En 1968, lo saben bien las mujeres y los hombres de la generación que me antecede, la mayoría de los medios propagandísticos que llamamos de comunicación estaban férreamente controlados por el gobierno. Es verdad que había un abanico de excepciones que iba desde el semanario Siempre! hasta la revista ¿Por qué? (Política, dirigida por Manuel Marcué Pardiñas, había sido cerrada un año atrás por la administración diazordacista), pasando por periódicos como El Día y Excélsior; pero no dejaban de ser eso: excepciones.
Durante la década de los setenta no cambiaría mucho la situación del periodismo en México, Luis Echeverría, señalado continuamente por Excélsior como el principal responsable de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, orquestaría un golpe a la dirección del segundo periódico más antiguo del país. Sin embargo, no contaba con que eso ocasionaría la creación de dos proyectos que encarnarían el reclamo cada vez más decidido de la sociedad por ejercer su derecho a la libertad de expresión: Proceso y Unomásuno.
Siete años más tarde, “una red de complicidades, sumisiones y conveniencias hacían [de] la prensa una parte orgánica del poder”. México, cuenta Carmen Lira Saade, “era constitucionalmente un país democrático, federalista, igualitario, laico y respetuoso de la división de poderes y de las garantías individuales, pero en la práctica era una nación autoritaria, ritualista, centralista hasta la paranoia, obsesivamente presidencialista y violadora de los derechos humanos”.
En medio de este escenario, el 19 de septiembre de 1984 nacería tras una dolorosa escisión en Unomásuno, el diario La Jornada, testigo privilegiado de los sismos de 1985 en la Ciudad de México, los movimientos estudiantiles politécnico y universitario de 1987, el fraude electoral de 1988, la firma del mal llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las expresiones de descontento de los pueblos indígenas durante las conmemoraciones de los 500 años de invasión española a estas tierras y, como coronación a su primera década de periodismo comprometido con las luchas sociales, la insurrección zapatista de 1994.
Por decidirse a publicar íntegros los comunicados de la dirigencia insurgente, desde diversos sectores gubernamentales, políticos e intelectuales La Jornada fue acusada abierta y veladamente de ser prozapatista y “apologista de la violencia”. No obstante, según palabras de su actual directora general, continuaron con la cobertura informativa al conflicto que se ha querido constreñir sólo al sureste mexicano “porque tenemos el mandato fundacional de dar tribuna a los sectores que no la tienen, y los zapatistas fueron, y en alguna medida siguen siendo, parte de esos sectores”.
Así las cosas, a la par que en México se emprendía uno de los proyectos más destacados en la construcción de un mundo nuevo y mejor distinto del que dicta el sistema-mundo capitalista y su fase actual: el imperialismo, fuimos constatando por medio de las páginas del tabloide nacido en Balderas 68 la descomposición de la sociedad a través de acontecimientos ominosos como el asesinato contra el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio; la militarización del país por órdenes de su suplantador, Ernesto Zedillo; las masacres en Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Unión Progreso, Chavajeval y El Bosque; la invasión del narcotráfico por obra y gracia de operadores políticos de todos los colores, y, antes de lo que para muchos significaría el fin de una era: la del sistema político del partido de Estado, el fraudulento rescate bancario llevado al cabo por el hasta ahora último gobierno priista.
Ése fue el paisaje político, económico y social que sirvió de marco para la puesta en marcha de proyectos regionales del que quizás sea el único diario fundado en este país por artistas, intelectuales, académicos, periodistas, escritores, estudiantes, obreros, amas de casa, profesionistas, campesinos, pequeños empresarios, promotores de derechos humanos, comerciantes y desempleados cuya lealtad los llevó a convertirse en accionistas del mismo periódico hace 24 años; quedaba así marcada la pauta a seguir por La Jornada de Oriente, La Jornada San Luis, El Sur y, un 23 de septiembre, justo hace 9 años, La Jornada Morelos.
Aquellos serían tiempos de definiciones, el régimen parecía desbaratarse y eso, más que una buena noticia, significaba una señal de alerta en medio del ascenso al poder por parte de la derecha; las y los jornaleros morelenses se vieron enfrentados a la necesidad de decidir si los objetivos fundacionales de La Jornada: “dar voz a los sinvoz” serían también los suyos. Sin embargo, los mismos jornaleros nacionales habían comenzado a poner en tela de juicio eso de continuar siendo resonadores de una palabra que nadie, salvo ellas y ellos, había querido escuchar nunca.
Pero de ello platicaremos en la siguiente entrega.
