Han de excusarme porque me dirija a ustedes sin darles el trato que corresponda a su investidura. Por más esfuerzos que he hecho para encontrar la definición, no he podido dar con ella racionalmente, ni me puedo explicar nada de cuanto sucede, qué es y a qué obedece.

Creo que el derecho a la duda lo he conquistado en el lapso de casi dos años que llevo preso y en que, después del acto de formal prisión, no se me ha llamado a ninguna audiencia, a ninguna diligencia y hasta ahora he tenido el honor de conocer en persona al licenciado Ferrer MacGregor, nuestro juez o que aparece como juez de algo o de alguien.

Estamos ante una ficción incomprensible, que no se puede calificar con exactitud. El Código Penal, el Código de Procedimientos, los conceptos del Derecho, su filosofía, nada de todo esto nos proporciona la respuesta que intentamos obtener acerca de lo que significa, lo que contiene y la razón en que se funda el acto, a todas luces, extraordinario, que aquí nos reúne.

¡Vaya! Ni la imaginación ni la fantasía del Ministerio Público podrían sernos útiles, pese a que nos ha demostrado que las posee en alto grado, durante su intervención en esta Audiencia. Y aun su lógica, que corre pareja con aquéllas.

Es una lógica basada en un sistema de extrapolaciones de las cuales deriva, entonces, un encadenamiento causal que le resulta así muy fácil. Nos acusa, en el capítulo del delito de “daño en propiedad ajena”, de todos los perjuicios y destrozos ocasionados por las demostraciones callejeras.

“Ver para creer” eran las palabras con las que designaba a este método uno de los testigos de la Pasión, Santo Tomás, a quien se le conoce como El Tonto, para distinguirlo de Tomás de Aquino, el teólogo, que no tenía nada de tonto.

Estamos aquí, en este lugar al que se nos ha traído, para asistir a una extraña función, cuyos fines verdaderos es precisamente lo que tratamos de poner al descubierto. Como vemos, el método de Santo Tomás el Tonto, nos conduce a bien poca cosa.

Sin embargo, no ha de ser tan malo, por cuanto que es el método que aplicó el Ministerio Público para hacernos llegar hasta aquí… en este acto, reunión, concurso, entrega de premios o lo que sea -pues puede serlo todo, hasta campeonato de insomnio, en que, a fuerza de ser justos, el señor juez se llevaría el primer premio, ya que es el único a quien la ley obliga a no dormirse-, campeonato o concurso al que nos hemos visto en la necesidad de asistir al margen de nuestra voluntad.

El Ministerio Público está obligado a creer en lo que dice. La ley exige que sus acusaciones se funden en pruebas, puesto que nadie puede creer en nada si no se le ofrecen las pruebas de aquello que se le dice, o si las pruebas salen de la nada. De otro modo el Ministerio Público no sabría ni conocería las causas por las que cree que nosotros somos esos mismos delincuentes comunes sobre quienes pide que recaigan determinadas sentencias.

El Ministerio Público… para obtener las pruebas que necesita, debe entonces ver, oler, gustar, oír y tocar los hechos. Ahora bien, como una sola persona no puede hacer todo esto respecto a todos los hechos, y ni siquiera por lo que respecta a un solo hecho aislado, el Ministerio Público dispone de un órgano de los sentidos con el cual olfatea, acecha, vigila, espía, escucha, y establece los hechos (esto por cuanto hace a los sentidos de la vista y el oído); y toca, palpa, estruja, hiere, tuerce, lastima a las personas (esto por lo que se refiere al sentido del tacto), para finalmente, saborearlo todo (esto por lo que se refiere al sentido del gusto). Dicho órgano de los sentidos tiene su nombre: Dirección General de Averiguaciones Previas.

Pero aquí parecería que omitimos un sentido: el del gusto. En efecto, porque tal órgano de los sentidos no tiene gusto propio. La Dirección de Averiguaciones Previas no huele, no oye, no ve, no hace nada que no sea de acuerdo con el gusto del Procurador. Y de éste ya se sabe a qué gusto obedece.

El Ministerio Público cree, desde el principio, en la culpabilidad que se desprende de las pruebas, con la creencia inmediata de Santo Tomás el Tonto. El juez se tarda un poco más en creer, con la cautela reflexiva y más conservadora de Santo Tomás el teólogo. Pero el agnosticismo teológico del juez resulta de muy corta duración. No dura sino el plazo de las 72 horas en que debe dictar el auto de formal prisión.

El juez cree en el delito del acusado como una presunción, como una probabilidad. En cambio el Ministerio Público cree en el delito como una certeza.

En el caso nuestro, no obstante, se produce un fenómeno curioso enormemente revelador. La diferencia entre presunción y certeza se disuelve, desaparece, y unifica los dos conceptos de las diferentes atribuciones del juez y del Ministerio Público en una sola e indivisible relación conceptual: la evidencia, para ellos, de que no somos procesados políticos, sino delincuentes comunes.

¿Qué significa esto? Significa precisamente que la distinción que obra a favor de los presos comunes al considerarlos presuntos responsables de la comisión de un delito, en nuestro caso es nula, no obra, no existe y nos condena de antemano, puesto que ya se nos considera autores de robos, depredaciones y homicidios, desde que el juez dictó la formal prisión, y no se trata sino de establecer el grado en que cometimos dichos delitos, por lo que el juez ya tiene listas las sentencias.

¿Cómo calificar esta actitud, ya no de este señor juez y los representantes del Ministerio Público, aquí presentes, sino del Poder Judicial que la tolera y la aprueba sin que a sus integrantes se les caiga la cara de vergüenza?

La unilateralidad, la parcialidad, el carácter dogmático, excluyente, autoritario e impositivo del concepto con que se nos impide el acceso a la definición de procesados políticos, en virtud de su propia naturaleza, deviene, en la realidad práctica de los hechos, como parcialidad amañada, facciosa, partidista, de la conducta misma del Poder Judicial.

Por cuanto el Ministerio Público (o sea la Procuraduría de Justicia), y el juez (o sea, la interpretación de la ley), funden sus atribuciones en una sola y unificada actitud, quiere decir que este expediente puede funcionar, a voluntad y de modo idéntico, en cualesquiera circunstancias y al margen de la ley, cuando así lo requieran los intereses políticos de la persona encargada del mando supremo de la República.

Cuantas veces se ha requerido al señor presidente de la República por nuestra libertad, mantiene invariablemente una rígida y lacónica respuesta: “Están en manos de sus jueces”, dice el Jefe del Poder Ejecutivo.

¿Quiere decir esto, entonces, que el ejecutivo considera jueces a estas personas, a estos señores, ante quienes comparecemos para que nos sentencien a seis, siete, trece, dieciocho, veinte, veinticuatro, treinta, cuarenta y hasta cincuenta y nueve años de prisión, como lo reclaman los representantes del Ministerio Público? ¿Penas que exceden los años de vida que tiene la mayor parte de los jóvenes acusados, algunos de los cuales son adolescentes que yo mismo he visto crecer aquí, que han aumentado de estatura aquí, durante los casi dos años de prisión que llevamos?

Estos representantes de los poderes políticos de la nación -los del Ejecutivo y del Judicial- se asocian como personas para desdecir de la representación que ostentan para mistificar y falsear sus funciones; para convertir en espurios tales poderes, alterar el sentido de la misión que tienen, conculcar la ley y subvertir, con ello, el régimen de derecho que debiera normar la existencia de la República. Se asocian, entonces, para delinquir: constituyen en suma, una asociación delictuosa.

¿Pero es acaso ésta toda la realidad institucional, es decir, anticonstitucional, que impera en el país? No, ni con mucho. No es necesario mucho ni ir demasiado lejos para considerar, en sus términos reales, lo que es, en México, el Poder Legislativo.

Por poco que se mire a través del prisma de los bajos intereses y las ruines pasioncillas en que se descomponen los elementos que integran el Poder Legislativo; por poco que se mire a través del prisma político con el que se revelan los colores miméticos que adoptan estos corpúsculos legislativos, en seguida aparece la banda presidencial.

Por supuesto no nos referimos a la banda simbólica con que se significa, en el pecho de un presidente de la República, el ejercicio del Poder Ejecutivo. No. Nos referimos a la banda de turiferarios y maleantes políticos que aparecen a cada nuevo cambio de representantes de ambas cámaras ya bajo un nombre u otro. Banda que se organiza para servir los designios y mandatos de la Presidencia de la República, cualquiera que sea el presidente en turno.

Hay que repetirlo. La no existencia de presos políticos ha terminado por convertirse, para el régimen, en un punto neurálgico, donde hace crisis toda la demagogia de su estructura. En México no hay presos políticos porque le disgusta mucho al presidente que se lo digan. ¿Le irá a disgustar del mismo modo al futuro presidente de la República?

En su IV Informe de Gobierno, el primero de septiembre de 1968, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, declaró ante la representación nacional, solemnemente reunida para escucharlo: “No admito que existan ‘presos políticos’; preso político es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno”.

¿Quién es, constitucionalmente hablando, el C. Presidente de la República para afirmar ante el Congreso reunido en pleno, ante la Suprema Corte, sus ministros y sus magistrados, también ahí presentes; quién es -repetimos- el C. Presidente para decir y afirmar en forma categórica, ante los otros dos poderes de la Unión: no admito que existan presos políticos?

No es el Poder Ejecutivo el órgano que tenga facultad alguna para admitir o no la condición jurídica, real o supuesta, en que se encuentren las personas que han perdido su libertad en el país. No es el presidente de la República el que puede calificar a su antojo -o fuera de su antojo- la naturaleza de unos delitos u otros; de ninguno, para decirlo con toda claridad. No es el presidente de la República la persona con autoridad alguna para decidir qué son y qué no son las ideas políticas, ni siquiera qué son las simples ideas, políticas o no.

No hubo un solo diputado, un solo senador, un solo magistrado que elevara su voz de protesta contra aquel delito de Estado que se perpetraba delante de ellos, delante de sus propias y respetabilísimas narices.

No hubo entre esa gente ningún Serapio Rendón, ningún Belisario Domínguez, ningún Fidel Jurado. ¿Y cómo iba a haberlos?, hace muchos, muchísimos años que el Poder Legislativo no da hombres de esa calidad.

Esta historia real en la que se enuncia el México nuevo, se hace visible, después de años enteros de silencio y sumisión, en las grandes manifestaciones democráticas de la juventud del año 1968.

El reverso de esta historia, su negociación, la antihistoria de México, se objetiva y se expresa a partir de las palabras del presidente Díaz Ordaz, vertidas en su IV Informe de Gobierno.

De esas palabras se produjo, inmediatamente después -a los 18 días y cuando el día 13 había desfilado por las calles de la capital una manifestación, la más ordenada, la más disciplinada, de cuantas había habido hasta entonces, la Manifestación Silenciosa de la Universidad entera y de todos los estudiantes de educación superior-, la ocupación militar de la Ciudad Universitaria, y luego, el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco. El presidente anunció esto desde el primero de septiembre y advirtió claramente que dispondría del Ejército, apoyado en el Artículo 89 de la Constitución. Ya veremos más adelante cómo el presidente se apoyó de un modo falso, espurio, mañoso, tramposo, en este artículo constitucional.

Del Informe Presidencial de septiembre de 1968 hasta los procesos de 1970 contra los presos políticos, hay un lapso cargado de enormes significaciones históricas. Es comprensible que el Ministerio Público y el juez que habrá de sentenciarnos estén negados para comprender estas significaciones.

Cuando menos esto expresa, sin ninguna duda, la razón que lo mueve a inventar delincuentes comunes donde sólo existen, real y verdaderamente, procesados políticos.

Ahora quiero decir unas cuantas palabras respecto a las acusaciones personales que formula contra mí el Ministerio Público. No me voy a ocupar sino de una sola de ellas. Son tan banales y tontas las acusaciones que lanza el Ministerio Público, que resultaría ocioso repetirlas aquí. En algunas de ellas, por ejemplo, se me acusa de usar barba. Se dice “alguien al que llamaban maestro Revueltas, que en la Facultad de Filosofía dio una conferencia sobre la autosugestión (así literalmente, en lugar de autogestión) usa barbas y además habló de un personaje legendario, el Tlacatecuhtli, al que comparó con el presidente de la República…”. Se comprenderá que no quiera ocuparme de estas tonterías.

Pero me interesa una de las acusaciones del Ministerio Público, no porque no esté de acuerdo con ella, sino porque no sabe formularla. Me acusa de ser partidario de la dictadura del proletariado. ¡Por supuesto que soy partidario de la dictadura del proletariado! Pero no de la que inventa el Ministerio Público y que pretende que sea aquella por la que luchamos. Dice el Ministerio Público que intentamos cambiar la esencia de México o de su Estado. ¿Cambiar su esencia? ¡No, señores del Ministerio Público! ¡Encontrarla, descubrirla!

Pero no sólo por cuanto a México, sino por cuanto al mundo. Tal fue, tal es el sentido del año de 1968. ¿Qué representa 1968 si no es la búsqueda de esta esencia, la desmitificación de la realidad enajenada? Lo estamos demostrando hoy, en 1970, al desmitificar este proceso, al demostrar su irrealidad y demostrar la irrealidad histórica del régimen que nos gobierna. 1968 es el inicio, por la juventud de México, del proceso desenajenante que dará al país una historia real, por primera vez. Porque no tenemos esa historia. Se ha falseado esa historia, como historia escrita y como historia política y social. No que el movimiento de 1968 se propusiera instaurar la dictadura proletaria. Muy lejos de ello.

El movimiento de 1968 habla de un lenguaje proletario en virtud de una razón histórica. Porque diez años antes había sido aplastada la huelga ferrocarrilera, y en esta huelga, todos los sectores de la sociedad veían la perspectiva de su propia independencia política, aplastada a su vez por el totalitarismo del monopolio, que no deja respirar a la nación, que la asfixia, que no la deja vivir.

En México no es una clase determinada la que tiene el mando. Es un “club del Poder”, por encima de la sociedad, que disgusta y oprime a los más vastos sectores sociales, entre los que se encuentran ante todo, la clase obrera y las clases medias.

Se trata de desmitificar al país de su raíz. Y aquí volveremos a la naturaleza de nuestro proceso. El presidente pudo asumir la responsabilidad de lo ocurrido en 1968, la responsabilidad “moral, histórica, jurídica” y todo lo demás, porque ya contaba con la complicidad previa del Congreso y del Poder Judicial desde su IV Informe de Gobierno. El presidente se sirvió mañosa, arteramente, tramposamente del Artículo 89, fracción VI de la Constitución, en el cual pretendió apoyarse para llamar al Ejército y arrojarlo contra el pueblo.

El presidente Díaz Ordaz se apoyó, pues, mentirosamente, en este artículo de la Constitución, pues para decretar la movilización general del Ejército, se requiere la autorización del Congreso.

Terminaré con una evocación que no puedo llamar de otro modo, por su cursilería, que como una evocación patriótico-sentimental. La ha suscitado en mí, la naturaleza de nuestras próximas sentencias. Nuestra sentencia ya está decidida de antemano. No depende de nuestros supuestos delitos. Nada tiene que ver con los principios constitucionales, con el respeto a la democracia, ni con la Ley, ni con el Derecho. Nada tiene que ver con la realidad, aunque sus efectos serán muy reales, en los años de cárcel que a cada uno de nosotros le correspondan. Está decidida porque “en el cielo de nuestro destino (político) con el dedo de Dios se escribió”.

Y todos sabemos quién es ese Dios, quién es ese Tlacatecuhtli sexenal, que ata los vientos y desata las tempestades. Pero, ¿podrá detener el tiempo de la historia?

El nacimiento de La Jornada Morelos quedó enmarcado entre la Consulta Nacional por la Cultura y los Derechos de los Pueblos Indígenas y contra la Guerra de Exterminio, organizada por la Fundación Arturo Rosenblueth y doña Rosario Ibarra por convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el ascenso de la derecha al poder a través del triunfo electoral del Partido Acción Nacional y su candidato, el exgerente de la Coca Cola en México, Vicente Fox Quesada.

El estado de Morelos venía de la defensa de Tepoztlán en contra del Club de Golf, el avance de la oposición por la vía electoral y la lucha por la renuncia de su goberladrón, el general Jorge Carrillo Olea. En medio de todo ello, diarios de circulación nacional como La Jornada y Reforma realizaron una destacada labor periodística; no así los medios de comunicación locales que, salvo honrosas excepciones como El Regional del Sur, continuaron haciendo un uso faccioso de la información, desdeñando la palabra de aquellos sectores que se estaban convirtiendo en los protagonistas de los verdaderos cambios en la entidad.

Por eso, cuando la noche del 23 de septiembre de 1999 Francisco Guerrero Garro, Juliana García Quintanilla, Harriet Goff, Mónica Rebelo, Gerardo Ortiz Domínguez, Víctor Hugo Bolaños, Gabriel Iturriaga, Baltazar López Bucio y Manuel Meneses encabezaron a nombre de diversos sectores progresistas de la multimentada sociedad civil y de la empresa Desarrollo de Medios la creación de La Jornada Morelos, quienes fuimos testigos de ello no podíamos sino congratularnos y comprometernos a hacer de éste también nuestro proyecto.

Así lo entendimos todas y todos los presentes, empezando por Francisco Guerrero, su primer director, y Manuel Meneses, quien acudió en representación de Carmen Lira, directora general de La Jornada. Los dos hablaron de compromiso para con las lectoras y los lectores, de ejercicio periodístico profundo, veraz, honesto y oportuno; pero, sobre todo, de dar voz a quienes tradicionalmente no la han tenido.

Sería Juliana García Quintanilla, giganta como siempre, quien luego de afirmar que la verdad no admite medias tintas se atrevería a ponerle el cascabel al gato:

“Estamos ante el nacimiento de una Jornada largamente esperada […] Atrás van quedando ensayos, dudas y temores de lo que pudo haber sido y no fue […] Asumamos colectivamente nuestra memoria a través de un periódico que recoja en sus páginas todos los pedacitos que de ella andan sueltos por ahí, que de la responsabilidad individual que a cada quien nos toca asumir nadie nos librará […] El tiempo, ese juez implacable, acaba por poner a cada quien en su lugar.”

Entre el movimiento estudiantil que había estallado en la UNAM en abril de ese mismo año y la instauración del terrorismo de Estado que actualmente padecemos, pasando por los procesos electorales de 2000 y 2003, el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, la represión como modus operandi de todos los partidos políticos en el poder y el fraude electoral de 2006, la sociedad atravesó (y aún lo hace) por un largo pantano donde ha tenido que demostrar que su plumaje es igual al del poeta.

Han pasado nueve años desde aquella noche en que brindábamos en medio de enormes pendones ostentando algunas noticias de ocho columnas emblemáticas en la historia de nuestro periódico madre; ha sido justo el mismo tiempo que le llevó a la clase política en el poder arrinconar a esta nación nuestra que parece desmoronarse por obra y gracia de un sistema infame y un modelo de producción criminal.

El tiempo, como había dicho Juliana, fue poniendo a cada quien en su lugar. A raíz de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el zapatismo refrendó su deslindarse de la izquierda partidista y obligó a que los artistas e intelectuales que le habían acompañado desde los medios de comunicación, como La Jornada misma, se definieran también; ésta terminó apostando por el partido de la izquierda oficial, el PRD, y cerró casi por completo sus espacios para con la palabra zapatista, llegando inclusive a adjudicar declaraciones y actitudes al jefe militar del EZLN que éste no había hecho ni tenido.

El zapatismo seguía siendo, para decirlo con Carmen Lira, parte de los sectores sin tribuna; El PRD, ocupando su lugar en la esfera del poder, ya no. Sin embargo, La Jornada mantuvo su apuesta por un partido que terminó por mostrarse en toda su podredumbre. Es verdad que entonces el periódico se inclinó por el lopezobradorismo (fieramente atacado por la burguesía a la que su mismo dirigente había coqueteado), más que por el perredismo todo, y que medio abrió de nuevo las puertas al zapatismo; no obstante estaba muy lejos ya de lo que constituía su mandato fundacional, algo que se reflejaba también en sus proyectos regionales.

Publicado en Reforma, Sección Cultura, el 26 de septiembre del 2008.

Las cuatro décadas transcurridas desde el 2 de octubre de 1968 hasta hoy, suscitan reflexiones, recuerdos y análisis que seguirán llenando páginas. Pero surge una reflexión inmediata para quienes teníamos entre 22 y 23: ya cumplimos 63 años.

Si el del 68 fue un movimiento que hizo de su juventud una bandera y pidió desconfiar de cualquiera mayor de 30 años, y quienes lo analizamos ya portamos credencial del INAPAM, ¿tenemos derecho a dirigirnos a los jóvenes de hoy para definirles una historia polifácetica? Creo que no.

Podemos y debemos recordarla, sí, pero conscientes de las deformaciones a que obliga la memoria. Y, sobre todo, con pudor, abiertos a las varias voces propias, además de las ajenas.

Por ese pudor, debemos abandonar el tono magisterial ante los jóvenes de hoy, y dejar de imponerles aquéllos como Los Años, con mayúscula. Como si nosotros hubiéramos sido capaces de cambiar el mundo y acometer hazañas que ellos, en un mundo en crisis, son incapaces de acometer.

En el 68, yo fui de los de a pie. De los que no militaban en ningún partido ni estaban en ninguna cúpula. Marché en la Manifestación del Silencio entre la masa a la que pertenecía, y vi, como muchos otros, abrirse las puertas de Palacio para dejar salir no sabía si tanques o granaderos. Y fui de los que ahí corrieron. Fui de los que volantearon, trataron de convencer a los usuarios de los camiones y colgaron posters del Che y Bob Dylan en sus paredes. Pero yo ni siquiera estuve en México el 2 de octubre.

Soy de los que tuvieron miedo pero ningún heroísmo. De los que sólo una cosa tenían bien clara: marchábamos por hartazgo ante el autoritarismo dominante.

Una de las discusiones recurrentes se centra en si el 68 mexicano derivó del francés. Al menos en mi caso, algo tuvo que ver, aunque se conocieran poco sus postulados. Entonces no sabía yo, por ejemplo, que el Mayo en Nanterre se había iniciado porque los estudiantes pedían dormitorios mixtos. Sin embargo, una tontería como ésa, que chocó contra el autoritarismo de los mentores, ya conllevaba el germen de una revolución sexual que sí era la mía.

También se oyó aquí una de las consignas más sonadas, reflexionadas y gritadas allá, hasta la ronquera y tal vez hasta la pérdida de su sentido original: “¡Prohibido prohibir!”

Hoy se evoca esa consigna lo mismo para denostar aquellos años que para demostrar su ingenuidad, o para disparar nostalgias. Pero precisamente lo que habitaba en ella era nuestro hartazgo ante un autoritarismo que, en México, se llamaba (se sigue llamando) priísmo, y que el 2 de octubre demostró hasta dónde era capaz de llegar para probar quién mandaba a quién.

Hoy que los prohibicionismos parecen ser la tónica ascendente, vale la pena recordar aunque sea sólo eso.

Veinteañeros, ingenua o irresponsablemente, gritamos “¡Prohibido prohibir!” Hoy, adultos mayores, en medio del miedo a la nueva industria del secuestro y al narcoterrorismo desatado, vemos cómo la prohibición de la droga es el aliado máximo del narcotráfico y sus industrias delictivas subyacentes. La prohibición genera chorros de un dinero capaz de corromper cualquier conciencia.

En vez de caer en una infinidad de falsos problemas, tal vez valdría la pena traducir aquella consigna en esta contemporánea: “¡Despenalización de la droga!”

No para promover adicciones (yo fui víctima y hoy no bebo alcohol, droga legal, ni fumo). Tampoco para impedirlas. Sólo para trasladar el problema del ámbito penal al de las conciencias adultas (como el alcohol y el tabaco) y, sobre todo, para tres objetivos que hoy parecen utópicos:

Primero, controlar la mínima calidad de lo que se vende a los adictos, y evitar su envenenamientos cotidiano.

Segundo, bajar los precios, para quitar la inmensa fuerza económica de los narcotraficantes.

Tercero, evitar que cada vez sea menor la edad de quienes resultan “enganchados”.

Sí. Demostrar que la prohibición es la mejor aliada de los narcotraficantes y nos mete a una guerra sórdida y perdida de antemano, va más por los cauces de aquel 68 que cualquier nostalgia nuestra de adultos mayores.