Archivo para Agosto, 2008

Hace ya 40 años que México fue el realizador de las olimpiadas y ahora el Museo de Arte Moderno realiza una exposición de todo diseño y objeto representativo de aquella celebración.

Diseñando México 68: una identidad olímpica reúne en cuatro partes el sistema de comunicación visual como los símbolos utilizados para cada deporte, el logotipo principal, memorabilia olimpica, la publicidad así como su impacto en la población.

La exposición estará hasta el 26 de octubre en el Museo de Arte Moderno. Paseo de la Reforma y Gandhi s/n Bosque de Chapultepec.

Horario: De martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Admisión: $20. Domingo: Entrada libre.

Enlace: Museo de Arte Moderno | Vía: Diseñando Mexico 68: una identidad olimpica

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¿Es esto un techo? en el Cenart


El día de hoy se llevará a cabo la 18 Feria del Empleo de la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes con la que se busca fomentar a empresas pequeñas y medianas a través del Fondo de Desarrollo Social.

En esta ocasión las empresas invitadas ofrecerán alrededor de 5 mil vacantes con sueldos de 3 mil a 7 mil aproximadamente.

Asimismo se contará con mil 281 vacantes para personas mayores de 45 años.

Para quienes se registraron no olviden llevar su currículum vítae y de ser posible una solicitud elaborada.

Enlace: 18a Feria de Empleo de la Ciudad de México

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La familia de Edmundo Reyes Amaya denunció hoy acciones de presunto hostigamiento, derivado de sus exigencias al gobierno para que Edmundo y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sean presentados con vida.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) efectuó estallidos en instalaciones de Pemex en 2007, para exigir la aparición con vida de Reyes y Cruz, y fue hasta este año que logró la creación de una Comisión de Mediación con intelectuales, periodistas y abogados para mediar con la autoridad federal.

Sin embargo, Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo, denunció que el gobierno no da señales de actuar y que ha vuelto el supuesto acoso a su familia.

“A más de un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los familiares de ambos desaparecidos decidimos como todos recordaran iniciar la búsqueda de nuestros familiares conformando nuestro Comité Hasta Encontrarlos para realizar todo lo posible para encontrar a nuestros desaparecidos, sin embargo, a pesar de las largas batallas y esfuerzos que familiares hemos realizado durante todo este año transcurrido, la respuesta obtenida por parte del Estado Mexicano ha sido únicamente la de intimidar y hostigar”, estableció Nadín Reyes.

La hija del eperrista desaparecido señaló que “los familiares no sólo hemos tenido que soportar las burlas y negligencia de las autoridades al declarar que en nuestro país no existe la desaparición Forzada de personas, que tanto el gobierno de Felipe Calderón como el gobierno del Estado de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz están comprometidos y se solidarizan con nuestras familias para encontrar a nuestros desaparecidos, sino que además hemos padecido del hostigamiento y el acoso del operadores del Gobierno Mexicano, a través de sus cuerpos judiciales y policíacos”.

En su escrito, Nadín Reyes especificó que desde el miércoles seis de agosto su familia y ella “tuvimos la visita de dos agentes judiciales. Vestidos de civil, quienes se identificaron al día siguiente como agentes de la policía ministerial del Municipio de Nezahualcoyotl”.

Los supuestos agentes judiciales o ministeriales fueron en busca de un tal Ernesto y acusaron a un hermano de Nadín de un aparente delito y hasta le recomendaron buscarse un abogado.

La descripción de Nadín señala que “los dos individuos entraron a la tienda (de su familia), uno de ellos de complexión gruesa, como de 1:70m aproximadamente, de piel morena, y el otro de complexión delgada y de 1:80m de altura aproximadamente. El primero dijo llamar Marino López”.

La joven exigió “cesen los hostigamiento y amenazas en contra de la familia de Edmundo Reyes Amaya”.

Condenan el secuestro que realizó el EPR

Empresarios y políticos guanajuatenses manifestaron su preocupación por los secuestros en los que ha participado el Ejército Popular Revolucionario en Guanajuato.

El periódico Milenio publicó ayer sábado la participación del EPR en el secuestro del empresario Eduardo García Valseca el 7 de junio del 2007 y fue liberado a finales de enero del 2008. Este hecho no se dio a conocer en su momento por las autoridades competentes pero fue confirmado por amigos cercanos a la víctima y por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia.

Aurelio Martínez, presidente de la Coparmex en León aseguró que esto es una muestra de la inseguridad que se ha incrementado en Guanajuato. “Hoy por hoy es muy fácil secuestrar y más aún cuando existe impunidad”.

El líder empresarial se pronunció por redoblar esfuerzos en materia de seguridad porque, según él, la situación es cada vez más preocupante. No obstante dijo que esta problemática no nos debe intimidar y que la sociedad guanajuatense es más fuerte.

Expuso que la labor de inteligencia y prevención son palabras que el gobierno de Guanajuato no conoce.

También aprovechó para reiterar que el Secretario de Seguridad, Baltasar Vilches, no tiene experiencia en este tema y que su permanencia en el puesto es un capricho del secretario de gobierno, Gerardo Mozqueda.

Ante esta situación pidió al Secretario de Seguridad Federal Genaro García Luna que gestione ante el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva, la destitución de Baltasar Vilches

Comprobado
Para Miguel Alonso Raya, ex diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, la privación de la libertad es condenable venga de donde venga. “El estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y libertad de las personas”, señaló.

Agregó que la autoridad no puede negar la presencia de grupos guerrilleros, cuando está más que comprobado que operan en Guanajuato. “En el caso del estado, de nada le sirve negar que existan grupos guerrilleros cuando estos han demostrado su presencia”.

Enfatizó que las autoridades tienen muy poca inteligencia y la que tienen no es confiable.

“Esto ha permitido que operen impunemente estos grupos”.

Dijo que deja mucho que desear el secretario de seguridad, cuando debe empezar por reconocer que existe un problema en la entidad. El reconocer esta presencia puede servir para el diputado, para que se sumen esfuerzos y se haga un trabajo coordinado no sólo de las autoridades sino de la sociedad civil.

Por su parte Bárbara Botello, presidenta de la comisión de seguridad en el Congreso del Estado señaló que la falta de inteligencia de las autoridades estatales permite que la delincuencia circule libremente por el territorio guanajuatense, y más grave con la participación de grupos guerrilleros.

La legisladora dijo que la presencia del EPR en el estado se corroboró con los atentados que cometieron en ductos de Pemex en Salamanca y Celaya.

Calificó este hecho como lamentable, pero más grave para ella es que la autoridad no reconozca la presencia de estos grupos en el estado. Dijo que la secretaría de seguridad no se atreve a informar sobre este tipo de hechos cuando lo más importante es trabajar con todos los sectores de la sociedad y elaborar políticas para la prevención del delito.

Además señaló que la autoridad no está preparada para atender delitos de alto impacto, sobretodo cuando están involucrados grupos secretos.

Se pronunció porque las tareas de prevención se efectúen de manera eficaz, porque el que comete secuestros inició su vida delictiva con faltas menores. Criticó también la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales para elaborar trabajos de inteligencia y actuar de forma inmediata cuando se presenten situaciones de este tipo. “Hay presencia de delincuencia organizada con autoridades desorganizadas”, concluyó.

Falta de control
El senador Luis Alberto Villarreal, dijo desconocer, quiénes perpetraron este secuestro, pero señaló que es grave que no haya trabajo de inteligencia estatal, y que la falta de control puede poner en riesgo al estado.

Señaló que se debe contar con cuerpos especiales, preparar mandos policiacos de élite, e invertir en equipamiento y mejorar sueldos para los cuerpos de seguridad, ya que “no es posible que un policía gane 4,500 pesos mensuales. Eso es sólo disfrazar a una persona de policía, sin estar preparada”.

Para el senador los recursos deben ser invertidos en capacitación, y profesionalización, ya que según él, no ningún juego la guerra que se ha declarado contra el crimen organizado.

Sobre el trabajo que se realiza en Guanajuato en materia de seguridad dijo que el mejor juicio lo tienen los ciudadanos.

El legislador relacionó el incremento del 30 por ciento en número de secuestros en comparación con el año pasado debido al combate al crimen que se viene realizando desde que inició la administración de Felipe Calderón. “Ellos quieren sacar en secuestros lo que se les ha decomisado en drogas”.

Además dijo que los estados aparentemente tranquilos deben redoblar esfuerzos ya que de ellos se aprovechan los narcotraficantes y los secuestradores para desarrollar células. “La autoridad no tiene derecho a negar porque eso quiere decir que no está dispuesto a solucionar el problema”.

La liberación de los dos policías de Oaxaca —detenidos en abril pasado—, que eran los únicos sospechosos por la desaparición de dos eperristas, generó la salida de Noé Ramírez Mandujano de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Tras esta falla, que se acumuló a algunas otras deficiencias, por instrucciones presidenciales se le solicitó a Ramírez Mandujano la renuncia al cargo.

Fuentes del gobierno federal explicaron que la falla del equipo de Mandujano en este caso tuvo un alto costo político que debilitó la postura del gobierno federal frente al Ejército Popular Revolucionario.

Sólo cuatro días después de que un juez federal ordenó —el 26 de julio pasado— que se levantara el arraigo a Pedro Hernández Hernández, comandante de la Policía Ministerial del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca y del agente de la misma corporación Ángel Reyes Cruz, alias El Chicharrón, el subprocurador a cargo del caso presentó su dimisión al cargo.

Las autoridades consultadas indicaron que el resultado de esta investigación provocó el malestar del Ejecutivo, pues abre la posibilidad de que el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR), ponga en duda el compromiso del gobierno federal en esclarecer la desaparición de dos de sus integrantes, y continúe con su política de atentados contra las instalaciones estratégicas del país.

Los policías oaxaqueños fueron detenidos el 25 de abril pasado, como presuntos responsables de la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en mayo de 2007 en esa entidad.

El gobierno federal ha rechazado que alguna autoridad civil o militar haya detenido a los activistas, cuya desaparición llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar el expediente PGR/SIEDO/UEITA/047-08, que derivó en la detención y arraigo del comandante Hernández y del agente Reyes Cruz.

La SIEDO no logró acreditar su responsabilidad en la desaparición de los eperristas, y el Ministerio Público de la Federación no encontró pruebas que confirmaran las declaraciones de un ex funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, que se convirtió en testigo protegido —con clave Luna— y de un policía que trabajaba con los sospechosos, y que eran sus “cartas fuertes” contra los servidores públicos arraigados.

La falta de sustento de los testigos y la carencia de evidencias, llevaron a la Procuraduría General de la República a no solicitar la orden de aprehensión contra Hernández Hernández y Reyes Cruz, quienes simplemente quedaron libres al concluir el arraigo de 90 días decretado en su contra por el Juzgado Sexto de Distrito.

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