Nuestra justicia forense nunca ha tenido la calidad que exhiben los investigadores de CSI, o lo documentales de Discovery Channel capaces de describir lo que había comido Billy the Kid el día que fue asesinado, hace 137 años. Los peritajes nunca habían sido nuestro fuerte, pero hoy en día, contaminados por necesidades políticas, están peor que nunca.

Después de dos años de la muerte del periodista norteamericano Bradley Will en Oaxaca, la PGR ha logrado “descubrir”, repentinamente, una versión diametralmente opuesta a la que se conocía hasta ahora. Resulta que los disparos no fueron hechos desde más de 30 metros de distancia como lo habían demostrado videos, testimonios y reportes forenses del cuerpo y la ropa de la víctima, sino que fue liquidado prácticamente a quemarropa, a no más de dos metros de distancia. La media cuadra de diferencia no es un asunto menor, porque de allí se deriva que el asesino no fue un esbirro de la policía de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, sino uno de los manifestantes entre los que se encontraba el periodista. En suma, la PGR ha concluido que lo asesinó la propia APPO.

Lo menos que se puede decir de una conclusión tan extemporánea y tan conveniente políticamente para los intereses del PRI oaxaqueño, es que inspira desconfianza. Particularmente cuando nos enteramos que la PGR agradece haber contado con la valiosa colaboración de los cuerpos policíacos y autoridades del gobierno oaxaqueño, principales sospechosos antes del conveniente dictamen.

Justamente hace una semana, la CNDH emitió una recomendación en sentido contrario a las indagatorias de la procuraduría oaxaqueña, pues estas presentaban graves inconsistencias, eran incompletas y desechaban versiones y datos relevantes para conocer quién estuvo detrás del homicidio. A partir de sus propios peritajes, entre otros el análisis de la demora entre el sonido del disparo y el grito de dolor de Brad Will que se escucha en el video, la CNDH concluye categóricamente que fueron dos proyectiles lejanos y que no se originaron entre el grupo que lo rodeaba.

Esperemos que la CNDH sostenga su dictamen, aunque no hay garantía al respecto. No hace mucho, en el caso de la anciana indígena de Zongolica, modificó el peritaje inicial que establecía una violación tumultuaria de parte de militares, por otra que atribuía la muerte a causas naturales (gastritis), para coincidir con la versión de Felipe Calderón, urgido de descartar cualquier sospecha sobre el ejército. Eliminar 30 metros es un mero detalle, si se consideran las modificaciones radicales que se hicieron a la autopsia de la anciana.

Los periodistas no tenemos herramientas de análisis forense o peritajes ajenos a las versiones institucionales. Lo que si tenemos es un largo recuento de casos en que las conclusiones terminan coincidiendo con las necesidades políticas del momento. La tragedia de Oaxaca tiene todos los visos de haberse resuelto por la vía de un chivo expiatorio a modo. Un miembro de la APPO ha sido detenido y podemos estar seguros de que la (in) justicia oaxaqueña habrá de cebarse en su contra con todo el peso del dictamen de la PGR.

Pero la mayor injusticia es contra el propio Bradley Will. A juzgar por las evidencias que ofrece la CNDH no sólo habría muerto a manos de las fuerzas cuya represión intentaba denunciar periodísticamente. Peor aún, su asesinato habrá sido imputado al movimiento al que intentaba comprender y dar voz para el resto del mundo. Pobre Brad, asesinados dos veces. www.jorgezepeda.net

La Asamblea de Amparados contra la Ley del ISSSTE, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, hemos establecido una comisión preparatoria de un FORO CONTRA LA REPRESION EN MORELOS en coordinación con el Frente Nacional contra la Represión y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, que llevaremos a cabo en el zócalo de la Ciudad de Cuernavaca, al cual hemos invitado a la Senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y dirigenta del Comité Eureka de Familiares de Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos, al Diputado José Antonio Almazán González, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a Edgard Cortéz Secretario Tecnico de la REDTDT.

Estamos convocando a las organizaciones defensoras de derechos humanos, así como a todas las organizaciones y personas que deseen sumarse a esta iniciativa a contactarse con la comisión organizadora a los siguientes correos electrónicos y telefonos para coordinarnos en los preparativos y realización del foro, en donde daremos a conocer los casos documentados de violaciones a los derechos humanos cometidos en Xoxocotla, Amayuca, Amilcingo, Jonacatepec, Temoac, Huitzilac y Tres Marías, así como de los demás poblados reprimidos por la PFP, el Ejército y la policía de seguridad pública del estado de Morelos durante los días 6, 7, 8 y 9 de octubre, así como los días siguientes hasta la fecha.

Supongamos el remoto escenario de que los pronósticos de los economistas del gobierno estén equivocados. Y la palabra gobierno incluye a los diputados y a sus asesores que aprobaron la Ley de Ingresos con base en esos pronósticos, lo que con objetividad los corresponsabilizaría de las consecuencias políticas del error. Pero no hay sentido de responsabilidad; buscarán obtener rentabilidad electoral de previsiones eventualmente equivocadas para dejar atrás en el olvido que en la sesión aprobatoria hasta se pusieron a cantar el Himno Nacional. Qué ternura; qué emoción.

Es imposible saber si el pronóstico del gobierno incluye el conjunto de condiciones políticas y sociales que rodearían el fallo en las predicciones económicas. Sólo como hipótesis y no por pesimismo —para que no se enojen—, partamos del supuesto de una caída de 2% en el producto nacional para examinar su contexto político.

Ese examen lleva de manera casi inevitable a contrastar los componentes de la gobernabilidad del 2009, ante una crisis económica derivada de la hipótesis enunciada, con algunos datos políticos relevantes que enmarcaron la crisis iniciada en diciembre de 1994 y que alcanzó su nivel más agudo en el primer semestre de 1995. Por supuesto que no se trata de una comparación económica de ambas crisis, con abismales diferencias entre sí en sus causas, manejo y desenlace.

No eran pocas las herramientas de gobernabilidad a la mano del presidente Zedillo. Había ganado la elección presidencial por 18 puntos porcentuales; un margen de legitimidad nada despreciable. Gobernaban en el país 27 gobernadores del PRI. El partido en el gobierno tenía mayoría absoluta en ambas cámaras y junto con el PAN hacían mayoría calificada; las principales organizaciones sindicales y campesinas estaban alineadas, si no al gobierno, sí al partido. Empresarios y banqueros eran, a pesar de su disgusto en materia económica, proclives al fortalecimiento del gobierno. Se ejercía un riguroso control sobre la radio y la televisión. El staff económico del Presidente, a excepción del efímero paso de Jaime Serra, era de probada capacidad técnica y de confiabilidad, incluido en él la habilidad negociadora del secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Además, en el ámbito internacional, el presidente Clinton ejercía un sólido liderazgo político con una economía americana en pleno crecimiento. Era el inicio del primer año de gobierno, a dos años y medio de una elección federal. Por supuesto que las variables políticas no fueron totalmente neutrales a la magnitud de una crisis de -6% en el producto nacional: el EZLN aprovechó la situación para reactivarse; no faltaron grillitas conspiratorias de algunos senadores del PRI; Cuahutémoc Cárdenas y su partido proponían la caída de Zedillo y la creación de un gobierno de salvación nacional; se da el surgimiento de nuevas organizaciones sociales. Pero en balance, el contexto político de la crisis de 1995 fue el canto del cisne del verticalismo y de la disciplina del sistema de partido hegemónico.

El escenario que enfrenta Calderón en términos de condiciones políticas es muy diferente. Ganó por seis décimas de diferencia. Hay sólo siete gobernadores del PAN, que no necesariamente panistas. El partido del Presidente no tiene mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras federales y sumada su mayoría relativa a la fracción de cualquier otro partido no alcanza mayoría calificada. No existen organizaciones sociales intermedias, de alcance nacional, alineadas con el Presidente o con su partido. Hay molestia entre los empresarios con el gobierno por haber sido neciamente satanizados en declaraciones oficiales; los medios electrónicos gozan de una libertad inimaginable en los tiempos del PRI. El staff económico del Presidente ha incurrido en serias contradicciones declarativas y ha demostrado su poca estatura; no es confiable. En Estados Unidos, Bush ha perdido todo liderazgo, en 2009 inicia una nueva presidencia y la economía americana estará entre -1 y -2%, en el mejor de los casos. No es un socio que pueda servir de ayuda. No es el arranque de una administración; es el principio del tercer año a seis meses de una elección federal.

En medio de una crisis económica brutal, es notoria la superioridad, en cantidad y en calidad, de los instrumentos de operación y control políticos del presidente Zedillo respecto del presidente Calderón. La crisis económica del 2009 será menor que la de 1995, pero en términos políticos puede ser mayúscula.

Catorce grandes coordinadoras de organizaciones campesinas, sindicales y sociales diseñan convertirse en el polo de atracción de los movimientos opositores a Felipe Calderón con el fin de “obligar a su gobierno a reorientar la política económica frente a la crisis”.

En su proyecto de plan de acción —conocido por MILENIO—preparan acciones sin precedente para las oposiciones a la Presidencia. La primera de ellas es realizar una asamblea nacional, especie de congreso, con 5 mil delegados propios y con invitados, en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, para el miércoles 22 de octubre.

Allí, según las pretensiones asentadas en un texto de siete páginas, aún inédito, se propondrán otras cuatro acciones estratégicas: para el próximo jueves 23 de octubre convocarían a unos 10 mil militantes de todas sus organizaciones y solidarias para establecer un cerco y una ocupación “comedida” de la Cámara de Diputados del Congreso, en la Ciudad de México.

La existencia del plan, su redacción original y la convocatoria a la asamblea nacional fueron confirmados por Max Correa, coordinador de la Central Campesina Cardenista.

De aprobarse el plan, en esa primera asamblea nacional, la estrategia rediseñada tiene el fin de realizar también el primer encuentro nacional de todas las oposiciones para enero de 2009, que se llamaría “Reconstruyendo México”.

Otros objetivos son promover pactos de las oposiciones en los estados y crear en todos los sitios posibles, parlamentos sociales, consejos parecidos a los rusos llamados soviets, ir preparando “la huelga nacional, además de diversos paros nacionales”.

Todo ello, se precisa, es “para lograr la modificación política económica neoliberal y la transformación democrática del régimen político” de México.

El documento, ya consensado entre líderes, se signará por las centrales campesinas más representativas: Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI) y Unión Campesina Democrática (UCD), organizaciones techo que amparan, a su vez, agrupamientos locales, regionales y nacionales de carácter agropecuario.

Otros de los convocantes son: las coordinaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (en la que acuerdan los dirigentes de los sindicatos de telefonistas, de la UNAM, del IMSS y otros), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, más el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. También están el Frente Sindical Mexicano (con decenas de organismos de empresas) y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Y de la oposición social movilizada —según le llaman ellos— serán promoventes de este plan la Coalición Ciudadana Nacional (que asegura coordinar a decenas de organizaciones no gubernamentales afines al movimiento de Andrés Manuel López Obrador), el Diálogo Nacional, frente amplio también dónde se ponen de acuerdo agrupamientos estudiantiles, políticos y frentes como el Nacional Contra la Represión que lidera la senadora Rosario Ibarra, e incluso otros más radicales como el Movimiento Nacional Los de Abajo y otros ligados al EZLN y al EPR, como el Frente Popular Revolucionario.

Las catorce coordinadoras, que se llaman así mismas “ referentes” se agrupan, desde enero de 2007 como Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

El documento referido se denomina Hacia una estrategia de cara a la crisis y para esa “actualización de lineamientos estratégicos” expone como argumento central que “la verdadera salida a la contingencia económica y a la crisis política que acompañó desde su inicio al actual gobierno implica asumir soluciones de fondo. Hace falta un cambio de rumbo en el manejo de la economía, que se tomen medidas para revitalizar el mercado interno, que el gasto social y la inversión gubernamental productiva se conviertan en palancas para impulsar el desarrollo en los estados, las regiones y las comunidades”.

- Claves
• El 31 de enero de 2008 hizo su aparición pública, con una movilización nacional, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

Soberanía

• Desde que apareció subrayó que se convertía en oposición para promover “el cambio de rumbo en el manejo de la economía, revitalizar el mercado interno y para que el gasto social se convierta en palanca del desarrollo”.

• Entre sus organizaciones algunas se vinculan al PRI como la CNC y al PRD como la Central Campesina Cardenista.