En días recientes, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicó el estudio titulado La nueva pobreza urbana: dinámica global, regional y argentina en las últimas dos décadas, en el que se analiza la evolución de la pobreza en la región y se dan indicadores sobre la situación de los distintos estratos sociales en los últimos años.

Llama la atención que una de las conclusiones más alarmantes de este estudio, sea que se requieren —por inexistentes— políticas públicas para evitar que la clase media caiga en la llamada “nueva pobreza”. O sea, el empobrecimiento “que afecta a grupos sociales cuya integración a los estratos socioeconómicos alejados de la pauperización parecía asegurada”.

La investigación establece que en países como Argentina, México, Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay la clase media ha involucionado hacia el empobrecimiento en los últimos años, esto ha sido producto de las crisis económicas; de la progresiva concentración de los ingresos en estratos más altos; del encarecimiento de los bienes y servicios —acentuada últimamente por la crisis alimentaria— y por la inestabilidad laboral.

En el apartado que se refiere a México, se indica que en la década de los 90 las tasas de desempleo fueron bajas, no obstante, esto no impidió una pronunciada disminución de lo salarios ni el crecimiento del sector informal, que en estos tiempos ha llegado a niveles altísimos.

La otra parte de la explicación de la proletarización de la clase media mexicana tiene que ver con el endeudamiento de personas y familias enteras: El pernicioso uso de dinero plástico para financiar el crédito al consumo, que se utiliza muchas veces para realizar compras superfluas, pero vitales para no perder el estatus al que se aferra mucha gente.

Prueba de lo anterior es que en el país hay 25 millones 403 mil tarjetas de crédito, de las cuales, según el Banco de México, se utilizaron 18 millones 768 mil durante el periodo enero a marzo de este año, por lo que en el primer trimestre los pagos con plásticos significaron 90 mil millones de pesos.

Paralelamente, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hay 700 mil hogares en el país que tienen problemas de endeudamiento por el mal uso de tarjetas de crédito; se trata, según la Comisión, de población que se encuentra en cartera vencida por el mal manejo del dinero plástico, que ha abusado en el uso del crédito al consumo, asumiendo deudas que posteriormente no puede solventar.

En un artículo publicado a principios de este año titulado “El lado feo del microcrédito”, la prestigiada revista Newsweek critica las prácticas de un banco mexicano que ofrece “pagos chiquitos”, desvirtuando el sentido del microcrédito, ya que mediante la supuesta venta de productos a meses sin intereses, descuentan el costo financiero del crédito aplicándolo al costo total que paga el usuario del crédito, lo que no significa beneficio alguno para el comprador, sino todo lo contrario.

Mediante este esquema, el banco referido llega a cobrar tasas de interés que alcanzan hasta 110% anual, y si la compra es a 18 meses, la tasa se eleva todavía más.

El semanario considera que esta empresa aplica tasas de interés “que usuarios de países desarrollados considerarían ofensivas”, ya que en EU, incluso las personas con un mal historial crediticio, no pagan más allá de 29% anual.

La situación de dramática pobreza que todavía persiste en nuestro país debe ser la prioridad en las políticas públicas del Estado mexicano, mas no se debe perder de vista que nuestra clase media sigue siendo la que en mayor medida paga las consecuencias de la falta de empleo, la inseguridad y los abusos de un sistema crediticio que, poco a poco, se está acercando a un abismo que puede arrastrarnos a todos.

Una prueba la tenemos en la experiencia reciente de Estados Unidos, en donde la oferta de créditos hipotecarios, utilizados en gran medida por el sector de la clase media, fue creciendo de modo descontrolado, llegando a afectar de modo directo a los otros sectores económicos.

En el caso de México, el crédito al consumo significa un falso alivio a su situación de empobrecimiento generalizado y hasta la fecha sigue creciendo igualmente de modo descontrolado y tal vez inconsciente. Para nuestra clase media, empobrecida y endeudada, la única solución viable es la instauración de una efectiva cultura del ahorro y austeridad, y que el gobierno cumpla la promesa de crear más y mejores empleos.

Entre noviembre y diciembre de 2007, el gobierno federal presionó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para comenzar un operativo en la Costa Chica “para limpiar la zona” de grupos armados, reveló una fuente del gobierno estatal.

El presidente Felipe Calderón tenía la información de que estaba a punto de suscitarse un levantamiento armado y por eso urgieron a Torreblanca a evitar que eso ocurriese, agregó la fuente.

Sin embargo, la información disponible por los órganos de inteligencia estatal, la que sí tenía registrada actividades de insurgencia en la Costa Chica, principalmente Ayutla, consideró que por el nivel de organización y preparación, los grupos que operaban en la región estaban lejos de iniciar ese supuesto levantamiento armado.

La fuente indicó que en la administración estatal se polarizaron las posiciones para apoyar esa “barrida” en Ayutla. Finalmente, la presión del gobierno federal, ante la duda del estatal, se fue disipando, indicó la fuente.

Por otro lado, en esos mismos meses, el Ejército mexicano inició una labor de contrainsurgencia en Zirándaro, del municipio de la Tierra Caliente, para ubicar a Omar Guerrero Solís, el Comandante Ramiro, del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), expuso la fuente.

De acuerdo con la información disponible en el gobierno estatal, la célula del Comandante Ramiro la integran unos cien hombres armados que se mueven por varios municipios de Tierra Caliente, colindando con Michoacán.

Se sabe que en las comunidades que abarcan los municipios de Zirándaro, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán, esa célula del ERPI cuenta con base que suministra apoyos al grupo armado.

Finalmente, la fuente aseguró que en los órganos de inteligencia del gobierno estatal era totalmente desconocida la presencia del supuesto lugarteniente del ex militar Pascual Monje Solís, aunque se cree que es información que se reservaron las fuentes de inteligencia militar. “Fue algo que no compartieron con nosotros”, estableció.

Después de admitir que el presunto integrante del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Pascual Monje Solís, se ha convertido en un problema de inseguridad estatal y nacional, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo afirmó que ese tema sería abordado en la reunión de las corporaciones policiacas que integran el operativo Conjunto Guerrero, que se llevó a cabo en la 35 zona militar ubicada en esta capital.

En esa reunión “seguramente trataremos los últimos eventos, que son motivo de preocupación de las autoridades; en lo que siempre insistimos es en cómo fortalecer nuestra coordinación”, dijo el gobernador al concluir un recorrido por la capital.

Sobre si iba a pedir más policías y soldados para atrapar a Monje, contestó: “no, yo creo que necesitamos determinar cómo van a operar las bases de operación que ya están establecidas, es el trabajo previo a estas reuniones hay un grupo de seguimiento que establece condiciones particulares, cómo actuar, cómo desahogar las órdenes de aprehensión, cómo trabajar en los temas de investigaciones, en síntesis que no sea limitante de los niveles de gobierno lo que nos impida estar bien estrechamente coordinados”.

Insistió, como en días anteriores en la capital, que cualquier asunto que cause inseguridad “se va combatir con toda la fuerza, sea crimen organizado, delincuencia común o subversión; el gobierno no puede quedar ajeno ni pasivo en una situación de esta naturaleza, hay preocupación y le vamos a dar seguimiento. Es un tema de alta prioridad para mi gobierno”.

Torreblanca negó que en su gobierno haya acciones concretas para atacar la guerrilla, “hay programas anticrimen y prevención, llámese como se llame a la delincuencia”.

–¿Hay acciones de contra insurgencia en el estado?

–No lo puedo afirmar, no tenemos ninguna acción; lo que nosotros hacemos es perseguir a delincuentes, nos coordinamos con el gobierno de la república y municipales.

Anunció que las operaciones policiacas y militares van a continuar en Tierra Caliente para atrapar a Monje, porque aseguró que los propios lugareños piden “justicia y tranquilidad”.

–¿Qué delitos cometió Monje antes de lo persiguieran?

–No tengo la información, pero si la ficha la conociéramos y si hubiera algunos antecedentes, nomás sumarle las acciones últimas.

–Entonces por qué dice que es delincuente de alta peligrosidad?

–Bueno, no si a usted le parezca que es de menos peligrosidad que traiga un AK-47, un cuerno de chivo, y que se dedique a disparar y que se dedique a enfrentarse a 60 elementos de seguridad, yo creo eso es de alta peligrosidad.

–Pero usted debe conocer los delitos que ha cometido ¿no?

–Perdóneme, pero no lo hace ni menos delincuente ni más delincuente el que haya cometido robos y que ahora utilice armas de alto poder y lo convierta en peligroso.

–¿Es parte de la delincuencia organizada?

–No lo sé.

Las diversas corporaciones federales y estatales que rastrean a Pascual Monje Solís, el ex militar que se enfrentó al Ejército el pasado sábado por más de 20 horas en Zirándaro, extendieron la búsqueda hasta algunos municipios de la región de la Costa Grande, como Petatlán y Zihuatanejo.

De acuerdo con el general Juan Heriberto Salinas Altés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno estatal, la persecución continúa con la participación de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal, Ministerial y se han sumado elementos de policías municipales de Coyuca de Catalán y los 12 con que cuenta la de Zirándaro.

Sin precisar cuál es el número total de elementos que se encuentran en la región, el mando policiaco dijo que hay varios grupos en esta tarea y que se está haciendo todo el esfuerzo para obtener resultados.

Salinas Altés refirió que hasta el momento no se ha podido confirmar que esta persona tenga alguna liga con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). “Son delincuentes comunes que se dedican a asesinar personas por paga. Sicarios, como ustedes los llaman, que además extorsionan a sembradores y comerciantes de enervantes”.

Indicó que hay varias órdenes de aprehensión en su contra a las que se les ha sumado el asesinato de dos policías ministeriales, cometidos el 19 de julio en Pandacareo, el primero, y durante el enfrentamiento del sábado, el segundo.

En relación con la preparación militar de Pascual Monje Solís, que se ha dicho que perteneció a las Fuerzas Especiales del Ejército, que fue guardia presidencial y que cuenta con cursos de supervivencia extrema en los Estados Unidos y antiterrorismo en Israel, Salinas Altés indicó que no se ha podido precisar, pues incluso el Ejército no lo tenía bien ubicado.

“Sabemos que sí fue militar de clase, posiblemente sargento, eso por las fotos y uniformes que hemos encontrado en los domicilios que ocupa”, dijo.

A 24 horas de la fuga de Pascual Monje Solís, presunto integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), luego del cerco que le tendieron el Ejército Mexicano y diversas corporaciones policiacas, hoy por la tarde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) informó que uno de los dos acompañantes del supuesto guerrillero murió durante los combates que por más de 15 horas se dieron sábado y domingo pasados en la comunidad de La Mesa, municipio de Zirándaro, en la Tierra Caliente de Guerrero.

Después de las 17 horas, la dependencia estatal que encabeza el general retirado del Ejército Mexicano Heriberto Salinas Altés dio a conocer la versión oficial del enfrentamiento suscitado desde las once de la mañana del sábado hasta cerca de las cuatro de la mañana del domingo pasado en aquella comunidad.

Parte del operativo

Señala que el sábado se realizó un operativo para verificar la información de que en la comunidad de La Mesa se encontraba el delincuente llamado Pascual Monge Solís y/o Rodolfo González Ortega, con otro apodado El Chacal, mismos que presumiblemente participaron en la balacera del 29 de julio en la comunidad de Pandacuareo, donde murió un elemento de la policía investigadora ministerial –Antonio Avilés Mendoza, de 45 años– y otros dos resultaron heridos.

Detalla que el sábado fueron lesionados el también policía ministerial Wilfredo Puras y el comandante de la policía estatal preventiva Roberto Martínez, quien presentaba heridas provocadas por arma de fuego en los dedos de la mano derecha; ambos fueron hospitalizados.

El parte oficial menciona que “a las 20 horas de ayer (sábado), al lugar de los hechos arribó una sección de fusileros bajo el mando del comandante del 40 batallón de infantería (con sede en Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente), reiniciando el enfrentamiento con armas de grueso calibre contra los delincuentes que estaban parapetados en el interior de una casa de adobe (en La Mesa)”.

A las 22:30 horas del sábado, según el informe, se suspendió el fuego y al parecer uno de los delincuentes murió, “al ya no responder el fuego en contra del personal del Ejército, quedando hasta esa hora el otro (Pascual Monje) aún con vida y manifestando a gritos que no se rendiría”.

Columna guerrillera

Por otro lado, fuentes del gobierno estatal que pidieron el anonimato afirmaron que la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha un operativo para detener al presunto dirigente del ERPI Omar Solís Guerrero, comandante Ramiro, quien al frente de cien guerrilleros actúa en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Zirándaro.