La realidad precede la conciencia. O, en un principio, el caos. El magisterio morelense en pie de lucha está trastocando la realidad. Emulando a Hegel, hay quienes admiten el movimiento, pero como diría Marx, hay que poner la realidad invertida para conocerla verdaderamente.

En Morelos son más de 400 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el sistema escolarizado público. Estos son atendidos por 23 mil profesoras y profesores de educación básica que en su inmensa mayoría cuentan con estudios normalistas o licenciaturas similares. Estos están distribuidos en unas mil 700 escuelas ubicadas en los 33 municipios. Aún cuando las desigualdades económicas regionales son significativas entre las escuelas ubicadas en las zonas urbanas y las rurales, llegando a extremos en las pequeñas comunidades de la sierra de Huautla por una parte y por otra en las ubicadas en el centro de Cuernavaca, existen también similitudes históricas, políticas y sociales en un estado que tiene una de las tazas más elevadas de densidad demográfica en el país.

Morelos está ubicado entre los primeros sitios de educación escolarizada, alcanzando un 92.9 de mujeres y 91.7 por ciento de hombres entre 6 y 15 años de edad, con una tasa de alfabetismo de 90.6 por ciento en mujeres y 93.1 en hombres, aunque el promedio de escolaridad es apenas de 8.2 años en mujeres y 8.6 años en hombres. Es decir, la pirámide educativa es igualmente excluyente en la medida en que se eleva el nivel educativo. Todos estos datos son proporcionados por INEGI en su censo general de población y vivienda de 2000 y en su Conteo de Población y Vivienda de 2005. Esta enorme cantidad de población está vinculada al sistema educativo público, sostenido, por supuesto, por las y los maestros que mantienen básicamente una identidad colectiva vinculada a la comunidad y si tomamos en cuenta que la población morelense total está compuesta por 775 mil 311 hombres y por 837 mil 588 mujeres de acuerdo al censo de 3 años atrás, es indudable que el efecto económico, social, político y cultural es hacia el conjunto de la sociedad morelense. Así, hay que dejar claro que no es el movimiento magisterial el que crea las contradicciones sociales y económicas, sino que las hace visibles, las exhibe ante los ojos, incrédulos de muchos, y sobre todo permite abrir un profundo proceso de reflexión y politización de la sociedad que, polarizada con antelación, encuentra motivos para exteriorizarlos y llevarlos a todos los niveles y ámbitos públicos y privados, lo mismo en el campo que en la ciudad, en las calles y las plazas que en el interior de las familias, no solo en las cúpulas partidarias sino entre las bases afiliadas o militantes, entre los comerciantes y obispos contra el movimiento que con organizaciones sociales y sindicales a favor del magisterio en lucha.

Estos datos, hay que decirlo, no permiten, sin embargo, hacer del todo visible la profunda desigualdad económica y social prevaleciente en la entidad, donde las mujeres se han incorporado crecientemente al mercado laboral, pasando de 37.3% a 45.7% del 2000 al 2005, en tanto que los hombres han disminuido su participación del 80.1% al 76.8% en el mismo período, entre otras razones por el alto grado de emigración que ha ocurrido. Si bien las tasas de desocupación que recoge INEGI son muy bajas y no reflejan la elevada tasa de subempleo, empleo informal o carente de estabilidad laboral, la cantidad de personas que trabajan y no reciben remuneración económica es muy significativa, siendo un 9.9% de mujeres y un 4.8% de hombres. Empresarios que ocupan una persona o más llega a 2.1% de mujeres y 5.4% de hombres.

El peso político de los más ricos es evidente en el gobierno panista. Un ejemplo claro fue la reunión con la cúpula empresarial que organizó la marcha de blanco contra la inseguridad, ofreciendo asumir plenamente todas y cada una de sus demandas, y la negativa durante casi dos meses a aceptar el pliego de 12 puntos del magisterio democrático.

Si es el magisterio quien aplica el principio de la defensa del derecho a la educación pública por parte de los 400 mil alumnos que son atendidos cotidianamente, resulta un despropósito acusar al magisterio de violar este derecho cuando se suspenden las clases precisamente porque el gobierno el que está poniendo en cuestión la validez del artículo 3o. de la Constitución de que la educación debe ser pública, laica, gratuita y al alcance de todos con el acuerdo para la calidad de la educación. Es el magisterio, a pesar de los bajos salarios que tiene la mayoría contratados por hora o con dos plazas que les obliga a laborar mañana y tarde, quienes sostienen el andamiaje de la educación pública. No son los funcionarios y aviadores, con salarios estratosféricos e insultantes, los que hacen posible mantener en la escuela a estos 400 mil alumnos, sino los maestros y maestras de a pie, los que con su vida y esfuerzo cotidiano sacan fuerzas de flaqueza para brindar conocimientos a alumnos que, cuando son evaluados con los mismos criterios empresariales y homogeneizadores, son reprobados por un sistema excluyente que únicamente quiere entre sus filas a los que considera mejores, en una ley del mercado que no puede ser aceptada como mecanismo de selección por quienes tienen la divisa de una educación humanista integral.