Archivo para Agosto, 2008

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo confirmó que, en coordinación con el gobierno federal, se realiza un operativo en la sierra de Zirándaro, en la región de Tierra Caliente, contra los presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, y Pascual Monje Solís, quien escapó del cerco tendido por el Ejército Mexicano y las diversas corporaciones policiacas la madrugada del domingo pasado en la comunidad de La Mesa.

El mandatario estatal definió a Omar Guerrero y a Pascual Monje como criminales comunes a los que se les persigue. “Para nosotros son delincuentes del orden común y me parece que, en el caso del municipio de Zirándaro, necesitamos reforzar la seguridad”, comentó.

El pasado 9 de agosto un elemento de la policía investigadora ministerial murió y dos más resultaron heridos debido a un enfrentamiento entre policías y un grupo de individuos encabezados por Monje Solís en la comunidad de La Mesa, informó Erit Montúfar Mendoza, director de la corporación.

La balacera se inició a las once de la mañana del sábado y continuó la madrugada del domingo. Al lugar arribaron refuerzos de la Policía Federal Preventiva, agentes de Seguridad Pública y de la PIM, así como efectivos militares.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal reconoció que debido a las condiciones de miseria y atraso que hay en Guerrero existen grupos guerrilleros.

Torreblanca Galindo recordó que en Zirándaro integrantes de la policía municipal abandonaron sus cargos y el gobierno del estado reforzó su presencia. Destacó que hay pláticas con su homólogo de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, sobre todo porque los conflictos se han presentado en la zona limítrofe de ambas entidades, en la región de Tierra Caliente.

Sostuvo que no existen vínculo entre Omar Guerrero y Pascual Monje: “Son delincuentes y hay que combatirlos; a quien infrinja la ley hay que combatirlo. A mí no me corresponde hacer ese tipo de investigaciones, trátese de quien se trate; quien violente el estado de derecho es sujeto de las propias penas que la ley establece”, afirmó.

Cuestionado si puede haber más personas como Pascual Monje, respondió:

–Sí, yo creo que sí, delincuentes hay en Guerrero y eso no lo podemos soslayar

–¿Hay operativos especiales?

–Hay operativos del gobierno del estado en colaboración del gobierno federal.

–Hay un reporte que liga a Monje Solís con Omar Guerrero. ¿Eso quiere decir que hay indicios de alguna guerrilla?

–No. Yo digo que son delincuentes y hay que combatirlos, a quien infrinja la ley hay que combatirlo.

Después de 24 años de trabajo organizativo, lucha social y experiencias vividas, el EZLN ha consolidado su presencia en el territorio chiapaneco. Con discreción, orden y disciplina, los zapatistas han podido construir un nuevo modelo de trabajo o, como dicen ellos, un nuevo modo de hacer las cosas, donde a partir de una práctica cotidiana de la autogestión, la solidaridad, la creatividad, la cooperación y organización comunitaria han mantenido la cohesión de sus comunidades.

A los zapatistas nada les ha sido fácil, ni nada les ha sido regalado. Lo logrado ha sido gracias a un enorme esfuerzo y a una alta cuota de sacrificio de sus integrantes. Mayor significación tiene cuando sus logros se han producido en medio de condiciones difíciles y complicadas.

Desde los primeros años en que desarrollaron su trabajo, tanto en el frente de masas como en la organización clandestina, se formaron al amparo de una convicción: “mandar obedeciendo”. Los años anteriores al levantamiento les permitieron consolidar una fuerte presencia en comunidades, muchas de las cuales se reconocieron zapatistas. La estrategia en su formación guerrillera puso distancia frente a métodos utilizados por otras guerrillas para allegarse fondos mediante secuestros o acciones que caen en el terreno delictivo y que han sido rechazadas por la opinión pública.

La apuesta zapatista de construir una base social organizativa como sustento fundamental de la acción armada, financiada con los modestos recursos de sus integrantes, ha sido el distintivo que ha alejado al zapatismo de cualquier acción que lo vincule con acciones terroristas que pudieran justificar la acción represiva del Estado mexicano. El levantamiento zapatista fue caracterizado por la primera Cocopa como “expresión de una insurrección comunitaria, producto de causas fundadas que lo originaron”.

La irrupción zapatista en el escenario nacional trajo modificaciones sustantivas. Las subsecuentes reformas electorales al primero de enero de 1994 fueron realizadas por una demanda de la sociedad mexicana, pero también por el reconocimiento tácito a la justeza de los reclamos zapatistas. Tal vez esto no quiera ser reconocido por los partidos políticos, pero el levantamiento armado contribuyó a la creación de un nuevo escenario electoral y a una redistribución del poder político. Hoy el modelo electoral mexicano dista mucho de ser el mejor y más adecuado para los mexicanos, pero es muy diferente al de antes de 1994.

El diálogo entre el EZLN y el gobierno federal estuvo amparado por una Ley para el Diálogo, cuya fortaleza radica en expresar la voluntad de las partes, sobre todo de la sociedad mexicana, que desea una solución de fondo a la problemática planteada por los zapatistas, por vía de la negociación. El EZLN puso su parte, el Estado Mexicano incumplió los compromisos contraídos en San Andrés. Aunque el estatus del diálogo que ampara la ley vigente es de “suspensión”, no de “ruptura”, la reanudación de esta vía tendrá que pasar por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, cuyo contenido principal ha hecho suyo la Organización de Naciones Unidas.

Luego de la suspensión del diálogo y desde antes, en un doble discurso el gobierno, mientras decía querer dialogar, apoyaba una estrategia de contrainsurgencia y acorralamiento de las fuerzas zapatistas. Expedición de títulos agrarios, habilitando a campesinos como ejidatarios en tierras ocupadas por los zapatistas, encarcelamiento de líderes y bases de apoyo zapatistas, matanzas indiscriminadas, fomento de las deserciones y el paramilitarismo, ofrecimiento de apoyos oficiales a cambio de renuncias públicas al EZLN, minimización del conflicto, campañas mediáticas antizapatistas fueron, entre otras, acciones que dominaron el escenario chiapaneco durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo y los varios gobernadores interinos que Chiapas tuvo durante ese sexenio.

En medio del hostigamiento, el zapatismo tuvo la capacidad de salir adelante y perfilar una nueva iniciativa política a principios de 2001, mediante la marcha exitosa que culminó con la presencia de los zapatistas en la tribuna del Congreso de la Unión, donde el debate entre los legisladores traspasó las fronteras de las formalidades parlamentarias para ubicarse en un terreno donde el elemento principal que introdujo la petición zapatista para hacer uso de la tribuna de San Lázaro no radicaba en que fuera un asunto de normatividad legislativa, sino en otro mucho más profundo que cuestionaba al actual modelo de la democracia mexicana, la cual aún no incluye a todos los mexicanos, en este caso a los pueblos indígenas.

A pesar del éxito de la marcha y las expresiones públicas del presidente Fox, la culminación del proceso legislativo que dictaminó la iniciativa de ley indígena produjo un resultado ajeno a lo pactado en San Andrés Larráinzar, con una reforma constitucional que hizo a un lado el arduo proceso de negociación entre las partes. El nuevo escenario permitió que de nueva cuenta los zapatistas sacaran la creatividad que los ha caracterizado con las juntas de buen gobierno como una nueva forma de organización que este año cumple un lustro de actividades sostenidas mediante un método de trabajo que ha permitido procesar diferencias, definir esquemas de trabajo y vincularse organizadamente entre los miembros y quienes no lo son.

Los miembros de las juntas de buen gobierno se van rotando entre los integrantes de la comunidad, y han entendido que el servicio que brindan no significa obtener privilegios individuales, pero fortalece la integración comunitaria que permite sentar las bases para el desarrollo de los pueblos. Esta experiencia es un nuevo modelo en la toma de decisiones del que hay mucho que aprender y mucho que saber.

TEMEN ATAQUE DEL EPR EN OAXACA.

La suspensión de actividades de la Comisión de Mediación entre el Ejército Popular Revolucionario y el Gobierno Federal, coincide con una serie de amenazas que, según trascendió y no fue confirmado por el vocero del gobierno de Oaxaca, se han venido realizando y que aparentemente fueron hechas vía fax a diversos
Ulises Ruiz Ortiz.
funcionarios, entre ellos al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, lo que motivó para que durante su jornada de actividades desarrolladas en la capital de Oaxaca y Valles centrales por la mañana y medio día del jueves 14 de agosto, fuera acompañado por dos patrullas de la Policía Estatal Preventiva , tipo pick-up, con ocho elementos cada una , perfectamente pertrechados, así como motociclistas, dos patrullas de la policía ministerial, una ambulancia marca Dodge tipo Durango que fue acondicionada con vidrios polarizados, equipada con maletín rojo, equipo para intervenir de emergencia en paros respiratorios y de corazón, incluso operar de emergencia si el caso lo requiere, dos camionetas de apoyo blindadas que son cambiadas constantemente y más de 50 elementos de seguridad pública y ministeriales vestidos de civil. Todo esto ajeno a la rutina que el gobernador de Oaxaca había tenido anteriormente.Sin embargo, a pesar del despliegue policíaco y de seguridad, se pudieron observar errores de quienes tienen la responsabilidad de cuidar al mandatario oaxaqueño:

El primero de los errores fue haber realizado el evento con el Presidente Municipal de la Ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, en un lugar ubicado en una cuchilla de cuatro vías alternas, frente a una plaza comercial cubierta de árboles pequeños, una torre de vigilancia propiedad de una empresa, que podría haber sido usada y la cual jamás fue vigilada por la policía, a sus espaldas de los funcionarios sin cubrir por la policía, más que una mampara de 5 centímetros de ancho, la avenida universidad, además la calle Tamayo. La avenida Universidad corre en cuatro carriles de sur a norte, cualquiera pudo haber pasado accionando un arma y nadie se lo hubiera impedido, su objetivo hubiera sido la mampara.

El gobernador Ulises Ruiz, el Senador Adolfo Toledo y el Presidente Municipal de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, quedaron expuestos por más de 40 minutos, solo la mampara los separaba de los autos de Avenida Universidad que pasaban a no más de 20 metros. Ninguno de sus escoltas o camionetas blindadas que venían en la comitiva vigilaron la retaguardia del jefe del Ejecutivo Estatal ni protegieron al funcionario de un posible ataque. Se nota que son guardaespaldas sin la mínima capacitación para el manejo de crisis.

El segundo error: El gobernador maneja su vehículo, no es un conductor especializado en persecución o evasión en caso de un ataque premeditado ¿el gobernador sabrá conducir bajo presión? Claro, es una camioneta blindada, aunque en estos tiempos los blindajes no sirven para las armas sofisticadas que usa la delincuencia organizada.

El tercer error: Los escoltas dejan al gobernador de Oaxaca expuesto, no cubren ni su llegada ni su partida. Los policías preventivos que lo acompañaban con camionetas artilladas, se encontraban a más de 50 metros, en caso de emergencia, su perímetro de fuego es amplio, lo que podría causar bajas entre las personas que se encontraban en el evento. Se notó que el grueso de los sobreescoltas permanecen junto al titular del Ejecutivo estatal, ninguno establece un perímetro de seguridad, un error garrafal.

Lo anterior demuestra que a pesar de las amenazas, pareciera que no han sido tomadas en serio, el despliegue policíaco obedece a una manera de querer demostrar que el gobernador de Oaxaca se encuentra cubierto en su seguridad ¿ es esto verdad o solo una ilusión óptica?

Cualquier grupo sin el mínimo de seguridad puede actuar, las amenazas en contra de Ulises Ruiz Ortiz pareciera que han sido tomadas con poca seriedad.

EPR: ¿Quién fue?

Pasó desapercibida para buena parte de la ciudadanía una noticia que no sólo le dará un vuelco a la concepción represora del Estado mexicano, sino que podría ser la punta de la madeja para saber quién y por qué se ordenó la desaparición de los dos eperristas reclamados, así como su destino
Aceptan represión Oaxaca, en la miraPasó desapercibida para buena parte de la ciudadanía una noticia que no sólo le dará un vuelco a la concepción represora del Estado mexicano, sino que podría ser la punta de la madeja para saber quién y por qué se ordenó la desaparición de los dos eperristas reclamados, así como su destino.

Como se sabe, desde hace poco más de un año, la dirigencia del Ejército Popular Revolucionario denunció que dos de sus líderes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, habían sido detenidos por presuntos policías y desaparecidos. Acusó a los gobiernos de Oaxaca y federal de la “desaparición forzada”, en tanto que el gobernador Ulises Ruiz negó la especie y el de Calderón no dio respuesta clara.

Los eperristas iniciaron acciones de sabotaje contra instalaciones petroleras a manera de presión contra el gobierno federal, que se comprometió a investigar a fondo, y apenas en semanas anteriores aceptó la creación de una comisión de mediación entre los guerrilleros y el Estado.

Pero apenas este jueves, en un comunicado oficial, Gobernación reconoció, por primera vez desde que se denunció la desaparición, que para el Estado y para el gobierno de Calderón, el hecho es considerado “bajo el tipo penal de desaparición forzada de personas”. ¿Qué quiere decir eso?

ESTADO REPRESOR

Resulta que esas nueve palabras bajo las que define la Segob la indagatoria respecto a la desaparición de los eperristas son el reconocimiento del gobierno de Calderón de que se presume que, en efecto, Edmundo y Gabriel fueron desaparecidos por alguna autoridad del Estado, en forma directa o por personas que contaron con el aval de alguna autoridad para llevar a cabo la desaparición.

El gobierno panista de Calderón ha reconocido lo que nunca aceptaron gobiernos del PRI —sobre todo en la guerra sucia— o del PRD —en la democracia electoral—: que la PGR del segundo gobierno en manos del derechista PAN investiga si instituciones del Estado cometieron delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas. O desde otra óptica, que instituciones diversas, de niveles no precisados, habrían actuado como si fueran parte de un Estado represor.

El gobierno de Calderón se había cuidado de no referirse a los eperristas desaparecidos como un caso de “desaparición forzada”, porque según el derecho internacional estos casos se tipifican como producto de la desaparición ordenada y llevada a cabo por el Estado, por alguna de sus instituciones o por terceros avalados por él o sus instituciones.

Así, cuando la Segob reconoce el tipo penal de la desaparición de los eperristas como “desaparición forzada”, la propia dependencia encargada de la seguridad interna y la gobernación acepta la posibilidad de que alguna institución del Estado llevó a cabo esa desaparición. La pregunta es natural: ¿quién es el responsable? ¿A qué posible institución se refiere Gobernación?

OAXACA, EN LA MIRA

La revelación no es menor. Debemos recordar que en el sistema presidencialista mexicano, el presidente de la República es, al mismo tiempo, jefe del gobierno y jefe del Estado. Frente a esa jefatura dual, la responsabilidad final de la desaparición es de Calderón, quien no la puede evadir por ningún lado.

Ahora bien, si el jefe del gobierno y del Estado ha reconocido que la PGR investiga la desaparición de los eperristas bajo el estatus de “desaparición forzada”, podemos suponer que cuenta con elementos para ello. ¿Qué información conoció la Segob en los 15 meses que han transcurrido desde la desaparición?

Se podría hablar de información privilegiada, de secreto de Estado y llevar el imaginario hasta el infinito. Lo cierto es que todos los indicios conducen a Oaxaca, y, sobre todo, al gobierno del priísta con suerte, mucha suerte, Ulises Ruiz. Toda la información pública apunta a que policías del gobierno de Oaxaca habrían detenido en un hotel de la capital de esa entidad a los dos jefes guerrilleros. Por supuesto, Ruiz siempre ha negado la especie.

Pero lo que no todos saben es que desde la aparición del conflicto magisterial que casi lo derriba, desde los tiempos de la crisis que dio origen a la APPO y a la participación del EPR en ese movimiento, el gobernador oaxaqueño compró protección política en las trincheras del PRI.

Si se recuerda, el conflicto violento que durante más de un semestre llevó a Oaxaca a una virtual guerra civil se produjo en medio del polarizado proceso electoral de 2006 —y pretendió ser usado por uno de los actores políticos como ariete para sus reacciones—, lo que obligó a una alianza forzada entre el candidato Calderón y luego presidente electo, y luego el presidente constitucional, con el PRI para mantener en su puesto a Ruiz.

Esa alianza, político-electoral en un principio, pero luego estratégica y hasta de seguridad nacional para el naciente gobierno federal, obligó al jefe del Estado y del gobierno a mirar para otro lado cuando se hablaba de Oaxaca y de su gobernador. Pero al parecer las cosas han llegado a un límite y el de Ruiz ya no es un gobierno útil para la administración de Calderón.

CONTRA LOS RADICALES

Pero aquí no estamos diciendo que mañana o en la semana por venir sean las últimas horas del gobierno de Ruiz. Lo cierto es que están en puerta dos acontecimientos que podrían ser determinantes para el oaxaqueño. Uno, la reforma petrolera. ¿Cuánto vale el gobierno de Oaxaca para esa reforma? La pregunta es pertinente sobre todo si se toma en cuenta que desde la Segob ya lanzaron la advertencia con dedicatoria al gobierno de Ulises Ruiz. Al reconocer que la PGR investiga la desaparición de los eperristas bajo el estatus de “desaparición forzada”, el mensaje es que se busca un culpable en las instituciones del Estado.

El segundo acontecimiento es la eventual movilización que provocaría la reforma petrolera. En el gobierno de Calderón tienen claro que los amagos de AMLO respecto a la movilización son un hecho. Que al amparo de los grupos más radicales y de buena parte del lumpen político, el obradorismo pretenderá echar abajo al gobierno de Calderón, y que el cuento de la privatización petrolera será el pretexto ideal.

Como quedó claro en la casi guerra civil de Oaxaca, grupos vinculados al EPR son capaces de una virtual guerra de guerrillas urbana, capaz de desestabilizar, por ejemplo, a la capital del país. En Los Pinos están urgidos a quitarle al EPR y a otros grupos radicales todos los argumentos para impedir que se sumen a una locura golpista como la que prepara López Obrador.

Pero tampoco ahí acaba el asunto. Ya están encima las elecciones de 2009, y la política mediática del gobierno de Calderón entrará muy pronto a la dinámica de los resultados. Es decir, a ofrecer soluciones de fuerte impacto: la reforma petrolera será una, la aclaración de la desaparición de los eperristas, otra, y así, una por una. En todo caso, la pregunta que falta por responder es: ¿y qué haría el PRI si cae Ulises Ruiz? Al tiempo.

Todas las “publicidades” y acusaciones falsas contra los zapatistas que hacen los que están en el poder son “para engañar a la gente que se deja engañar”, manifestó el comandante Fernando en la conmemoración del quinto aniversario de las juntas de buen gobierno (JBG) zapatistas en el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, en La Garrucha.Allí, el teniente coronel Moisés expresó: “el que está gobernando debe obedecer y el pueblo tiene que mandar. El que está en el poder tiene que cumplir. Si el pueblo toma el poder, es el guardián de su país, de su pueblo. Pero junto con su gobierno, el que manda obedeciendo.

“Aquí estamos practicando, estamos mejorando. Podemos decir ésta es la universidad acá”. Hay otras universidades, admitió, pero son “transgénico”. En ellas “no nos enseñan, ni explican ni dan de entender. Esas universidades transgénicas son de los capitalistas neoliberales”.

Para los zapatistas “nuestros maestros y maestras son los pueblos. Ellos nos están demostrando, y ya lo demostraron, pero falta mucho más. El pueblo organizado sí puede gobernarse”.

Hablando por la Comandancia General del EZLN, y en presencia de las bases zapatistas de la selva tzeltal, Moisés se dirigió a la caravana nacional e internacional de solidaridad que visitó los territorios autónomos la primera semana de agosto: “ustedes la vieron, conocieron lo que es la vida real acá. Y tenemos la confianza de que regresan en sus países, pueblos, escuelas, barrios, a contar lo que vieron. Por eso sentimos que vamos con ustedes. Pero no, nos quedamos, porque mucho trabajo nos falta. Uno muy grande es la construcción del mandar obedeciendo. No es lo mismo a organizar una campaña electoral para tomar el poder. Queremos que el pueblo tome el poder. No unos cuantos.

“Sólo podrán destruirnos si nos matan a todos. Para eso tendrán que matar también a ustedes. Porque hemos escuchado, compañeros adherentes de la Zezta Internazional y de la Otra Campaña, que nos dicen: ‘no están solos’”.

Recordó Moisés que en los primeros días de 1994 se acusó al EZLN de “transgresor” de la ley. “Claro que vamos a seguir transgrediendo su ley, porque no sirve. No está consultada del pueblo trabajador del campo y la ciudad. Es una ley protectora de las agresiones y violaciones que hace el mal gobierno”.

Queremos, dijo, “una ley del pueblo y para el pueblo. Esas leyes injustas que transgreden al pueblo un día va a tener que acabar. Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Ellos decidirán cómo es. Para eso tenemos que luchar y organizarnos. Es lo que están haciendo nuestros pueblos del EZLN”.

Y confió: “aquí vamos a estar. No nos vamos a vender. No nos vamos a rendir. Y no vamos a aceptar nada del mal gobierno. Aquí el mal gobierno ya no manda. El pueblo es la que manda”. Asimismo, confió en ver otra vez a los visitantes, “si no es que el ‘olvidón’ de Calderón no vaya a hacer algo por ser loco”.

El comandante Fernando, a nombre del CCRI, expuso: “éstos son los pasos que estamos logrando. Sin pedir permiso para gobernar nuestro territorio. Las JBG trabajan para construir la autonomía, la justicia y la verdadera democracia junto con el pueblo, sin distinción de las organizaciones”. Advirtió: “ya no es tiempo que nos humillen. La lucha del pueblo organizado hay que saberla, cuidarla y abonarla bien”.

Según la JBG El camino del futuro, los zapatistas no hacen campañas “para pelear nuestro poder; no somos como los malos gobiernos: se eligen entre ellos y hacen lo que les pegue la gana. Nunca hemos visto un diputado o senador del Congreso de la Unión consultándole al pueblo qué ley necesitan los trabajadores. Por eso estamos construyendo la autonomía”.

Explicó que la “instancia de autoridad máxima” es la asamblea de zona, para problemas “muy complicados”. Allí, “la JBG propone y la asamblea dispone”. Las autoridades tienen que bajarse para convencer al pueblo y no para que lo vence. En este camino ocurren muchas fallas, errores de todo tipo. Lo importante es corregirlos y llevar por delante el compañerismo para construir un mundo lleno de igualdad, paz con justicia, libertad y democracia”.

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