La Alianza para la Calidad de la Educación es un proyecto clásicamente empresarial, como lo demuestra el especialista Hugo Aboites en un documentado análisis sobre la alianza para la evaluación. En este documento se demuestra contundentemente como el gobierno ha establecido acuerdos con los grandes empresarios capitalistas a través del TLC y otros compromisos firmados para elevar los controles de producción y productividad técnica mediante mecanismos de competencia individual que tiende a fracturar el cuerpo social del magisterio.

La ofensiva privatizadora empresarial del gobierno se remonta a dos décadas atrás con las políticas neoliberales en todos los terrenos, empezando los gobiernos priístas y profundizándolas los panistas que comparten en lo esencial la defensa de los intereses capitalistas. En este período han enriquecido enormemente a una clase capitalista parásita de la burocracia con la privatización demás de cinco mil empresas públicas que fueron adquiridas en su momento con los dineros públicos de todo el pueblo de México. El caso paradigmático de Teléfonos de México es el antecedente inmediato que propicia la creación del hombre más rico del mundo, a expensas no de su trabajo, sino de los beneficios de la corrupción legalizada que significó su privatización. El negocio de las Afores y la privatización de la salud también son los precedentes de lo que se pretende con la privatización de la educación, del petróleo y de la energía eléctrica.

Morelos, en la actualidad representa el paraíso de la privatización de la educación privada en el nivel medio superior y superior, ya que se han abierto alrededor de 60 universidades particulares. Es un negocio muy lucrativo y esperan con ansiedad que éste se extienda al conjunto de los niveles de la primaria y secundaria para elevar aún más sus ganancias.

El criterio de la educación ligada a elevar los niveles de productividad se remonta a los inicios del capitalismo y se agudiza con el paso de los métodos tayloristas y fordistas de la producción en cadena a los métodos japoneses y del “just in time” y de flexibilidad laboral actuales que significa precisamente eliminar la estabilidad en el empleo que hoy groseramente tratan de presentar como “herencia” de plazas a los hijos de los trabajadores de la educación. No está en juego la venta de plazas, que siempre ha estado controlada por la burocracia sindical charra del SNTE en complicidad con las autoridades de la SEP y del IEBEM, sino la vía hacia los contratos temporales, anuales si acaso, sujetos a un mecanismo de control de productividad y eficiencia empresarial pero de ninguna manera vinculada a la educación humanista que, aún, es vigente en el artículo 3o. de la Constitución.

El movimiento de bases democrático de la Sección 19 en Morelos, ha logrado colocar todos estos temas en la reflexión pública durante casi 60 días de lucha y protesta masiva.

Primero fueron las marchas contra la ley del ISSSTE, la creación de la Asamblea de Amparados que interpusieron recursos legales ante la Corte por miles para defender su derecho a la seguridad social, y las protestas contra la ACE que originaron la toma de las instalaciones del SNTE, la declaración de huelga constitucional y el paro de labores que se ha sostenido desde el 13 de agosto, 53 días hasta la fecha, con impresionantes movilizaciones de decenas de miles de personas, algunas de las cuales han llegado a ser de alrededor de 50 mil asistentes en cada una de ellas, bloqueos carreteros, un plantón permanente en las calles aledañas a la plaza de Armas de Cuernavaca y un sin fin de actividades que han encontrado eco entre madres y padres de familia, pueblos, sindicatos, organizaciones, partidos políticos, inclusive un impacto significativo en los medios de comunicación, que ha trastocado la vida cotidiana y ha colocado a la sociedad frente a un gran espejo. La realidad invertida. Ha puesto al descubierto lo que no se quiere ver: una sociedad tremendamente injusta que requiere de una transformación social, política, económica de grandes dimensiones. Eso, en términos llanos y simples, significa que apenas estamos en los prolegómenos de un movimiento social que sea capaz de transformar de raíz esta sociedad, en una perspectiva liberadora, que no acepte que alumnos y maestros son mercancías que pueden ser usadas y desechadas. Se trata, en primer lugar, de dignidad, piedra angular de la defensa de los derechos humanos.