La comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, denunció que desde la segunda semana de este mes es hostigada por la policía municipal y presuntos ejidatarios del también presunto ejido San José Cerro Grande I vestidos como policías o paramilitares.

La comunidad, adherente de la otra campaña del EZLN, refiere que el día 6 “un grupo de seis desconocidos entró en nuestro predio, todos ellos vestidos de color negro, y se desplegaron en diferentes puntos; ahí estuvieron todo el día, vigilándonos”.

El día 9, una patrulla de la policía municipal de Venustiano Carranza (placas CZ23990), en la que viajaban un comandante y tres agentes, llegó hasta la comunidad a dejar cuatro citatorios para 11 campesinos, demandándoles presentarse a declarar los días 11, 12, 13 y 15 de diciembre ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales en Tuxtla Gutiérrez, “para el desahogo de diligencia del orden penal” en la averiguación previa número CAFO/009/2008.

“Ante esta situación queremos dar a conocer nuestro acuerdo: no estamos dispuestos a presentarnos ante ninguna fiscalía del Ministerio Público ya que no hemos cometido ningún delito y es muy claro que el otro grupo, del supuesto ejido San José Cerro Grande I, nos está buscando delitos para que nos despojen de nuestras tierras que legítimamente nos pertenecen”, expresan los indígenas en una carta del Comité Contra la Represión de Cruztón dirigida al Comité Clandestino Revolucionario-Comandancia General del EZLN, a la junta de buen gobierno de Oventic y a la otra campaña.

La comunidad denuncia versiones “de que este grupo del supuesto ejido, que se hace pasar por miembro de la OCEZ-DI–UNOPI, se está organizando para entrar nuevamente a nuestra comunidad y nuestras casas, para hacer sus desmadres como lo hicieron el 27 de abril, cuando por la madrugada entraron en nuestras casas cubiertos los rostros con paliacates y playeras, y detuvieron y golpearon algunos de nuestros compañeros”.

Ese día “entraron armados”. El documento recuerda que “el mal gobierno desmintió que fueran sus policías junto con ellos”, y eso, añade, es “lo que más nos preocupa”.

Por lo demás, abundan, “no es posible que esta gente esté actuando de esta forma, ya que últimamente nos hemos enterado de que (personas de) este supuesto ejido San José Cerro Grande I se hacen pasar por miembros de la OCEZ-DI-UNOPI, y dicen ser adherentes de la otra campaña”. La comunidad expresa extrañeza de “que tengan esta forma de actuar en nuestra contra, siendo que nosotros como compañeros y ellos creyendo que también lo son, les hemos dicho que estamos dispuestos a compartir nuestras tierras, sin que ellos muestren una buena voluntad”.

La denuncia responsabiliza “al mal gobierno y los malos dirigentes por cualquier situación que se presente contra nuestra comunidad y nuestros compañeros; no nos olvidamos de las 11 órdenes de aprehensión que nos han fabricado por el supuesto delito de ‘despojo’ en nuestras propias tierras”.

Las agresiones contra Cruztón por parte de un grupo de personas de diversas localidades, que con el respaldo del gobierno del estado se dicen propietarias de tierras que pertenecen a la comunidad desde 1988, se agravaron el 28 de abril pasado cuando centenares de policías irrumpieron en el poblado e intentaron desalojar a los indígenas, sin conseguirlo. El 18 de junio, la policía estatal ocupó durante varias semanas los predios cultivados de la comunidad.

El 22 de julio, los campesinos, junto con miembros de la otra campaña, fueron agredidos por la policía con gases lacrimógenos. La comunidad terminó por recuperar los predios, como ya lo había hecho en 2007.

El conflicto disfraza intereses de mineras canadienses que buscan extraer oro de esas excelentes tierras agrícolas. Los “presuntos ejidatarios” (muchos de ellos ni siquiera son campesinos), con quienes existe una artificial disputa desde hace 14 años, funcionarían como punta de lanza de las ambiciones mineras que, según los indígenas, cuentan con el visto bueno del gobierno de Chiapas, aunque éste lo ha negado tangencialmente.

Son los hoy “acusadores” del presunto ejido quienes realizaron tala ilegal en meses pasados. No obstante, es a los de Cruztón a quienes las autoridades estatales imputan “delitos ambientales” y ahora los llaman a “rendir declaraciones” con el riesgo de ser aprehendidos por delitos que no cometieron.

Hace un año justo de cuando escribo estas notas, el 16 de diciembre, subíamos a La Otra Chilanga una cita que nos acompañó durante buena parte de los artículos primeros con que llegamos al proyecto de La Jornada Morelos; hoy, a manera de pequeño homenaje al hombre de izquierda que la abanderara, José Ramón García Gómez, volvemos a las andadas hasta que la pluma o la generosidad de ésta nuestra casa nos digan basta.

Y es que resulta, amigas y amigos míos, e improbables lectoras y lectores que nos acompañan, que éste 16 de diciembre se cumplieron dos décadas exactas de la desaparición forzada del mismo José Ramón; la primera que cometiera ése régimen criminal mejor conocido como salinato, cuyas administraciones se siguen sucediendo independientemente del color partidista que desgobierne.

Sí, para nosotros el salinato no terminó el 1 de diciembre de 1994 cuando Ernesto Zedillo, también conocido como El Chacal de Acteal, recibió de Carlos Salinas de Gortari la banda presidencial (recordarán que el hoy empleado de Procter & Gamble y Union Pacific le dijo al gran fabulador del neoliberalismo mientras éste le terciaba el trapo tricolor: “gracias, señor presidente”); más bien, allí inició la sucesión de administraciones ora priístas, ora panistas, ora perredistas, ya federales, ya locales, del salinato; y, allí también, continuó la cuota de sangre que la izquierda mexicana de por sí venía pagando, pero que a lo largo de 20 años aumentó a razón de cientos de asesinatos, detenciones y desapariciones por razones políticas sexenio tras sexenio.

Y sí; ésa cuenta infame, dolorosa, arrancó con la desaparición forzada de José Ramón García Gómez el 16 de diciembre de 1988 en la ciudad de Cuautla, Morelos, por cuya alcaldía contendiera José Ramón mismo con el respaldo del Partido Revolucionario (otrora sólo) de los Trabajadores. ¿Qué había hecho José Ramón (a quien por cierto adopté como tío en una ya no tan cercana campaña impulsada por Eureka de “adopciones” de presos y desaparecidos políticos), que se convirtió en una piedra en el zapato del régimen que disputa con el porfiriato la medalla a más años en el poder? Algo sin duda peligroso: exigir el derecho ciudadano a la democracia y, peor aún, ir hasta las últimas consecuencias en ello.

Tengo conmigo, en un album de fotografías tan íntimo como la memoria que lo custodia, junto a los rostros de Sacco y Vanzetti, Gandhi, Luther King, César Chávez o Meyerhold, la imagen de José Ramón micrófono en mano, una pequeña bocina cerca de los pies y arengando a quien pudiera y quisiera oírlo en esos 70 centímetros de democracia que siempre creyó le correspondían, y que, como estamos en tierras zapatistas (aunque los hijos y los nietos de aquestos voten por priístas, perredistas o panistas), donde la democracia como la tierra es de quien la trabaja, defendía… hagamos una pausa y démonos permiso de imaginar hasta soñar, o mejor aún: ensoñar que cada ciudadana y cada ciudadano hace lo mismo ejercer los “70 centímetros de democracia que le corresponden” para empezar, expresándose… ¿lo ha imaginado ya?

El salinato lo imaginó hace 20 años, no hay duda, y sus administraciones se han dedicado muy prolijamente a detener, desaparecer y asesinar a toda aquella persona que compartiera y fuera consecuente con el sueño de José Ramón; a dos décadas, las izquierdas en México tienen rostros tan diversos como disímbolas son entre sí todas ellas. Ahí está, por ejemplo, la “izquierda” que dice defender el patrimonio de la nación, la economía popular y el combustible fósil más famoso y contaminante de todos; pero cuya coordinación está en manos de quienes arrestaron, desaparecieron y asesinaron a quienes han soñado el sueño que José Ramón sueña.

No sé ustedes, pero yo prefiero caminar y llevar conmigo los 70 centímetros que a mí me tocan de democracia a aquella otra que, es verdad, se está dispersa, fragmentada y lleva el sectarismo a cuestas, pero tiene la dignidad y la memoria por premisas; creo firmemente que allí se puede hacer mucho más que con ladrones y asesinos, y si me equivoco arrostraré las consecuencias. Porque prefiero aprender de quienes miran hacia abajo porque abajo se están y en ése su mirar animan a que otros, quienes de una u otra manera padecemos el avance de las cuatro ruedas del capitalismo: la represión, la explotación, la burla y el despojo, nos miremos. Porque prefiero aprender a juntar los centímetros de la democracia que a todos nos corresponden y, de 70 en 70, levantar y defender contra viento y marea un proyecto autonómico que hoy por hoy está siendo acorralado sin que nadie… o casi nadie, pues, casi nadie, diga nada.

Eso prefiero, porque creo, además, que esa sería una manera de soñar el sueño que “mi tío” José Ramón, donde quiera que esté, sueña.

Al menos cuatro simpatizantes en México de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sido detectados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos entre el grupo radical que arropa el Movimiento Magisterial de Base en la entidad, el cual se opone a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

De acuerdo a un reporte de la dependencia en poder de este diario, son los pro-farquistas mexicanos los encargados de coordinar bloqueos carreteros, liberación de casetas, toma de instalaciones o lugares públicos y enfrentamientos con elementos policíacos.

La información también ha sido clasificada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Se trata de Pavel Blanco Cabrera, Rafael Magdiel Sánchez Quiroz, Gustavo Salgado Delgado e Ignacio Díaz Montes, activistas del movimiento comunista e integrantes de células defensoras de la guerrilla colombiana, a la cual, según informes del gobierno de Álvaro Uribe, se le han comprobado nexos con el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo.

Blanco Contreras es considerado el principal promotor de las FARC en Morelos. En marzo pasado se comprobó que había sido uno de los asistentes al Segundo Congreso Continental Bolivariano celebrado en territorio ecuatoriano, en el mes de febrero. Su nombre apareció en la lista de mexicanos que estuvieron en aquel campamento farquista que fue atacado el 1 de marzo, donde murieron cuatro mexicanos y resultó herida Lucía Morett, recientemente llamada en Ecuador a juicio con orden de aprehensión preventiva por lo ocurrido hace nueve meses.

Blanco, quien ha encabezado contingentes magisteriales, reconoció de manera pública su afinidad con las FARC: “En México se ha despertado un movimiento de solidaridad con las luchas del pueblo colombiano. Nosotros como organización mantenemos, no sólo una relación con las FARC, sino también demandamos que su propuesta de canje humanitario se consume; las FARC y el Ejército de Liberación Nacional son organizaciones insurgentes que luchan contra el gobierno de Uribe”.

Y añadió: “Esto no es un delito, somos solidarios con las luchas justas y las causas por la democracia, la liberación y el socialismo”.

Pavel opera desde Jojutla: encabeza el Departamento Internacional del Partido Comunista de México y conforma el Frente Contra la Represión en Morelos; suele vestir con ropa tipo militar. Ha sido vocero del MMB en la región sur del estado.

De agosto a noviembre fue detectado como uno de los principales organizadores de bloqueos carreteros, con cierres en la comunidad de Xoxocotla y en la autopista del Sol. También participó en todas las marchas contra la ACE.

Fue él quien durante 2007 dio la bienvenida al Subcomandante Marcos, en su paso por Zacatepec, antes de arribar al Distrito Federal.

“De los grupos de choque hay registros fotográficos, no vienen escondidos ni actúan de manera clandestina, suelen portar brazaletes y banderas con los símbolos de las FARC”, de acuerdo a la PGJE.

Como centros operativos más importantes se ha ubicado a las regiones Sur y Oriente, que colindan con Puebla: Cuautla, Ayala, Tepalcingo, Temoac, Jantetelco y Jonacatepec.

Rafael Magdiel Sánchez Quiroz fue integrante del Frente Cívico Pro Casino de la Selva y de la Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo y hoy es representante de la Otra Campaña en Morelos. El gobierno morelense ha presentado denuncias penales en su contra.

Gustavo Salgado Delgado, otro de los pro-farquistas, es representante de la Organización Convergencia Sindical y Social y es un hombre vinculado al Partido Comunista de México (PCM), Juventud Comunista de México (JCM) y al Frente Popular Revolucionario (FPR), cuyo líder es Germán Mendoza Nube, quien ha estado encarcelado.

El PCM, el FPR y el JCM han difundido internet (por ejemplo (http://jcm.companeros.org) los comunicados de las FARC y han sido grabados en marchas —incluso en la Ciudad de México— en las que gritan: “Con las FARC-FARC”.

Otro activista es el profesor Ignacio Díaz Montes, relacionado con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y representante del movimiento magisterial en Cuautla.

Los cuatro mantienen relación con la llamada Comisión Independiente de Derechos Humanos, que también ha encabezando contingentes anti-ACE y caravanas de la Otra Campaña y quien es dirigida por José Martínez Cruz.

Suelen reunirse en la Casa de Encuentro y Diálogo, un espacio donde, dicen, “se practica la libertad de pensamiento”.

Su red de relaciones se conforma con los macheteros de Atenco, con la APPO y el CGH.

Al solicitársele al Comité Democrático Nacional del SNTE en Morelos su postura sobre el tema, se deslindó de los grupos pro-farquistas, “que hasta ahora no han sido detectados dentro del movimiento”.

La derecha mexicana en el poder tuvo serios problemas para elegir a su representante en las elecciones presidenciales del año 2006, y perdió un tiempo valioso debatiéndose en desgastantes pugnas internas. Para cuando esa crisis fue resuelta a favor de la candidatura de Felipe Calderón, ya todas las encuestas reportaban una amplia ventaja para la izquierda y su candidato, Manuel López Obrador.

Esa situación, que razonablemente dio base al optimismo en la izquierda, pronto degeneró en un triunfalismo que disparó hacia el delirio, mesiánico y confrontativo, el discurso de López Obrador. Confiado en sus números, este radicalizó su oferta, puso en cuestión al sistema y sus instituciones, y echó más leños a la hoguera de la polarización política. En esa dinámica, López Obrador presentó la elección como una especie de Juicio Final, en el que el fuego de la ira popular castigaría implacable a sus enemigos y purificaría el país.

Ello le valió el aumento del fervor de su voto duro, pero comenzó a minar la adhesión de las capas medias y de los intelectuales, que suelen desconfiar de semejantes extremismos. Por otra parte, y al tiempo que un sector de su partido comenzó a organizar los famosos círculos bolivarianos y a reivindicar su identidad con el modelo venezolano, López Obrador coincidió con el coronel Hugo Chávez en una campaña de groseros ataques al presidente mexicano: mientras uno le gritaba “cállate, chachalaca”, el otro le llamaba “servil cachorro del imperio gringo”. Las encuestas entonces empezaron a modificarse. Lo que López Obrador había ganado explotando el descontento, lo perdía generando el miedo.

Pero López Obrador, que había validado las encuestas cuando le fueron favorables, ahora las denunció como parte de una conjura en su contra orquestada por los grandes medios de información.

Las últimas mediciones realizadas, antes de los comicios, reportaban un resultado a su favor pero muy cercano al empate técnico. Sin embargo, el líder de izquierda siguió sosteniendo que él mantenía en realidad una amplia ventaja.

Lo más grave fue que en lugar de readecuar su estrategia, en el sentido de lanzar señales verosímiles de moderación, para superar la desconfianza de los electores indecisos, más bien enfatizó las consignas orientadas a elevar el triunfalismo de su voto duro, al cual aseguró con insistencia que su victoria era ya un hecho indiscutible, y que cualquier otro resultado solo podría producirse como efecto de un fraude. Para rematar, una minúscula guerrilla, remanente de los años setenta, reapareció en los estados de Oaxaca y Guerrero.

Llegó el día de las elecciones y del conteo de los votos. El Instituto Federal Electoral le dio el triunfo a Felipe Calderón por un apretadísimo margen; mismo que, luego de resolver todas las impugnaciones, fue ratificado por Tribunal Electoral del Poder Judicial. López Obrador se declaró víctima de un fraude, desconoció la legitimidad de las elecciones y llamó a la resistencia en las calles.

Cuando le recordaron que había aceptado competir bajo las reglas del juego institucional, respondió: “Al diablo las instituciones”, y se autodeclaró “presidente legítimo de México”.

López Obrador tuvo y perdió la posibilidad real de convertirse en presidente. Emergió como un líder carismático y se convirtió en un fenómeno político, pero mareado o ensoberbecido por sus éxitos iniciales, se transformó en la imagen misma de la prepotencia, la intolerancia y el rencor vengativo. Al final fue derrotado, dividió a su propio partido, atomizó a la izquierda mexicana, dilapidando largos años de acumulación de fuerza, y pasó a ser un mero caso de estudio psicológico relacionado con la megalomanía y el delirio de poder. Esta es la historia y puede muy bien ser un espejo para nosotros.

El ejecutivo de Morelos tiene identificados a los grupos subversivos que participan al interior del Movimiento Magisterial de Base (MMB), aseguró el secretario de Gobierno estatal, Sergio Álvarez Mata.

Sin embargo, una de las voceras del movimiento, Blanca Nieves Sánchez Arano, deslindó que dentro de las movilizaciones y acciones realizadas por los profesores disidentes haya la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sergio Álvarez Mata, secretario de Gobierno, destacó que la presencia de los grupos subversivos podrían participar infiltrados en movimientos populares, a tal grado que tienen identificada la presencia de ese tipo de activistas.

Y aunque para el encargado de la política interior “no es novedad”, aseguró que los grupos guerrilleros buscan infiltrarse en movimientos sociales como el de los maestros, porque pretenden “desestabilizar el estado de Morelos”.

Por su parte, la vocera del MMB, Blanca Nieves Sánchez Arano, desmintió que estén involucrados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y pidió a los rotativos nacionales que publiquen un desmentido, porque la propia Procuraduría General de Justicia del Estado se ha deslindado de tener documento alguno que compruebe esta supuesta relación.

Los integrantes del Comité Democrático manifestaron que su movimiento es autónomo e independiente, que no está vinculado a ninguna organización política ni partido, por lo que sus manifestaciones son pacíficas y se encuentran protegidas por la Constitución Política mexicana.

Mientras, en una entrevista radiofónica Pável Blanco Cabrera, militante del Partido Comunista Mexicano, lamentó que haya un seguimiento criminológico hacia el Movimiento Magisterial de Base, al igual que contra la institución política a la que pertenece.

Y advirtió que continuará con su apoyo a los movimientos sociales basado en los preceptos que otorga la Constitución Política mexicana, a pesar de tener una estrecha vigilancia del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

La PGR investigará la presencia de guerrilleros

La presencia de militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Morelos será investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), informó el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia federal, Juan Miguel Alcántara Soria.

“Es una línea que se tiene que abrir necesariamente a investigación, nada más. Se genera una estrategia de seguimiento y en la medida que se va alimentando de datos puros y duros que impliquen seguir avanzando”, dijo. El funcionario adelantó que, de entrada, no hay alguna averiguación que involucre a la guerrilla colombiana en asuntos internos de México, aunque sí reconoció que hay abiertas dos averiguaciones en la PGR que tienen que ver con las FARC.

“Una es precisamente por denuncia que hicieron dos ciudadanos mexicanos respecto a Lucía Morett y la otra era abierta desde Ecuador por los mismos hechos. Vamos a tener que cruzar información de estas dos averiguaciones que no significan que estemos consignando a nadie ni mucho menos”, agregó.