Apoyados con tanquetas, cientos de soldados, junto con policías federales y estatales de Morelos, se desplegaron en el poblado de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla.

Foto: Margarito Pérez.

El 14 de junio de 2006, el criminal que despacha como jefe del Poder Ejecutivo estatal en Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, ordenó el uso de la fuerza pública para disolver el plantón que maestras y maestros sostenían desde el 22 de mayo de ése mismo año en el centro de la capital del estado. Lo hizo después de declarar su “disposición al diálogo”, y tanto estaba dispuesto a ello que el saldo del operativo en el que un helicóptero arrojó granadas de gas sobre la población fue de 92 personas heridas, entre docentes, niñas, niños y hasta elementos de seguridad.

En los días recientes, el “gobierno” del médico Marco Antonio Adame Castillo, el panista a quien la Wikipedia que censura al periódico digital Rebelión por supuesta falta de objetividad y rigor describe como un humanista sin tacha, no quiso quedarse atrás e hizo del 7 y el 8 de octubre su propia fecha en el calendario de la represión y de Tres Marías, Huitzilac, Amayuca, Xoxocotla, Tepalcingo, Tlalnepantla y Atlatlahuacan el escenario que tuviera por personajes principales a centenares de personas detenidas, lesionadas (entre ellas un niño de 8 años que sufrió crisis nerviosa) y por lo menos tres más desaparecidas, en lo que de ninguna manera puede considerarse la entrada de la violencia a un conflicto que el próximo lunes cumplirá 60 días de vida, sino la escalada violenta del mismo apuntando hacia la población civil.

No se equivoca Jaime Brito (La Jornada Morelos, 8/10/08) cuando asegura que la violencia genera violencia; ni cuando deja en claro, por honestidad intelectual, que si bien los bloqueos, las manifestaciones, dejar de dar clases, gritar en las calles, interrumpir al tránsito y apropiarse de un espacio público son formas de violencia, ésta responde a la violencia anterior, institucional, de quienes desde el Poder imponen políticas públicas sin consultar a quienes dicen gobernar, lesionan conquistas laborales, pretenden volver el derecho a la educación en una mercancía y por única respuesta a pliegos petitorios y solicitudes de audiencia ofrecen primero desdén, luego mentiras y siempre soberbia.

¿Qué hacer entonces si, por un lado, los órdenes de (des)gobierno y sus aliados naturales en el comercio, el empresariado, los partidos políticos de derechas y las madres y padres de familia que un día salen a las calles con ropas blancas y veladoras y otro azuzan la toma de escuelas y asumen posiciones de confrontación más que de diálogo y reconciliación y, por el otro, las y los maestros contrarios a la flamante Alianza por la Calidad de la Educación, los pueblos de Morelos, las organizaciones sociales progresistas, diversos sectores que se consideran de izquierdas y madres y padres de familia con visión de futuro y conciencia de clase, avanzan cada cual por su lado en posiciones irreductibles y en radicalizaciones que harán cada vez más difícil el retorno a la tan mentada paz social?

La respuesta, en términos que podrían ser calificados de utópicos pero urgentes, sería la generación de un proceso en el que la protesta magisterial se convierta en un movimiento social que incluya a los pueblos, organizaciones, colectivos, grupos y personas de todo el estado que a estas alturas ya hayan entendido que la ACE no es sino una más de las puntas de lanza que el capitalismo esgrime en su histórica tarea de mandar a la humanidad a su final.

Lo anterior pasa por la articulación de estrategias que van desde la realización de brigadas informativas colonia por colonia y foros de intercambio de opiniones, discusión y análisis de la misma ACE, del sistema político que la defiende a capa y espada y del modelo de producción que la diseñó, hasta la implementación de medidas legales que conduzcan al juicio político de los funcionarios disfuncionales de las actuales administraciones municipales y estatales y la desaparición de poderes en el estado.

Nos gustaría pensar, no obstante, que podríamos llamar a un gran diálogo estatal en el que participáramos los distintos sectores de la sociedad. Que cada cual pondría en la mesa sus razones para defender o estar en contra de la ACE y que juntas, juntos, maestras, maestros, padres y madres de familia, alumnas y alumnos y representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, tomáramos acuerdo de actuar con la estatura moral que las investiduras, los oficios, las profesiones y las condiciones nos exigen, para diseñar un modelo educativo que nos convierta en una sociedad fuerte, por unida, y no en una débil, por confrontada.

Pero dicha unidad tiene que partir de la base de revisar la ACE, un acuerdo que a todas luces lesiona derechos fundamentales, como el de la educación que sus apologistas dicen querer “modernizar”, y laborales. En este sentido, el conflicto que ha estallado en Morelos y comienza a manifestarse en distintas entidades del país no es, como aseguran algunas maestras y maestros, sólo de orden gremial; cuando decidieron dejar de dar clase a nuestras hijas y a nuestros hijos, y con ello nos dieron un ejemplo de dignidad, se volvió un asunto de todas, de todos. Adame Castillo y sus fuerzas represivas eufemísticamente llamadas “del orden”, llenando de terror la mirada de un niño de 8 años que podría haber sido cualquiera de nuestros hijos, se sumaron a la invitación.