Se habla mucho de los suicidios políticos de Andrés Manuel López Obrador y de su tendencia a pegarse balazos en el pie. Ya “lo perdimos”, se afirma luego de su fallido cerco en el Senado para impedir la aprobación de la reforma petrolera. “Hay que partirle el queso”, dijo este viernes Vicente Fox, solazándose con la posibilidad de darle por fin un tiro de gracia político.

Yo creo más bien que López Obrador es el Carlos Slim de la política. Sus reservas son prácticamente ilimitadas. Y no tanto por mérito del tabasqueño, sino porque está colocado justo donde soplan los vientos históricos. Slim y Andrés Manuel son los dos mexicanos que habrán de salir más “beneficiados” de la crisis económica. Slim padecerá la caída del valor de sus acciones, pero acabará adquiriendo muchas empresas a precios regalados.

Algo similar sucederá con AMLO. Se afirma que ya sólo es seguido por un grupo de resentidos sociales. Puede ser, pero si quitamos el matiz peyorativo, lamento decir que el país está a punto de colmarse, literalmente, de “resentidos” sociales como resultado de las penurias económicas que se avecinan.

En este espacio he insistido que la crisis de los dos próximos años asolará a los sectores más desprotegidos, a diferencia de la crisis del 95 que castigó duramente a las clases medias. La diferencia es que hace trece años Estados Unidos experimentaba una bonanza, hoy está en recesión. Eso significa caída de remesas, regreso de paisanos, cierre de maquiladoras, desplome del precio de petróleo, caída de exportaciones y, en cascada, cierre de fuentes de trabajo en México. El precio internacional de los alimentos seguirá subiendo.

Todo lo anterior significa que muchos que no eran pobres, comenzarán a serlo; y peor aún, aquellos que ya lo eran descenderán varios escalones en el infierno de la miseria. Del otro lado, el subsidio a la pobreza por parte del gobierno disminuirá debido al achicamiento de la recaudación fiscal producto de la caída de los ingresos petroleros y, en general, del decrecimiento de la actividad económica. Los programas de asistencia social habrán de ser recortados, pues la mayor parte del gasto público está amarrado (sueldos y deuda pública).

En resumen, mucha gente tendrá motivos para estar resentida con el sistema y en contra de instituciones incapaces de ofrecer respuestas. No creo que eso se traduzca en alguna posibilidad electoral encarnada en López Obrador de cara al 2009 o al 2012. Por el contrario, la insatisfacción en el “mundo institucional” habrá de cosecharla el PRI en ambos comicios. Pero la molestia social de los estratos sociales más pobres habrá de radicalizarse y constituirá una reserva permanente de capital político para AMLO.

¿Qué va hacer López Obrador con ese patrimonio? Se convertirá en un reventador crónico e irresponsable, como dicen sus detractores, o en un Alter Ego o Defensor del Pueblo contra los abusos del sistema y de la clase política? Su actuación en la reforma petrolera da pie para ambas versiones. Su oposición a la “privatización” evitó que hace seis meses se firmara un acuerdo entre cúpulas. Pero su exabrupto de esta semana, para añadir 12 palabras al acuerdo petrolero que ya había ganado, revela que aún opera desde el resentimiento.

AMLO puede convertirse en cualquiera de las dos cosas: caudillo de la ruptura, o verdadero Ombudsman de los intereses populares. Una cosa es cierta, contra los que ya los suicidaron políticamente, hay que decir que, para bien o para mal, hay Peje para buen rato. www.jorgezepeda.net

Héctor Larios Córdova, aseguró que los siete dictámenes de la reforma energética serán analizados y, en su caso aprobados

Decíamos en la anterior entrega que las premisas de análisis en la violencia de Estado podrían allanarse si recurrimos al deslinde inicial de algunos elementos constantes y básicos en estos procesos complejos: me refiero a los órdenes del discurso, de la acción militar o policial, de las instancias de procuración e impartición de justicia y en ocasiones de la legislación misma. Proponer las constantes mínimas que concurren en este tipo de violencia social ayuda a entender cuándo la decisión de un gobernante deja de ser administrativa y se convierte en violencia de Estado.

En el orden del discurso, por ejemplo, debemos destacar fundamentalmente que en toda formulación discursiva oficial hay un plano explícito y otro encubierto. En el plano explícito discrepan las versiones sobre la realidad social que formulan los movimientos de inconformidad social y el Estado mismo. El discurso encubierto, en cambio, es el sustrato que acepta la sociedad en su conjunto como verdad inobjetable y que sirve de sustento y contexto al discurso explícito oficial.

Veamos esta formulación del discurso oficial a propósito de los movimientos guerrilleros mexicanos. La caracterización de tales movimientos desde la perspectiva oficial forma parte ya de una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales. Tal perspectiva postula un reduccionismo constante que confunde y elimina características sociales indispensables para entender políticamente los movimientos armados y para plantear su solución de fondo. Al reducir al máximo los datos de causalidad social se favorece la aplicación de medidas solamente policiacas o militares.

Para entender los movimientos armados rurales conviene suponer, en principio, que en ellos concurren una dinámica de polarización regional y una dinámica militar que se expresa en la conformación de la estrategia y los núcleos armados de la guerrilla. Un primer error de análisis, no de manipulación discursiva, es considerar desvinculados el núcleo armado de la guerrilla y las condiciones sociales en que se sostiene.

Un segundo error sería ver que el vínculo entre las condiciones sociales y los núcleos guerrilleros es sólo casual y que no hay, por tanto, una integración profunda entre la guerrilla y sus circunstancias regionales. Con estas opciones de interpretación la decisión oficial podría inclinarse fácilmente por una acción policiaca o militar que intentara sofocar al núcleo armado sin modificar las circunstancias sociales de la región.

De reconocer la dinámica social como uno de los componentes de tales movimientos rurales, el Estado se obligaría a modificar o aliviar algunas circunstancias críticas del deterioro social regional. Podría hacerlo para evitar cualquier alzamiento en ese instante y en el futuro, o sólo podría decidirse a aplicar los programas de cambio y desarrollo social para eliminar a un movimiento armado específico. No es lo mismo aplicar proyectos de desarrollo pensando en un cambio social a profundidad y a mediano y a largo plazos, que aplicarlos para doblegar de inmediato a un solo y concreto grupo armado.

Tal dinámica social podría atenderse regionalmente, además, con programas efectivos de desarrollo de dos distintas maneras: una, desplegando o incluso enfrentando los programas de desarrollo a los movimientos mismos; otra, aplicándolos paralelamente a una negociación política. En el primer caso, los proyectos de desarrollo se aplicarían como parte de una estrategia de combate y aun de exterminio de los núcleos armados y sus bases sociales. En el otro, se aplicarían como parte de una acción coordinada de negociación política. Una cosa sería la paz alcanzada por la negociación y el cambio social. Otra, la paz alcanzada mediante el exterminio de las bases sociales y los núcleos insurgentes. De acuerdo con la experiencia mexicana, podemos afirmar que cada vez que se ha optado por este último caso se han sentado las condiciones para la recurrencia de la guerrilla.

En todas las opciones expuestas aquí, la formulación del discurso explícito oficial que descalifica socialmente los procesos populares armados está apoyándose en un contenido no explícito que le facilita calificar como violencia social la constituida por el alzamiento sin obligar al Estado a despejar otro concepto previo: el de “paz social”. Además de confundirse con la ausencia de inconformidad popular, esta amplia idea deja de lado la realidad de una polarización ya institucionalizada: la pobreza, la desnutrición, el desempleo, al analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de salud, la vivienda deficiente, los servicios públicos insuficientes o inexistentes, la desigualdad social extrema, la pérdida de talla o estatura en núcleos rurales e indígenas, el acortamiento del promedio de vida en zonas rurales y marginadas. Indicadores así, y otros que pueden conformarse de acuerdo con características regionales, gremiales o de legislación local o nacional (podríamos decir caciquismos, corrupción policial, venalidad de jueces, explotación laboral en campos agrícolas, industrias, maquiladoras o sectores de servicios mediante presiones sindicales, indefensión o subcontratación laboral por terceros a niños, mujeres o jóvenes) constituyen un amplio sistema de violencia legal, institucionalizada, que el Estado y la sociedad confunden con la estabilidad y la paz social. Al permanecer en silencio esta violencia constante y previa, la inconformidad se confunde con el inicio de la violencia social misma y no se le entiende, precisamente, como un proceso que surge para que cesen, amengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la violencia social previa institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la violencia; por el contrario, surge para que esa violencia previa cese.

Secretaría de Gobernación (SG) afirmó que “de ninguna manera hostiga ni criminaliza la protesta social”, y reiteró que continuará con las investigaciones tanto de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), como de los responsables de los atentados contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), hechos ocurridos hace más de un año.

Sin ninguna razón aparente que motivara la difusión de un comunicado acerca del caso EPR, la dependencia señaló que el gobierno federal investiga y se encuentra comprometido con el esclarecimiento del paradero de los eperristas, vistos por última vez en mayo de 2007, en un hotel de la capital de Oaxaca.

De igual forma, en el boletín manifiesta que el gobierno federal ha “actuado oportunamente en el cumplimiento de su obligación de tender puentes de diálogo para la resolución de conflictos por la vía política”.

Respecto de la solicitud de ampliar el diálogo planteado por la comisión de mediación (cuyo objetivo es coadyuvar para esclarecer el caso de los eperristas desaparecidos), Gobernación precisó que la representación del gobierno federal espera reunirse a la brevedad con ese grupo.

La comisión de mediación, propuesta por el EPR, está integrada por personalidades que han hecho énfasis en la necesidad de que el gobierno federal dé señales claras acerca de su voluntad de investigar de manera exhaustiva el caso.

Como se recordará, el EPR reclama la aparición de sus compañeros; en julio de 2007 se adjudicó la autoría de las explosiones en ductos de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno federal la presentación de sus compañeros.

Las autoridades gubernamentales, a su vez, han afirmado en diversas ocasiones –ayer lo reiteraron en su comunicado– que Reyes Amaya y Cruz Sánchez no están en su poder. Los únicos presuntos responsables de los hechos (dos policías ministeriales) fueron liberados con las reservas de ley por no encontrarse pruebas ministeriales que sustentaran su participación en los hechos.

Gobernación asegura que el operativo para la detención de los agentes mencionados estuvo a cargo de la policía federal, con el apoyo del Ejército, sólo para instalar un cordón de seguridad, de ahí que, insiste, “las fuerzas armadas no tomaron el edificio de la procuraduría de Oaxaca ni se apoderaron de documentación alguna, contrario a lo que se reportó en algunos medios impresos”.

Gobernación señala además que está dispuesta a impulsar “mecanismos concretos” que coadyuven a “una interlocución eficaz” entre las diversas instancias de gobierno y la comisión de mediación para contribuir “al pleno esclarecimiento del caso”.

En el documento, la dependencia hace un recuento del caso y asegura que “ha tomado nota y atendido los planteamientos” presentados por la comisión de mediación tanto en las conversaciones como en diversos documentos que ha hecho públicos, “reiterando así su interés y compromiso por esclarecer el caso” mediante un diálogo “serio y constructivo”, así como con la solución de los conflictos por la vía institucional, de la conciliación y los espacios políticos que nuestra sociedad ha creado para dirimir sus controversias.