Más allá de los discursos, la realidad es que el Estado de Derecho no rige en México, como lo hace evidente el caso de los desaparecidos y atentados del EPR
El Ejército Popular Revolucionario denunció, desde el año pasado, que sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos (o desaparecidos) el 25 de mayo de 2007.
En repetidas ocasiones, las autoridades estatales y federales se decían ajenas a los hechos, pero el sábado 26 de abril, precisamente 11 meses después de los hechos, elementos de la Policía Federal Preventiva y el Ejército mexicano aprehendieron a varios elementos de la Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca para interrogarlos en relación con dichas desapariciones.
Conforme a la información publicada en el periódico capitalino La Jornada fueron nueve los detenidos, entre los que se encontraban el director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia Estatal y primo del Gobernador Ulises Ruiz (Romeo Ruiz), el Subdirector técnico administrativo y dos peritos de la misma Procuraduría, así como el Subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández Hernández, su ex chofer y tres agentes más de la misma corporación.
De acuerdo con declaraciones del abogado defensor de Hernández Hernández, Gerardo Francisco López Thomas, todos fueron remitidos a la Ciudad de México para que rindieran su declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.
El mismo abogado señaló, al diario ya citado, que se encuentran señalados en la investigación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 con alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas.
La secuencia de hechos y los tiempos muestran plásticamente el concepto de Estado de Derecho del actual gobierno, pues el inicio de la investigación de la desaparición de dos personas (sin importar su pertenencia o no a un determinado grupo) esperó casi un año sin acción alguna.
Los últimos dos dígitos del expediente indican que esta averiguación previa se inició hasta el presente año, es decir, a pesar de que las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición, al menos desde el 10 de julio del año pasado, y durante meses no hicieron absolutamente nada por investigar su paradero, como no fuera negar en declaraciones a los medios su participación en los hechos.
El 10 de julio del año pasado, la Comandancia militar de zona del Ejército Popular Revolucionario reivindicó la autoría de las detonaciones contra ductos de Pemex en Celaya, Salamanca, y Valle de Santiago, Guanajuato, así como en la válvula de seccionamiento de la casa de válvulas de ductos en la comunidad Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro, entre el 5 y 10 de julio de 2007.
En el comunicado que emitió denunció “a nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el Gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca”.
El Gobierno de Oaxaca, en voz de su Secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, de inmediato informó que ninguna corporación policíaca del Gobierno del Estado los tuviera detenidos.
Unos días después la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, mediante un comunicado conjunto, hicieron lo propio, señalando que no contaban con registro alguno de que ambas personas se encontraran recluidas en centro penitenciario del país o a disposición de una agencia del Ministerio Pública.
El mismo día que las dependencias federales emitían su comunicado, en Querétaro, los profesores Faustino Hernández y Roberto Aparicio dieron a conocer que efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones los trasladaron a las instalaciones de la PGR en calidad de testigos y los interrogaron durante ocho horas, como presuntos involucrados en los referidos estallidos.
Dos meses después, el 10 de septiembre del mismo año, el EPR detonó otras 12 cargas explosivas en ductos de la misma paraestatal en Veracruz y Tlaxcala.
Nuevamente demandaban la presentación y liberación de los dos desaparecidos. En esta ocasión personalmente el Procurador Eduardo Medina Mora declaró que ninguna autoridad tenía detenidos a los dos eperristas; incluso, de acuerdo a La Jornada, “consideró que estas personas pudieran estar en manos de organizaciones similares o paralelas”.
A pesar de todo esto nada se ha hecho al respecto. Por un lado, hasta hoy no se conoce de ningún detenido en relación con los atentados contra los ductos de la paraestatal; y, por el otro, tampoco se sabe nada del paradero de los desaparecidos. Hasta el sábado se supo de la comparecencia de las autoridades de Oaxaca.
El jueves 24 de abril por la noche, el EPR planteó a un grupo de personalidades que mediaran entre las partes (EPR y Gobierno federal) para dar con el paradero de los dos desaparecidos.
El viernes, el Obispo Emérito Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas aceptaron la encomienda específica y demandaron a las partes que durante el tiempo que dure la intermediación no haya acciones armadas.
De acuerdo a información difundida el lunes 28 de abril, en el noticiero vespertino de W Radio ese día liberaron a seis de los nueve detenidos y la PGR trabajaba bajo la hipótesis de que los dos desaparecidos estaban muertos y no detenidos o secuestrados.
Me extiendo en el recuento de los hechos, porque muestra la desidia de la autoridad para atender un problema que sin duda ya provocó daños mayores al país, tanto económicos como para la vigencia del Estado de Derecho.
En cuanto a los económicos y materiales es evidente que las explosiones obligaron a reparar los daños y éstos no fueron menores, pero además hay que sumar los costos en los que incurrieron las empresas por el desabasto ocasionado por las mismas; de acuerdo a cálculos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) los daños a las plantas fabriles se elevaron, únicamente por las explosiones de septiembre, a unos 9 mil millones de pesos.
Pero obviamente el daño es todavía mayor por la impunidad que prevalece en el país, al no sancionar ni a los autores de los atentados contra las instalaciones de Pemex ni a las autoridades o grupos que secuestraron a los dos eperristas.
La vigencia del Estado de Derecho, que tanto pregona el actual Gobierno federal, tiene entre otras condiciones indispensables, las siguientes: una, acabar con la impunidad; dos, aplicar la ley sin distinción alguna, de tal manera que se persigue con la misma rapidez a los civiles o las autoridades que violan la ley; y tres, que la justicia sea pronta y expedita.
Y en este caso no parece cumplirse ninguna de ellas, así que más allá de los discursos, la realidad es que el Estado de Derecho no rige en México, como lo hace evidente el caso de los desaparecidos y atentados del EPR; pero más vale tarde que nunca y, en ese sentido, es deseable que pronto se aclare el paradero de los dos eperristas y se sancione a los responsables de su desaparición.
Obviamente, ese sería apenas un primer paso en el sentido correcto, que debe incluir el castigo de todos los delincuentes, sin distinciones, donde desde luego también se encuentran los autores de los atentados contra los ductos de Pemex.