregua sería terminada en el acto”, una consideración que deja alternativas de explicación, ya que, según los datos que existen y que corren como reguero de pólvora desde hace quince días- tesis que se manejo en días pasados por Punto y Aparte/Oaxaca, en la posibilidad que varios integrantes del EPR hayan sido detenidos, buscándose en este momento a Tiburcio Cruz Sánchez, de quien se dice es el comandante general del EPR. Bastaría con pedir explicaciones sobre los operativos militares realizados los días: 12,13 y 14 de agosto en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Chalco, Ixtapalapa, Sierra Sur de Oaxaca, Distrito Federal, Texcoco, los cuales se llevaron a cabo con gran hermetismo y con resultados que pudieran ofrecer la explicación que se necesita para entender la redacción que en este caso la CG-EPR aplica para el comunicado del 27 de agosto.
El grupo armado para un amplió sector de la sociedad no tiene autoridad moral, ya que han acusado a miembros de ese grupo de participar en secuestros y ajusticiamientos. Una gran parte de la sociedad cree que el EPR si participa en secuestros, pese a sus
aclaraciones y posiciones que han difundido a través de sus comunicados, el grupo guerrillero tiene en su contra sospechas que lo colocan en entredicho, un sector amplió de la población, tiene la seguridad que son los miembros del EPR los responsables de secuestros, por lo menos en Oaxaca hay quienes creen que mantienen secuestrado al empresario de origen español , Enrique Rodríguez Díaz, un argumento no probado hasta hoy , es un versión que se discute en sobremesas y que ha llegado incluso en denuncias escritas de la Iniciativa Privada de Oaxaca al Presidente Calderón. Lo que detonó esta posible cacería contra el EPR, fue el caso Martí, el del español Enrique Rodríguez Díaz, así como el de Silvia Vargas Escalera, estudiante hija del ex funcionario, Nelson Vargas, la cual pronto a cumplir en septiembre un año de secuestrada, los delincuentes no se han puesto en contacto con sus familiares.
De comprobarse la versión, podría decirse que los miembros del EPR, hablan de descomposición social, cuando colaboran para que esta descomposición llegue a estadios inalcanzables para su solución al ser presuntamente parte de la estructura industrial de los secuestros, un señalamiento que no ha sido certero pero que se destaca por diversos medios de comunicación, hasta el momento pese a que diversos analistas y estudiosos del fenómeno guerrillero, han pedido una explicación del financiamiento del EPR, este grupo armado no ha querido ofrecer pruebas de cómo sostienen su lucha, la compra de armas, pertrechos, el pago a los combatientes, es decir no han sido transparentes en su proceder, lo que deja mil preguntas que responder.
En su comunicado del 27 de agosto , el EPR destaca la política que desde los Pinos se maneja en la criminalización del delito en México, parte del texto dice lo siguiente: “Quienes conforman el Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo el 21 de agosto
junto con los tres Poderes de la Unión y parcialmente los tres niveles de gobierno son los representantes de la oligarquía autodenominada hoy sociedad civil, cuyo único fin es para autoprotegerse, no representan al pueblo sino a lo más pudiente de la sociedad que trata de erigirse por encima de la misma, promoviendo una serie de medidas que sexenio tras sexenio han fracasado y son un sostén de la venganza social hacia la parte más indefensa de la sociedad”.
Los eperristas ya recogieron diversas versiones en las calles, plazas, universidades, mercados, en todos ellos el pueblo se pregunta ¿Por qué ahora sí? El EPR con este discurso, retoma su posición inicial, y se convierte en la voz de diversos sectores, se apodera del lugar que perdió, y sutilmente habla por quienes callan, una estrategia que habían dejado en el baúl y que al sostener posiciones sociales en defensa del pueblo, insisten en colocarse en esa línea de portavoces de los desclasados.
Aunque no deberían de ignorar, que el que acusa tiene la obligación de probar, y antes de emitir juicios, el EPR, debería de acusar con bases, hacer señalamientos con pruebas contundentes, que descubran esa careta de falsedad que se ha dicho tiene el gobierno de Felipe Calderón, ya que los diversos análisis consideran que el
haber sacado al ejército mexicano a las calles, le sirvió al gobierno panista para entronizarse y gobernar por seis años imponiendo la bayoneta, la bota, pero también con el miedo.
Hay señalamientos que el EPR hace que son obvios, que no necesitan probarse porque están a la luz de la opinión pública, como el hecho que la policía sirve a la clase pudiente, en las zonas proletarias y populares es difícil encontrar una patrulla, se van las corporaciones policíacas en esas zonas, solo para reprimir y chantajear a los jóvenes y adultos. Lo contrario son los enormes gastos que representan por lo menos en Oaxaca, de policías ministeriales, estatales preventivos y preventivos municipales , los cuales se encuentran “comisionados” al servicio de funcionarios y familiares de estos, cuidando casas y lo irracional es que a pesar de las quejas del pueblo, el gobierno estatal y federal, insisten en manejar una política de seguridad ineficiente, la sociedad paga los servicios de seguridad que los funcionarios usan discrecionalmente.
El EPR en su comunicado hace una fuerte critica a los operativos policíacos, retomando tal vez las denuncias que a nivel nacional se han venido dando en materia de cateos, operativos nocturnos del ejército y policía, en su comunicado del 27 de agosto destacan lo siguiente: “El ejército, la AFI, PFP, la ministerial, las policías estatales preventivas, la policía municipal e intermunicipal pasan por encima de la Constitución al presentarse con una supuesta orden de cateo firmada por un militar a realizar su fase cuatro que
consiste en cateos masivos en las zonas marginadas de las principales ciudades y llegan cerrando las calles, pidiendo “decentemente” entrar a todas las casas o abriéndolas a la fuerza burlándose del poder judicial echando por la borda el mandato constitucional. Y pobre de aquel al que le encuentren una chispera o una pistola .22 que no porta y que legalmente puede tener en su hogar, a quien además de torturarlo si bien le va le roban el arma y se la llevan junto a sus cosas de valor como botín de guerra, sin expedir ningún recibo burlándose de las mujeres y niños que en ese momento enloquecen de miedo, aterrorizados por las armas de alto calibre y la capucha que llevan supuestamente para protegerse de ser blanco de la delincuencia cuando en realidad son para que sus víctimas no los reconozcan y no sean acusados como violadores, ladrones, torturadores y extorsionadores que son”.
Lo que el EPR subraya, desgraciadamente es verdad, hechos como los de Yautepec en Oaxaca, donde militares asesinaron a dos indígenas zapotecas, demuestra que el pueblo vive con angustia, sin que ningún congreso estatal o federal, exija que se respeten los derechos humanos en cada uno de los operativos castrenses, no es necesario que el EPR lo destaque para entender que no es posible permitir que en nombre de la lucha contra el narcotráfico, se asesine impunemente a familias como sucedió en el norte de México, niños y ahora indígenas en Oaxaca. El ejército mexicano esta obligado a respetar a los ciudadanos, no usar sus armas en contra de la población civil.
El EPR habla de una fase IV, en la que el ejército aplica medidas extremas para ingresar a las casas de civiles, los militares y la policía federal puede ingresar a la vivienda de cualquier ciudadano y revisar todo lo que les plazca, incluso agredir a las personas, porque así los
mandata el estado de miedo que el gobierno del PAN, en todo el país ha impuesto, la lucha contra las bandas del crimen organizado, ha sido el pretexto perfecto para criminalizar a los pobres, el grupo armado lo subraya, sin embargo el miedo ha llegado a extremos, parte del comunicado del 27 de agosto puntualiza : “En estos tiempos para las autoridades y sus cuerpos policíaco-militares ser pobre es sinónimo de delincuente, porque en sus cateos anticonstitucionales y estados de sitio impuesto a la población tener tus raquíticos ahorros en casa, tus escasas cosas de valor, las pocas joyas son catalogadas como “propiedades y dinero mal habido” que si los quieres recuperar tendrás que ir a la zona militar y ser objeto de todo tipo de prepotencia y abuso de la burocracia militar; hacer una fiesta con tu familia también es un delito para los ojos inquisidores de los militares y los policías quienes llegan allanando viviendas, saqueando las pocas pertenencias y cosas de valor, sacando a la calle a las mujeres, niños, ancianos y
enfermos en paños menores. El robo, la humillación y la violación de mujeres es el común denominador de estos operativos de la IV fase “anticrimen” diseñada bajo el terrorismo de Estado con sus vuelos rasantes de helicópteros artillados y aviones de combate”.
El EPR en el cuerpo de su comunicado, manifiesta su rechazo a la práctica de denuncia anónima, que se ha usado como bien lo señala, por gobiernos fascistas, la historia nos enseña que Hitler premiaba a quienes denunciaban y encontraban a los judíos, antes y durante la segunda guerra mundial, un factor que permitió en aniquilamiento de esa raza en Europa. En México se ha dicho que la denuncia anónima debe hacerse si se conoce que en ciertas casas hay personas sospechosas,
esta estrategia no les ha funcionado, al contrario ha sido tomada como pretexto para que por envidia, rencor, problemas familiares o vecinales, cualquiera acuse sin fundamento, lo que provoca que el ejército haya incluso cometidos delitos graves, al ingresar a casas o residencias de personas que nada tienen que ver con el crimen organizado. A todo esto el Congreso federal y de los estados, no ha levantado un solo dedo para defender a los ciudadanos de esta agresión castrense y policíaca.
En su comunicado del 27 de agosto, el EPR define su posición y advierte que en caso de ser detenidos por azar, los encontraran y los aprendieran la tregua sería terminada en el acto, una constancia de que, como ya se dijo en análisis previos, la comandancia general del EPR, se encuentra copada y podría ser detenida en poco tiempo:
“El gobierno, sin importar color partidario, dice que dará recompensas a quien denuncie al crimen organizado, pretendiendo volver a toda la población en “chivas” y en soplones, alimentando los bajos instintos de alguna gente del pueblo que por envidia, egoísmo, rencillas vecinales o intrafamiliares podrá hablar por teléfono acusando al vecino, al pariente de sospechoso para que fuerzas represivas lo torturen, lo roben, lo metan a la cárcel sin que tenga delito alguno que pagar, satisfaciendo venganzas personales. Esto sí agudizará aún más la crisis social en el país”
La supuesta lucha contra el crimen organizado sólo es una simulación, en realidad son operativos contrainsurgentes que buscan identificarnos, descubrirnos, capturarnos para asesinarnos y desaparecernos. Estos operativos puestos en marcha en la fase IV de su plan “anticrimen” es
extensivo para todo luchador social y opositor político al gobierno calderonista”.
“El pueblo debe saber que si por un azar nos encontraran y nos aprehendieran la tregua sería terminada en el acto”.
