El Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió, en un comunicado, que la virtual privatización de Petróleos Mexicanos acabará con la relativa estabilidad económica del país y exigió al gobierno federal a dar respuesta a sus demandas expresas a través de la Comisión de Intermediación

Expuso que la actual crisis económica provocada por los grandes y especulativos capitales, agudizará la miseria y la lucha de clases en el territorio nacional como sucede con las acciones de protesta del magisterio morelense con imposiciones como la Alianza contra la Educación.

El grupo clandestino denunció que el gobierno federal realiza ensayos para implantar mecanismos de represión y criminalización de la protesta con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales con el pretexto de sus acciones de combate al narcotráfico, cuando el realidad –señala el documento difundido este martes- el tráfico de drogas es un negocio de los Estados Unidos al confrontar a los carteles y continuar el tránsito y consumo de enervantes y salir así de su crisis financiera a costa de los países más pobres.

El EPR exige también la presentación de sus compañeros de lucha, Edmundo Reyes Amaya,  Alberto Gabriel Cruz Sánchez y Francisco Reyes, desaparecidos en mayo del 2006.

Demandan además que el gobierno del presidente Felipe Calderón asuma su compromiso  de responder  en su totalidad las demandas integrales del EPR y del pueblo entregadas a través de la Comisión de Intermediación.

Desde hace casi tres meses, la Secretaria de Gobernación encargada de la política interior del país, no ha dado a conocer avance alguno en las mesas de negociación con la Comisión de Intermediación para buscar el diálogo y la concertación con el Ejército Popular Revolucionario y lograr restablecer un clima de concordia y paz en beneficio de la sociedad.

Los presuntos guerrilleros del EPR, Gustavo Robles, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y su hermano Gerardo Tzompaxtle Tecpile, quienes fueron detenidos en enero del 2006 por la Policía Federal y procesados bajo cargos de delincuencia organizada, terrorismo, así como sabotaje, fueron absueltos y liberados anoche con hermetismo, del penal de mediana seguridad de La Toma, municipio de Amatlán.

Los 3 presuntos guerrilleros que el 12 de enero del 2006 fueron capturados en la autopista Córdoba-Orizaba en un auto donde llevaban propaganda subversiva así como teléfonos y directorios de miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), purgaban condena en el penal de seguridad media de La Toma y ya llevaban más de dos años.

Entrevistado anoche al respecto, el director del penal Salvador Segundo Caballero Solano precisó que en base a un ordenamiento emanado del Juzgado Segundo fueron puestos en libertad tras la resolución del magistrado Raúl Remes Ojeda, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia con base en Boca del Río, quien revocó la sentencia impuesta por 4 años y 3 meses de prisión, a los presuntos agresores.

El magistrado del TSJ en su resolución no encontró pruebas fidedignas para encontrarlos culpables y aceptó la apelación presentada por los abogados de los detenidos, misma que fue girada al Juzgado Segundo que ordenó su inmediata liberación.

Ante el anuncio del Ejército Popular Revolucionario (EPR), de romper la tregua con el gobierno federal en caso de privatizar la paraestatal y provocar atentados como los ocurridos el 10 de septiembre de 2007, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó la vigilancia en zonas aledañas a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El delegado de la SSP en la región XVI con sede en Ciudad Mendoza, Claudio González Ruiz señaló en entrevista, que los operativos de vigilancia se han incrementado.

“Para que se evite a toda costa que sufran algún desperfecto, algún daño, que vaya a ocasionar problemas precisamente en los abastecimientos de este recurso muy necesario para todos nosotros”.

Cabe decir que de manera extraoficial se conoció que elementos del Ejército Mexicano con base en el cuartel Miguel Hidalgo de Orizaba, detectaron algunas pinturas sospechosas en válvulas de seccionamiento de Paso del Toro y Metlac, por lo que se reforzó de inmediato la seguridad interna.

“Ellos están establecidos en esas instalaciones vitales ¿por qué? porque es una responsabilidad del ámbito federal y ellos están avocados precisamente para darle seguridad a instalaciones, indudablemente que también nosotros mantenemos la coordinación para llevar a cabo los operativos conjuntamente”, dijo el delegado.

En el centro del estado existe el antecedente de los atentados del EPR a válvulas de seccionamiento de Omealca, Balastrera y Maltrata el 10 de septiembre del año pasado y que dejaron millonarias pérdidas a Pemex y a la iniciativa privada.