Pese a que una de ellas está muerta, dos compañeras de Lucia Andrea Morett —estudiante mexicana herida en un ataque sorpresa del ejército colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador—fueron acusadas ayer por el gobierno de Estados Unidos de “reclutar a simpatizantes para la guerrilla” en México y varios países de Latinoamérica. Sus bienes serán congelados.

El Departamento del Tesoro en Washington informó que, como parte de su política antinarcóticos, congeló los bienes financieros de ocho reclutadores internacionales de las FARC, entre los que se encuentra la fallecida Liliana López, alias Olga Marín, identificada por el gobierno estadunidense como enlace y líder del grupo guerrillero en México.

El gobierno estadunidense también sumó a su lista de “narcotraficantes sancionados” a Nubia Calderón, Esperanza. Junto con Morett, la colombiana sobrevivió al ataque bélico al campamento en la selva ecuatoriana, ocurrido en marzo pasado.

Ambas se encuentran actualmente asiladas en Nicaragua.

Muerta hace varios meses en el ataque del ejército colombiano a la base guerrillera en Ecuador, López fue señalada por Washington como la “principal responsable” de mantener los nexos y organizar las operaciones de las FARC en territorio mexicano.

Pese a tener una orden de aprehensión en su contra en Colombia —Bogotá ofrecía 3 millones de pesos colombianos por su captura— la presencia de Olga Marín en el país había sido ya detectada en el pasado y era de conocimiento público.

La hija del también fallecido Manuel Marulanda Tirofijo fue incluso señalada en su momento por la embajada colombiana como responsable de haber infiltrado a distintos grupos estudiantiles de la UNAM en la guerrilla de las FARC.

Extraoficialmente se estima que Liliana López fungió como primer contacto oficial de Morett con la guerrilla sudamericana.

Aunque su muerte fue confirmada por las autoridades colombianas, López fue acusada ayer por Washington de mantener activa su membresía en la comisión internacional de las FARC para México, en donde residió legalmente, y con la venia del gobierno de Vicente Fox, por espacio de dos años hasta abril de 2002.

Junto con Marcos Calarcá, López comandó la “embajada” de las FARC en México antes de su expulsión del país, cuando las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores le exigieron dejar territorio nacional ante las presiones de la administración del presidente colombiano Álvaro Uribe.

Se presume que ambos guerrilleros dejaron el país de forma clandestina, por vía de Centroamérica.

Desde 2000 y hasta 2002, López y Calarcá se encargaron del mantenimiento de la “oficina de representación” en un barrio al sur del Distrito Federal; a través de ésta se coordinó la estrategia de comunicación de las FARC en el país, en especial en círculos estudiantiles de la UNAM.

El hecho fue denunciado por el ex embajador colombiano en México, Luis Ignacio Guzmán Ramírez, quien aseguró en 2003 que las FARC habían infiltrado a la máxima casa de estudios con López y Calarcá como principales responsables.

Por sus declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo declaró persona non grata. Debió salir del país meses después.

Junto con Liliana López y Nubia Calderón fueron incluidos a la lista de narcotraficantes sancionados por el Departamento del Tesoro estadunidense Francisco Cadena Collazos, operador en Brasil; Jorge Davalos, en Canadá; Orlay Jurado, en Venezuela; y Jairo Lesmes, portavoz en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

El gobierno de Estados Unidos los acusó de organizar redes de reclutamiento en todos los países mencionados, incluido México.

“Como representantes de las FARC e integrantes de su comisión internacional, estos individuos trabajaron en el extranjero para reclutar a simpatizantes, obtener apoyo y alcanzar la protección de los actos de terrorismo de la guerrilla”, aseguró el Departamento del Tesoro.

Clasifica SRE informesPor su parte, para no poner en riesgo posibles “acciones humanitarias” y su eventual participación en negociaciones de paz en Sudamérica, la SRE clasificó toda la información relativa a la expulsión en 2002 de López y Calarcá como representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en México.

Por decisión unánime, el comité de información de la cancillería desechó hacer públicos sus reportes en torno a la oficina del grupo guerrillero en la Ciudad de México e insistió en que revelar esta información “pondría en riesgo” la conducción de la política internacional deMéxico en Colombia.

Con base en la solicitud de información 500048308075, Relaciones Exteriores declinó responder bajo qué concepto se permitió en primer lugar a las FARC tener una oficina y, posteriormente, qué actividades de López y Calarcá le llevaron a ordenar la clausura de la representación guerrillera.

También, dictaminó que mantendrá como clasificada por tiempo indefinido la información que le fue entregada por el gobierno colombiano sobre las posibles actividades ilícitas de la oficina de la guerrilla colombiana.

“Dicha información se encuentra como reseñada, en consecuencia, no se autoriza el acceso al solicitante”, advirtió la Dirección General para América Latina y el Caribe de la SRE, bajo la responsabilidad directa del subsecretario Gerónimo Gutiérrez.

Ratificada por el Comité de Información de la dependencia, la clasificación en torno a la información relacionada a las FARC se sustentó, acorde a la SRE, en el artículo 13 fracción II de la Ley Federal de Transparencia, puesto que revelarla “menoscabaría la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros Estados entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano”.